Edgar Gonzalez Barron
Expediente 1077/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Edgar Gonzalez Barron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 1077/2017-IV-B, y al considerar que las partes no manifestaron inconformidad alguna respecto del acuerdo de diecisiete de enero dos mil dieciocho, donde se tuvo por cumplida la sentencia concesoria de amparo dictada en este juicio; en consecuencia se declara que dicha resolución ha causado estado, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de la Materia, previas anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerar la suscrita que no tienen relevancia documental para su conservación. TRANSFERENCIA Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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MESA IV NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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Visto, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a su dispositivo 2°, agréguese a los presentes autos el oficio y anexo que al mismo acompaña, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tampico, mediante el cual atiende el requerimiento efectuado por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, esto es, remite copia certificada de diversas constancias del expediente laboral de origen. En ese contexto, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. En la inteligencia, que a la parte quejosa se le deberá correr traslado con la constancia enviada por la Junta responsable en el oficio de cuenta, con la cual atiende lo relativo al cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente asunto.
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CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA Visto el estado que guardan los autos y la razón secretarial que antecede, por cuanto que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º., de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En el caso procede requerir a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tampico, Tamaulipas, que conforme al artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y en el término de tres días legalmente computado acredite haber dado cumplimiento al efecto protector de la sentencia de amparo; apercibida que de no hacerlo en dicho término se les sancionará con multa consistente en cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Ahora bien, si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo fijado, además de la multa que se le imponga, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito competente, lo cual será notificado a las autoridades responsables y a su superior jerárquico, en términos del numeral 193 de la citada ley. Cabe señalar, que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, como lo establece el artículo 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo que a la fecha no haya transcurrido el plazo a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, para la Junta Especial Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Tampico, Tamaulipas, toda vez que si bien la misma es parte en el procedimiento constitucional y como parte puede interponer los recursos previstos por el mismo, ha de considerarse que ello es correcto como regla general, pero no cuando se trata de autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales, ya que éstas son imparciales por excelencia; su razón de ser es encontrar la verdad jurídica mediante el ejercicio de decir el derecho entre las partes contendientes con la única y exclusiva finalidad de administrar justicia, garantizando así la defensa de los derechos de la sociedad y el interés público, lo que implica no involucrarse en el interés de las partes, cualquiera que resulte ser el beneficiado o perjudicado en la contienda legal, esto es, siendo imparciales ostentan una naturaleza incompatible con las otras partes, de tal manera que les impide asimilarse con ellas.
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