Edgar Gómez Montalvo
Expediente 755/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Edgar Gómez Montalvo
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que las partes no recurrieron, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, la resolución de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena su archivo como asunto concluido...
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por********************, contra el acto reclamado y por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese y por oficio a las autoridades.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta, con el cual, la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, rinde su informe justificado. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los contenidos de dicho informe, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en el numeral 119 del referido ordenamiento legal, se tienen como prueba de la citada autoridad responsable las documentales que anexa, las cuales se tomaran en consideración al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, quince de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo promovido por ********************, quien se ostenta apoderado legal de ********************, y con tal carácter demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye a la Junta Especial Número Cuarenta y ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que consiste en: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral, marcado con el número de expediente ********************." Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como ********************, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente electrónico. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce al promovente, la personalidad con la que se ostenta, toda vez que exhibe copia digitalizada de la audiencia de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen ********************, de donde se advierte que tiene reconocida la personalidad con la cual comparece a este juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Ahora bien, con apoyo en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer de la misma. En vista de lo anterior y toda vez que no advierte hasta este momento que se actualice algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los numerales 108, 110, 115 y 117 de la ley de la materia, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo. Sin que sea el caso ordenar el trámite del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni se actualiza algún supuesto contenido en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con apoyo en los artículos 5, fracción IV, y 26 fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo, se ordena correr traslado por medio de oficio, anexando copia de la demanda al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. Ahora bien, no se hace necesario tener con el carácter de terceros interesados a quien señala la parte quejosa, en atención a la naturaleza del acto reclamado, además que no podría existir persona física o moral alguna que tenga interés en el estado de incertidumbre creada por la violación a la garantía individual contenida en el artículo 17 constitucional, al margen que del informe justificado que rinda la responsable, este órgano de control constitucional advierta que pudiese revestirle tal carácter. Del requerimiento del informe justificado en un plazo de tres días. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable por su respectivo informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo; b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, i) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a la autoridad responsable que si del contenido de su respectivo informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado precepto. Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, mismo que es del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL". Lo que además, encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/2014. Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmerso el quejoso en la instancia de origen, este órgano jurisdiccional requiere el informe justificado en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes contendientes en el presente juicio constitucional, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado Federal, apercibidas que de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100 M.N.), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil diecinueve, de conformidad con lo que establece el artículo 237 fracción I, en relación con lo establecido por el artículo 251 de la ley de la materia. De igual forma, se requiere a las autoridades responsables que remitan al correo electrónico 1jdo31cto@correo.cjf.gob.mx, de este Juzgado Primero de Distrito, la información electrónica que tengan en relación con el acto reclamado. Se hace del conocimiento de las partes, a verificar el sentido en que se conducen ante esta autoridad federal, ya que la infracción a ese deber o a la presentación de testigos o documentos falsos en el juicio de amparo, obligan a los órganos del Poder Judicial de la Federación, a dar noticia de dicha irregularidad al titular de la acción penal federal, ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 261, fracciones I y II de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el descrito en su ocurso de cuenta, y como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia a las personas ahí señaladas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que exhibe la parte quejosa a su escrito de demanda de amparo, instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de que se haga relación de ellas en la audiencia constitucional del juicio y se tenga como recibida en ese acto. Ahora bien, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 1, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 13/2020, en relación con los enunciados normativos 6 y 16 del diverso Acuerdo General Conjunto 12/2020, se autoriza a los usuarios "********************", para consultar el presente expediente en línea, siempre y cuando se encuentre registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se ordena al oficial administrativo encargado del trámite, a realizar las gestiones correspondientes a efectos de cumplir materialmente dicha autorización y a tomar las medidas conducentes, para que el expediente electrónico esté conformado con todas las constancias del expediente físico. Se exhorta a todas las partes, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc). De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. En otro contexto, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como el portal de internet del Poder Judicial Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de la Materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control jurisdiccional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, motivo por el cual, se ordena que las notificaciones que se generan con motivo de los diferimientos se notifiquen por lista a todas las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese.
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