Edgar Gilberto Durán Figueroa
Expediente 2458/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2458/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/04/2021
Partes del expediente
- Edgar Gilberto Durán Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la permanencia en este juzgado de las copias certificadas del juicio de origen, remitidas por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen para los efectos legales procedentes.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por la tercera interesa -- mediante el cual informa el fallecimiento del quejoso y para acreditarlo exhibe el acta de defunción; solo agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de que por auto de veintisiete de enero actual, se tuvo al autorizado de la parte quejosa informando tal acontecimiento, mismo que se tomó en cuenta para el dictado de la sentencia.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el expedientillo formado con el escrito recibido vía electrónica y registrado en el libro de correspondencia de la Oficialía de Partes de este Juzgado, con el número 14, en virtud de que el veintiocho de enero del año en curso, se terminó el engrose de la resolución correspondiente en el presente juicio de amparo.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2458-2019, promovido por ***, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo, así como con el diverso 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hizo consistir en: Del Congreso del Estado de Jalisco, la iniciativa, discusión y aprobación del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en específico su artículo 79. Del Gobernador del Estado de Jalisco, la iniciativa, firma, promulgación, refrendo y ordeno del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en específico su artículo 79 Del Secretario de Gobernación, la presentación de la iniciativa de ley, refrendo, y/o orden de publicación del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en específico su artículo 79. Del Director del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, la publicación en el Periódico Oficial El Estado el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en específico su artículo 79. Del Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el que se determinó desechar el recurso de apelación interpuesto en contra de diverso auto, dentro del juicio civil ordinario 301/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Décimo Tercero Especializado en Materia Familiar del Primer Partido Judicial, pues así lo expresó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió en su apoyo, las cuales, en su calidad de documental pública merecen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, Director de Publicaciones y del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y Congreso, todos del Estado de Jalisco, consistentes en la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en particular el artículo 79, ya que además de reconocerlo en su respectivo informe justificado, se atiende al principio de derecho que establece que las leyes, reglamentos y acuerdos de carácter general no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Cobra aplicación el criterio de jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 191452, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia: Común, Tesis: 2a./J. 65/2000, Página: 260, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente al de fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Quien resuelve, coincide con el autorizado de la parte quejosa, en cuanto que, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción III, ambos de la ley de la materia. Los preceptos legales antes mencionados, literalmente refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . III El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona. .." De los preceptos legales antes transcritos, se desprende, en esencia, que procede sobreseer en el juicio de amparo cuando el quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado únicamente afecta a su persona. En ese tenor, por escrito presentado el veintisiete de enero que transcurre, el autorizado de la parte quejosa, informó a este Juzgado de Distrito que, el impetrante del amparo ***, el catorce de enero de dos mil ventiuno, perdió la vida a consecuencia de insuficiencia respiratoria aguda; acreditando dicha situación con el archivo digital del acta de defunción 136 expedida por la Oficialía del Registro Civil número 01 Uno de Zapopan, Jalisco, y manifestando bajo protesta de decir verdad, que el referido documento es copia íntegra e inalterada del documento impreso que tiene en su poder, tal y como lo impone la fracción VI del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Bajo tal contexto, es patente que del acta de defunción referida, se advierte que el promovente del amparo, falleció el catorce de enero de dos mil veintiuno, esto es, durante el trámite del presente juicio. Cabe precisar que, los actos reclamados por los cuales este Juzgado de Distrito asumió competencia, se hicieron consistir en el auto dictado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve en el expediente familiar 301/2019, en el cual, no le tuvo por contestada la demanda reconvencional formulada por la parte demandada, y además le desechó el recurso de apelación promovido en contra de diverso auto emitido el veinticuatro de septiembre del año en curso; asimismo, la inconstitucionalidad del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. De allí que, se considere que los actos reclamados sólo afectaban a la persona del quejoso, pues, únicamente se trata de derechos estrictamente personales, no así patrimoniales que posteriormente trascendieran más allá del ámbito personal; es decir, en el supuesto de que los derechos de amparar, sean susceptibles de ser transmitidos a terceros, como sucede en la mayor parte de los derechos patrimoniales. Por lo que al ser el reclamo principal la determinación aludida, sólo afectaba un derecho personalísimo, cuya extinción a causa de su muerte produce el sobreseimiento en el juicio de amparo que se revisa, en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial. En este contexto, ante la muerte del quejoso no existe sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia protectora para efectos de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales eventualmente violados; lo cual, constituye un presupuesto procesal básico del juicio de amparo al tenor de lo estatuido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su vez impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados puntualizados, por lo que se concluye que al quedar el juicio de amparo sin parte agraviada, se actualiza la causa de sobreseimiento por muerte del quejoso, prevista en la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1086, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." Desde luego, no se soslaya que, en la demanda de amparo, la parte quejosa hubiere manifestado que por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez Décimo Tercero de lo Familiar acordó el escrito de contestación propuesto por la demandada en el principal de nombre Liliana Gallegos Espinoza, en que, entre otras cosas, se decretó la custodia provisional del menor E.U.D.G. y se le condenó a pagar como pensión alimenticia provisional en favor del mencionado menor, la cantidad de 3,080.40, mensuales; además, se le ordenó requerirle por dicha cantidad y en su caso embargarle bienes de su propiedad; sin embargo, se insiste, quien resuelve, considera que los actos reclamados sólo afectaban a la persona del quejoso, pues, únicamente se trata de derechos estrictamente personales, no así patrimoniales que posteriormente trascendieran más allá del ámbito personal; pues, en todo caso, la parte demandada tendría expedito su derecho de instar en la vía que considere pertinente. Tiene sustento a lo anterior, por las razones que la integran, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016 Tomo II, página 1027, de rubro y texto siguientes : "ALIMENTOS. EL HEREDERO EN UNA SUCESIÓN LEGÍTIMA O INTESTAMENTARIA NO PUEDE RECLAMAR SU PAGO CON CARGO A LA MASA HEREDITARIA LEGISLACIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO. Cuando se trata de una sucesión legítima o intestamentaria, un heredero no está en posibilidades de demandar el pago de una pensión alimenticia con cargo a la sucesión de la que forma parte; lo anterior, toda vez que, conforme a la legislación civil de la Ciudad de México, quienes tienen derecho a heredar en las sucesiones legítimas son las mismas personas que en determinado momento estarían facultadas para pedir alimentos si fueron preteridas u omitidas en caso de que el de cujus hubiera testado válidamente. De ahí que el hecho de admitir el reconocimiento de heredero, y declarar procedente el pago de alimentos a cargo de la sucesión demandada, equivaldría a pretender que la misma persona tuviera dos herederos diferenciados respecto de la masa hereditaria, lo que resulta incorrecto. Tal incongruencia se hace más patente al considerarse que en ese supuesto el acreedor alimenticio estaría exigiéndose alimentos a sí mismo pues, desde la muerte del autor de la herencia, se vuelve propietario de la porción que le corresponde; además se estaría desnaturalizando la institución de acción de alimentos, que tiene como premisa indiscutible que una misma persona no reúna las calidades de deudor y acreedor al mismo tiempo Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 2458/2019, promovido por ***, contra los actos del Congreso; Gobernador; Secretario de Gobierno; y, Director del Periódico Oficial El Estado de Jalisco, todos de esta Entidad Federativa, así como del Juez Décimo Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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