Edgar Gilberto Diaz Reynoso

Expediente 1375/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1375/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Edgar Gilberto Diaz Reynoso

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, firmado por la parte quejosa; atento su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, en el que se dejaron a su disposición los documentos cuya devolución solicita, en el entendido de que éstos podrán ser entregados a cualquiera de las personas que se tuvieron como sus autorizados, así como a los que ahora señala. Vuelvan los autos al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Irapuato, Guanajuato, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo intentada, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: la parte promovente exhibió documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Por lo que hace a los documentos que exhibió la parte quejosa que no están catalogados como originales, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo referido, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa ****, el acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, que a la letra dice: Irapuato, Guanajuato, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, en su carácter de apodera legal para pelito y cobranzas de ****** , contra los actos que reclama de Bancoppel Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1375/20222 . ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, conviene precisar que la parte quejosa señala como actos reclamados: "IV.-LEY O ACTO RECLAMADO.-: I.- LA NO ACEPTACION Y ACREDITACION DE APODERADA LEGAL, PARA PLEITOS Y COBRANZAS ACTOS DE ADMINISTRACION Y DOMINIO DEL C. *****, (mediante Poder Consular LIBRO ***, ESCRITURA NUMERO ****, ACTO NOTARIAL ** NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, FOLIOS UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLON OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO). II.- SUBSECUENTEMENTE LA NO ENTREGA DE LA CANTIDAD DE $ ****41/100 M.N. POR FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, por lo que se solicita mediante el presente juicio de garantías, la aceptación, acreditación del poder citado en líneas ulteriores y la entrega de la cuenta de DEBITO VISA por la cantidad DE $ ******41/100 M.N. PESOS a la suscrita, por parte la autoridad responsable: BANCOPPEL S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. SUCURSAL: **** NUMERO DE CLIENTE: ****. NOMBRE DEL CLIENTE: *****. NUMERO DE CUENTA: ***** NUMERO DE TARJETA: ******" Atento a lo anterior, se considera que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ésta última del siguiente texto: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.) De conformidad con los preceptos en cita, la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Lo anterior se obtiene del criterio plasmado en la tesis XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 118, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Luego, por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Lo que en la especie acontece, pues la promovente pretende reclamar la no aceptación y acreditación de apoderada legal para pleitos y cobranzas actos de administración y dominio de *******, carácter que le fue conferido en el Poder Consular libro ***, escritura número ****, acto notarial ****, folios ******, ante la fe de la Cónsul Titular de México, en la ciudad de Fresno, California, actuando en funciones de Notario Público, por parte de Bancoppel Sociedad Anónima, institución de Banca Múltiple, y como consecuencia la negativa de esta persona jurídica a entregar los fondos que existen en la cuenta ******, por la cantidad de $ *******41/100 (******* 41/100 M.N.). Por tanto, se tiene que los pretendidos actos reclamados en este juicio de amparo, en realidad no corresponden a un actos emitidos por una autoridad o por un particular actuando como autoridad, sino que deriva del actuar de la citada institución frente a otro individuo con ese mismo carácter, pues la conducta reprochada se originó de un contrato de depósito bancario celebrado entre esos entes, por lo que no existe en esta relación la facultad de imperio que se requiere para los actos de autoridad. De ahí que los actos impugnados no fueron emitidos por una autoridad en ejercicio de la potestad pública, en un plano de supra a subordinación ni de manera unilateral y obligatoria con base en ello crea, modifica o extingue una situación jurídica; en tanto que la institución crediticia no se encuentra revestida de imperio como una entidad pública, ni como un particular actuando como autoridad estatal ya que, en este último caso, no se está en el supuesto de que como particular actúe en ejercicio de funciones determinadas por una norma jurídica y con cierto grado de discrecionalidad. Como se dijo, el actuar de la institución bancaria en el caso en estudio, no deriva de alguna regulación contenida en una ley o norma general, sino en el propio contrato de adhesión que al efecto suscriben las partes al aperturar una cuenta de crédito, por lo que no se trata del supuesto en el cual pueda considerarse que un particular lleva a cabo actos equivalentes a los de autoridad. Sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado. Por lo mismo, tampoco se actualiza el supuesto de que se trate de actos de particular equivalentes a los de autoridad por los cuales, de manera excepcional, procede el amparo. Por tanto, es incuestionable que lo reclamado por la promovente, se refiere a actos entre particulares que se encuentran en un plano de igualdad, al derivar del mencionado pacto volitivo, en el cual la institución bancaria carece de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y obligatoria, por lo que no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación, en donde las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, sino que el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado, lo que se insiste, en el caso no acontece. En ese sentido, si los actos reclamados no se atribuyen a una autoridad, independientemente de su naturaleza formal, el conflicto existente es entre particulares, el cual no puede estar sujeto al análisis constitucional. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5°, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley en cita; quedando expedito el derecho de la parte promovente para atacar los actos que reclama por la vía y forma que considere convenientes, con excepción de la instancia constitucional, por lo expuesto en párrafos que anteceden. No pasan inadvertidas las manifestaciones vertidas por la promovente relativas a que es una persona de la tercera edad, que no sabe leer ni escribir, que su salud es delicada; sin embargo, esto no trasciende para la acreditación manifiesta e indudable de la improcedencia del amparo, ni siquiera en una pretendida suplencia de la queja deficiente, la cual no tiene el alcance para soslayar los presupuestos procesales para la procedencia del juicio, ya que son los supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede ser iniciado válidamente, y deben, por ello, concurrir en el momento de formularse la demanda, a fin de que el juez pueda admitirla o iniciar el procedimiento, aunado a que el estudio de las causas de improcedencia son de estudio preferente y de orden público. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS Se tiene a *******, como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en tanto que a ***** y ****** en términos restringidos del numeral citado, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Por otra parte, el correo electrónico proporcionado en la etiqueta de la demanda, constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que serán considerados para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente.4 No obstante, se invita a las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede . Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia;en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: 1. La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. 2. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. 3. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo 835/2021, a las doce horas con veinte minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y se encuentra pendiente de dictar la resolución correspondiente; por tanto, se ordena abrir un cuadernillo por separado, con motivo de la promoción de cuenta, el cual deberá glosarse al juicio principal cuando se dicte la sentencia, sin ulterior acuerdo. SE ATIENDE ESCRITO Téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa; atendiendo a su contenido, se le tiene por hecha la manifestación expuesta en el ocurso de que se trata y dígasele que este órgano jurisdiccional resolverá el juicio de amparo en que se actúa a la brevedad, atendiendo las cargas de trabajo existentes. Notifíquese.

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