Edgar Gerardo Arellano González

Expediente 493/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2020.

Datos del expediente

Expediente
493/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2020

Partes del expediente

  • Edgar Gerardo Arellano González

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de julio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al quince de julio de dos mil veinte. Por otra parte, considerando que el plazo de cinco días para recurrir el auto de veintidós de junio de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al treinta de junio de dos mil veinte. Del mismo modo, se destaca que mediante los Acuerdos Generales 8/2020 y 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, así como a la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno, y se reanuda el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado mediante juicio en línea, con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. En ese sentido, por acuerdo de ocho de junio del año en curso, este juzgado determinó reservar el proveído que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo formulada por ****, hasta en tanto, se restablezcan las labores jurisdiccionales de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, puesto que de la lectura integral de aquélla se observa que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable para emitir un certificado o autorización para que como profesionista reconocido se le autorice o certifique para impartir clases de forma particular con validez oficial, así como la aplicación de exámenes, asistencia, exámenes de aptitud, quedando responsable de la verdad de los hechos externos que afirme, a estudiantes de nivel medio superior y superior, así como emitir las calificaciones correspondientes, sin la necesidad de laborar para una institución educativa. De ahí que, no se está en presencia de alguno de los actos a que se refieren los artículos 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo2; ni en ninguno de los casos urgentes que señalan los artículos 3 y 4, fracciones IV y IX, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ni a los que prescriben los artículos 1, fracción I, párrafo primero y fracción III, 3 y 4 del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como a la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte3, y doce de junio de este año, respectivamente. Consecuentemente, y con apoyo en los artículos 3 y 4, fracciones IV y IX, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 1, fracción I, párrafo primero y fracción III, 3 y 4 del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como a la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. De la certificación que antecede y de la demanda, se advierte que ésta no contiene evidencia de seguridad criptográfica correspondiente a la firma electrónica del quejoso ****. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Entonces, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6 y 217, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 6o. EL juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. De lo transcrito, se obtiene que uno de los principios rectores del juicio de amparo, es el de instancia de parte agraviada, previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte, mismo que se contiene en el artículo 6° de la Ley de Amparo. Así, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte agraviada y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo éste un requisito esencial para dar curso a cualquier promoción judicial, por ser la expresión de la voluntad del accionante. En el caso, no existe instancia de parte agraviada, ya que la demanda, que se presentó en línea, no contiene evidencia de seguridad criptográfica correspondiente a la firma electrónica de ****. Sin que tal deficiencia pueda considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar la demanda. Máxime, que en párrafos que anteceden, el acto consistente en la omisión de la autoridad responsable para emitir un certificado o autorización para que como profesionista reconocido se le autorice o certifique para impartir clases de forma particular con validez oficial, así como la aplicación de exámenes, asistencia, exámenes de aptitud, quedando responsable de la verdad de los hechos externos que afirme, a estudiantes de nivel medio superior y superior, así como emitir las calificaciones correspondientes, sin la necesidad de laborar para una institución educativa, no encuadra en los supuestos a que hacen referencia los preceptos legales 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, 15 y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo5; ni en ninguno de los casos urgentes que señalan el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ni el Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como a la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 6, éste aplicado a contrario sensu, 217 y 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Sustenta la presente determinación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Vista la presente determinación, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, en términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados únicamente para esos efectos a las personas que indica. No obstante lo anterior, y hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal no emita el acuerdo de reanudación de labores que fueron suspendidas con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-Co2 (COVID -19), se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo,7 para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Se hace del conocimiento que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas, hasta en tanto se reanuden labores, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza el examen del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro. Ahora, con el fin de dar continuidad en la medida de lo posible a la prestación del servicio público de impartición de justicia, en acatamiento al principio de expeditez establecido en el artículo 17 Constitucional, se exhorta a la parte quejosa, para que CONTINÚE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO BAJO EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA", de conformidad con el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En ese sentido, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese este acuerdo en el correo electrónico que proporcionó la parte quejosa en su demanda. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO

  3. Principal

    Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió los Acuerdos Generales, 4/2020 y 6/2020 relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en los que entre otros puntos determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril y del veinte de abril al cinco de mayo de la presente anualidad respectivamente, debido a lo cual implicó que no corrieran plazos procesales. Del mismo modo, se destaca que por Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno, y se reanuda el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado mediante juicio en línea, con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno; no obstante, en la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8, se preció en síntesis que un expediente tramitado en línea es aquél en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 (juicio en línea), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. Del mismo modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. De igual forma, de la certificación de cuenta se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al quince de junio de dos mil veinte. Derivado de lo anterior, se tiene por recibida la demanda promovida por ****, por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras. Fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 493/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Al respecto, conviene mencionar que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable para emitir un certificado o autorización para que como profesionista reconocido se le autorice o certifique para impartir clases de forma particular con validez oficial, así como la aplicación de exámenes, asistencia, exámenes de aptitud, quedando responsable de la verdad de los hechos externos que afirme, a estudiantes de nivel medio superior y superior, así como emitir las calificaciones correspondientes, sin la necesidad de laborar para una institución educativa; por tanto no se está en presencia de un acto que imponga una pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos o el tormento de cualquier especie, tampoco está relacionada con alguna multa excesiva, que se haya ordenado la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, como lo señala el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, el acto reclamado no ataca la libertad personal fuera de procedimiento de la parte quejosa, mucho menos se advierte que exista o se alegue incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o que se advierta que la parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, razón por la cual lo ejerce por cualquiera otra persona en su nombre incluido un menor de edad y en cualquier tiempo, en términos de los numerales 15 y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, el acto reclamado no está en ninguno de los supuestos de casos urgentes a que se refieren los artículos 3 y 4, fracciones IV y IX, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, muchos menos en las demás fracciones que dispone en el acuerdo general de mérito. En consecuencia, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo, hasta en tanto, se restablezcan las labores jurisdiccionales de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió los Acuerdos Generales, 4/2020 y 6/2020 relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en los que entre otros puntos determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril y del veinte de abril al cinco de mayo de la presente anualidad respectivamente, debido a lo cual implicó que no corrieran plazos procesales. Del mismo modo, se destaca que por Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno, y se reanuda el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado mediante juicio en línea, con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno; no obstante, en la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8, se preció en síntesis que un expediente tramitado en línea es aquél en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 (juicio en línea), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. Del mismo modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. De igual forma, de la certificación de cuenta se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al quince de junio de dos mil veinte. Derivado de lo anterior, se tiene por recibida la demanda promovida por ****, por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras. Fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 493/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Al respecto, conviene mencionar que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable para emitir un certificado o autorización para que como profesionista reconocido se le autorice o certifique para impartir clases de forma particular con validez oficial, así como la aplicación de exámenes, asistencia, exámenes de aptitud, quedando responsable de la verdad de los hechos externos que afirme, a estudiantes de nivel medio superior y superior, así como emitir las calificaciones correspondientes, sin la necesidad de laborar para una institución educativa; por tanto no se está en presencia de un acto que imponga una pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos o el tormento de cualquier especie, tampoco está relacionada con alguna multa excesiva, que se haya ordenado la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, como lo señala el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, el acto reclamado no ataca la libertad personal fuera de procedimiento de la parte quejosa, mucho menos se advierte que exista o se alegue incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o que se advierta que la parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, razón por la cual lo ejerce por cualquiera otra persona en su nombre incluido un menor de edad y en cualquier tiempo, en términos de los numerales 15 y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, el acto reclamado no está en ninguno de los supuestos de casos urgentes a que se refieren los artículos 3 y 4, fracciones IV y IX, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, muchos menos en las demás fracciones que dispone en el acuerdo general de mérito. En consecuencia, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo, hasta en tanto, se restablezcan las labores jurisdiccionales de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE.

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