Edgar Fuentes Luna

Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
55/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Edgar Fuentes Luna

Actuaciones

  1. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -------, por su propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 55/2021-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así pues, en el caso la parte quejosa precisa como acto aquí reclamado: El acuerdo de veinte de noviembre del año dos mil veinte, emitido en el juicio administrativo 33/2016, del índice de la responsable, por el que se realizó la cuantificación de la cantidad que se debe pagar al quejoso, lo cual a su decir, se realizó modificando lo señalado en la sentencia emitida en ese procedimiento y la cual se pretende cumplimentar. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: El numeral 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Y el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En efecto, de los preceptos legales de referencia tenemos que el juicio de amparo indirecto, será procedente únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien tratándose de procedimiento de remate la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble rematado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa al peticionario de amparo. Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto para la procedencia del amparo en la vía indirecta, es necesario que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución, con la finalidad de que no se entorpezca la ejecución de una sentencia que ha causado ejecutoria, evitando así, el abuso del juicio de amparo, y en la cual, se podrán reclamar todas las violaciones procesales que en su caso se hubieren cometido durante la fase de ejecución. Ahora bien, a fin de evidenciar lo anterior se estima pertinente señalar los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, realizó la parte quejosa en su demanda de amparo. 1.- En fecha seis de abril de dos mil diecisiete, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, emitió la resolución en los recursos de revisión 357/2016 y 361/2016 acumulados, derivado del juicio administrativo 33/2016, en el que se condenó a la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, a efecto de que realizara la indemnización constitucional a favor del quejoso y otros, correspondiente a tres meses de salario; así como el pago de veinte días por año de servicio prestado, el pago de prestaciones que tuviere derecho y efectuar la anotación en el expediente del servidor público de que fue separado, destituido o cesado de manera injustificada. 2. Posteriormente, la autoridad demandada realizó entrega de diversas cantidades de dinero a los actores, como parte del cumplimiento de la sentencia antes aludida. 3. En fecha treinta de enero de dos mil veinte, la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, determinó que las cantidades que se habían entregado al quejoso fueron determinadas de manera unilateral por la autoridad administrativa, por lo que procedió a recabar los recibos de pago, a efecto de realizar la actualización correspondiente. 4.- Seguido el trámite de ese procedimiento la responsable emitió el acuerdo que ahora constituye el acto reclamado, en el cual se estableció las cantidades que debe pagar la autoridad demandada al aquí quejoso, ello en cumplimiento a la sentencia emitida en el procedimiento de origen, cantidades que a decir del quejoso no son acordes con lo sentenciado. Así, en el presente caso se estima que el acto que el quejoso pretende controvertir en esta instancia constitucional, no se refiere a la última resolución del procedimiento de ejecución del juicio administrativo de origen, en la que se haya tenido por cumplida la sentencia, o se declare la imposibilidad jurídica o material que se tenga para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del asunto; pues el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, que constituye el acto reclamado, la responsable únicamente hace una cuantificación de la cantidad que se debe cubrir a la parte demandante por concepto de indemnización, ello a fin de logar el cumplimiento de la sentencia dictada en ese procedimiento. Es aplicable por identidad de razón, lo sustentado por la jurisprudencia P./J. 32/2001 con número de registro 190035, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Máxime que el amparo sólo procede si los actos reclamados son ajenos a la cosa juzgada en el procedimiento natural, lo que no ocurre en el particular, dado que el acto de ejecución reclamado, acorde a los antecedentes previamente relatados, está relacionado directa e inmediatamente con la cosa juzgada, al ser materia de la condena impuesta en la sentencia definitiva, razón de más para resultar improcedente el juicio de amparo respecto del acto reclamado aquí analizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.12o.C.22 K (10a.) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de dos mil dieciocho, tomo III, página dos mil ciento sesenta y tres, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO." Por tanto, este juzgador concluye que en virtud de que el acto que reclamó el quejoso, es una determinación dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la cual no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento, resulta improcedente el presente juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 ambos de la Ley de Amparo, por tanto, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Edgar Fuentes Luna, por propio derecho, contra los actos de Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Calle --------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Por tanto, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento del fedatario judicial que, para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que indica en su demanda de amparo, de las cuales únicamente el profesionista Ricardo Lazo Gallegos, podrá gozar de las amplias facultades que le confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que la diversa persona señalada, de momento sólo podrá oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, hasta en tanto su patente profesional se encuentre dada de alta en el aludido sistema. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Aunado a ello, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, siendo el número 5553870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto, ello dentro de un horario a partir de nueve a dieciocho horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de la quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -------, por su propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 55/2021-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así pues, en el caso la parte quejosa precisa como acto aquí reclamado: El acuerdo de veinte de noviembre del año dos mil veinte, emitido en el juicio administrativo 33/2016, del índice de la responsable, por el que se realizó la cuantificación de la cantidad que se debe pagar al quejoso, lo cual a su decir, se realizó modificando lo señalado en la sentencia emitida en ese procedimiento y la cual se pretende cumplimentar. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: El numeral 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Y el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En efecto, de los preceptos legales de referencia tenemos que el juicio de amparo indirecto, será procedente únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien tratándose de procedimiento de remate la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble rematado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa al peticionario de amparo. Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto para la procedencia del amparo en la vía indirecta, es necesario que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución, con la finalidad de que no se entorpezca la ejecución de una sentencia que ha causado ejecutoria, evitando así, el abuso del juicio de amparo, y en la cual, se podrán reclamar todas las violaciones procesales que en su caso se hubieren cometido durante la fase de ejecución. Ahora bien, a fin de evidenciar lo anterior se estima pertinente señalar los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, realizó la parte quejosa en su demanda de amparo. 1.- En fecha seis de abril de dos mil diecisiete, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, emitió la resolución en los recursos de revisión 357/2016 y 361/2016 acumulados, derivado del juicio administrativo 33/2016, en el que se condenó a la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, a efecto de que realizara la indemnización constitucional a favor del quejoso y otros, correspondiente a tres meses de salario; así como el pago de veinte días por año de servicio prestado, el pago de prestaciones que tuviere derecho y efectuar la anotación en el expediente del servidor público de que fue separado, destituido o cesado de manera injustificada. 2. Posteriormente, la autoridad demandada realizó entrega de diversas cantidades de dinero a los actores, como parte del cumplimiento de la sentencia antes aludida. 3. En fecha treinta de enero de dos mil veinte, la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, determinó que las cantidades que se habían entregado al quejoso fueron determinadas de manera unilateral por la autoridad administrativa, por lo que procedió a recabar los recibos de pago, a efecto de realizar la actualización correspondiente. 4.- Seguido el trámite de ese procedimiento la responsable emitió el acuerdo que ahora constituye el acto reclamado, en el cual se estableció las cantidades que debe pagar la autoridad demandada al aquí quejoso, ello en cumplimiento a la sentencia emitida en el procedimiento de origen, cantidades que a decir del quejoso no son acordes con lo sentenciado. Así, en el presente caso se estima que el acto que el quejoso pretende controvertir en esta instancia constitucional, no se refiere a la última resolución del procedimiento de ejecución del juicio administrativo de origen, en la que se haya tenido por cumplida la sentencia, o se declare la imposibilidad jurídica o material que se tenga para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del asunto; pues el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, que constituye el acto reclamado, la responsable únicamente hace una cuantificación de la cantidad que se debe cubrir a la parte demandante por concepto de indemnización, ello a fin de logar el cumplimiento de la sentencia dictada en ese procedimiento. Es aplicable por identidad de razón, lo sustentado por la jurisprudencia P./J. 32/2001 con número de registro 190035, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Máxime que el amparo sólo procede si los actos reclamados son ajenos a la cosa juzgada en el procedimiento natural, lo que no ocurre en el particular, dado que el acto de ejecución reclamado, acorde a los antecedentes previamente relatados, está relacionado directa e inmediatamente con la cosa juzgada, al ser materia de la condena impuesta en la sentencia definitiva, razón de más para resultar improcedente el juicio de amparo respecto del acto reclamado aquí analizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.12o.C.22 K (10a.) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de dos mil dieciocho, tomo III, página dos mil ciento sesenta y tres, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO." Por tanto, este juzgador concluye que en virtud de que el acto que reclamó el quejoso, es una determinación dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la cual no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento, resulta improcedente el presente juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 ambos de la Ley de Amparo, por tanto, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Edgar Fuentes Luna, por propio derecho, contra los actos de Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Calle --------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Por tanto, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento del fedatario judicial que, para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que indica en su demanda de amparo, de las cuales únicamente el profesionista Ricardo Lazo Gallegos, podrá gozar de las amplias facultades que le confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que la diversa persona señalada, de momento sólo podrá oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, hasta en tanto su patente profesional se encuentre dada de alta en el aludido sistema. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Aunado a ello, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, siendo el número 5553870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto, ello dentro de un horario a partir de nueve a dieciocho horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de la quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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