Edgar Francisco Flores

Expediente 314/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
314/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Edgar Francisco Flores

Actuaciones

  1. Principal

    (4) Llegada de autos. Por recibido el oficio ******************** signado electrónicamente por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, deducido del recurso de queja ********************, mediante el cual remite el original del expediente en que se actúa, y copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada en sesión de once de mayo del año en curso, en la cual se declaró infundado el citado medio de impugnación, por las consideraciones que ahí se exponen. Acúsese recibo y hágase del conocimiento a las partes la circunstancia anterior. Sin que sea necesario glosar a los presentes autos las copias que integran el cuaderno de antecedentes, pues dichas actuaciones obran en original en el expediente en que se actúa, por lo que a efecto de evitar la repetición de constancias, únicamente agréguense los documentos originales contenidos en el mismo. - Archivo del asunto. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (4)...Agréguese el oficio ******************** signado electrónicamente por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del recurso de queja interpuesto por ********************, por conducto de su autorizado en términos amplios ********************, asimismo, informado que se admitió a trámite el mismo, el cual quedó radicado bajo el número ********************; circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal.

  3. Principal

    (3) Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se reservó proveer en torno al oficio signado electrónicamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, en el que refirió que respecto de la información solicitada por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Hidalgo, a fin de poder realizar el cobro de la multa impuesta al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ordenado en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, proporciona los siguientes datos: RFC con homoclave: ****. CURP: *****. DOMICILIO: Acorde al comprobante emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, establece que su domicilio corresponde a ****. Sin que en el caso, haya lugar a proporcionar dicha información a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Hidalgo, pues del mismo oficio se advierte que la autoridad oficiante en el punto tercero, ordenó informar lo conducente a la citada Administración Desconcentrada de Recaudación de Hidalgo. Por otra parte, agréguese el oficio 2253 signado por la Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, mediante el cual remite la sentencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente auxiliar ******************** de su índice, derivado del juicio de amparo en que se actúa. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, se hizo constar y certificó, que de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advertía que la Jueza homóloga hizo disponible la aludida sentencia, por lo que, en esa misma fecha se proveyó lo conducente.

  4. Principal

    (4) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por *********, por derecho propio, contra un acto del Juez en funciones de Tribunal Unitario de Juicio Oral adscrito al Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 314/2023-4. III. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En principio, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, esta juzgadora estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, con relación al numeral 173, apartado B, fracción XIII todos de la Ley de Amparo; toda vez que el acto reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación al promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. [.] XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso;" En principio, debe señalarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, siendo éstos los que producen una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias son de tal gravedad que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En efecto, de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. - Caso concreto En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa *********** reclama que en audiencia de juicio oral de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable revocó a su defensor particular ********* por carecer de capacidad técnica, omitiendo prevenirlo para que manifestara si era su decisión continuar con dicho patrocinador. Sin embargo, dicho acto no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa como por ejemplo su vida, su integridad personal, su patrimonio, su salud, la inviolabilidad de su domicilio o de sus comunicaciones privadas, entre otros, sino sólo derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o procesales. Lo anterior, porque el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales, más no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), en virtud de que con la revocación de su patrocinador particular, el único efecto que se produce es que se siga el juicio natural, continuando el imputado asesorado por un diverso defensor que él mismo puede designar, o bien, por el defensor público que el órgano jurisdiccional le nombre, en caso de que el imputado no desee nombrar uno, de quienes se verificará cuenten con capacidad técnica para defenderlo, de modo que, lo relevante es que no se continuará la audiencia o el juicio sin que cuente con un patrocinador, es decir, siempre estará garantizado su derecho a una defensa adecuada, máxime que la revocación decretada por la autoridad responsable fue para salvaguardar dicho derecho. Lo anterior, tal como se desprende del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que siempre que el órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, prevendrá al imputado para que designe otro; si se trata de un defensor privado, el imputado contará con tres días para designar un nuevo defensor; pero, si prevenido el imputado, no se designa otro, un defensor público será asignado para colaborar en su defensa. En tal sentido, sus derechos de adecuada defensa dentro del procedimiento penal se encuentran salvaguardados con la nueva designación que realice de defensor particular, o bien, con el nombramiento de patrocinador público que lleve a cabo el juzgado responsable. Dicho precepto es del contenido literal siguiente: "Artículo 121. Garantía de la Defensa técnica Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para designar un nuevo Defensor. Si prevenido el imputado, no se designa otro, un Defensor público será asignado para colaborar en su defensa. Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución. En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio." En tal sentido, en el caso únicamente se afectan derechos adjetivos que pueden repararse en caso de obtener sentencia favorable en el juicio de origen y, de no ser así, impugnarse como violación procesal en el juicio de amparo directo que llegara a promoverse, por lo que no pueden considerarse como irreparables para que con ello resulte procedente la acción constitucional que como medio de defensa hace valer el impetrante de amparo, tal y como lo exige el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia. En efecto, como lo ha venido sosteniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, sólo debe presentarse cuando éstos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado, es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal, hasta que se reclame la sentencia definitiva en amparo directo. Ello, pues se insiste, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto en contra de actuaciones dictadas dentro de un procedimiento, resulta indispensable que sea el acto reclamado en sí mismo el que vulnere de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo tutelado a favor de la parte quejosa y no de forma indirecta como acontece en el caso, dado que la determinación que se intenta combatir a través del juicio de amparo que nos ocupa es de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos) sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva o no. Por ende, será hasta que se dicte el fallo definitivo dentro de la controversia de origen cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la parte quejosa y, en su caso, si la pretendida violación procesal trascendió al resultado del fallo, pudiendo combatirlas a través del juicio de amparo directo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la presente demanda de derechos fundamentales. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ***********. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a ********. c. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario *********. d. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.

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