Edgar Flores Romano

Expediente 1383/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1383/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Edgar Flores Romano

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del veintiocho de junio de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es conservable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será conservable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Duplicado del Incidente de suspensión. En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ciov

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente asunto; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, se indicó que el expediente es depurable, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; por haberse concedido la protección constitucional en el juicio. Sin embargo, el ocho de junio de dos mil veintitrés, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en el cual se estableció en el artículo 17, fracción III lo siguiente: Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: (.) (.) En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva; c) Causas civiles o administrativas federales; d) Causas Penales; e) Expedientes generados en los Juzgados de Ejecución de Penas; f) Citatorios, Órdenes de Aprehensión, Presentación o Comparecencia; g) Extinción de Dominio; h) Extradición; i) Jurisdicción Voluntaria; y j) Juicios Orales. Los expedientes integrados con motivo de la causa penal se conservarán en el órgano jurisdiccional hasta que se haya compurgado la pena." Valoración del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria al diverso 2 de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y se hace la indicación que el presente juicio de amparo, es CONSERVABLE INTEGRAMENTE, conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El veinte de septiembre de dos mil veintitrés, Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el escrito con anexo, registrado en el libro de correspondencia con el folio 13782. Conste. Apizaco, Tlaxcala, veinte de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Se interpone recurso de revisión****************************************Téngase por recibido el recurso de revisión interpuesto por la quejosa********************, en contra de la resolución interlocutoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitré, dentro del presente incidente de suspensión.****************************************En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso a), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito; con el mismo córrase traslado a las partes y, una vez integrado debidamente el expediente, remítase al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado, en Turno, el cuaderno original del incidente de suspensión, así como el original y copia simple del escrito de agravios, para la substanciación del recurso de revisión correspondiente.****************************************Cuaderno de antecedentes****************************************Por otra parte, con diversa copia del escrito de expresión de agravios fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto.****************************************Notifíquese; y personalmente a las partes.****************************************Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, veinte de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Radicación de demanda.****************************************Vista la demanda de amparo que promueve********************, contra actos del Agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Sur y otras autoridades responsables. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1383/2023-III.****************************************Acto reclamado.****************************************Ahora bien, del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ****************************************El auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictado en la causa judicial ********************, del índice del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en el que señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, seguida en contra del ahora quejoso; así como la posible vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa. ****************************************A). Se desecha demanda de amparo****************************************Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones:****************************************El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.****************************************En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. ********************Ahora bien, respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII de la Ley de Amparo.****************************************Al respecto, la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de las reformas publicadas el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, establece: ****************************************"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ********************I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa".****************************************En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del numeral 107, de la Ley de Amparo, debido a que el citatorio reclamado es un acto fuera de juicio que no afecta derechos sustantivos. ****************************************Los indicados preceptos legales son del siguiente tenor: ****************************************"Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: ********************(.)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." ****************************************"Artículo 107. El amparo indirecto procede: ********************IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido."****************************************De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio. Estos últimos tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda o al dictado del auto de vinculación a proceso, de donde surge el establecimiento de la relación procesal, sin que formen parte del procedimiento por sí mismos, ni su subsistencia depende de lo que se resuelva en definitiva en ese juicio. ****************************************Ahora bien, el quejoso reclama el auto en el que el Juez Interina Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, señala fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, dentro de la causa judicial ********************. ****************************************A ese respecto, conviene citar el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a la facultad del juez de control para emitir un citatorio. ****************************************Dicho numeral es del contenido siguiente: ****************************************"Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: ****************************************I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; ****************************************II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y****************************************(.)".****************************************De la anterior transcripción se advierte que el citatorio emitido por un juez de control representa un aviso al imputado, a efecto de que comparezca ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de la solicitud que formuló la representación social para que se formalice un procedimiento por medio de la intervención judicial. ****************************************Así, la facultad que ejerce el juez para citar a una persona para la celebración de una audiencia inicial únicamente tiene el propósito de lograr su comparecencia sin que involucre el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión. ****************************************En ese sentido, el citatorio solo tiene por objeto lograr la asistencia de una persona ante la autoridad judicial para el desahogo de la audiencia inicial; de ahí que le reviste la naturaleza de un acto fuera de juicio, pues al momento de su emisión, éste aun no comienza. ****************************************Asimismo, dicha citación no afecta algún derecho sustantivo, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, ya que -se reitera- solo es un llamamiento para que el sujeto al que va dirigido, comparezca al deshago de la audiencia inicial del procedimiento. ****************************************En todo caso, un eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la orden de aprehensión correspondiente, en caso de que así lo pida el fiscal. ****************************************Cabe destacar que, en relación al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que la citación a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere la presencia de una persona para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. ****************************************De igual forma sostuvo que no se pasa por alto que el juez puede ordenar la comparecencia forzosa, ante la inasistencia sin justificación; sin embargo, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que dicha persona no acuda y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. ****************************************Con base en lo anterior, resolvió que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el citatorio para comparecer a la audiencia inicial, pues aun cuando es un acto fuera de juicio, no afecta el derecho sustantivo de la libertad personal. ****************************************Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sin datos de localización, publicada el siete de diciembre del año en curso en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, de rubro y contenido siguiente: ****************************************"SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.****************************************B). Extemporánea ****************************************Por otra parte, de igual manera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.********************No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.********************Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.********************Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;********************(.)".********************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:********************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;********************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;********************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;********************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo".****************************************A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.********************En relación a dichos plazos, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen que el plazo genérico para presentar la demanda es de quince días, computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución.********************Como excepciones a este término, se encuentran los siguientes supuestos:********************Normas generales autoaplicativas y el procedimiento de extradición, en donde el plazo será de treinta días, computados a partir de su entrada en vigor.********************Sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, supuesto en que el amparo podrá promoverse en el lapso de hasta ocho años.********************Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados.********************Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en donde la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo.********************Así, tomando en cuenta que el acto sobre el que se analiza la causal de improcedencia en estudio no se sitúa en alguna de las hipótesis de excepción descritas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, es claro que respecto al mismo aplica la regla genérica de quince días para presentar la demanda constitucional, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación, conforme a la ley del acto, haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de dicho acto.********************En ese sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo genérico para presentar la demanda se computa según en la hipótesis en que se ubique, esto es:********************Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama.********************A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento.********************Al día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución.********************Además, precisa que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor.****************************************Ahora bien, de una recta interpretación del último de los preceptos citados, se desprende que los supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos.****************************************Entonces, tenemos que la diferencia para que se actualice la primera hipótesis relatada, es que la autoridad ante quien se sigue determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acuerdo que reclama, de esa manera el plazo para la promoción del juicio biistancial iniciará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; en cambio, en los diversos supuestos, se requiere de la obtención del conocimiento fortuito de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos.****************************************Resulta ilustrativo el criterio que se trascribe:****************************************"DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados".****************************************Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo formulada por la parte quejosa se advierte lo siguiente:********************".1. Manifiesto a su Señoría, que en fecha cinco de agosto del año dos mil veintitrés me notificaron el auto de fecha dieciséis de junio del año dos mil veintitrés, dictado dentro de la causa judicial número ********************."****************************************Lo anterior, constituye una confesión expresa admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles; pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que ha consentido expresamente el acto que tilda de inconstitucional y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo.****************************************El texto de dichos preceptos legales, es el siguiente:********************"Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes:********************I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse;********************II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y********************III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representado o del cedente y concerniente al negocio."********************"Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.".****************************************Al respecto debe indicarse que el acto reclamado auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés se notificó a la parte quejosa el cinco de agosto del presente año; actuación que surtió efectos al día siguiente de conformidad con el numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales****************************************Lo que significa que el plazo legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de su demanda, transcurrió del ocho al veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, previo descuento de los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto del referido año, por ser sábados y domingos, inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo.****************************************Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se presentó hasta el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; sin embargo, como quedó de manifiesto, la parte quejosa desde el cinco de agosto de dos mil veintitrés, fue notificada del auto de dieciséis de junio del referido año; por tanto, es incuestionable que el juicio bi-instancial se promovió de forma extemporánea, al haber trascurrido el plazo de quince días para ello.****************************************En consecuencia, al estar acreditada la actualización de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, y XVII y XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por********************.****************************************Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones.****************************************Ahora bien, como lo solicitan se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado; y como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en el proemio de su demanda.****************************************Se autoriza usuario para consulta de expediente electrónico.****************************************Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "barragan1973", toda vez que se encuentra registrado, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar lo conducente para la consulta del expediente vía electrónica.****************************************Comunicación no procesal****************************************Asimismo se tiene a la parte quejosa, señalando como medio de comunicación un correo electrónico y número telefónico; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando dichos medios que refiere, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo.****************************************Integración de expediente electrónico.****************************************Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo.****************************************Habilitación de días y horas inhábiles.****************************************En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ****************************************Autorización para firmar oficios.****************************************Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ****************************************De las notificaciones a las autoridades responsable.****************************************Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21,

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