Edgar Fernando Sosa Padron

Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
19/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Edgar Fernando Sosa Padron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quince de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de diversas constancias; lo anterior, en virtud de que el ocho de los actuales se dictó sentencia entro del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.El Secretario que suscribe el presente acuerdo hace constar que se procedió a la captura de la presente determinación en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. CONSTE.- L'EICL/

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diez de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos sin mayor pronunciamiento, la intervención ministerial del Fiscal Revisor Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo Adscrita a este juzgado; en virtud de que el ocho de febrero del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Prom. En Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 19/2022, promovido por Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria de este Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obra agregado en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el tercero interesado Gobierno del Estado, se encuentra emplazado a juicio. Asimismo, hago constar que los juicios de amparo 547/2020, 1798/2019 y 1421/2021, del índice de este juzgado de Distrito, tienen relación con el acto reclamado en este juicio. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que los diversos juicios de amparo números 547/2020, 1798/2019 y 1421/2021, tienen estrecha relación con el presente juicio, atento a la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como en derecho corresponda las constancias que sean necesarias del citado juicio de amparo, para que se tome en consideración en su momento procesal oportuno conforme a derecho corresponda. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de Dos Mil Siete, Página 285: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa con su demanda de amparo y con las constancias remitidas por la autoridad responsable en justificación de sus actos y con las copias de los diversos juicios de amparo números 547/2020, 1798/2019 y 1421/2021. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Como no se formularon alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, procediéndose a dictar la resolución que en derecho corresponda. SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 19/2022, promovido por Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su carácter de apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, en contra del acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero, Segundo y Decimoprimero de Distrito en el Estado y turnado a este juzgado, compareció Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su carácter de apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, demandando el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra del acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. Segundo. Por auto de siete de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 19/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, Considerando: Primero. (competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en atención a que la autoridad responsable, tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Segundo. (Aplicación de la norma vigente). Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. Tercero. (fijación clara y precisa del acto reclamado). El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. Cuarto. (Existencia del acto reclamado). El Presidente de la junta responsable, al rendir su informe acepta la existencia del acto que se le reclama. Quinto. (Causas de improcedencia). Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia ya sea que las hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, del Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Al respecto, este juzgado de Distrito advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" Como puede advertirse del precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos: 1. Que hayan sido materia de otro juicio de amparo; 2. Que ese juicio de amparo se haya promovido por el mismo quejoso; 3. Contra las mismas autoridades; y, 4. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora, para evidenciar la actualización de la invocada causal de improcedencia en el presente juicio, es necesario verificar si se dan las condiciones previstas en los numerales antes transcritos. Así, de las constancias del diverso juicio de amparo 1421/2021, del índice de este juzgado de Distrito en el Estado, se aprecian los datos que se sintetizan en el siguiente cuadro comparativo: JUICIO DE AMPARO 1421/2021 JUICIO DE AMPARO 19/2022 QUEJOSO Edgar Fernando Sosa Padrón Edgar Fernando Sosa Padrón ACTOS RECLAMADOS La resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. La resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. AUTORIDADE SEÑALADA COMO RESPONSABLE Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad Como puede observarse del cuadro comparativo, el quejoso promovió el juicio de amparo 1421/2022 y el presente juicio 19/2022, en contra de la misma autoridad de quien reclama el mismo acto. Asimismo, de la sentencia pronunciada el cuatro de febrero de dos mil veintidós en el juicio de amparo 1421/2022, del índice de este juzgado, se advierte que al quejoso se le concedió la protección constitucional solicitada. Dicha sentencia aún no ha causado ejecutoria. En ese sentido, es claro que el quejoso reclamó en el presente asunto un acto respecto del cual se realizó un pronunciamiento en la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 1421/2022, la cual aún no queda firme, por lo que opera en este juicio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en atención a que tal como quedó justificado en autos, el quejoso reclama la resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012, que ya fue atendida en el diverso juicio de amparo 1421/2022 del índice de este juzgado. No se soslaya que en el diverso juicio de amparo 1421/2021, aun no esté firme la sentencia dictada en ese juicio, ya que en el presente caso se reúnen los requisitos previstos por la fracción X, del artículo 61 de la invocada ley, ya que en este juicio se reclama el mismo acto, en contra de la misma autoridad. Y, por otro lado, el acto reclamado no trata de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En apoyo a lo anterior se citan los siguientes criterios: LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDENTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. (Lo resaltado es nuestro) Por ende, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En consecuencia de lo anterior, no es posible ocuparse de los argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto reclamado de referencia, que fueron planteados por las partes, atento al criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 19/2022, promovido por Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, contra la autoridad y por el acto que se precisa en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza. DOY FE. Razón. En esta fecha se generó el oficio a la autoridad correspondiente. Conste. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Prom. En Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 19/2022, promovido por Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria de este Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obra agregado en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el tercero interesado Gobierno del Estado, se encuentra emplazado a juicio. Asimismo, hago constar que los juicios de amparo 547/2020, 1798/2019 y 1421/2021, del índice de este juzgado de Distrito, tienen relación con el acto reclamado en este juicio. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que los diversos juicios de amparo números 547/2020, 1798/2019 y 1421/2021, tienen estrecha relación con el presente juicio, atento a la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como en derecho corresponda las constancias que sean necesarias del citado juicio de amparo, para que se tome en consideración en su momento procesal oportuno conforme a derecho corresponda. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de Dos Mil Siete, Página 285: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa con su demanda de amparo y con las constancias remitidas por la autoridad responsable en justificación de sus actos y con las copias de los diversos juicios de amparo números 547/2020, 1798/2019 y 1421/2021. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Como no se formularon alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, procediéndose a dictar la resolución que en derecho corresponda. SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 19/2022, promovido por Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su carácter de apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, en contra del acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero, Segundo y Decimoprimero de Distrito en el Estado y turnado a este juzgado, compareció Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su carácter de apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, demandando el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra del acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. Segundo. Por auto de siete de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 19/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, Considerando: Primero. (competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en atención a que la autoridad responsable, tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Segundo. (Aplicación de la norma vigente). Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. Tercero. (fijación clara y precisa del acto reclamado). El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. Cuarto. (Existencia del acto reclamado). El Presidente de la junta responsable, al rendir su informe acepta la existencia del acto que se le reclama. Quinto. (Causas de improcedencia). Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia ya sea que las hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, del Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Al respecto, este juzgado de Distrito advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" Como puede advertirse del precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos: 1. Que hayan sido materia de otro juicio de amparo; 2. Que ese juicio de amparo se haya promovido por el mismo quejoso; 3. Contra las mismas autoridades; y, 4. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora, para evidenciar la actualización de la invocada causal de improcedencia en el presente juicio, es necesario verificar si se dan las condiciones previstas en los numerales antes transcritos. Así, de las constancias del diverso juicio de amparo 1421/2021, del índice de este juzgado de Distrito en el Estado, se aprecian los datos que se sintetizan en el siguiente cuadro comparativo: JUICIO DE AMPARO 1421/2021 JUICIO DE AMPARO 19/2022 QUEJOSO Edgar Fernando Sosa Padrón Edgar Fernando Sosa Padrón ACTOS RECLAMADOS La resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. La resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. AUTORIDADE SEÑALADA COMO RESPONSABLE Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad Como puede observarse del cuadro comparativo, el quejoso promovió el juicio de amparo 1421/2022 y el presente juicio 19/2022, en contra de la misma autoridad de quien reclama el mismo acto. Asimismo, de la sentencia pronunciada el cuatro de febrero de dos mil veintidós en el juicio de amparo 1421/2022, del índice de este juzgado, se advierte que al quejoso se le concedió la protección constitucional solicitada. Dicha sentencia aún no ha causado ejecutoria. En ese sentido, es claro que el quejoso reclamó en el presente asunto un acto respecto del cual se realizó un pronunciamiento en la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 1421/2022, la cual aún no queda firme, por lo que opera en este juicio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en atención a que tal como quedó justificado en autos, el quejoso reclama la resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012, que ya fue atendida en el diverso juicio de amparo 1421/2022 del índice de este juzgado. No se soslaya que en el diverso juicio de amparo 1421/2021, aun no esté firme la sentencia dictada en ese juicio, ya que en el presente caso se reúnen los requisitos previstos por la fracción X, del artículo 61 de la invocada ley, ya que en este juicio se reclama el mismo acto, en contra de la misma autoridad. Y, por otro lado, el acto reclamado no trata de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En apoyo a lo anterior se citan los siguientes criterios: LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDENTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. (Lo resaltado es nuestro) Por ende, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En consecuencia de lo anterior, no es posible ocuparse de los argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto reclamado de referencia, que fueron planteados por las partes, atento al criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 19/2022, promovido por Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, contra la autoridad y por el acto que se precisa en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza. DOY FE. Razón. En esta fecha se generó el oficio a la autoridad correspondiente. Conste. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Prom. En Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 19/2022, promovido por Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria de este Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obra agregado en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el tercero interesado Gobierno del Estado, se encuentra emplazado a juicio. Asimismo, hago constar que los juicios de amparo 547/2020, 1798/2019 y 1421/2021, del índice de este juzgado de Distrito, tienen relación con el acto reclamado en este juicio. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que los diversos juicios de amparo números 547/2020, 1798/2019 y 1421/2021, tienen estrecha relación con el presente juicio, atento a la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como en derecho corresponda las constancias que sean necesarias del citado juicio de amparo, para que se tome en consideración en su momento procesal oportuno conforme a derecho corresponda. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de Dos Mil Siete, Página 285: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa con su demanda de amparo y con las constancias remitidas por la autoridad responsable en justificación de sus actos y con las copias de los diversos juicios de amparo números 547/2020, 1798/2019 y 1421/2021. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Como no se formularon alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, procediéndose a dictar la resolución que en derecho corresponda. SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 19/2022, promovido por Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su carácter de apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, en contra del acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero, Segundo y Decimoprimero de Distrito en el Estado y turnado a este juzgado, compareció Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su carácter de apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, demandando el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra del acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. Segundo. Por auto de siete de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 19/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, Considerando: Primero. (competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en atención a que la autoridad responsable, tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Segundo. (Aplicación de la norma vigente). Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. Tercero. (fijación clara y precisa del acto reclamado). El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. Cuarto. (Existencia del acto reclamado). El Presidente de la junta responsable, al rendir su informe acepta la existencia del acto que se le reclama. Quinto. (Causas de improcedencia). Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia ya sea que las hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, del Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Al respecto, este juzgado de Distrito advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" Como puede advertirse del precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos: 1. Que hayan sido materia de otro juicio de amparo; 2. Que ese juicio de amparo se haya promovido por el mismo quejoso; 3. Contra las mismas autoridades; y, 4. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora, para evidenciar la actualización de la invocada causal de improcedencia en el presente juicio, es necesario verificar si se dan las condiciones previstas en los numerales antes transcritos. Así, de las constancias del diverso juicio de amparo 1421/2021, del índice de este juzgado de Distrito en el Estado, se aprecian los datos que se sintetizan en el siguiente cuadro comparativo: JUICIO DE AMPARO 1421/2021 JUICIO DE AMPARO 19/2022 QUEJOSO Edgar Fernando Sosa Padrón Edgar Fernando Sosa Padrón ACTOS RECLAMADOS La resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. La resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012. AUTORIDADE SEÑALADA COMO RESPONSABLE Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad Como puede observarse del cuadro comparativo, el quejoso promovió el juicio de amparo 1421/2022 y el presente juicio 19/2022, en contra de la misma autoridad de quien reclama el mismo acto. Asimismo, de la sentencia pronunciada el cuatro de febrero de dos mil veintidós en el juicio de amparo 1421/2022, del índice de este juzgado, se advierte que al quejoso se le concedió la protección constitucional solicitada. Dicha sentencia aún no ha causado ejecutoria. En ese sentido, es claro que el quejoso reclamó en el presente asunto un acto respecto del cual se realizó un pronunciamiento en la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 1421/2022, la cual aún no queda firme, por lo que opera en este juicio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en atención a que tal como quedó justificado en autos, el quejoso reclama la resolución incidental de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo laboral 172/E/2012, que ya fue atendida en el diverso juicio de amparo 1421/2022 del índice de este juzgado. No se soslaya que en el diverso juicio de amparo 1421/2021, aun no esté firme la sentencia dictada en ese juicio, ya que en el presente caso se reúnen los requisitos previstos por la fracción X, del artículo 61 de la invocada ley, ya que en este juicio se reclama el mismo acto, en contra de la misma autoridad. Y, por otro lado, el acto reclamado no trata de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En apoyo a lo anterior se citan los siguientes criterios: LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDENTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. (Lo resaltado es nuestro) Por ende, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En consecuencia de lo anterior, no es posible ocuparse de los argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto reclamado de referencia, que fueron planteados por las partes, atento al criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 19/2022, promovido por Edgar Fernando Sosa Padrón, por conducto de su apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, contra la autoridad y por el acto que se precisa en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza. DOY FE. Razón. En esta fecha se generó el oficio a la autoridad correspondiente. Conste.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dos de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega el oficio signado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Asimismo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir el informe de cuenta, se advierte que el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, tiene el carácter de apoderado legal de la parte actora Edgar Fernando Sosa Padrón, dentro de los autos del expediente laboral de donde emana el acto reclamado; en tales condiciones, téngasele reconocida la personalidad con que comparece dentro del presente expediente. Por otra parte, toda vez que en autos obra reservada la solicitud del licenciado Joel Vicente Flores Sarno, para que se le autorice el acceso electrónico al juicio de amparo que nos ocupa, proporcionando para tal efecto el nombre de usuario: "Joellegal2020" y correo electrónico floressarno@hotmail.com; la cual se reservó hasta en tanto se acreditara la personalidad con la que comparece. Al respecto, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a Joel Vicente Flores Sarno, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario "Joellegal2020" y correo electrónico floressarno@hotmail.com; en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Ahora, para estar en condiciones de resolver como en derecho corresponda, es necesario tener a la vista copia certificada del laudo firme que obre en autos, así como de las constancias posteriores encaminadas a lograr su ejecución, dentro del expediente laboral de donde emana el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada de las constancias señaladas en el párrafo que antecede; o bien, manifieste el impedimento que tenga para hacerlo. Apercibida de que en caso de no cumplir con lo anterior dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Notifíquese; y por correo electrónico a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).derecho corresponda. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe

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