Edgar Fernández Rivera

Expediente 913/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
913/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Edgar Fernández Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia. Por lo que la fecha probable de su DESTRUCCIÓN será el CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, ASÍ COMO LA FECHA PROBABLE DE DESTRUCCIÓN en la carátula del expediente, y una vez que transcurra el término que se refiere el párrafo anterior, una vez al año y previamente a la visita de inspección se destruirán estos expedientes y se remitirá dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese en términos de ley

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el presidente de la Junta Local Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que remite copia certificada del acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral D-2/165/2020, para que surta los efectos legales procedentes. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica el informe, -las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que el quejoso Edgar Fernández Rivera, señaló como acto reclamado la omisión de acordar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral D-2/165/2020, cuyo acuerdo se encontraba reservado desde el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. El Presidente de la Junta Local Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el doce de julio de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del acuerdo de once del mismo mes y año, por el que indica que en atención a la reserva de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, acordó las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral D-2/165/2020. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Local Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Edgar Fernández Rivera acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de acordar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral D-2/165/2020, las cuales, como el mismo quejoso precisó, se encontraban en reserva desde el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, por el que indica que en atención a la reserva de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, acordó las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral D-2/165/2020. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Edgar Fernández Rivera reclamó de la Junta Local Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Lo señalado, sin que se inadvierta que el quejoso hiciera alusión, en el acto reclamado, que aquella omisión de acordar el material probatorio ofrecido en el juicio natural, el cual se mantenía en reserva, impedía la continuación del juicio e incluso la emisión del laudo correspondiente, pues ello no puede estimarse como acto reclamado destacado, en la medida que se hizo referencia a ello para ilustrar la dilación a que se refiere, provocada por la de emitir el acuerdo de pruebas, reservado por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el cual, como se precisó, se emitió por la responsable el once de julio del presente año. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con cincuenta y un minutos del dieciocho de julio de dos mil veintitrés, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    CITATORIO QUEJOSO San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el presidente de la Junta Local Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que remite copia certificada del acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral D-2/165/2020, para que surta los efectos legales procedentes. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica el informe, -las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que el quejoso Edgar Fernández Rivera, señaló como acto reclamado la omisión de acordar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral D-2/165/2020, cuyo acuerdo se encontraba reservado desde el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. El Presidente de la Junta Local Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el doce de julio de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del acuerdo de once del mismo mes y año, por el que indica que en atención a la reserva de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, acordó las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral D-2/165/2020. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Local Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Edgar Fernández Rivera acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de acordar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral D-2/165/2020, las cuales, como el mismo quejoso precisó, se encontraban en reserva desde el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, por el que indica que en atención a la reserva de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, acordó las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral D-2/165/2020. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Edgar Fernández Rivera reclamó de la Junta Local Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Lo señalado, sin que se inadvierta que el quejoso hiciera alusión, en el acto reclamado, que aquella omisión de acordar el material probatorio ofrecido en el juicio natural, el cual se mantenía en reserva, impedía la continuación del juicio e incluso la emisión del laudo correspondiente, pues ello no puede estimarse como acto reclamado destacado, en la medida que se hizo referencia a ello para ilustrar la dilación a que se refiere, provocada por la de emitir el acuerdo de pruebas, reservado por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el cual, como se precisó, se emitió por la responsable el once de julio del presente año. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con cincuenta y un minutos del dieciocho de julio de dos mil veintitrés, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegado de su parte a la persona que indica. Atento a lo anterior, tomando en consideración que a la fecha en que está señalada la audiencia constitucional dentro del sumario en que se actúa (seis de julio de dos mil veintitrés), se encuentrará transcurriendo el término de ocho días con la vista del informe justificado, concedido a las partes; en consecuencia, difiérase anticipadamente la audiencia constitucional, dejando sin efectos las nueve horas con cuarenta y siete minutos del seis de julio del año en curso y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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