Edgar Felipe García Medina

Expediente 242/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
242/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2017

Partes del expediente

  • Edgar Felipe García Medina

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EDGAR FELIPE GARCÍA MEDINA, EL ACUERDO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención efectuada en autos. ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Ahora bien, cabe destacar que la competencia es un presupuesto que por ser de orden público, resulta indispensable analizar con prioridad a cualquier otra cuestión. En ese sentido, este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto cuarto, fracción segunda, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, ejercen jurisdicción en el municipio de Veracruz. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda, así como del escrito que se provee se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de notificar al quejoso el cese de sus funciones y como consecuencia de ello, el cese de su nombramiento como Oficial Administrativo "D" adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General Administrativa de Recursos Materiales de la Dirección de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. Ahora bien, de las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa formuló en su demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: El quejoso ingresó a laborar al Poder Judicial del Estado de Veracruz el cinco de septiembre de dos mil doce, con el carácter de Oficial Administrativo categoría 1 y posteriormente en el puesto de Auxiliar Administrativo con categoría de Oficial Administrativo "D" adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura, situación que se corrobora con la documental que anexó a su demanda de amparo. El uno de febrero del año en curso, al acudir a su fuente laboral el quejoso no pudo checar su entrada debido a que su tarjeta fue rechazada, por lo que realizó una llamada telefónica al Departamento de Recursos Humanos del Poder judicial del Estado de Veracruz, en esta ciudad, en donde le informaron que debía trasladarse personalmente a esta ciudad para corroborar su situación laboral. Asimismo, la Subdirección de Recursos Humanos le solicitó se presentara en el Área Jurídica del Poder Judicial, en donde el licenciado Jorge Domínguez Guevara le informó que desconocía su situación laboral, sin que a la fecha le hayan dado respuesta sobre tal circunstancia. Este último acto es el que constituye el reclamado en el presente juicio, así como las consecuencias jurídicas y materiales que de ella se deriven, las que se traducen en el cese de las funciones que desempeñaba el quejoso como Auxiliar Administrativo con categoría de Oficial Administrativo "D" adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General Administrativa de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura, dentro del Edificio de Ciudad Judicial en el Mesanin de Veracruz, Veracruz. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto, debido a que los actos que se reclaman tendrán ejecución material en un lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito, es decir, en el municipio de Veracruz, debido a que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que ahí es donde se encuentra su fuente laboral. Es decir, la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; en consecuencia, remítasele al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Boca del Río, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrán ejecución las consecuencias jurídicas del acto reclamado. Se solicita atentamente el acuse de recibo respectivo. Tienen aplicación las tesis siguientes: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE EDGAR FELIPE GARCÍA MEDINA, EL ACUERDO QUE DICE: Edgar Felipe García Medina promueve demanda de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 242/2017. PREVENCIÓN Del contenido de la demanda de amparo se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, fracciones I y IV, 110, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Adicionalmente, el artículo 108 enunciado en el párrafo anterior, dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; asimismo, el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por otra parte, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece que, de no presentarse la demanda de amparo a través de medios electrónicos, se acompañarán a su escrito las copias para correr traslado a cada una de las partes del juicio de amparo. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de notificar al quejoso el cese de sus actividades como Encargado del Área de Mantenimiento de las Instalaciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Veracruz. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo así como de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa formuló en su demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte del capítulo de "Hechos" que el quejoso refiere que existen actos tendientes a privarlo de su empleo, debido a que no ha podido checar su entrada en su fuente laboral y tampoco le han pagado la primer quincena de febrero. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es imprecisa e irregular en cuanto al señalamiento de actos reclamados. REQUERIMIENTO En consecuencia, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: Precise si también señala como acto reclamado las consecuencias jurídicas de la omisión de notificar el cese de su nombramiento, las cuales se traducen en el cese de sus funciones como Oficial Administrativo "D" adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General Administrativa de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. Del escrito mediante el cual dé cumplimiento al inciso que antecede, deberá allegar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes en este asunto. Lo anterior se considera necesario para la tramitación de este asunto; es decir, sin la aclaración solicitada por este Juzgador no sería posible fijar la litis correctamente en el mismo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 175345 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIII, Abril de 2006Página: 990Tesis: I.7o.A.100 KTesis AisladaMateria(s): Común "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Asimismo, se hace saber al promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. Resulta aplicable la tesis siguiente: Registro No. 2007285 Localización:Décima ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo I, Agosto de 2014Página: 210Tesis: 1a./J. 50/2014JurisprudenciaMateria(s): Común "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Se hace del conocimiento del promovente del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento efectuado se tendrá únicamente como acto reclamado la omisión destacada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio Melgarejo Pérez, Arcadio Medina Zúñiga, Juan Antonio Mendoza Montes y José Carlos Cabrera Rendón por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las diversas personas nombradas para oír y recibir notificaciones. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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