Edgar Fabricio Ontiveros Mata

Expediente 737/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
737/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • Edgar Fabricio Ontiveros Mata

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de dos de octubre de dos mil diecinueve (f. 17-22). II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina: Sí obran documentos originales. Se desechó la demanda de amparo. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones de conformidad con la fracción II, artículo vigésimo primero; hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EDGAR FABRICIO ONTIVEROS MATA EL PROVEÍDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; dos de octubre de dos mil diecinueve. I. Desahoga prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito signado por el quejoso Edgar Fabricio Ontiveros Mata, mediante el cual desahoga la prevención que le fue formulada en auto diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (f. 12-13); téngase por cumplido el requerimiento de que se trata para los efectos legales procedentes. II. Se desecha demanda. Ahora bien, como lo prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en el artículo 61 de dicho ordenamiento legal, pues dicho dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio, se procede al análisis de tales aspectos. En ese sentido, es menester indicar que del estudio efectuado a la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señaló, esencialmente como acto reclamado el siguiente: La negativa de conceder el permiso, licencia o registro para permitir que el quejoso, adquiera, siembre, cultive, coseche, posea, transporte, prepare o acondicione la planta denominada "Cannabis sativa, índica americana y/o marihuana", correlativos a la cadena del autoconsumo individual con fines lúdicos y recreativos, mediante oficio número 193300EL351276 de tres de julio del actual, firmado por Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esas condiciones, toda vez que la parte promovente se duele esencialmente de la negativa de conceder el permiso, licencia o registro para permitir que el quejoso, adquiera, siembre, cultive, coseche, posea, transporte, prepare o acondicione la planta denominada "Cannabis sativa, índica americana y/o marihuana", correlativos a la cadena del autoconsumo individual con fines lúdicos y recreativos, contenida en el oficio número 193300EL351276 de tres de julio del actual, firmado por Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, por el que se dio contestación a la petición elevada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el que solicitó "el permiso, licencia o registro para que el solicitante de amparo se le permita adquirir, sembrar, cultivar, cosechar, poseer, transportar, preparar o acondicionar la planta denominada "Cannabis sativa, índica americana y/o marihuana", este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Bajo esa premisa, resulta pertinente traer a colación el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;." De la porción normativa antes transcrita, se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra de las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que resuelvan una instancia, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; lo que en el presente caso lo constituye la determinación reclamada contenida en el oficio 193300EL351276 de tres de julio de la presente anualidad. Lo anterior es así, en razón de que en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se establece la procedencia del juicio de nulidad en contra de actos de las autoridades de la Administración Pública Federal, que causen agravio a una persona física o moral, como acontece con la emisión del citado oficio. Ahora bien, de conformidad con el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ésta se divide en Central, Centralizada y Paraestatal, y las Secretarías que la integran, forman parte de la Administración Pública Centralizada. Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que la responsable en el presente juicio de amparo es autoridad dependiente de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la cual es un organismo público desconcentrado dependiente de la Secretaria de Salud, que forma parte de la Administración Pública Federal. Por lo cual, si en la especie, la parte justiciable se duele de la determinación contenida en el oficio 193300EL351276 de tres de julio de la anualidad que transcurre, por el que se resolvió la instancia elevada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que el quejoso solicitó "el permiso, licencia o registro para que el solicitante de amparo se le permita adquirir, sembrar, cultivar, cosechar, poseer, transportar, preparar o acondicionar la planta denominada "Cannabis sativa, índica americana y/o marihuana", a través de la cual se determinó que la Ley General de Salud no establece facultad alguna para que esa autoridad pueda otorgar la autorización requerida, se justifica que dicho acto debe ser combatido a través del juicio de nulidad, en términos del numeral 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a la promoción del juicio de amparo, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige esta materia. Lo anterior es así, habida cuenta de que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 128 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Federal, para otorgar la suspensión definitiva de los actos, por lo cual, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar dicho medio de defensa, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, por lo que no queda más que desechar por improcedente la demanda de amparo que se intenta. Aunado a que posterior a los recursos ordinarios, que en su caso procedan, de no satisfacer las pretensiones del quejoso, puede interponer el juicio de amparo correspondiente, y en él, hacer valer los motivos de inconstitucionalidad que por esta vía combate. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal estima que el referido acto de autoridad, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debe combatirse a través del juicio de nulidad en términos del citado artículo 3, fracción XII, de la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.A.87 A, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1467, tomo XX, diciembre de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo contenido es: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE RESOLUCIONES QUE RECAIGAN A UNA INSTANCIA QUE POR SU PROPIA NATURALEZA IMPIDAN CONTINUAR CON UN PROCEDIMIENTO. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé las hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo, de cuya fracción XIII, se desprende que resulta procedente contra actos de la administración pública federal que posean la característica de ser resoluciones administrativas que pongan fin a un procedimiento, a una instancia, o bien, que resuelvan un expediente, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, el legislador no refirió un único supuesto de procedencia del medio de defensa contencioso administrativo, sino que estableció tres hipótesis diversas e independientes entre sí, de tal suerte que no puede concluirse que las resoluciones que ponen fin a una instancia sean las mismas que aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo o las que resuelven un expediente, de modo tal que debe entenderse que el primer supuesto consiste en que las resoluciones que den respuesta a la súplica, petición o solicitud hecha a la autoridad por un particular, y que por su propia naturaleza determinen la imposibilidad de continuar con un procedimiento, pueden impugnarse a través del juicio de nulidad; ahora bien, de lo expuesto con anterioridad se advierte que pone fin a una instancia, no sólo la resolución que recaiga a ésta y la dé por concluida, sino también cuando por su naturaleza y por los términos en que se dicta, materialmente impide continuar con un procedimiento, o bien, no es factible dilucidar que ese procedimiento va a continuar, pues el término instancia se refiere a todos aquellos actos procesales comprendidos a partir del ejercicio de una acción y la contestación que se produzca, por lo que en términos de lo dispuesto en el citado artículo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sí es competente para conocer de las resoluciones que recaigan a una instancia, que por su propia naturaleza determinan la imposibilidad de continuar con un procedimiento." Aplica por analogía, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1470, libro XXIII, tomo 3, agosto de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuyo contenido es: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." Bajo esa connotación, este órgano jurisdiccional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la ley que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Además, porque en el caso no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, es decir, no es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que ello por sí mismo no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría a su arbitrio el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. En ese orden de ideas, aun cuando los argumentos expuestos por la parte justiciable hagan énfasis sobre transgresión a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, dado el propio contenido del acto que combate en esta instancia, obligaría a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad, toda vez que la parte impetrante puede ser oída con la amplitud respecto de los derechos fundamentales que persigue. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Así también, resulta aplicable a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 765, tomo XVIII, correspondiente a noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, cuyo criterio es del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, en el acaso no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en al artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, no obstante que el quejoso refiera que el acto reclamado carece de tales características, pues del oficio de donde emana el acto reclamado, allegado por el propio solicitante de amparo al ocurso de demandase se advierte que contrario a lo afirmado, el contenido del oficio que por esta vía se combate, sí está fundado y motivado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." Máxime que el acto reclamado en estudio, no puede estimarse como de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, tal como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y por lo tanto, puede ser controvertida en la vía ordinaria de manera conjunta, en términos del artículo 3°, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; es decir, podrá reclamar, entonces, tanto las violaciones de las que adolezca la propia resolución, como todas aquellas que se hubiesen cometido durante el procedimiento y que hubieren dejado sin defensa o privado de sus derechos al quejoso, al trascender en la resolución final; por lo que no puede desvincularse su análisis de la citada resolución. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 729, del libro X, del mes de julio de 2012, en el tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que al efecto establece lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo a anularlo." De ahí que este juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no opera la excepción planteada. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." Elementos de razón por los que este Juzgado Federal concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra del acto que por esta vía se reclama, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por lo tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, lo cual no realizó, tal y como se constata con las manifestaciones vertidas en el escrito atinente al desahogo de la prevención formulada en autos, a los cuales se les otorga pleno valor como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).";. En ese contexto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Edgar Fabricio Ontiveros Mata, por propio derecho, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte promovente acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de mil cuatro, página 1631, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. I. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 737/2019-II. II. Prevención. Vista la demanda de amparo presentada por Edgar Fabricio Ontiveros Mata, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, en íntima vinculación, a su vez, con el artículo 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo; requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito, cumpla con lo siguiente: 1. Manifieste el lugar donde pretende ejercer los derechos correlativos al "autoconsumo" de la marihuana, que por el momento le fueron negados por la autoridad señalada como responsable. 2. Exprese si contra la determinación que le negó el permiso, licencia o registro que por esta vía reclama, interpuso algún el medio de defensa. Para el caso afirmativo, deberá señalar cuál y ante qué autoridad fue presentado, así como el estado procesal que guarda el mismo, o bien, la fecha y el sentido en que fue resuelto dicho medio de defensa. Lo anterior, en razón de que dichos datos fueron omitidos por el quejoso, los cuales resultan necesarios a fin de proveer fundadamente respecto a la demanda de amparo con la que se da cuenta. Se hace saber al promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del solicitante del amparo que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo; por tal motivo a fin de dar cumplimiento al presente requerimiento no se deberá presentar otro escrito de demanda. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Gómez Ávila, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Susana Martínez Vega, por no contar con dicho registro. IV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2 párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe."

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