Edgar Fabian Villaseñor García
Expediente 433/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Edgar Fabian Villaseñor García
- Jorge Yoroslab Joya Ramos
- Gerardo Heredia Gutiérrez y Otros.
- Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo
- Fabian González Loópez
- Nadia Pauline Rivera Salazar
- Francisco Javier Fabian Mora
- José Antonio Alvárez Castañeda
- Gerardo Heredia Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
:: Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Finalmente, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del aludido acuerdo general, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral. Finalmente, se advierte que la autoridad responsable Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, remitió para la substanciación de este juicio, seis discos compactos certificados, y dado que ya no resultan necesarios, se ordena remitir dichos discos a la citada autoridad.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa, que dice: "I. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual, la autoridad responsable Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por conducto del Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, remite lo siguiente: Cinco archivos audiovisuales relativos a las audiencias de dos, tres, cuatro, cinco y ocho de agosto de dos mil veintidós, celebradas en la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Un archivo audiovisual relativo a la audiencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, celebrada en la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Fotocopia certificada del orden cronológico de las audiencias de dos, tres, cuatro, cinco, ocho y nueve de agosto de dos mil veintidós, celebradas dentro de la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Por tanto, déjese sin efectos el apercibimiento decretado en el referido acuerdo. Ahora, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la prueba documental y los discos compactos (CD) exhibidos por dicha autoridad. En la inteligencia que los referidos medios ópticos de prueba se encuentran a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este juzgado; para lo cual, en caso de que alguna no cuente con los medios tecnológicos conducentes para su reproducción, este juzgado de distrito destinará un equipo de cómputo a fin de que pueda llevar a cabo dicha consulta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdense en la secretaría de este juzgado los discos ópticos de referencia. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los autos se desprende que mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, 1] Fabián González López, 2] Gerardo Heredia Gutiérrez, 3] Jonathan Mejía Orozco, 4] Nadia Paulina Rivera Salazar, 5] Edgar Fabián Villaseñor García, 6] Francisco Javier Fabián Mora, 7] Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, 8] Ramón de Jesús Negrete Rubio, 9] Jorge Yeroslab Joya Ramos y 10] José Antonio Álvarez Castañeda, por conducto de José Antonio Rodríguez Sámano, quien se ostenta su defensor público, demandaron el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las siguientes autoridades: Autoridades responsables 1 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 C.P.S. Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 2 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango Gómez Palacio, Durango 3 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 C.P.S. Chiapas Villa Comaltitlán, Chiapas 4 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 C.P.S. Femenil en Morelos Coatlán del Río, Morelos 5 Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 6 Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20, inciso B, fracciones I, VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demanda que fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de diecinueve de abril del año en curso, la Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, planteó el returno a este órgano jurisdiccional para el efecto de que el suscrito siguiera conociendo de la demanda de amparo en comento; en consecuencia, mediante acuerdo de cuatro de mayo de la presente anualidad, se aceptó el returno planteado por la homóloga federal, este juzgado de distrito se avocó al estudio de la demanda de amparo, desechó parcialmente y admitió la demanda de amparo promovida por los quejosos 1] Fabián González López, 2] Gerardo Heredia Gutiérrez, 3] Jonathan Mejía Orozco, 4] Nadia Paulina Rivera Salazar, 5] Edgar Fabián Villaseñor García, 6] Francisco Javier Fabián Mora, 7] Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, 8] Ramón de Jesús Negrete Rubio, 9] Jorge Yeroslab Joya Ramos y 10] José Antonio Álvarez Castañeda, por conducto de José Antonio Rodríguez Sámano, quien se ostenta su defensor público, en contra de los siguientes actos reclamados: a) La omisión de concluir la carpeta de juicio oral 101/2021 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. b) El acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos de la carpeta de juicio oral 101/2021 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el cual determinó aplazar la audiencia de juicio oral para iniciar el veintisiete de junio de dos mil veintidós y concluir el cuatro de julio siguiente. c) La omisión de revocar la prisión preventiva oficiosa con vigencia hasta el diez de abril de dos mil veintidós. d) La omisión de otorgar libertad por caducidad de la prisión preventiva oficiosa con vigencia hasta el diez de abril de dos mil veintidós, emitida en autos de la carpeta administrativa 216/2020 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante relativas a la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza. En la especie, de las diversas constancias que integran la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y que fueron valoradas con antelación, se desprende, entre otras cosas, que en audiencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, se emitió fallo absolutorio a favor de los quejosos 1] Fabián González López, 2] Gerardo Heredia Gutiérrez, 3] Jonathan Mejía Orozco, 4] Nadia Paulina Rivera Salazar, 5] Edgar Fabián Villaseñor García, 6] Francisco Javier Fabián Mora, 7] Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, 8] Ramón de Jesús Negrete Rubio, 9] Jorge Yeroslab Joya Ramos y 10] José Antonio Álvarez Castañeda, por el hecho delictuoso de secuestro agravado, en agravio de las víctimas de identidad reservada con iniciales A.H.V. y F.A.A.T y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra de los aquí quejosos. Lo anterior, evidencia que ha cambiado la situación jurídica en la carpeta de juicio oral de origen, pues en caso de que hubieran existido las violaciones cometidas como consecuencia de los actos reclamados, éstas han quedado irremediablemente consumadas, ya que quedaron jurídica y procesalmente sustituidas cuando el Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, emitió fallo absolutorio a favor de los quejosos, en la carpeta de juicio oral de origen, por el hecho delictuoso de secuestro agravado, en agravio de las víctimas de identidad reservada con iniciales A.H.V. y F.A.A.T y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra de dichos amparistas. Causa de improcedencia que se actualiza por los motivos apuntados, también respecto de la omisión reclamada en la carpeta administrativa 216/2020 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, pues de autos se aprecia que el seis de diciembre de dos mil veintiuno fue recibida en los Juzgados de Tribunal de Juicio Oral Penal y registrada bajo el número de carpeta de juicio oral 101/2021. Por tanto, no es posible estudiar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas, así como del acuerdo de acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de juicio oral de origen, sin afectar la nueva situación jurídica, lo cual vuelve improcedente este juicio. Ilustran lo anterior la tesis que enseguida se invocan: "Época: Octava Época Registro: 221961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 145 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." "Registro digital: 2022025 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: X.2o.1 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5981 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Por lo tanto, como se adelantó, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio constitucional respecto de los actos reclamados precisados en líneas anteriores, al encontrarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por identidad de razones jurídicas, al no contrariar a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados, toda vez que no fueron impugnados por vicios propios. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia que enseguida se cita: "Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 Genealogía: Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 12, página 449. Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 450. Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 34, página 463. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 1, página 453. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 9, página 460.AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno."
- Principal
:: I. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual, la autoridad responsable Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por conducto del Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, remite lo siguiente: Cinco archivos audiovisuales relativos a las audiencias de dos, tres, cuatro, cinco y ocho de agosto de dos mil veintidós, celebradas en la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Un archivo audiovisual relativo a la audiencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, celebrada en la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Fotocopia certificada del orden cronológico de las audiencias de dos, tres, cuatro, cinco, ocho y nueve de agosto de dos mil veintidós, celebradas dentro de la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Por tanto, déjese sin efectos el apercibimiento decretado en el referido acuerdo. Ahora, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la prueba documental y los discos compactos (CD) exhibidos por dicha autoridad. En la inteligencia que los referidos medios ópticos de prueba se encuentran a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este juzgado; para lo cual, en caso de que alguna no cuente con los medios tecnológicos conducentes para su reproducción, este juzgado de distrito destinará un equipo de cómputo a fin de que pueda llevar a cabo dicha consulta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdense en la secretaría de este juzgado los discos ópticos de referencia. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los autos se desprende que mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, 1] Fabián González López, 2] Gerardo Heredia Gutiérrez, 3] Jonathan Mejía Orozco, 4] Nadia Paulina Rivera Salazar, 5] Edgar Fabián Villaseñor García, 6] Francisco Javier Fabián Mora, 7] Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, 8] Ramón de Jesús Negrete Rubio, 9] Jorge Yeroslab Joya Ramos y 10] José Antonio Álvarez Castañeda, por conducto de José Antonio Rodríguez Sámano, quien se ostenta su defensor público, demandaron el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las siguientes autoridades: Autoridades responsables 1 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 C.P.S. Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 2 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango Gómez Palacio, Durango 3 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 C.P.S. Chiapas Villa Comaltitlán, Chiapas 4 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 C.P.S. Femenil en Morelos Coatlán del Río, Morelos 5 Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 6 Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20, inciso B, fracciones I, VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demanda que fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de diecinueve de abril del año en curso, la Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, planteó el returno a este órgano jurisdiccional para el efecto de que el suscrito siguiera conociendo de la demanda de amparo en comento; en consecuencia, mediante acuerdo de cuatro de mayo de la presente anualidad, se aceptó el returno planteado por la homóloga federal, este juzgado de distrito se avocó al estudio de la demanda de amparo, desechó parcialmente y admitió la demanda de amparo promovida por los quejosos 1] Fabián González López, 2] Gerardo Heredia Gutiérrez, 3] Jonathan Mejía Orozco, 4] Nadia Paulina Rivera Salazar, 5] Edgar Fabián Villaseñor García, 6] Francisco Javier Fabián Mora, 7] Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, 8] Ramón de Jesús Negrete Rubio, 9] Jorge Yeroslab Joya Ramos y 10] José Antonio Álvarez Castañeda, por conducto de José Antonio Rodríguez Sámano, quien se ostenta su defensor público, en contra de los siguientes actos reclamados: a) La omisión de concluir la carpeta de juicio oral 101/2021 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. b) El acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos de la carpeta de juicio oral 101/2021 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el cual determinó aplazar la audiencia de juicio oral para iniciar el veintisiete de junio de dos mil veintidós y concluir el cuatro de julio siguiente. c) La omisión de revocar la prisión preventiva oficiosa con vigencia hasta el diez de abril de dos mil veintidós. d) La omisión de otorgar libertad por caducidad de la prisión preventiva oficiosa con vigencia hasta el diez de abril de dos mil veintidós, emitida en autos de la carpeta administrativa 216/2020 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante relativas a la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza. En la especie, de las diversas constancias que integran la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y que fueron valoradas con antelación, se desprende, entre otras cosas, que en audiencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, se emitió fallo absolutorio a favor de los quejosos 1] Fabián González López, 2] Gerardo Heredia Gutiérrez, 3] Jonathan Mejía Orozco, 4] Nadia Paulina Rivera Salazar, 5] Edgar Fabián Villaseñor García, 6] Francisco Javier Fabián Mora, 7] Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, 8] Ramón de Jesús Negrete Rubio, 9] Jorge Yeroslab Joya Ramos y 10] José Antonio Álvarez Castañeda, por el hecho delictuoso de secuestro agravado, en agravio de las víctimas de identidad reservada con iniciales A.H.V. y F.A.A.T y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra de los aquí quejosos. Lo anterior, evidencia que ha cambiado la situación jurídica en la carpeta de juicio oral de origen, pues en caso de que hubieran existido las violaciones cometidas como consecuencia de los actos reclamados, éstas han quedado irremediablemente consumadas, ya que quedaron jurídica y procesalmente sustituidas cuando el Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, emitió fallo absolutorio a favor de los quejosos, en la carpeta de juicio oral de origen, por el hecho delictuoso de secuestro agravado, en agravio de las víctimas de identidad reservada con iniciales A.H.V. y F.A.A.T y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra de dichos amparistas. Causa de improcedencia que se actualiza por los motivos apuntados, también respecto de la omisión reclamada en la carpeta administrativa 216/2020 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, pues de autos se aprecia que el seis de diciembre de dos mil veintiuno fue recibida en los Juzgados de Tribunal de Juicio Oral Penal y registrada bajo el número de carpeta de juicio oral 101/2021. Por tanto, no es posible estudiar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas, así como del acuerdo de acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de juicio oral de origen, sin afectar la nueva situación jurídica, lo cual vuelve improcedente este juicio. Ilustran lo anterior la tesis que enseguida se invocan: "Época: Octava Época Registro: 221961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 145 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." "Registro digital: 2022025 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: X.2o.1 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5981 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Por lo tanto, como se adelantó, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio constitucional respecto de los actos reclamados precisados en líneas anteriores, al encontrarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por identidad de razones jurídicas, al no contrariar a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados, toda vez que no fueron impugnados por vicios propios. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia que enseguida se cita: "Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 Genealogía: Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 12, página 449. Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 450. Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 34, página 463. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 1, página 453. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 9, página 460. AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
- Principal
::Se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada de iniciales 1] A.H.V. y 2] F.A.A.T., el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, mismo que a lo que interesa refiere: "I. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual, la autoridad responsable Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por conducto del Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, remite lo siguiente: Cinco archivos audiovisuales relativos a las audiencias de dos, tres, cuatro, cinco y ocho de agosto de dos mil veintidós, celebradas en la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Un archivo audiovisual relativo a la audiencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, celebrada en la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Fotocopia certificada del orden cronológico de las audiencias de dos, tres, cuatro, cinco, ocho y nueve de agosto de dos mil veintidós, celebradas dentro de la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Por tanto, déjese sin efectos el apercibimiento decretado en el referido acuerdo. Ahora, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la prueba documental y los discos compactos (CD) exhibidos por dicha autoridad. En la inteligencia que los referidos medios ópticos de prueba se encuentran a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este juzgado; para lo cual, en caso de que alguna no cuente con los medios tecnológicos conducentes para su reproducción, este juzgado de distrito destinará un equipo de cómputo a fin de que pueda llevar a cabo dicha consulta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdense en la secretaría de este juzgado los discos ópticos de referencia. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los autos se desprende que mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, 1] Fabián González López, 2] Gerardo Heredia Gutiérrez, 3] Jonathan Mejía Orozco, 4] Nadia Paulina Rivera Salazar, 5] Edgar Fabián Villaseñor García, 6] Francisco Javier Fabián Mora, 7] Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, 8] Ramón de Jesús Negrete Rubio, 9] Jorge Yeroslab Joya Ramos y 10] José Antonio Álvarez Castañeda, por conducto de José Antonio Rodríguez Sámano, quien se ostenta su defensor público, demandaron el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las siguientes autoridades: Autoridades responsables 1 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 C.P.S. Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 2 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango Gómez Palacio, Durango 3 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 C.P.S. Chiapas Villa Comaltitlán, Chiapas 4 Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 C.P.S. Femenil en Morelos Coatlán del Río, Morelos 5 Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo 6 Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20, inciso B, fracciones I, VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demanda que fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de diecinueve de abril del año en curso, la Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, planteó el returno a este órgano jurisdiccional para el efecto de que el suscrito siguiera conociendo de la demanda de amparo en comento; en consecuencia, mediante acuerdo de cuatro de mayo de la presente anualidad, se aceptó el returno planteado por la homóloga federal, este juzgado de distrito se avocó al estudio de la demanda de amparo, desechó parcialmente y admitió la demanda de amparo promovida por los quejosos 1] Fabián González López, 2] Gerardo Heredia Gutiérrez, 3] Jonathan Mejía Orozco, 4] Nadia Paulina Rivera Salazar, 5] Edgar Fabián Villaseñor García, 6] Francisco Javier Fabián Mora, 7] Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, 8] Ramón de Jesús Negrete Rubio, 9] Jorge Yeroslab Joya Ramos y 10] José Antonio Álvarez Castañeda, por conducto de José Antonio Rodríguez Sámano, quien se ostenta su defensor público, en contra de los siguientes actos reclamados: a) La omisión de concluir la carpeta de juicio oral 101/2021 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. b) El acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos de la carpeta de juicio oral 101/2021 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el cual determinó aplazar la audiencia de juicio oral para iniciar el veintisiete de junio de dos mil veintidós y concluir el cuatro de julio siguiente. c) La omisión de revocar la prisión preventiva oficiosa con vigencia hasta el diez de abril de dos mil veintidós. d) La omisión de otorgar libertad por caducidad de la prisión preventiva oficiosa con vigencia hasta el diez de abril de dos mil veintidós, emitida en autos de la carpeta administrativa 216/2020 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante relativas a la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza. En la especie, de las diversas constancias que integran la carpeta de juicio oral penal 101/2021 del consecutivo del Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y que fueron valoradas con antelación, se desprende, entre otras cosas, que en audiencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, se emitió fallo absolutorio a favor de los quejosos 1] Fabián González López, 2] Gerardo Heredia Gutiérrez, 3] Jonathan Mejía Orozco, 4] Nadia Paulina Rivera Salazar, 5] Edgar Fabián Villaseñor García, 6] Francisco Javier Fabián Mora, 7] Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, 8] Ramón de Jesús Negrete Rubio, 9] Jorge Yeroslab Joya Ramos y 10] José Antonio Álvarez Castañeda, por el hecho delictuoso de secuestro agravado, en agravio de las víctimas de identidad reservada con iniciales A.H.V. y F.A.A.T y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra de los aquí quejosos. Lo anterior, evidencia que ha cambiado la situación jurídica en la carpeta de juicio oral de origen, pues en caso de que hubieran existido las violaciones cometidas como consecuencia de los actos reclamados, éstas han quedado irremediablemente consumadas, ya que quedaron jurídica y procesalmente sustituidas cuando el Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal con Jurisdicción en Todo el Estado, actuando dentro del Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, emitió fallo absolutorio a favor de los quejosos, en la carpeta de juicio oral de origen, por el hecho delictuoso de secuestro agravado, en agravio de las víctimas de identidad reservada con iniciales A.H.V. y F.A.A.T y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra de dichos amparistas. Causa de improcedencia que se actualiza por los motivos apuntados, también respecto de la omisión reclamada en la carpeta administrativa 216/2020 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, pues de autos se aprecia que el seis de diciembre de dos mil veintiuno fue recibida en los Juzgados de Tribunal de Juicio Oral Penal y registrada bajo el número de carpeta de juicio oral 101/2021. Por tanto, no es posible estudiar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas, así como del acuerdo de acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de juicio oral de origen, sin afectar la nueva situación jurídica, lo cual vuelve improcedente este juicio. Ilustran lo anterior la tesis que enseguida se invocan: Época: Octava Época Registro: 221961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Septiembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 145 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso. Registro digital: 2022025 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: X.2o.1 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5981 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Por lo tanto, como se adelantó, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio constitucional respecto de los actos reclamados precisados en líneas anteriores, al encontrarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por identidad de razones jurídicas, al no contrariar a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados, toda vez que no fueron impugnados por vicios propios. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia que enseguida se cita: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 Genealogía: Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 12, página 449. Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 13, página 450. Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 34, página 463. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 1, página 453. Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 9, página 460. AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno."
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