Edgar Fabian Reyes Hernandez

Expediente 733/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
733/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Edgar Fabian Reyes Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, del estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de veinticuatro de los cursantes, se requirió al Delegado en Nayarit del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Tepic, para que dentro del término de tres días hábiles, computado legalmente, designara a un defensor que represente a la menor identificada con las iniciales K.R.C.P., en esta instancia constitucional; dado que de acuerdo a lo relatado en el escrito inicial de demanda, existe un conflicto de intereses entre la quejosa Victoria Nayeli Preciado Pérez (parte quejosa) y el progenitor de la menor (tercero interesado) En tal virtud, para dar margen a que se encuentre debidamente integrado el presente juicio de amparo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con diez minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese. 04/08/23 10:01:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a7.96 ANGEL DANIEL AVILA SALDAÑA Así lo proveyó y firma

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno por el que se desechó de plano el juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó de plano el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma

  3. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Édgar Fabian Reyes Hernández, por propio derecho, contra el acto y la autoridad que en la misma se precisa. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 733/2021-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen. Sin que proceda la apertura del incidente de suspensión, por las consideraciones que se abordarán a continuación. Juicio en Línea Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del 1 De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento Ahora bien, al analizar de manera integral el escrito de demanda, se advierte que en el presente caso se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, del propio ordenamiento legal invocado, que a la letra dicen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...].". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: - - - [.].". II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.].". Previo a realizar el estudio correspondiente es necesario establecer que el acuerdo inicial, excepcionalmente es el momento oportuno para determinar si se actualiza, respecto a la autoridad a quién se atribuye el acto reclamado, el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, cuando se actualice el supuesto de que exista la certeza y plena convicción de que pese a admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una conclusión diversa. Así lo establece la jurisprudencia por contradicción, emitida en la Décima Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, del contendido siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". Ahora, el primero de los artículos transcritos al inicio -61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo-, dispone que el juicio de garantías debe ser declarado improcedente atendiendo a las disposiciones normativas que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, en tanto que el catálogo de motivos de improcedencia que prevé en el precitado artículo 61 no es limitativo sino enunciativo. De esa forma, el juicio de amparo será improcedente también, si las normas constitucionales o las contenidas en la Ley de Amparo no son debidamente observadas o la simple promoción del juicio las contraría. Por su parte, la segunda de las disposiciones trascritas establece que el objeto de estudio del juicio de amparo son las leyes, actos u omisiones de la autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución General de la República, así como los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se colige que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, visible en la página 39, del contenido literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS: Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Es decir, si el acto desplegado por la autoridad responsable, es unilateral, porque no requiere la aprobación del ciudadano, imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el Estado y sus ciudadanos es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el Estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el ciudadano, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En tales condiciones, a criterio del suscrito juzgador, el acto que aquí se reclama, consistente en esencia en la retención del dinero de la cuenta bancaria número 1150172326, a nombre del quejoso, no proviene de una autoridad para los efectos del amparo, sino que deriva de la relación comercial de prestación de servicios entre la parte quejosa y la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple. Cabe precisar, que una de las características de las instituciones de crédito, es la prestación del servicio de banca y crédito, tal y como lo señala el artículo 9 de la Ley de Instituciones de Crédito: "Artículo 9o.- Sólo gozarán de autorización las sociedades anónimas de capital fijo, organizadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que no esté previsto en esta Ley y, particularmente, con lo siguiente: I.- Tendrán por objeto la prestación del servicio de banca y crédito, en los términos de la presente Ley; [.].". Asimismo, las funciones que realizan las instituciones de crédito, se encuentran descritas en el artículo 46 de la misma ley, mismo que a continuación se transcribe: "Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: I. Recibir depósitos bancarios de dinero: a) A la vista; b) Retirables en días preestablecidos; c) De ahorro, y d) A plazo o con previo aviso; II. Aceptar préstamos y créditos; [...].". De lo anterior, se desprende que entre los servicios que otorga la institución bancaria está el de recibir depósitos bancarios en dinero, de ahorro, aceptar préstamos y otorgar créditos, entre otras. Robustece lo anterior, el hecho de que en la demanda de amparo, la cual se encuentra firmada bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ".al acudir el día 16 de julio de 2021 a retirar dinero a uno de los cajeros automáticos de Banorte (la responsable), el cajero me pone un mensaje que mi saldo es insuficiente por lo que al consultar el mismo mi cuenta me apareció en ceros. Razón por la cual procedí a consultar mis movimientos en el propio cajero y me percato que con fecha 15 de julio de 2021 el banco me generó un cargo por $10,756.90, que corresponde a la totalidad de mi salario como trabajador, para acreditar lo anterior adjunto al presente escrito impresión original del comprobante impreso en el cajero automático. En esa virtud y no obstante que el suscrito acudí a una de las sucursales del banco a hacer mi reclamación, me informaron que debía hablar a las líneas de atención telefónica, sin embargo, aun cuando he tratado de comunicarme, los operadores que me atienden me mandan de una línea a otra y no me resuelven mi situación.". De lo anteriormente transcrito, no se advierte que dicha institución bancaria esté actuando como auxiliar de la administración pública, esto es, del Ministerio Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni de alguna autoridad judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Décima Época, con número de registro 2020073, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, página 4357, que a la letra dice: "INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, señala que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Este segundo supuesto normativo se actualiza cuando los bancos ejecutan aseguramientos de cuentas ordenados en el procedimiento penal por la autoridad ministerial o judicial, pues si bien se trata de personas morales privadas, al inmovilizar o bloquear las cuentas, su actuación es equivalente al acto de una autoridad, porque ejerce facultades de ejecución como lo haría cualquier otra autoridad para materializar una medida cautelar, y su actuar es unilateral y obligatorio, ya que se ejerce sin que medie voluntad de la persona afectada, derivado de lo cual afectan los derechos del gobernado, al crear una situación jurídica que restringe la disposición de bienes o recursos, e impide la realización de cualquier otra operación financiera en sus cuentas bancarias. Además, las funciones del banco en la ejecución del aseguramiento de cuentas están determinadas en una norma general, como son los artículos 4, fracción XIX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como 44, fracciones I a IV, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que les confieren atribuciones para actuar con imperio como una autoridad ejecutora, en tanto disponen que los bancos están obligados a acatar lo solicitado, de forma que la inmovilización de las cuentas no surge por impulso de su parte, sino mediante autorización del Estado, en virtud de la norma general referida." Asimismo, la diversa Tesis de la Décima Época con número de registro 2010060, localizable Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 2077, que dispone: "INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO ACTÚAN COMO AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, dispone que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, si bien las instituciones bancarias son personas morales de derecho privado y, por regla general, contra sus actos es improcedente el juicio de amparo, cuando actúan en auxilio del Ministerio Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el aseguramiento de cuentas bancarias decretado en averiguación previa, su intervención se equipara al de una autoridad ejecutora, ya que son las que materialmente "bloquean" las cuentas objeto del aseguramiento ministerial e impiden, en algunos casos, que el usuario realice cualquier otra operación financiera ante ellas; actuar que es susceptible de afectar derechos fundamentales del cuentahabiente, entre otros aspectos, porque le impiden la libre disposición de su numerario, aunado a que dicho proceder se encuentra regulado por la Ley de Instituciones de Crédito, que es una norma de carácter general; lo anterior permite afirmar que en la hipótesis apuntada, los bancos, como auxiliares de la representación social en la fase de ejecución del aseguramiento de cuentas bancarias decretado en la averiguación previa, intervienen como autoridad en cumplimiento de una disposición legal y no como particulares con motivo de la relación contractual que tienen con el titular de aquéllas." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Égdar Fabián Reyes Hernández, por propio derecho, al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. Domicilio del quejoso y autorizado Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda y por autorizada en términos del artículo 24, de la Ley de Amparo a Korina Elizabeth Pérez Hernández toda vez que de una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que no cuenta con cédula profesional debidamente registrada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se habilita a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que realicen la notificación personal del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, por lo que en todo momento deberá extremar las precauciones necesarias a fin de salvaguardar su salud y de las demás personas con las que interactúe; en la inteligencia que, de no ser voluntad de la parte quejosa firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas, previa acreditación de la personalidad del solicitante en autos; siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo, reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Devolución de documentos De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente; en ese orden, realícese el cotejo, certificación y compulsa de las documentales que en original y/o copia certificada se ofrecen. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 28 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de la adscripción para que haga entrega del oficio dirigido a las autoridades correspondientes en el domicilio donde éstas residan, asimismo se habilitan días y horas inhábiles a fin de que realice las notificaciones de carácter personal, acatando el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6o., fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 2o., 5o., fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.L'SARP/fahs

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