Edgar Espitia Ramírez
Expediente 620/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Edgar Espitia Ramírez
Actuaciones
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito, sin que lo hubiera hecho; se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del treinta de septiembre de este año; por lo cual, hágansele ésta y las subsecuentes notificaciones por medio de la lista electrónica que genera este Juzgado de Distrito. Asimismo, que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del treinta de septiembre de este año, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 620/2020-VI. El quejoso señala como acto reclamado la determinación de tres de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de cuantificación de haberes, derivado de la ejecución del juicio administrativo *********, del índice de la autoridad responsable. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicho precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que se actualice esta causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal administrativo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo emitió la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Respecto al inciso b) también se encuentra satisfecho, dado que procede el recurso de revisión en contra de la resolución emitida en un incidente de cuantificación de haberes dentro de un juicio administrativo, el cual se encuentra establecido en la fracción VI del artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En efecto, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión principal 1/2017 (cuyo criterio se comparte), del referido precepto se advierten las hipótesis en las cuales resulta procedente el recurso de revisión ante las secciones de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a saber: Los acuerdos que desechen la demanda. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos. Las sentencias que decidan la cuestión planteada, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, en este último caso cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de las sentencias. Las resoluciones que se emitan en el juicio sumario. Las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia. En ese sentido, si bien es cierto que en dichos supuestos no se observa que el legislador haya establecido que procede el recurso de revisión contra la resolución del incidente de cuantificación de haberes. También lo es que el creador de la norma únicamente contempló un medio de impugnación contra todas las determinaciones emitidas en la etapa de ejecución de sentencia e indicó que procede el recurso de revisión contra las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; de modo que condicionó su procedencia a que las actuaciones emitidas en la etapa de ejecución de sentencia, en caso de inconformidad, únicamente fueran objeto de impugnación hasta la emisión de la última resolución del citado procedimiento y no antes. Sin embargo, en el caso concreto, se considera que es procedente el recurso de revisión contra lo decidido en el incidente de cuantificación de haberes que le causa un perjuicio, toda vez que se está en presencia de un acto de ejecución irreparable, por lo que aun y cuando el numeral 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no contemple la procedencia del recurso de revisión contra tal incidente, lo cierto es que dicho medio de impugnación debe ser procedente, por la trascendencia que tiene en la etapa del cumplimiento de la sentencia donde se impuso la condena a la autoridad demandada, de modo que la parte quejosa debió haber interpuesto ese medio de impugnación ante la correspondiente Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. En el caso se hace tal afirmación, en virtud de que la cuantificación de haberes constituye una condición previa y la base objetiva para que la autoridad jurisdiccional pueda iniciar el procedimiento de ejecución de la sentencia, pues de ello dependerá que las autoridades demandadas puedan dar cumplimiento a la sentencia en la que fueron condenadas al pago de haberes y derivado de lo decidido en el incidente de cuantificación conocerán el monto que tendrán que cubrir a la parte actora, el cual será líquido, cierto y determinado. Por tanto, de una interpretación conforme y extensiva de la fracción VI del artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y atento al derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo es posible concluir que si el recurso de revisión es procedente contra las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia, también lo debe ser respecto de lo decidido en el incidente de cuantificación de haberes, en virtud de la trascendencia que reviste dicha determinación en la etapa de cumplimiento de sentencia. De modo que lo decidido en un incidente de cuantificación de haberes sí puede causar una afectación no reparable en el procedimiento de ejecución de sentencia, de ahí que a criterio de este órgano jurisdiccional sí es procedente dicho medio de impugnación contra el auto que decide la cuantificación de haberes en la etapa de ejecución de la sentencia del juicio administrativo, dado que como se dijo previamente, tal determinación constituye el requisito previo y la base objetiva para que la autoridad jurisdiccional lleve a cabo los requerimientos de cumplimiento de sentencia a la autoridad demandada. Sin que lo anterior, en ningún momento, puede implicar desconocer la normatividad interna que regula los presupuestos y requisitos procedimentales en torno a la procedencia del recurso, puesto que ellos, a su vez, están encaminados a proteger y preservar otros derechos o intereses constitucionalmente previstos, guardando la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, es decir, el reconocimiento al derecho a una tutela judicial efectiva - existencia de un recurso sencillo y eficaz- no puede derivar en eliminar los presupuestos y requisitos de procedibilidad establecidos dentro de nuestro sistema. Criterio que se reitera sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión principal 1/2017. Con relación al inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. El requisito mencionado en el inciso d), se encuentra solventado, habida cuenta que con la resolución que se dicte, derivado de la substanciación del recurso, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que en el caso exista excepción al principio de definitividad, pues la determinación reclamada no implica un peligro de privación de la libertad, deportación o destierro ni se trata de los actos referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y por otro lado, el promovente del amparo es parte dentro del juicio natural del que deriva el acto reclamado, lo que determina que al tener intervención en el mismo, está en aptitud de inconformarse del acto combatido anteriormente identificado, interponiendo en su contra el medio de defensa correspondiente. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, en consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 8, del rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia Común, página 350, del rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No ha lugar a tener como domicilio el que señala, en virtud de que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días señale domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le practicarán las subsecuentes notificaciones por medio de lista electrónica. Tomando en consideración el sentido de la presente determinación, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que notifique personalmente este proveído a la parte quejosa. Se tiene por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el auto del treinta de septiembre de dos mil veinte, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 620/2020-VI. El quejoso señala como acto reclamado la determinación de tres de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de cuantificación de haberes, derivado de la ejecución del juicio administrativo *********, del índice de la autoridad responsable. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De dicho precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que se actualice esta causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal administrativo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo emitió la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Respecto al inciso b) también se encuentra satisfecho, dado que procede el recurso de revisión en contra de la resolución emitida en un incidente de cuantificación de haberes dentro de un juicio administrativo, el cual se encuentra establecido en la fracción VI del artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En efecto, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión principal 1/2017 (cuyo criterio se comparte), del referido precepto se advierten las hipótesis en las cuales resulta procedente el recurso de revisión ante las secciones de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a saber: Los acuerdos que desechen la demanda. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos. Las sentencias que decidan la cuestión planteada, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, en este último caso cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de las sentencias. Las resoluciones que se emitan en el juicio sumario. Las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia. En ese sentido, si bien es cierto que en dichos supuestos no se observa que el legislador haya establecido que procede el recurso de revisión contra la resolución del incidente de cuantificación de haberes. También lo es que el creador de la norma únicamente contempló un medio de impugnación contra todas las determinaciones emitidas en la etapa de ejecución de sentencia e indicó que procede el recurso de revisión contra las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; de modo que condicionó su procedencia a que las actuaciones emitidas en la etapa de ejecución de sentencia, en caso de inconformidad, únicamente fueran objeto de impugnación hasta la emisión de la última resolución del citado procedimiento y no antes. Sin embargo, en el caso concreto, se considera que es procedente el recurso de revisión contra lo decidido en el incidente de cuantificación de haberes que le causa un perjuicio, toda vez que se está en presencia de un acto de ejecución irreparable, por lo que aun y cuando el numeral 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no contemple la procedencia del recurso de revisión contra tal incidente, lo cierto es que dicho medio de impugnación debe ser procedente, por la trascendencia que tiene en la etapa del cumplimiento de la sentencia donde se impuso la condena a la autoridad demandada, de modo que la parte quejosa debió haber interpuesto ese medio de impugnación ante la correspondiente Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. En el caso se hace tal afirmación, en virtud de que la cuantificación de haberes constituye una condición previa y la base objetiva para que la autoridad jurisdiccional pueda iniciar el procedimiento de ejecución de la sentencia, pues de ello dependerá que las autoridades demandadas puedan dar cumplimiento a la sentencia en la que fueron condenadas al pago de haberes y derivado de lo decidido en el incidente de cuantificación conocerán el monto que tendrán que cubrir a la parte actora, el cual será líquido, cierto y determinado. Por tanto, de una interpretación conforme y extensiva de la fracción VI del artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y atento al derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo es posible concluir que si el recurso de revisión es procedente contra las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia, también lo debe ser respecto de lo decidido en el incidente de cuantificación de haberes, en virtud de la trascendencia que reviste dicha determinación en la etapa de cumplimiento de sentencia. De modo que lo decidido en un incidente de cuantificación de haberes sí puede causar una afectación no reparable en el procedimiento de ejecución de sentencia, de ahí que a criterio de este órgano jurisdiccional sí es procedente dicho medio de impugnación contra el auto que decide la cuantificación de haberes en la etapa de ejecución de la sentencia del juicio administrativo, dado que como se dijo previamente, tal determinación constituye el requisito previo y la base objetiva para que la autoridad jurisdiccional lleve a cabo los requerimientos de cumplimiento de sentencia a la autoridad demandada. Sin que lo anterior, en ningún momento, puede implicar desconocer la normatividad interna que regula los presupuestos y requisitos procedimentales en torno a la procedencia del recurso, puesto que ellos, a su vez, están encaminados a proteger y preservar otros derechos o intereses constitucionalmente previstos, guardando la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, es decir, el reconocimiento al derecho a una tutela judicial efectiva - existencia de un recurso sencillo y eficaz- no puede derivar en eliminar los presupuestos y requisitos de procedibilidad establecidos dentro de nuestro sistema. Criterio que se reitera sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la revisión principal 1/2017. Con relación al inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. El requisito mencionado en el inciso d), se encuentra solventado, habida cuenta que con la resolución que se dicte, derivado de la substanciación del recurso, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que en el caso exista excepción al principio de definitividad, pues la determinación reclamada no implica un peligro de privación de la libertad, deportación o destierro ni se trata de los actos referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y por otro lado, el promovente del amparo es parte dentro del juicio natural del que deriva el acto reclamado, lo que determina que al tener intervención en el mismo, está en aptitud de inconformarse del acto combatido anteriormente identificado, interponiendo en su contra el medio de defensa correspondiente. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, en consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 8, del rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia Común, página 350, del rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No ha lugar a tener como domicilio el que señala, en virtud de que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días señale domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le practicarán las subsecuentes notificaciones por medio de lista electrónica. Tomando en consideración el sentido de la presente determinación, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que notifique personalmente este proveído a la parte quejosa. Se tiene por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe." (Se anexa el proveído al final de la lista de publicación).
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