Edgar Emmanuel Basto Ledesma

Expediente 36/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
36/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Edgar Emmanuel Basto Ledesma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del presente incidente de suspensión; asimismo obra testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión virtual el tres de junio de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 86/2021; en el cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "ÚNICO. Este recurso ha quedado sin materia." En consecuencia, acúsese recibo, regístrese su llegada; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del incidente en que se actúa, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas y con apoyo en la fracción I, inciso k, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la ejecutoria de mérito, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que el once de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el cual, obra transcripción del proveído de veintiséis de abril del año actual, a través del cual el órgano de su adscripción comunica que el proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en el incidente en revisión 102/2021, en el que desechó por extemporáneo el medio de impugnación interpuesto por el quejoso Edgar Emmanuel Basto Ledesma, en contra de la resolución interlocutoria de ocho de febrero del año actual, ha quedado firme, de lo que este juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes. En consecuencia, acúsese recibo, regístrese su llegada y realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 9 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con veinticinco minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 36/2021-9 promovido por Edgar Emmanuel Basto Ledesma. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo; asimismo, se da cuenta con el escrito signado por Gustavo Alfredo Zamora Loya, representante especial de los menores de iniciales A.B.F. y E.B.F., registrado bajo el folio 4367. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual se tiene al referido representante realizando manifestaciones en vía de alegatos los cuales serán relacionados en la etapa correspondiente de esta audiencia; asimismo, las pruebas que ofrece. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con: 1. Las documentales que anexó la parte quejosa, consistente en, copia certificada de las actas de nacimiento 229 y 2702; 2. Copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación FGEN-46/2021, misma que obra por cuerda separada en un tomo; 3. La documental que anexó la tercero interesada Amalin Ferrer Yabur, en su escrito de diez de marzo de dos mil veintiuno, consistente en el convenio judicial de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la carpeta de investigación CI-FGEN-46/2021, remitida por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía a la Violencia de Género dependiente de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, el informe justificado rendido por el Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; 4. Presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones, que ofreció el representante especial de los menores en su escrito de veintiuno de los actuales. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta con los formulados por la tercero interesada Amalin Ferrer Yabur y Gustavo Alfredo Zamora Loya, representante especial de los quejosos menores de iniciales A.B.F. y E.B.F. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que expresa la citada tercero y representante especial, para ser tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; asimismo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 36/2021-9, promovido por Edgar Emmanuel Basto Ledesma, contra actos del Fiscal del Ministerio Público de la Dirección para la Atención a la Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el doce de enero de dos mil veintiuno (fojas 1 a 4), a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el dieciocho siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el diecinueve del precitado mes y año, Edgar Emmanuel Basto Ledesma solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La orden de localización y puesta a disposición de los menores de iniciales A. B. F. y E.B. F. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Fiscal del Ministerio Público de la Dirección para la Atención a la Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado. Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN. En proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno (fojas 8 a 12), se previno a la parte quejosa en los siguientes términos: PRIMERO: Acredite la representación de sus menores hijos, toda vez que los documentos que exhibió para tal efecto, se encuentran en copia simple y no es suficiente para ello, pues no produce convicción sobre la veracidad de su contenido. .EGUDO: Proporcione el domicilio actual y correcto de la tercero interesada Amalin Ferrer Yabur, y en caso de desconocerlo manifestarlo bajo protesta de decir verdad, toda vez que resulta necesario para emplazarla al juicio de amparo que insta. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de dos de febrero de dos mil veintiuno (fojas 19 a 22), se tuvo por desahogada la prevención y admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 36/2021-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO. El quince de febrero de dos mil veintiuno foja 36, se realizó el emplazamiento de la tercera interesada Amalin Ferrer Yabur, por lista fijada en los estrados de este juzgado. CUARTO. REPRESENTACIÓN ESPECIAL DE LOS MENORES. En acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se solicitó al Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, designara un defensor de oficio para representar a los menores de identidad reservada, de iniciales A.B.F. y E.B.F., nombrándose al respecto a Gustavo Alfredo Zamora Loya, quien aceptó el cargo conferido vía zoom el seis de los actuales. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La orden de localización y puesta a disposición de los menores de iniciales A. B. F. y E.B. F. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado al haberlo reconocido las autoridades responsables en el informe justificado (fojas 27 y 29 a 31), lo que se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación CI-FGEN-46/2021, remitidas por el agente del Ministerio Público. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la tercera interesada adujo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que debe decretarse el sobreseimiento en términos del diverso 63 fracción V del mismo ordenamiento jurídico. La disposición normativa citada en primer lugar, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Sin embargo, el suscrito considera que la precitada causal está íntimamente relacionada con el fondo de la litis a resolver, por lo que se desestima su análisis en el presente apartado. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materiass: Común, Tomo XV, enero de 2002, página 5, con número de registro 187973, del siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias remitidas por el fiscal responsable, en lo que interesa, se desprende lo siguiente: El siete de enero de dos mil veintiuno (foja 1 del tomo de pruebas), se dio inicio a la carpeta de investigación CI-FGEN-46/2021, por hechos relacionados con los delitos de lesiones y violencia familiar, cometidos en agravio de Amalin Ferrer Yabur, aquí tercera interesada. En esa misma fecha se realizó la entrevista de la precitada denunciante (fojas 5 a 7 del tomo de pruebas), quien refirió que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, Edgar Emmanuel Basto Ledesma pasó a su domicilio a recoger a los menores en cuestión, a quien se los entrega cada quince días, los días viernes, y los regresa el domingo, con motivo del convenio judicial signado en el expediente 420/2017, del índice del Juzgado Primero Familiar, sin que los reintegrara en la fecha correspondiente. Debido a ello, el siete de enero de dos mil veintiuno, la denunciante refirió que fue al domicilio de Edgar Emmanuel Basto Ledesma, a solicitarle la entrega de sus menores hijos, donde aduce fue agredida por éste y su pareja. Con motivo de lo anterior, en acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno fojas 23 a 25 del tomo de pruebas, la representación social ordenó la localización y presentación de los menores en cita, librando el oficio relativo foja 11. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. En esencia, el impetrante de amparo reclama la orden de localización y puesta a disposición de los menores de identidad reservada, de iniciales A. B. F. y E.B. F. Sobre el particular, aduce que la autoridad responsable transgrede los artículos 1, 8, 14, 16 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiriendo sustancialmente que se vulnera el interés superior de sus menores hijos, así como su derecho a una vida digna y libre de violencia. Lo anterior, por considerar que la presentación de los menores ante la representación social, los pone en peligro con motivo de la actual contingencia sanitaria. Al respecto, este juzgador considera que los aludidos motivos de inconformidad son infundados. En efecto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, instituye: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Asimismo, en su artículo 4°, nuestra Carta Magna establece que: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Con las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once, además de imponerse a las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Se incluyó de manera explícita el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, como marco de actuación de los distintos órganos del Estado y niveles de gobierno, además de ser el fundamento que deberá guiar en el impulso de políticas públicas para la infancia. Al respecto, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Señaló que este principio, ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Asimismo, el Alto Tribunal del país estableció lo siguiente"En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3º, 4º, 6º y 7º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humano de la siguiente manera: la expresión 'interés superior del niño' ... implica ue el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. En ese contexto, se consideran infundados los conceptos de violación planteados, porque de otorgarse la protección constitucional solicitada por el quejoso Edgar Emmanuel Basto Ledesma, en lugar de privilegiar el interés superior de los menores de identidad reservada, de iniciales A. B. F. y E.B. F., conllevaría la prolongación de la privación de su derecho a permanecer con su progenitora, quien demostró tener la guarda y custodia de los mismos, en términos de la copia certificada que adjuntó del convenio judicial de ocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 58 a 61), celebrado entre el hoy impetrante de amparo y la tercera interesada, dentro del expediente número 420/2017, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido ante el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, como se advierte de la cláusula SEGUNDA, que se transcribe: SEGUNDA.- AMALIN FERRER YABUR y EDGAR EMMANUEL BASTO LEDESMA, convienen que después del divorcio, la guarda y custodia definitiva de los menores E y A de apellidos B. F., quede en favor de su madre AMALIN FERRER YABUR y ambos padres ejercerán la patria potestad en términos del numeral 40., constitucional, 2, 9 de la Convención de los Derechos del Niño, 23, 169, 405, 406, 407, 408, 417, 419, 422, 423, 424, 429 y 453 del Código Civil y 492, 493 fracción n, 494 del Código de Procedimientos Civiles vigentes. Por lo que la orden reclamada, tiene como finalidad reintegrar a los menores con su madre, quien tiene el derecho de guarda y custodia judicialmente reconocido. De ahí que, conceder el amparo solicitado conllevaría un contrasentido, ya que la orden en cuestión tiende, precisamente, a la protección de los menores, basado en su interés superior; pues la sustracción o retención de los infantes por alguno de sus progenitores, atenta contra dicho principio en el plano de bilateralidad del derecho a convivir con ambos padres, ya que sus derechos merecen una consideración primordial y el Estado, mediante sus autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para velar por ellos, y dar celeridad a su ubicación, localización y restitución a su domicilio o lugar de residencia para que lleven a cabo sus actividades diarias. Lo anterior, porque atento al interés superior de niñas, niños y adolescentes, su tutela debe ser expedita y pronta, porque entre más se demore administrativa y jurisdiccionalmente su retorno al seno en el que se determinó su custodia y se desatienda el derecho de los menores de edad a convivir con sus progenitores, mayor es la posibilidad de que puedan resultar afectados emocionalmente, debido a la situación de inestabilidad en la que se ubican hasta en tanto se definan esos aspectos, en perjuicio de su derecho a un sano desarrollo de la personalidad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis I.7o.P.11 K (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 66, mayo de 2019, Tomo III, página 2487, con número de registro 2019846, del siguiente rubro y texto: ALERTA AMBER. AL SER UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPORTADOS COMO DESAPARECIDOS SUSTENTADO EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU ACTIVACIÓN ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, entre los que se encuentran que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el diverso numeral 129 de la propia ley describe en qué casos la concesión de la suspensión sigue perjuicios al interés social o contraviene disposiciones de orden público. Así, estas disposiciones regulan aspectos que, por estimarse fundamentales, la sociedad, a través del Estado, está interesada en su aplicación. Mientras que el interés social se refiere a aspectos o pretensiones que son compartidos por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de la colectividad. Ahora bien, la denominada "Alerta Amber" es un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos sustentado, entre otros principios, en el interés superior del menor, y su objetivo general es establecer mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir un daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional. Por esa razón, en el amparo promovido contra su activación es improcedente conceder la suspensión, pues sería un contrasentido otorgar la medida suspensional respecto de un mecanismo que tiende, precisamente, a la protección de los menores, basado en el principio de su interés superior; de ahí que la sustracción de menores por alguno de sus progenitores atenta contra su interés superior en el plano de bilateralidad del derecho a convivir con ambos padres, bajo el principio de que sus derechos merecen una consideración primordial y el Estado, mediante sus autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para velar por el interés superior de ese grupo en situación de vulnerabilidad, y dar celeridad a su ubicación, localización y restitución a su domicilio o lugar de residencia para que lleven a cabo sus actividades diarias. Lo anterior, porque atento al interés superior de niñas, niños y adolescentes, su tutela debe ser expedita y pronta, porque entre más se demore administrativa y jurisdiccionalmente su retorno al seno en el que se determinó su custodia y se desatienda el derecho de los menores de edad a convivir con sus progenitores, mayor es la posibilidad de que puedan resultar afectados emocionalmente, debido a la situación de inestabilidad en la que se ubican hasta en tanto se definan esos aspectos, en perjuicio de su derecho a un sano desarrollo de la personalidad. No pasa inadvertida la actual contingencia sanitaria, generada con motivo del virus denominado COVID19; sin embargo, las autoridades encargadas de la ejecución del acto reclamado, tienen la responsabilidad de implementar las medidas idóneas y eficaces para evitar poner en riesgo a los infantes, a lo cual puede contribuir el quejoso, como padre de los mismos, acompañándolos y proporcionándoles los cuidados que a su paternidad corresponden al momento del traslado de sus hijos, para dotarles de la seguridad emocional que por su edad requieren. Asimismo, a las autoridades responsables corresponde guiar las acciones relacionadas con la ejecución de la orden de localización y presentación de los aludidos infantes, conforme al Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, se niega al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la tercero interesada y el representante especial de los menores, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Edgar Emmanuel Basto Ledesma, por las razones expuestas en el considerando SEXTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Incidental

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Amalín Ferrer Yabur, parte tercero interesada en este asunto, a través del cual, solicita a este órgano jurisdiccional establezca un régimen de convivencia con los menores de identidad reservada A.B.F. y E.B.F., en tanto dure la tramitación del presente asunto, al respecto, a criterio de este juzgador, resulta improcedente su solicitud, en virtud de que mediante resolución interlocutoria de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva a Edgar Emmanuel Basto Ledesma, para los siguientes efectos: "[.] para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se ejecute la precitada orden, así también para que los menores de identidad reservada citados con antelación, continúen bajo el resguardo y custodia de su padre Edgar Emmanuel Basto Ledesma, siempre y cuando a la fecha en que se emite el presente proveído detente la custodia de aquellos, de igual forma, no sean retenidos por autoridad alguna, ya que de acontecer esto, se les podrían causar daños y perjuicios de imposible reparación, y equivaldría a quebrantar la estabilidad de su entorno.[.]" Determinación, que no se encuentra dentro de algún criterio de excepción para modificar o anular la resolución, pues el suscrito no puede revocar sus propias determinaciones; no obstante, la impetrante mediante auto de veinticuatro de febrero del presente año, se inconformó con dicha determinación a través del recurso de revisión, medio de impugnación que se encuentra pendiente de ser resuelto por la superioridad. Apoya lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 226, Tomo IX, Marzo de 1992, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO. Ciertamente el Juez de Distrito, por lo general, no puede revocar sus propias determinaciones; pero cuando ordena, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se subsane alguna omisión que advierta en la substanciación del procedimiento, de alguna manera tiene que revocar alguno o algunos de los acuerdos emitidos en la etapa o en las etapas procesales ya concluidas, porque de otra manera no podría subsanar la omisión advertida y se haría inoperante el citado precepto legal. Pero esta facultad de regularizar el procedimiento está limitada a que el propio juzgador no afecte algún derecho procesal adquirido por alguna de las partes en lo actuado. Con esta limitación, la facultad de que se trata es una excepción, pues, al principio de que el Juez de Distrito no puede revocar sus propias determinaciones." Sin que obste, que la promovente de mérito, tiene expedita la vía, para promover ante la instancia correspondiente, lo que a su interés convenga. Notifíquese.

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