Edgar Elias Reyes Sánchez

Expediente 1607/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1607/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
25/10/2016

Partes del expediente

  • Edgar Elias Reyes Sánchez
  • EDGAR ELIAS REYES SÁNCHEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DEL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Colima, Colima, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos EDGAR ELÍAS REYES SÁNCHEZ y YOLANDA SÁNCHEZ ASCENCIO, con el que cumplen con el requerimiento formulado en auto de trece de octubre de dos mil dieciséis. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la responsable la sentencia definitiva dictada dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 15-1402-116M, del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil con residencia en Villa de Álvarez, Colima, la ejecución de la misma, así como el embargo de veinte de octubre de dos mil quince, respecto del bien inmueble ubicado en calle Clavel número 3, Suchitlán, Colima, mismo que fue registrado bajo folio real 122571-1. En esa tesitura, por lo que ve al acto reclamado consistente en el embargo de veinte de octubre de dos mil quince, respecto del bien inmueble ubicado en calle Clavel número 3, Suchitlán, Colima, mismo que fue registrado bajo folio real 122571-1. El suscrito, estima es improcedente la tramitación del juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". La causal en comento consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Bajo esa tesitura, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 13, 139-144 primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y, Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, con las constancia que anexó las partes quejosas en el escrito con folio 32089, en el que se evidencia que el tuvieron conocimiento del acto reclamado el veinte de octubre de dos mil quince; y el segundo que le cause un agravio a la parte quejosa, éste quedó satisfecho. Siguiendo con el análisis, en lo que respecta al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 citado, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". Aquí debe aclararse que los impetrantes de amparo tuvieron conocimiento del acto que por esta vía se combate, desde el veinte de octubre de dos mil quince, en que se hicieron sabedores del acto que se reclama. En esa tesitura, el término para promover el juicio de amparo indirecto para los aquí quejosos, transcurrió del veintidós de octubre de dos mil quince al doce de noviembre del mismo año, sin contar sábados y domingos, así como el dos de noviembre, mismo que fue inhábil. Así, la causa de improcedencia que se estudia, opera en la medida que la parte quejosa no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente al en que se le notificó de la existencia del acto aquí reclamado; esto de considerar que si la ahora quejosa fue enterada del acto el veinte de octubre de dos mil quince el esa misma fecha, entonces el plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo transcurrió del veintidós de octubre de dos mil quince al doce de noviembre del mismo año, sin contar los días inhábiles que mediaron en ese plazo, por haber sido inhábiles, con fundamento en los artículos 23 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, es dable afirmar que el plazo de quince días había fenecido al diez de octubre de dos mil dieciséis, en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio, según se advierte del sello de recepción que consta impreso en el escrito de demanda; de ahí que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. Se invocan en apoyo a la consideración anterior, las jurisprudencias 13 y 14, consultables en la página 11, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, las que por su orden establecen: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Además, la tesis número 14, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40, del Informe rendido por su Presidente, al terminar el año de mil novecientos ochenta y dos, que reza: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGÚN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA. El término para la interposición de la demanda de amparo, es por regla general, de quince días a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de la Materia. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado atendiéndose a la Ley que lo rige; al en que se haya tenido conocimiento de aquel o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del referido los días feriados. Ese criterio es el que prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL.- Los términos para la interposición de la demanda de amparo, deben regirse por el artículo de la Ley de la Materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común, por tanto, dicho término empieza a correr el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surta efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional". Luego entonces, es evidente que los promoventes presentaron la demanda de amparo once meses después de que tuvieron conocimiento de la violación reclamada, con lo que es más evidente su extemporaneidad. En mérito de lo anterior, al actualizarse los presupuestos contemplados por el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo al actualizarse de manera plena la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. Cabe precisar que la jurisprudencia aplicada en el presente auto, no contraviene lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, por lo que resulta aplicable al presente en apoyo de lo dispuesto en el transitorio sexto de la ley en cita. Por otro lado, se estima que los actos reclamados consistentes en "la sentencia definitiva dictada dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 15-1402-116M, del índice del Juzgado Tercero de lo Mercantil con residencia en Villa de Álvarez, Colima", no es de la competencia legal de un Juzgado de Distrito en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que lo reclamado es una resolución que pone fin al juicio respecto de la cual no procede recurso alguno. Por tanto, a la determinación judicial de doce de septiembre de dos mil dieciséis, que resuelve el juicio ejecutivo mercantil 15-1402-116M, le reviste el carácter de definitiva, contra la cual, al dar por concluido el juicio en lo principal y no existir recurso ordinario en su contra, procede el juicio de amparo directo del que debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior es así, toda vez que, se insiste, lo infundado del recurso idóneo y el efecto que éste genera, hace que la resolución que se pretende recurrir quede firme, tal como si se hubiera confirmado la misma. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 47 de la Ley de Amparo, lo que en el caso procede, es remitir la demanda de garantías y sus copias, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad capital; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 30/90, de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 188, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas". Por lo que respecta a la ejecución de la sentencia, resulta improcedente, al ser ésta una consecuencia del dictado de la misma.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PROMOVENTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE 7 DE OCTUBRE DE 2016 QUE EN ESENCIA DICE: Téngase por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa , mediante el cual interpone recurso de inconformidad en contra del acuerdo emitido el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual este órgano jurisdiccional declaró que el fallo protector ha quedado cumplido. Por tanto, con fundamento en el artículo 203 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 5/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original del escrito, así como los autos originales del juicio de garantías 1251/2015-IV, promovido por PATRICIA AMEZCUA CONTRERAS.

  4. Principal

    Colima, Colima, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de autos. Por tanto, a fin de seguir el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este expediente, con fundamento en el artículo 196, se ordena dar vista a las partes con las constancias remitidas por la responsable para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. En el entendido de que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución en la que se declare si está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirla. Finalmente téngase por recibido el escrito signado por Marco Antonio León Carrillo, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le autorice la expedición de copias. A ese respecto, agréguese sin proveer el escrito de cuenta, en virtud de que el ocursante no se encuentra legalmente facultado para promover a nombre de la quejosa, en razón de que, únicamente se le ha autorizado para el sólo efecto de recibir copias. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien autoriza y da fe. gis

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