Edgar Efraín Orozco Olmos
Expediente 1420/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1420/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Efraín Orozco Olmos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Se recibe escrito. Visto el escrito signado por Jazmín Itzel Carrazco Carmona; agréguese únicamente para que obre como constancia, sin que haya lugar a proveer de conformidad sus peticiones, toda vez que, como se advierte de la audiencia constitucional celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, no le fue reconocido el carácter con el que pretendió comparecer al presente juicio.
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Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la determinación de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior, que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el ordinal 87 de la Ley de Amparo, aquéllas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en el caso, se determinó sobreseer en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del inciso a), de la fracción I del artículo 18 del referido Acuerdo General, es susceptible de depuración. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se presentó en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la determinación de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior, que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el ordinal 87 de la Ley de Amparo, aquéllas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en el caso, se determinó sobreseer en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, en términos del inciso a), de la fracción I del artículo 18 del referido Acuerdo General, es susceptible de depuración. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se presentó en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA PERSONA MORAL SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE GRÚAS ZACAPU, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-1420/2019; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Edgar Efraín Orozco Olmos, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de autoridad, que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite. En proveído de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, previo cumplimiento de la prevención ordenada; se recabaron los informes justificados de las autoridades responsables y las constancias de donde emana el acto impugnado, con las cuales, en su oportunidad, se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido, ampliando su demanda la quejosa mediante ocurso de doce de febrero de dos mil veinte, solicitándose nuevamente informe justificado, ello en cuanto ve a la responsable Comisión Coordinadora de Transporte Público del Estado de Michoacán. De igual manera, se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. En audiencia constitucional llevada a cabo el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar que la responsable Grúas Zacapu no rindió su respectivo informe, a pesar de estar debidamente notificada del proveído que así se lo requirió; por lo que es oportuno dictar la sentencia que en derecho corresponde; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 52, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados están constituidos por normas generales que fueron aplicadas por una autoridad distinta a los Tribunales Administrativos que residen dentro de la jurisdicción de este juzgado. Es pertinente acotar que de conformidad con lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo del punto 1, de la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal" , este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para emitir la presente resolución, ya que el expediente se encuentra listo para su emisión. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y a efecto de fijar la litis constitucional, de la lectura integral de la demanda de amparo armonizada con el resto de los elementos que se desprenden de las demás actuaciones, se tiene que los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: 1. La boleta de infracción de siete de diciembre de dos mil diecinueve con número de folio 0848. 2. La retención del vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477. Acto que se reclama a la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado y a Jesús Sandoval Flores, en su calidad de inspector de dicha comisión, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 3. El arrastre y resguardo del vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477. Que se atribuye a la empresa Grúas Zacapu. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado a la empresa Grúas Zacapu y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. La responsable Grúas Zacapu, pese a estar debidamente notificada del auto que le requería su respectivo informa justificado, omitió rendir éste, motivo por el cual, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, presuntivamente son ciertos los actos que a dicha autoridad se le atribuye. Sin embargo, dicha presunción no es absoluta y admite prueba en contrario, como así lo refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo; de ahí que, conforme al material demostrativo que obra en el sumario, ésta se encuentra desvirtuada, precisamente con el contenido de la boleta de infracción folio 0848, de siete de diciembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que la orden de arrastre y resguardo de la aludida unidad, proviene de la propia Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado, al precisar que la orden de arrastre y aseguramiento del vehículo fue con motivo de la aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, al caso prestar servicio público sin concesión. Además, de las constancias que obran agregadas en los autos no se advierte que la persona moral de mutuo proprio haya realizado el aludido arrastre y resguardo. Por tanto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho acto y autoridad se refiere. En otro orden de ideas, en lo que respecta a los actos atribuidos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, se puntualiza que conforme al informe justificado que dicha responsable rindió se advierte que no son ciertos, pues así lo manifestó, sin que la parte quejosa haya aportado alguna prueba para desvirtuar el sentido en que se rindió el informe. Inexistencia que además se corrobora al analizar el contenido de la boleta de infracción folio 0848, de siete de diciembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que la boleta de infracción y la retención del vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477, proviene de la propia Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado, al precisar que dichos actos fueron emitidos con motivo de la aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, al caso al prestarse un servicio público sin concesión. Además, de las constancias que obran agregadas en los autos no se advierte que dicha responsable haya tenido injerencia en la elaboración de la boleta de infracción e imposición de la multa contenida en ésta y que reclama la quejosa. Por tanto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho acto y autoridad se refiere. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y a Jesús Sandoval Flores, inspector de su adscripción, consistentes en [1] La boleta de infracción de siete de diciembre de dos mil diecinueve con número de folio 0848; [2] La retención del vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477, pues así se desprende del contenido de los informes justificados rendidos. Lo que además se corrobora con la copia certificada de la boleta de infracción con número de folio 0848, la que tiene valor probatorio con base en los artículos 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que la boleta de infracción se elaboró en un formato preconstituido, esqueleto o machote, en el cual, el inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte, señaló con una "X" el recuadro que indica el motivo de la infracción, en que el que se hace referencia a los artículos 2 y 58, fracción XVIII del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Trasportes del Estado de Michoacán, en tanto que, el resguardo del vehículo se debió a la aplicación del artículo 61 del Reglamento Impugnado, cuya devolución se encuentra condicionada a que se pague o garantice el interés fiscal. QUINTO. Improcedencia. V.1 El Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público en el informe justificado que rindió adujo que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la causal de falta de interés jurídico prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Afirma que ello es así, porque el quejoso se hizo acreedor a la infracción contenida en la boleta 0848, ya que fue sorprendido prestando el servicio de transporte público sin contar con la concesión respectiva, y que al no contar con ella carece de legitimación para la promoción del juicio; y, en su concepto, con base en la tesis que denominó como jurisprudencia -que en realidad son tesis aisladas- emitidas por los Tribunales Colegiados Segundo del Vigésimo Circuito y Primero en Materias Administrativas y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, era necesario que la parte quejosa exhibiera la concesión correspondiente, toda vez que con base en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán de Ocampo: "todo particular deberá de tener concesión o permiso para poder prestar el servicio público de pasaje, con lo cual acreditamos como lo vengo señalando que el quejoso no exhibió el título de concesión o permiso, idóneo para prestar cualquier tipo de servicio de pasaje o conexo por una remuneración, por lo que a ello deben aplicar las tesis jurisprudenciales que más adelante quedaran señaladas" . Es así que para resolver el planteamiento es necesario analizar el fondo del asunto, porque parte de lo que debe resolverse en el presente asunto gira alrededor de la consideración de que el servicio de renta de vehículos y choferes a través de plataformas electrónicas no es equiparable al servicio de trasporte público de pasajeros a que alude el reglamento con base en el cual se le sancionó. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". V.2 La misma autoridad, así como el Inspector adscrito a la Dirección Operación de la Comisión Coordinadora del Transporte [al adherirse al informe de ley emitido por la ordenadora] señalaron que el juicio de amparo es improcedente, porque el quejoso no demostró ser el propietario del vehículo que se aseguró con motivo de la infracción documentada a través de la boleta 0848, ya que la documentación que exhibió al efecto es insuficiente para demostrar tales extremos. Lo anterior, es infundado, dado que el quejoso durante la tramitación del presente juicio no sostiene acudir a esta instancia constitucional en cuanto propietario de la unidad motriz relacionada al mismo, por lo contrario, refiere acudir en cuanto comodatario de la misma, virtud del contrato celebrado al respecto con su legítima propietaria. De ahí que las alegaciones vertidas en el sentido anotado por la responsable resulten infundadas al no tener relación directa con la litis planteada en esta instancia constitucional. V.3 La improcedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo . Y este juzgador, de oficio, advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de falta de interés jurídico prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Se considera que se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que el quejoso tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente que los actos que reclama afectan su interés jurídico, y para ello debe justificar, en principio, la titularidad que el peticionario de amparo tiene respecto de los derechos comodatarios del vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477. Lo anterior, toda vez que el artículo 5 de la ley aplicable, previene que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y ello significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del promovente del amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª. /J. 16/94 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enuncia: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Ahora bien, sobre la causal de improcedencia invocada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio jurisprudencial en el sentido de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que indica que no podrá ser accionado oficiosamente por la autoridad jurisdiccional que conozca de éste, sino que será necesario que el gobernado, en su caso, ejerza el derecho subjetivo para activar a los tribunales federales imponiéndose para ello, a la vez, la existencia de un agravio directo y personal que vulnere los derechos con que, legítimamente tutelados cuenta aquel gobernado. Entonces, el agravio, entendido como menoscabo u ofensa en la persona física o moral, debe ser apreciable, real y objetivamente -no de forma subjetiva-, habrá de concretarse en la persona, sin posibilidad de ser meramente aleatorio o hipotético; ligándose al concepto de agravio, como premisa, el interés jurídico, pues de no existir éste tampoco podrá existir aquél, para válidamente ejercitar la acción de amparo. Derivado de lo que se explica, existirá interés jurídico cuando se cuenta con un derecho que emane de alguna disposición legal; de donde se sigue que el amparo deberá ser solicitado precisamente por la persona a quien se le cause molestia o se le prive de algún derecho, posesión o propiedad, ya que ese interés jurídico no podrá referirse sino a la titularidad que atañe al quejoso, en relación con los derechos o posesiones conculcados; y, de no justificarse ese interés jurídico la acción constitucional es improcedente. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El quejoso Edgar Efraín Orozco Olmos tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su interés jurídico, el cual consiste en la posesión que dice tener respecto del vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477 derivada del carácter de comodatario adquirido virtud del contrato celebrado al respecto con la propietaria de dicha unidad, en tanto que el artículo 5 de la ley citada previene, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y ello significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del promovente de amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª. /J. 16/94 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enuncia: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Como se advierte de la demanda que dio origen a este juicio, el quejoso Edgar Efraín Orozco Olmos, sustenta su pretensión en el supuesto de ser comodatario del vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477 virtud del contrato privado celebrado al respecto con la propietaria de dicha unidad, a razón del cual adquirió la posesión de la misma, derechos comodatarios que se afectaron con los actos desplegados por las autoridades responsables. Como ya se dijo, el requisito esencial que condiciona la procedencia del juicio de amparo, consiste en acreditar fehacientemente el interés jurídico y, por ende, los derechos comodatarios que dice tener respecto del anotado vehículo, virtud de los cuales adquirió su posesión que se vio afectada merced de los actos desplegados por las responsables, puesto que quien promueve el juicio de amparo tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. Para efectos del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar el hecho o acto jurídico (comodato) del que deriva la posesión cuya afectación constituye el acto reclamado, puesto que no es procedente tutelar cualquier tipo de posesión, tal y como lo ha sostenido, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Conforme a la jurisprudencia trascrita, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título, la causa generadora de esa posesión. Sin embargo, el quejoso no demostró ser comodatario del citado vehículo, mismo que se aseguró y resguardó con motivo de la infracción documentada a través de la boleta 0848, ya que el contrato privado que presentó para tal efecto, no tiene eficacia frente a terceros por no ser de fecha cierta. En efecto, con base en la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de uso, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, pues aquéllos deben cumplir con varios requisitos entre ellos, describir con precisión los objetos que fueron objeto del acto jurídico traslativo de dominio, ya que debe existir identidad entre los que se ven afectados por el acto de autoridad y aquellos respecto de los que el quejoso se ostenta poseedor; y ser de fecha cierta, lo cual acontece: a) Desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, b) Desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o; c) Desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. En el caso, para acreditar el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo el quejoso anexó: A. Original del contrato privado de comodato celebrado por una parte por Jazmín Itzel Carrasco Carmona en cuanto comodante y por la otra Edgar Efraín Orozco Olmos en cuanto comodatario, respecto del vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477, en el cual se hace constar que la primera es propietaria del aludido vehículo y a la firma del contrato lo entrega al segundo y éste lo recibe en el estado que guarda. Documento que no permite demostrar, aun de forma indiciaria, que existió un acto traslativo del derecho de uso y disfrute (comodato), virtud al cual el quejoso adquiriera la detentación legal del vehículo descrito. Se explica: No obstante que el original del contrato de comodato exhibido por el quejoso es un documento traslativo de uso, y describe una operación realizada por dicha persona y la que dijo ser propietaria del aludido vehículo, al caso la relativa a la entrega que ésta hizo del vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477 al quejoso, y que virtud a ello éste adquirió la posesión del aludido automotor, lo cual constituiría la forma de comprobar que se realizó la operación consignada en dicho documento. Lo cierto es que el precitado documento es de naturaleza privada, es decir, contiene un pacto confeccionado y signado exclusivamente entre dos particulares, el cual, en principio, tiene validez exclusiva entre los celebrantes; empero, para para producir efectos plenos frente a terceros es necesario que sea de fecha cierta, dado que sólo así se da legalidad y certeza jurídica a esas operaciones contractuales, caso contrario se haría imposible determinar si el acto en el cual el quejoso funda sus pretensiones es anterior o posterior a la adquisición del bien litigioso. Salvedad que en la especie no se colmó, dado que para considerar que un documento privado (contrato) es de fecha cierta y puede surtir efectos contra terceros, es necesario que se demuestre: a) Que se incorporó o inscribió en un Registro Público. b) Murió cualquiera de sus firmantes o; c) Fue presentado ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Y en autos del presente juicio no existen datos o pruebas que indiquen que el relatado contrato de comodato en que el quejoso dice participó como comodatario y virtud del cual adquirió la posesión del vehículo respecto del cual reclama la infracción, retención y resguardo por parte de las responsables, se encuentra inscrito o incorporado en un registro público o que fue presentado ante algún funcionario público por razón de su oficio, además de que, de su continente y contenido no se advierten las anotaciones, inscripciones, sellos o características físicas que así lo indiquen. Tampoco obra dato que ponga de manifiesto que alguno de los firmantes de dicho contrato falleciera, por lo contrario, al ser el quejoso uno de sus signantes de éste y comparecer ante esta instancia constitucional a dilucidar sus derechos, se evidencia que se encuentra con vida; máxime que no se exhibió documento idóneo que indique que la comodante de tal acuerdo de voluntades hubiese fallecido y la fecha en que ello ocurrió. De ahí que la fecha cierta como requisito ineludible para que el contrato exhibido por el quejoso tenga validez no se encuentre acreditada, por consiguiente, tampoco su interés jurídico para comparecer ante esta instancia constitucional; por ende, sobrevenga la causal de improcedencia a que alude la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y conforme al numeral 63, fracción V, se sobresea en el presente juicio. Ilustra lo anterior la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN OPONERSE A TERCEROS SI TIENEN FECHA CIERTA. Ya existe jurisprudencia de este alto cuerpo en el sentido de que para que pueda oponerse a tercero un documento privado, debe tener fecha cierta, y la tiene cuando se incorpora a un registro público; cuando se ratifica ante notario público; cuando se entrega a un funcionario público por razón de su oficio y, también desde el momento de la muerte de su autor". Y la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito , de rubro y texto: "COMODATO. EL DOCUMENTO DE FECHA INCIERTA EN QUE SE CONTIENE DICHO CONTRATO NO ES APTO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO PARA ACUDIR AL AMPARO. En términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, si bien los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, sin embargo, esta regla no es aplicable tratándose de documentos de fecha incierta, en los que se contenga un contrato de comodato, pues éste resulta ineficaz y carece de valor probatorio cuando no aparece ratificado ante fedatario público o funcionario autorizado, o inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ni existe certeza de la muerte de cualquiera de los firmantes. En consecuencia, esta clase de documentos no es apta para acreditar el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo". No obsta a lo anterior que el quejoso exhibiera junto con su demanda la fotostática simple de la representación impresa del comprobante fiscal digital (CFDI) expedido a nombre de Jazmín Itzel Carrasco Carmona, relativo al vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477, dado que dato alguno aporta respecto al acreditamiento de la fecha cierta del contrato de comodato exhibido por el quejoso, generador de la posesión que dice afectada, requisito ineludible para tener por acreditado su interés jurídico. Incluso no es inadvertido que la boleta de infracción identificada con el folio 0848, es omisa en referir la identidad de la persona que conducía la unidad infraccionada y resguardada por las responsables, lo que impide tener por cierto que el quejoso realizaba tal acción el día de su aseguramiento, y de esa manera, indiciariamente, concebir que ejercía una posesión o detentación sobre el referido vehículo, lo que adminiculado con otros datos, pudiera acreditar el interés jurídico de éste; sin embargo, al respecto sólo se cuenta con su dicho aislado, el que por sí solo es insuficiente para demostrar tal extremo. Además de que no se aportó algún otro dato o prueba tendente a demostrar la causa generadora de la posesión que dice detentar el quejoso respecto del vehículo marca Volkswagen, línea Vento, color rojo, tipo sedán, con placas de circulación PGE 314E, serie MEX5F2600JT069477. SEXTO. Publicidad de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. SÉPTIMO. Notificaciones y reanudación de plazos. Tomando en consideración el esquema de trabajo decretado en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", y tomando en consideración que el presente asunto no es de aquellos a que se refiere el artículo 4, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la notificación de la presente determinación quedará reservada hasta en tanto se levante la suspensión de plazos y términos para los juicios como el presente; además, los relativos a su impugnación y a su cumplimiento, correrán una vez que se levante la suspensión de aquellos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 107, fracciones II, párrafo inicial, y III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, Por lo expuesto, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Efraín Orozco Olmos contra los actos que reclamó a las autoridades precisadas en el considerando tercero y cuarto, por las razones contenidas en el considerativo tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con su supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente fallo en el expediente electrónico. CUARTO. Se hace saber a las partes que los plazos para la impugnación y, en su caso, cumplimiento de esta resolución ser reanudarán una vez que así lo determine el Consejo de la Judicatura Federal, para aquellos asuntos que, como el presente, no se encuentran dentro de las hipótesis de excepción que prevé el numeral 4 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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