Edgar Eduardo Rábago Arredondo
Expediente 1451/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1451/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Edgar Eduardo Rábago Arredondo
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Admisión de recurso de queja. Glósese a los autos el oficio de cuenta que remitió la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Edgar Eduardo Rábago Arredondo, contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo, el cual se radicó bajo el toca ********************. Vinculación de Expediente. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe el análisis correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, realice el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, seis de octubre de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de queja. Glósense a los autos los escritos con anexo, que firmó ******************** -parte quejosa en el presente juicio-, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho medio de impugnación. Hágase saber a las partes que cuentan con el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que señalen las constancias que en copia certificada se deberán remitir al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno, a efecto de resolver el medio de impugnación hecho valer. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. Una vez que las partes del asunto tomen conocimiento del presente acuerdo, en términos de lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia, remítase el escrito original, copia del auto recurrido y copia certificada de las constancias respectivas del presente juicio al Tribunal Colegiado que corresponda. Notifíquese personalmente a la representación social de la adscripción y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 22/SEPTIEMBRE/2023, QUE DICE:Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que corresponda. 2. Se desecha demanda de derechos. Visto el escrito de demanda de amparo promovido por Edgar Eduardo Rábago Arredondo, contra actos reclamados al Lic. Ramón Alejandro Daniel Mora Alfaro, juez Oral Penal del Distrito Seis, con sede en Guaymas, Sonora, consistentes en: El auto de veinticinco de agosto pasado, dictado dentro de la causa penal 301/2022, referente a la admisión de los medios de prueba en apertura a juicio oral, consistentes en: La declaración testimonial de la perito ********************; La documental consistente en archivos digitales, contenidos en un disco con etiqueta del poder judicial, que contiene tres grabaciones. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. Toda vez que el primero de los ordenamientos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en este. Por su parte, el segundo, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una interpretación en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese aspecto, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que con dicha precisión el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Concluyó, a partir de lo anterior, que para la procedencia del amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es necesario que se cumplan dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; y, 2. Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Caso concreto. Ahora bien, la parte quejosa aduce que dentro de la causa penal 301/2022 instruida en su contra, del índice del juez Oral Penal del Distrito Seis, con sede en Guaymas, Sonora, tuvo lugar la audiencia intermedia el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, y que en la misma, el agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado, reiteró el ofrecimiento de medios de prueba, consistentes en las probanzas arriba referidas. Acto seguido, luego del debate correspondiente con la defensa del aquí quejoso, solicitó la exclusión de tales probanzas. Posteriormente, el juzgador de origen, determinó admitir dichos medios de prueba e incluirlos en el auto de apertura a juicio oral, para ser rendidos ante el Tribunal de Enjuiciamiento, y por ende, solicita a este juzgador federal el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Improcedencia. Ahora bien, se advierte que el juicio de amparo indirecto, derivado de un proceso penal acusatorio, por regla general es improcedente, en contra de la exclusión o admisión de medios de prueba, en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. Lo anterior, toda vez que esos actos se consideran de índole adjetiva, que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral. Además, es menester precisar, que respecto a la exclusión o admisión de los medios de prueba, la parte inconforme tiene la posibilidad de que se enmienden con posterioridad, toda vez que, podría existir otro medio que compruebe el mismo hecho, por no haber sido relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable para la parte aquí quejosa, pudiendo ser éste el caso si el juez oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio. Robustece a lo anterior, la jurisprudencia registrada digitalmente bajo número 2023906, de la Primera Sala, undécima Época, tesis: 1a./J. 23/2021 (11a.), misma que indica lo siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente. Conjuntamente, es menester precisar, la tesis aislada registrada digitalmente bajo número 2020439, derivada de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, Décima Época, tesis V.2º.P.A.12K, misma que indica lo siguiente: "ADMISIÓN DE PRUEBAS EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, EL ACUERDO RELATIVO NO CAUSA UN PERJUICIO IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Acorde con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 907/2016, la procedencia del amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, está supeditada a que el acto reclamado sea de imposible reparación, entendido como tal, el que genere una afectación material a un derecho sustantivo que de forma inmediata deba ser revisado. A partir de las anteriores premisas, se estima que el acuerdo de admisión de los medios de prueba que conforme al nuevo sistema penal tiene lugar en la etapa intermedia, constituye un acto intraprocesal que afecta derechos adjetivos que, por regla general, no causa un perjuicio irreparable, lo que por sí solo hace improcedente el juicio de amparo, sin que para ello deba ponderarse si es impugnable o no en el juicio de amparo directo que en su oportunidad se promueva contra la sentencia definitiva, porque esa hipótesis no comprende un parámetro que influya para desestimar dicha causal, según la actual Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO." Ahora bien, no pasa inadvertido para este juzgador, la existencia de la jurisprudencia registrada digitalmente bajo número 2023589, de la Primera Sala, Undécima Época, tesis 1a./J. 6/2021 (11a.), de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS". Sin embargo, de la ejecutoria que dio origen al criterio jurisprudencial anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que existen supuestos excepcionales en los que estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un acto de imposible reparación, pues puede implicar cargas injustificadas al propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo si se considera procedente. No obstante, la aquí parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, indicó que el auto controvertido de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés relativo a la audiencia intermedia, es referente a la admisión de las probanzas consistentes en la declaración testimonial de la perito ********************, y la documental consistente en archivos digitales, contenidos en un disco con etiqueta del poder judicial, que contiene tres grabaciones. En ese sentido, como se indicó de la ejecutoria el máximo órgano constitucional, precisó que, para verificar que la admisión de pruebas establecida en el auto de apertura a juicio revista la calidad de "acto de imposible reparación", es necesario que se actualicen las siguientes características: Que la admisión de pruebas establecida en el auto de apertura a juicio exista en el plano de protección constitucional, es decir, que la ejecución de la admisión pueda implicar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por éstos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente de índole adjetiva, sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones del imputado; que contextualizados en el momento de la emisión del auto de apertura a juicio sean independientes del resultado y desarrollo del proceso penal; y Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. En las relatadas circunstancias, resulta claro que los actos que reclama la parte quejosa, no constituyen una violación de derechos sustantivos, toda vez que no se traduce en la transgresión de ningún derecho humano del peticionario de amparo, de los previstos en la constitución o en tratados internacionales, ello de acuerdo a la nueva definición de actos de imposible reparación prevista en la Ley de Amparo y en la interpretación formulada por nuestro Máximo Tribunal. En conclusión, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 de ese cuerpo normativo, procede desechar la demanda de amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 4. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 5. Autorizados. En cuanto a las persona que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 6. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En este apartado se hace la precisión que la parte quejosa proporciona el correo electrónico que indica en su escrito inicial de demanda para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales. 7. Herramientas de comunicación. De igual forma, acorde a lo dispuesto en el citado numeral y Acuerdo General, se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto. 11. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 12. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 13. Copias de constancias del expediente electrónico. Conforme a lo previsto por el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de su defensa. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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