Edgar Eduardo Patiño Ceballos

Expediente 388/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
388/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • Edgar Eduardo Patiño Ceballos

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ***, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclaman del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que consideran violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 388/2019-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la porción normativa transcrita, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda de amparo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Como se puede advertir, el acto reclamado en el presente medio de control constitucional consiste en la orden de desalojo y lanzamiento del inmueble identificado como predio urbano con Casa-Habitación identificado como ****, con la superficie, medidas y colindancias que se indican en la referida demanda. Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, es un hecho notorio para este juzgado federal que el quejoso presentó el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, una demanda de amparo que fue radicada con el número de expediente 320/2019-I, del índice de este órgano jurisdiccional, y que por auto de cuatro de septiembre siguiente, se admitió a trámite. En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que se actualiza en el presente asunto la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Luego, de las demandas de amparo aludidas, coexisten los mismos elementos: - Mismo promovente.- ***. - Mismo acto reclamado.- el cual ya fue descrito en párrafos que anteceden. Además, la demanda que dio origen al juicio de amparo 320/2019-I, se admitió el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que se solicitó los informes justificados correspondientes y se encuentra en tramite. De lo anterior, queda de manifiesto que en el caso a estudio se está en presencia de la institución jurídica de litispendencia, consistente en que previo a la presentación de una demanda de amparo exista un diverso juicio, promovido por la misma parte quejosa, respecto de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, y que este último se encuentra pendiente de resolución. Consecuentemente, ante la identidad de las demandas de amparo aludidas, en razón de que coexisten los mismos elementos, igual promovente, mismas autoridades responsables y actos reclamados; además de que el juicio de amparo 320/2019-I, se encuentra en tramite; y respecto del cual necesariamente existirá pronunciamiento al respecto del cual de una eventual concesión de amparo tendría el efecto de no llevar a cabo el desalojo y lanzamiento del quejoso del bien inmueble señalado en su demanda; por tanto, este órgano de control constitucional está impedido para admitir la presente demanda de amparo. Para llegar a esta conclusión, debe tenerse en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los jueces de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico; sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión a la parte solicitante de amparo, puesto que con el juicio constitucional número 388/2019-I en que se actúa, el aquí promovente conserva la oportunidad de defenderse de los actos de autoridad que hizo valer a través de su primera demanda presentada, que como ya se mencionó es coincidente con la de cuenta y los actos que por esta se reclaman devienen de los reclamados en la ulterior, puesto que la primera se encuentra en tramite; por lo que aún puede ser materia de estudio el acto de autoridad que ahí se reclama. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma clara que opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Los Álamos número 722, fraccionamiento Jardines del Campestre, frente a calle Capricornio y Piscis, Código Postal 79060, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Joaquín Salinas Romero toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. De igual modo, se autoriza en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del ordenamiento legal citado a ***, toda vez que no cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Por otro lado, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DOS DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclaman del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que consideran violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 388/2019-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la porción normativa transcrita, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda de amparo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Como se puede advertir, el acto reclamado en el presente medio de control constitucional consiste en la orden de desalojo y lanzamiento del inmueble identificado como predio urbano con Casa-Habitación identificado como ****, con la superficie, medidas y colindancias que se indican en la referida demanda. Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, es un hecho notorio para este juzgado federal que el quejoso presentó el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, una demanda de amparo que fue radicada con el número de expediente 320/2019-I, del índice de este órgano jurisdiccional, y que por auto de cuatro de septiembre siguiente, se admitió a trámite. En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que se actualiza en el presente asunto la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Luego, de las demandas de amparo aludidas, coexisten los mismos elementos: - Mismo promovente.- ***. - Mismo acto reclamado.- el cual ya fue descrito en párrafos que anteceden. Además, la demanda que dio origen al juicio de amparo 320/2019-I, se admitió el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que se solicitó los informes justificados correspondientes y se encuentra en tramite. De lo anterior, queda de manifiesto que en el caso a estudio se está en presencia de la institución jurídica de litispendencia, consistente en que previo a la presentación de una demanda de amparo exista un diverso juicio, promovido por la misma parte quejosa, respecto de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, y que este último se encuentra pendiente de resolución. Consecuentemente, ante la identidad de las demandas de amparo aludidas, en razón de que coexisten los mismos elementos, igual promovente, mismas autoridades responsables y actos reclamados; además de que el juicio de amparo 320/2019-I, se encuentra en tramite; y respecto del cual necesariamente existirá pronunciamiento al respecto del cual de una eventual concesión de amparo tendría el efecto de no llevar a cabo el desalojo y lanzamiento del quejoso del bien inmueble señalado en su demanda; por tanto, este órgano de control constitucional está impedido para admitir la presente demanda de amparo. Para llegar a esta conclusión, debe tenerse en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los jueces de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico; sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión a la parte solicitante de amparo, puesto que con el juicio constitucional número 388/2019-I en que se actúa, el aquí promovente conserva la oportunidad de defenderse de los actos de autoridad que hizo valer a través de su primera demanda presentada, que como ya se mencionó es coincidente con la de cuenta y los actos que por esta se reclaman devienen de los reclamados en la ulterior, puesto que la primera se encuentra en tramite; por lo que aún puede ser materia de estudio el acto de autoridad que ahí se reclama. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma clara que opera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Los Álamos número 722, fraccionamiento Jardines del Campestre, frente a calle Capricornio y Piscis, Código Postal 79060, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Joaquín Salinas Romero toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. De igual modo, se autoriza en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del ordenamiento legal citado a ***, toda vez que no cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Por otro lado, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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