Edgar Eduardo Gaytán Segovia
Expediente 880/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Edgar Eduardo Gaytán Segovia
- María del Socorro Silva Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen; hágase la anotación en el libro físico y electrónico de gobierno correspondiente, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de veintiséis de noviembre de la misma anualidad, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "QUINTO. Resulta innecesario analizar la sentencia reclamada y los conceptos de violación formulados por el quejoso, ya que este tribunal colegiado advierte de oficio que sobrevino una causa de improcedencia en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que la procedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público, razón por la cual el estudio de las causas de improcedencia deben ser analizadas de oficio por la autoridad que conozca del juicio de amparo, sin importar que las invoquen o no las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Al analizar la citada causa de improcedencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos de un acto reclamado cesan cuando durante el trámite del juicio constitucional la autoridad responsable: Deroga o revoca el acto. b) Sin revocar o dejar insubsistente el acto, la autoridad constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo. En ambos supuestos la conducta de la autoridad da lugar a una situación idéntica a la que existía antes de la emisión del acto cuya constitucionalidad se controvierte, restituyendo al quejoso en el pleno goce de los derechos fundamentales que consideró vulnerados. Siguiendo con lo anterior, la cesación de efectos del acto reclamado supone que la autoridad responsable que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede estar acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Así, la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó transgresión alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Lo anterior, porque la improcedencia que se analiza se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación conjunta de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se obtiene que la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Cobra aplicación, la jurisprudencia 198 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 216, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice de 2011, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se estima oportuno reseñar los siguientes antecedentes: 1. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, dictó sentencia en la que condenó a Edgar Eduardo Gaytán Segovia y otros, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa, por lo que lo condenó a treinta años de prisión y multa de dos mil seiscientos ocho punto setenta y cinco cuotas de salario mínimo vigente al momento de los hechos, equivalentes a $147,916.12 (ciento cuarenta y siete mil novecientos dieciséis pesos, con doce centavos, moneda nacional) (fojas 3183 a 3332 del tomo V del proceso penal). 2. Inconformes con dicha sentencia, los enjuiciados interpusieron recurso de apelación; por lo que el veintiocho de agosto de dos mil catorce, los Magistrado integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictaron sentencia dentro de los autos del toca penal 330/2014, en la que declararon insubsistente la sentencia recurrida y ordenaron la reposición del procedimiento, a partir del auto que declaró cerrada la instrucción, para el efecto de que la jueza de primer grado ordenara el desahogo de diversas testimoniales y careos (fojas 3415 a 3431 ídem). 3. Una vez que la juzgadora de primer grado dio cumplimiento a dicha resolución, el quince de abril de dos mil quince, dictó sentencia definitiva en la que de nueva cuenta condenó a Edgar Eduardo Gaytán Segovia y otros, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa, por lo que lo condenó a treinta años de prisión y multa de trescientas sesenta y cinco cuotas de salario mínimo vigente al momento de los hechos, equivalentes a $20,695.50 (veinte mil seiscientos noventa y cinco pesos, con cincuenta centavos, moneda nacional) (fojas 4072 a 4225 del tomo VI del proceso penal). 4. En oposición a esa resolución, los enjuiciados interpusieron recurso de apelación; por lo que el treinta de junio de dos mil quince, los Magistrado integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictaron sentencia dentro de los autos del toca penal 198/2015-B, en la que modificaron la de primera instancia para el único efecto de eliminar la calificativa relativa a que el secuestro agravado se cometió en camino público, y disminuir el grado de culpabilidad por lo que respecta al secuestro y, por tanto, las penas de prisión y multa impuestas por ese delito; asimismo, confirmaron la acreditación de los delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa, la pena de prisión y multa (fojas 4321 a 4832 del tomo VII del proceso penal). 5. Contra esa resolución, el sentenciado Edgar Eduardo Gaytán Segovia promovió juicio de amparo directo, que correspondió conocer a este Tribunal Colegiado de Circuito, bajo el número 657/2015, que fue resuelto en sesión de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en el que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "En las relatadas condiciones, debe concederse la protección federal solicitada para el efecto de que la autoridad señalada como responsable deje insubsistente el acto que le fue reclamado, únicamente por lo que respecta al quejoso y emita otro en el que deberá de ordenar se reponga el procedimiento para que el juez de la causa penal realice lo siguiente: 1. Establezca que el arraigo decretado en el procedimiento es inconstitucional y hecho lo anterior, escuchando previamente a las partes, determine qué pruebas son las que se encuentran directa e inmediatamente relacionadas con tal diligencia para efecto de decretar su exclusión, debiendo de seguir los lineamientos de esta ejecutoria en su análisis y ponderación de las pruebas que serán suprimidas, esto último con libertad de jurisdicción. 2. El juez de la causa penal atienda la denuncia de tortura hecha por Edgar Eduardo Gaytán Segovia, en su vertiente de violación de derechos fundamentales que afecta la licitud de la prueba en perjuicio del impetrante de garantías, con el objeto de que ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes, así como cualquier prueba que estime idónea, de conformidad con los Protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Estambul. 3. Con independencia de lo anterior, el juez de la causa deberá denunciar ante el agente del ministerio público competente la posible existencia de los actos de tortura a que se hacen referencia en la presente ejecutoria. En el concepto de que las autoridades involucradas procurarán actuar con la mayor diligencia y celeridad posibles, de oficio o a petición de parte, allanando cualquier obstáculo fáctico que retarde injustificadamente la resolución del asunto, proveyendo lo que resulte necesario. 4. En caso de que el juez de primera instancia tuviese por demostrada la existencia de actos de tortura en contra del quejoso, deberá definir las probanzas que deberán de excluirse al momento de dictarse sentencia definitiva. 5. Se ordene la ratificación del dictamen de valuación suscrito por el perito oficial Manuel de Jesús Iraburo Pacheco, así como del dictamen médico emitido por la doctora Blanca Patricia Chávez Acosta, ambos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas; y, de los certificados médicos elaborados por la doctora Ruth Llamas Zamora. 6. Hecho lo anterior, resuelva en el momento procesal oportuno la sentencia definitiva con plena libertad de jurisdicción." (fojas 5164 a 5199 del tomo VII de la causa penal). 6. En cumplimiento a esa ejecutoria, el tres de junio de dos mil dieciséis, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictó sentencia en la que dejó insubsistente la de treinta de junio de dos mil quince, y ordenó al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, reponer el procedimiento para los efectos precisados en la ejecutoria de amparo (fojas 5200 a 5218 ídem). 7. Por auto de quince de agosto de dos mil dieciséis, el juzgador de primer grado ordenó la reposición del procedimiento (fojas 5220 y 5221 ídem) y, seguido el procedimiento por sus cauces legales, el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, dictó una tercera sentencia en la que nuevamente condenó a Edgar Eduardo Gaytán Segovia y otros, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa, por lo que lo condenó a treinta años de prisión y multa de trescientas sesenta y cinco cuotas de salario mínimo vigente al momento de los hechos, equivalentes a $20,695.50 (veinte mil seiscientos noventa y cinco pesos, con cincuenta centavos, Moneda Nacional) (fojas 5832 a 5986 del tomo VIII del proceso penal). 8. En contra de esa resolución, el enjuiciado promovió recurso de apelación, que correspondió conocer a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyos integrantes por sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del toca penal 164/2017-B, confirmaron la acreditación de los delitos de secuestro agravado cometido en agravio de Gabriel Hernández Antonio, Wilfrido Luna Cabrera y Sotero Torres Heredia, y robo calificado en perjuicio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, y la absolución a favor del diverso sentenciado Adán Soto de Lira en lo que respecta al delito de lesiones; asimismo modificaron la sentencia para los efectos siguientes: "1.- Para establecer, que el ordenamiento aplicable para la valoración de pruebas por lo que se refiere a los delitos de SECUESTRO AGRAVADO, es el Código Federal de Procedimientos Penales. 2.- En cambio, en lo relativo a la forma de comisión, participación, individualización de penas, concurso de delitos, reparación del daño, concesión de sustitutivos y suspensión de derechos, que corresponden a la parte considerativa de la legislación penal, son aplicables las disposiciones contenidas en el Código Penal Federal. 3.- En lo que se refiere a los delitos de SECUESTRO AGRAVADO, cometidos en perjuicio de GABRIEL HERNÁNDEZ ANTONIO, WILFRIDO LUNA CABRERA, SOTERO TORRES HEREDIA, se actualizó un concurso ideal de delitos y en relación con el diverso delito de ROBO, cometido en perjuicio de LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, se actualizó un concurso real de delitos y al aplicar las reglas específicas del mismo, se impuso a cada uno de los sentenciados una pena global de TREINTA Y SEIS AÑOS, DOS MESES, SIETE DÍAS DE PRISIÓN Y MULTA DE CINCO MIL CIEN CUOTAS de salario mínimo, equivalente a $289,170.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N) 4.- Para MODIFICAR la duración de la suspensión de sus derechos políticos por un término igual al que dure la sanción privativa de libertad impuesta; pues dicha declaración, es consecuencia de la pena corporal referida, por el término de TREINTA Y SEIS, AÑOS, DOS MESES, SIETE DÍAS. 5.- Para establecer que no se acreditó el delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA, que se dijo cometido en perjuicio de la SOCIEDAD, por tanto, tampoco se demostró la responsabilidad penal de los sentenciados y en consecuencia se dictó sentencia absolutoria a favor de CRUZ ULISES ALVISO PONCE, EDGAR EDUARDO GAYTÁN SEGOVIA, GERARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ y ADÁN SOTO DE LIRA." (fojas 6160 a 6488 ídem). 9. Contra esa resolución, el sentenciado Edgar Eduardo Gaytán Segovia promovió amparo directo, que correspondió conocer a este Tribunal Colegiado de Circuito, bajo el número 213/2018, que fue resuelto en sesión de treinta de enero de dos mil diecinueve, en el que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "La Sala responsable deberá dejar insubsistente el acto reclamado únicamente por lo que atañe al quejoso Edgar Eduardo Gaytán Segovia. Deberá dictar una nueva sentencia en la cual, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, niegue valor probatorio a los partes informativos suscritos por Marco Antonio Vargas Duarte, Miguel Ángel Esquivel Coronel y José Santos Abundes Ramírez, así como las diligencias de careos e interrogatorios en que participaron y reitere los aspectos ajenos a la individualización de las sanciones, al respecto no podrá reformar en perjuicio ninguno de los pronunciamientos que, en y después de la primera sentencia definitiva de primera instancia, de veintiuno de mayo de dos mil catorce, se emitieron en favor de los intereses jurídicos del aquí quejoso" (fojas 6588 a 6616 del tomo IX de la causa penal). 10. En acatamiento a dicha ejecutoria, el cinco de marzo de dos mil diecinueve, la Sala responsable dictó nueva sentencia que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Por sus propios, constitucionales, legales y jurisprudenciales fundamentos invocados por el Tribunal Colegiado que concedió el amparo, al quejoso EDGAR EDUARDO GAYTÁN SEGOVIA, SE DEJA INSUBSISTENTE la resolución del 20 (veinte) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete), pronunciada por esta Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca número 164/2017-B, únicamente por que respecta al prenombrado. SEGUNDO. En substitución de la resolución que se deja insubsistente y se dicta la presente, en la cual siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, se negó valor probatorio a los partes informativos suscritos por Marco Antonio Vargas Duarte, Miguel Ángel Esquivel Coronel y José Santos Abundes Ramírez, así como a las diligencias de careos e interrogatorios en que participaron; y en lo atinente a la individualización de las sanciones se modificó a efecto de disminuir las penas impuestas a TREINTA AÑOS DE PRISIÓN y multa de DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PUNTO SESENTA Y CINCO CUOTAS, en congruencia con lo resuelto en la primer sentencia definitiva de primera instancia, de veintiuno de mayo de dos mil catorce, en favor de los intereses jurídicos del apelante. TERCERO. Remítase copia de la presente resolución, a la autoridad federal emisora de la ejecutoria de amparo, H. Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad capital, como prueba de haberse dado cabal cumplimiento" (fojas 6617 a 6739 ídem) 11. En proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 7202 y 7203 ídem). En el caso, el acto reclamado lo constituye la sentencia de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación 164/2017-B, la cual dejó de surtir sus efectos legales al haber sido sustituida procesalmente por la dictada el cinco de marzo de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo pronunciada el treinta de enero de dos mil diecinueve, dentro del expediente 213/2018, formado con motivo del amparo directo presentado por Edgar Eduardo Gaytán Segovia, aquí también quejoso. Lo expuesto permite establecer que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado en sus efectos el acto reclamado. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Sin que sea obstáculo a lo aquí determinado, la circunstancia de que por auto de Presidencia de trece de septiembre de dos mil diecinueve, se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues tal determinación no cusa estado ni vincula al Pleno de este Tribunal Colegiado para resolver el fondo del asunto, cuando, como aquí acontece, se advierte la improcedencia del juicio constitucional. Resulta aplicable, la jurisprudencia IV.3o.A. J/5 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que se comparte, visible en la página 1126, Tomo XXI, abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto". En tales condiciones, se da vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las facilidades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente sumario mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de usuario debidamente registrado en el "Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación", a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Túrnense los autos a la ponencia del magistrado Eduardo Antonio Loredo Moreleón, a fin de que se elabore el correspondiente proyecto de resolución.
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