Edgar Eduardo Garza Murillo
Expediente 1559/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1559/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2018
Partes del expediente
- Edgar Eduardo Garza Murillo
Actuaciones
- Principal
MESA V. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
MESA V.Téngase por recibida la constancia de notificación de cuenta, de la cual se advierte que el quejoso Edgar Eduardo García Murillo, al momento de notificarle el proveído de quince de octubre pasado, manifestó lo siguiente: "resivo copias y ago la aclaración que la causa penal es la 205/2012" (sic) Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes. Asimismo, se reserva acordar lo referente al envío de la notificación de cuenta, hasta en tanto se informe a este órgano de control constitucional lo conducente en torno a la competencia declinada al Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en esa ciudad, en Turno. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser la constancia de notificación agregada en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese.
- Principal
MESA V. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Penal del Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1559/2018-V. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de las quejosas a la primera mencionada. ACTO RECLAMADO. En principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, se observa que los actos reclamados son: 1. La suspensión del procedimiento decretada en etapa de presentación de conclusiones acusatorias formuladas por el Agente del Ministerio Público, en la causa penal 205/2011, del índice del Juzgado responsable. 2. La negativa de levantar la suspensión del procedimiento, en la causa penal 205/2011. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, cabe precisar que en el caso, los actos reclamados conllevan efectos positivos dentro del procedimiento de origen. Ahora bien, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden, entre otras, una regla básica para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, misma que a continuación se detalla. Esto es, la contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. Por tanto, en la especie se actualiza dicha hipótesis descrita, pues los actos reclamados en esta instancia consisten en la suspensión del procedimiento decretada en etapa de presentación de conclusiones acusatorias formuladas por el Agente del Ministerio Público, en la causa penal 205/2011, del índice del Juzgado responsable y la negativa de levantar la suspensión del procedimiento, en la referida causa penal. De lo que se precisa que la suspensión del procedimiento decretada por el Juez responsable, así como la negativa de levantar dicho suspenso, producen sus efectos y consecuencias dentro de la causa penal de origen, es decir, ambos actos tendrán ejecución en el lugar donde reside el Juez que conoce de la causa penal 205/2011, de la que derivan los actos reclamados, pues los efectos que producen esos actos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tendrán su principal impacto y repercusión, esto es, ante la potestad del Juez de la causa a la cual el quejoso está sometido, con independencia de que este último se encuentre recluído en una jurisdicción diversa. Tiene aplicación, por las razones que la contienen, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), Décima Época, con número de registro 160608, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2183, cuyos texto y rubro son: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Por ello, se considera que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en esa ciudad, en Turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución los actos reclamados, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37, de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado destacado, es decir, en el lugar donde reside el proceso penal de origen, seguido contra el quejoso. Es aplicable la tesis I.1o.A.44 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en esa ciudad, en Turno, pues es la autoridad que se considera competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos los actos reclamados. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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