Edgar Eduardo Garza Murillo

Expediente 1086/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1086/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Edgar Eduardo Garza Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa a quien podría causarle perjuicio el proveído dictado el cuatro de septiembre del presente año donde se sobreseyó en el juicio de amparo, no la recurrió, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, hágase las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, devuélvanse las copias certificadas del expediente 150/2011 que remitió la Titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Aguascalientes, con residencia en Pabellón de Artega, como complemento a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    VI) Toluca, Estado de México a cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el correo electrónico enviado por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Partido Judicial con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, quien en cumplimiento al proveído de dieciséis de agosto pasado, remite el oficio signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al cual adjunta copia certificada del exhorto 293/2018 de su índice estadístico, formado con motivo del diverso enviado por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Partido Judicial con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, por medio del cual se ordenó notificarle al quejoso y al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, la resolución de término constitucional y el sobreseimiento dictados en la causa penal 150/2011. Constancias, a las que acorde con lo previsto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se le concede valor, porque se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, como medio de transmisión de datos, pues se envía un documento que recibe el destinatario en copia fotostática, y tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel. Lo anterior, en conformidad con la jurisprudencia 1ª./J.27/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30, del Tomo XXV, Marzo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática, a la cual también ordinariamente se le denomina fax, de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por la Secretaria de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto, pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone la actualización del sobreseimiento si durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal mencionado. Por lo tanto, si el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la omisión del Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Partido Judicial con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, de notificar al Titular del centro de reclusión en donde se encuentra el auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor del quejoso. Ahora del anexo enviado por la autoridad responsable, como complemento al oficio de cuenta, se evidencia que el quejoso y el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, fueron notificados del proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho, así como de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (donde se decretó la libertad del quejoso por falta de elementos para procesar), así como del sobreseimiento de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, de igual forma obra la constancia de notificación al de los citados acuerdos. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De las cuales, es evidente de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque dicha causa de improcedencia establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (. . .)" Por ende, debe decirse, que para que la causa de improcedencia referida se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior, el acto reclamado materia del presente cesó sus efectos, pues al haberse notificado al quejoso y al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, los autos de ocho de agosto de dos mil dieciocho, así como de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (donde se decretó la libertad del quejoso por falta de elementos para procesar), así como del sobreseimiento de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, dicho acto reclamado dejó de surtir efectos, pues existe notificación reclamada por el quejoso en su escrito inicial de demanda. Razón por la cual, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63 fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por su aplicación, es de citarse la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, visible en la página 81, Materia Común, con número de registro 917637, cuyo rubro a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". En esas condiciones, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo instado por Edgar Eduardo Garza Murillo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Tercer Partido Judicial con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Finalmente, por las consideraciones expuestas, se deja insubsistente la audiencia constitucional fijada para celebrarse el doce de septiembre de dos mil dieciocho a las diez horas con veinte minutos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VI) Toluca, Estado de México a dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y para conocimiento de las partes, agréguese el oficio de cuenta, signado por la Titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Aguascalientes, con residencia en Pabellón de Arteaga; al cual adjunta copia certificada de la causa penal 150/2011, mediante el cual rinde su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ellos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas como complemento al informe justificado se advierte que la responsable, giró el exhorto 68/2018 al Poder Judicial del Estado de México a efecto de notificar al quejoso Edgar Eduardo Garza Murillo, así como al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, a fin de notificarlos de la resolución de término constitucional y el sobreseimiento emitidos dentro de la citada causa. En consecuencia, se requiere a la Titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Aguascalientes, con residencia en Pabellón de Arteaga, para que dentro del plazo de TRES DÍAS inserto en el ordinal 297, fracción II de la legislación procesal civil invocada, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, una vez que cuente con las constancias de notificación del exhorto 68/2018, las remita inmediatamente al teléfono fax (01) 722-2360500, extensión 3107, correo electrónico oficial victor.rendon.sosa@correo.cjf.gob.mx o mensajería acelerada. Apercibida que en caso de no cumplir con dicho requerimiento se le impondrá una multa por el importe de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, es decir, deben estudiarse aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a./J. 163/2005, que resolvió la contradicción de tesis 121/2003-PS, visible en la página 319, del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, previa caratula de identificación, manéjense como anexo por separado. Notifíquese.

  4. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se fijó para hoy; sin embargo, aún no obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables ni existe constancia con la cual se acredite la oportuna y legal notificación de los oficios 18883 y 18884, mediante los cuales se les formuló dicho requerimiento. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia incidental señalada para esta fecha, por lo cual se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con veinte minutos del doce de septiembre de dos mil dieciocho. En obvio de evitar mayores dilaciones procesales, líbrese telegrama a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado al juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese.

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