Édgar Eduardo García Amavizca

Expediente 1273/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1273/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Gobierno del estado de Tamaulipas.
  • Édgar Eduardo García Amavizca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia constitucional terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías 1273/2021-VIII, promovido por Édgar Eduardo García Amavizca (fojas 193 a 204); transcurrió para las partes de la siguiente manera: a) al agraviado, del diecisiete al treinta y uno; b) al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, del tres al dieciséis; y c) a la autoridad responsable local, del dos al quince, todas las fechas del mes de marzo del presente año, sin que hayan realizado manifestación alguna; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, no obstante que no se realice el cómputo del plazo para interponer recurso respecto de las autoridades responsables foráneas, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la citada ley, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dada la naturaleza del mismo en el presente juicio constitucional. Consecuentemente, se aprecia que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De igual forma, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente y toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Incidental

    Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe. Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el *** signado por ***; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado María Dolores Camacho Díaz, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de uno de los actuales, se advierte que la Actuaria adscrita asentó que, con la finalidad de notificar al quejoso Edgar Eduardo García Amavizca la sentencia constitucional terminada de engrosar el veintiocho de febrero del presente año, emitida dentro de este asunto, dicha fedataria se constituyó al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y al tocar en repetidas ocasiones, no salió nadie y la puerta presentaba candado; al preguntar en la casa de enseguida, una persona del sexo masculino le manifestó que ese es el domicilio buscado, pero que las personas que rentaban el lugar, ya no viven allí; motivo por el cual no le fue posible realizar la notificación personal encomendada. Por tanto, de conformidad con lo previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágasele la notificación al referido agraviado de la sentencia de mérito, de este proveído y las subsecuentes que revistan el carácter de personales, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito. En otro aspecto, en términos del precepto 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación en cita, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el ocurso remitido vía electrónica por el quejoso Édgar Eduardo García Amavizca; de su contenido se advierte que expone lo siguiente: ".Su Señoría, hago referencia al escrito de presentado ante ese H. Juzgado de Distrito, en fecha 08 de marzo de 2022 a las 11:13 horas, según acuse de recibido por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual de manera errónea señalé al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta Sonora, como autoridad receptora y/o destino del escrito de mérito, siendo que, debí haber señalado como autoridad receptora y/o destino de mi escrito, al H. Juez de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, Tamaulipas."; por tanto, dado que no formula una petición concreta, únicamente agréguese al expediente para que obre como corresponda, Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    EJERCICIO FISCAL DESCRIPCION IMPORTE ACTUALIZACION RECARGOS TOTAL 2015 DERECHO DE CONTROL VEHICULAR. $1,229.00 $309 $2,200.00 $3,738.00 2015 HONORARIOS POR NOTIFICACIÓN. $141.00 $0.00 $0.00 $141.00 2015 TENENCIA LOCAL. $6,243.00 $0.00 $12,655.00 $20,816.00 2015 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. $292.00 $0.00 $0.00 $292.00 2015 MULTA POR INCUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO. $292.00 $0.00 $0.00 $292.00 2016 EXP. DE PLACA NACIONAL. $365.00 $0.00 $0.00 $365.00 2016 TENENCIA LOCAL. $5,325.00 $1,460.00 $8,323.00 $15,108.00 2016 DERECHO DE CONTROL VEHICULAR. $1,315.00 $460.00 $2,651.00 $4,426.00 2017 TENENCIA LOCAL. $4,407.00 $882.00 $4,774.00 $10,063.00 2017 DERECHO DE CONTROL VEHICULAR. $1,359.00 $272.00 $1,492.00 $3,123.00 2018 TENENCIA LOCAL. $3,672.00 $545.00 $2,668.00 $6,885.00 2018 DERECHO DE CONTROL VEHICULAR. $1,451.00 $215.00 $1,060.00 $2,726.00 2019 DERECHO DE CONTROL VEHICULAR. $1,521.00 $195.00 $860.00 $2,576.00 2019 EXP. DE PLACAS NACIONAL. $422.00 $0.00 $0.00 $422.00 2020 DERECHO DE CONTROL VEHICULAR. $1,564.00 $111.00 $369.00 $2,044.00 2021 DERECHO DE CONTROL VEHICULAR. $1,613.00 $18.00 $72.00 $1,703.00 Lo anterior, ya que nunca existió un emplazamiento y/o notificación previa a la determinación de los créditos fiscales, derechos y diversos conceptos administrativos señalados por la demandada 2.- De las autoridades señaladas en el números 2 y 3, arábigos reclamo el indebido cobro de los créditos fiscales, derechos y diversos conceptos administrativos, por los ejercicios 2015 y 2016, descritos anteriormente, toda vez que los mismos ya se han extinguido por prescripción, violando con ello mis derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16, de nuestra carta magna, así como lo dispuesto en el artículo 144, del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas, ello en razón de que no existe durante todo ese lapso de tiempo, ningún acto de autoridad ni gestión de cobro alguno legalmente notificado que demuestre que se haya interrumpido el plazo de la prescripción, y no obstante ello, la demandada exige el pago de créditos que ya se extinguieron por prescripción. 3.- De las autoridades señaladas en los números 2 y 3, arábigos reclamo el indebido cobro de los créditos fiscales, derechos y diversos conceptos administrativos, por los ejercicios fiscales del 2015 y 2016, descritos anteriormente, toda vez que ya se han extinguido por caducidad las facultades de las autoridad demandada para comprobar el cumplimento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, toda vez que ya han pasado más de 5 años, sin que la autoridad me haya emplazada y/o notificado de manera personal, el inicio de sus facultades de comprobación en relación a los créditos fiscales, derechos y otros conceptos, no obstante ello, la autoridad en clara violación a los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna, así como el artículo 67, del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas, pretende cobrarme ilegal e indebidamente dichos créditos fiscales, derechos y otros conceptos. 4.- De las autoridades señalados en los números 1, 2 y 3 arábigos reclamo la intervención que hayan tenido en la falta de emplazamiento y notificación de los créditos fiscales que se me pretenden fincar por los ejercicios fiscales del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como también la falta y/o ausencia de la emisión de una resolución, acuerdo y/o sentencia en la que justifique, de manera detallada, circunstanciada, pormenorizada y fundada la determinación de los créditos fiscales, derechos y los diversos conceptos que me pretende cobrar. 5.- De las autoridades señalados en los números 1, 2 y 3, arábigos reclamo la intervención que hayan tenido en la falta de emplazamiento y notificación de los créditos fiscales, así como la falta de resolución en la que se señalen los fundamentos legales, motivos, razones y circunstancias, que justifique el cobro de actualización, recargos y multas que se me pretenden fincar por los ejercicios fiscales del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como también la falta y/o ausencia de la emisión de una resolución, acuerdo y/o sentencia en la que justifique, de manera detallada, circunstanciada, pormenorizada y fundada la determinación de los créditos fiscales, derechos, actualización, recargos, multas y diversos conceptos que me pretende cobrar, en franca violación a los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, en virtud de que el supuesto acto administrativo consistente en la resolución contenida en el oficio número, pues de la lectura que se proceda realizar su Señoría, podrá observar que el mismo, no encuentra debidamente fundado y motivado, ya que la demandada no señalo con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomo en consideración en la emisión del acto administrativo que se me pretende cobrar, esto es, la demanda omite señalar el origen de las cantidades que me pretende cobrar, así como también es omisa en señalar los cálculos matemáticos y operaciones aritméticas que tomo en consideración para arribar a dichas cantidades, sin antes especificar las bases y fundamentos sobre el cual se basó para tal fin, es decir, omite señalar si realizó sumas, restas, división, multiplicación, formula, medición, etc, que arrojen un resultado que no afecte a mi esfera jurídica, y que lleguen a la plena convicción de que dichas cantidades son las que realmente debo pagar, ya que solo señala una serie de números y cantidades sin establecer de donde proceden, como se originan, si dichos cálculos son diarios, semanales, quincenales, mensuales, anuales, si es un crédito fijo, variable. En refuerzo de lo anterior, igualmente se impugna las violaciones a los numerales citados con antelación, ya que par que el acto administrativo hubiera sido efectivo, hubiese sido necesario que la autoridad señalara razonadamente los cálculos aritméticos y operaciones matemáticas, que justifiquen legalmente las cantidades que me pretende cobrar, manifestar la fórmula que se utilizó para llegar al resultado que se pretende cobrar incluyendo su actualización, el preció tomado en cuenta para su cobro, es decir, todos aquellos datos que me otorguen la certidumbre jurídica de que dicho acto fue emitido dentro de los parámetros fijados por nuestra carta magna, motivo por el cual el acto que por este medio que se combate debe ser dejado sin efectos lisa y llanamente. 6.- De las autoridades señalados en los números 2 y 3, arábigos reclamo la negativa a proceder a dar de baja en sus sistemas informáticos así como del padrón vehicular, bajo el control de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el vehículo de mi propiedad Chevrolet Trax, Paq C, Automática, motor 1.8 litros, 4 cilindros, placas XJC9028, modelo 2014, serie 3GNCJ7EEXEL170553, bajo el argumento de que cuento con diversos adeudos de carácter fiscal y administrativos, no obstante que no exista notificación y resolución definitiva, procedimiento de fiscalización previo y que fueron extinguidos por caducidad y prescripción los crédito fiscales los cuales me exige su pago.." Segundo. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno (fojas 29 y 30), se admitió a trámite la demanda, registrándose en el libro de gobierno bajo el número 1273/2021-VIII, se ordenó la apertura de incidente de suspensión, por haberse solicitado expresamente; se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron constancias que se estimaron necesarias para integrar debidamente este asunto (fojas 100 a 113); en su oportunidad, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede (fojas 127 a 195); y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los dispositivos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la causa de pedir. De la lectura integral de la demanda inicial como un todo (fojas 1 a 28), de los autos que conforman este asunto, especialmente de los informes justificados de las responsables y de los anexos que adjuntaron como complemento de sus informes justificados (fojas 38 a 42, 46 a 56 y 102 a 112), se advierte que el agraviado reclama: La falta de emplazamiento y notificación de créditos fiscales de los ejercicios dos mil quince hasta dos mil veintiuno, que refiere se le pretenden fincar con motivo de adeudos por concepto de derecho de control vehicular, tenencia local, expedición de placa nacional, entre otros, el indebido cobro que se pretende realizar de dichos créditos, la falta de declaratoria de caducidad o prescripción de los mismos y la negativa de dar de baja en su sistema del padrón vehicular, en relación a la unidad motriz marca Chevrolet, Trax, paquete C, automático, motor 1.8 litros, cuatro cilindros, placas XJC9028, modelo dos mil catorce, serie 3GNCJ7EEXEL170553, que el impetrante señala como de su propiedad. Tiene aplicación la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 181810 y visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Una vez precisados los actos combatidos, lo procedente es determinar su certeza o inexistencia. Tercero. Los actos reclamados por el quejoso Édgar Eduardo García Amavizca, a las autoridades denominadas Gobierno del estado de Tamaulipas, por conducto del Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal y Oficina Fiscal de Matamoros, representadas por la Directora Jurídica de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos, dependiente de dicha Secretaría, con sede en Ciudad Victoria, son inexistentes. Pues las responsables al rendir sus informes justificados así lo expresaron (fojas 38 a 42 y 46 a 56), en tanto que la parte agraviada no desvirtuó dichas negativas mediante pruebas aptas e idóneas. Ello es así, dado que el agraviado aduce reclamar falta de emplazamiento y notificación de créditos fiscales de los ejercicios dos mil quince hasta dos mil veintiuno, que refiere se le pretenden fincar con motivo de adeudos que aduce ya están prescritos, por concepto de derecho de control vehicular, tenencia local, expedición de placa nacional, entre otros, el indebido cobro que se pretende realizar de dichos créditos y la negativa de dar de baja en su sistema del padrón vehicular, en relación a la unidad motriz marca Chevrolet, Trax, paquete C, automático, motor 1.8 litros, cuatro cilindros, placas XJC9028, modelo dos mil catorce, serie 3GNCJ7EEXEL170553, que el impetrante señala como de su propiedad. En contraposición a dichos argumentos del quejoso, las autoridades responsables negaron la existencia de algún crédito, requerimiento o procedimiento de alguna especie dirigido al agraviado; concretamente, la representante de la Secretaría de Finanzas y de la Oficina Fiscal del Estado, adjuntó copias certificadas de diversas constancias como complemento de su informe justificado (fojas 456 a 56 y 102 a 112). Las cuales revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo. Se cita la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, perceptible con el símbolo de búsqueda 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Para explicar la inexistencia de tales actos, cabe mencionar que del artículo 1° Constitucional, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así es de concluirse que un juzgado de distrito es un órgano revisor de las actuaciones de las autoridades que sean señaladas con el carácter de autoridades responsables, respecto de lo que su legalidad o ilegalidad se declarará en una sentencia. También, se observa que el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo -en lo conducente- dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. En ese sentido, la parte quejosa tiene la carga de la prueba, esto es, el promovente está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas aptas e idóneas, que éstos sean inconstitucionales. Sobre el tema, se cita la jurisprudencia VI.2o.J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro electrónico 210769 y visible en la página 77, del tomo 80, agosto de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Resultan inexistentes los actos que señala el agraviado, que aduce en su perspectiva, de falta de emplazamiento y notificación de créditos fiscales de los ejercicios dos mil quince hasta dos mil veintiuno, que refiere están prescritos y se le pretenden fincar con motivo de adeudos por concepto de derecho de control vehicular, tenencia local, expedición de placa nacional, entre otros, el indebido cobro que se pretende realizar de dichos créditos y la negativa de dar de baja en su sistema del padrón vehicular, en relación a la unidad motriz marca Chevrolet, Trax, paquete C, automático, motor 1.8 litros, cuatro cilindros, placas XJC9028, modelo dos mil catorce, serie 3GNCJ7EEXEL170553, que el impetrante señala como de su propiedad. Las autoridades responsables son claras en sostener que no existe elevada alguna petición por escrito de la parte quejosa, en la que solicite la baja del referido automotor y no se le haya contestado algo al respecto, en algún sentido. También dichas dependencias son enfáticas al expresar que no se ha determinado crédito al impetrante, ni se le ha realizado algún cobro, no se ha ejercido alguna facultad de comprobación fiscal en su contra y por tanto, no puede realizarse algún emplazamiento de un procedimiento inexistente. No es obstáculo a lo anterior que el agraviado afirme en su demanda, que el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, tuvo un accidente con dicha unidad automotriz en el tramo carretero Magdalena de Kino-Nogales Sonora y que por ello, se produjo la pérdida total por incendio de la unidad en comento. Tampoco obsta a lo expuesto, que dicho doliente argumente haber intentado en fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dar de baja el vehículo en la Oficina Fiscal del Estado, en esta ciudad y que según su dicho, se enteró mediante un documento generado en el sistema de la Secretaría de Finanzas de la Entidad, de adeudo por el importe de sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y cinco pesos moneda nacional. En ese sentido, el agraviado no exhibe documento apto e idóneo con el que compruebe haber solicitado o tramitado por escrito, la baja de la referida unidad motriz ante las autoridades que señala como responsables; y no le reditúa beneficio alguno para la carga probatoria que le recae en demostrar la existencia de su reclamo, el hecho de que el doliente haya remitido vía electrónica, lo siguiente: * Impresión relativa a los adeudos ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, respecto del vehículo marca General Motors de México, Chevrolet Trax, paquete C, automática, 1.8 litros, cuatro cilindros, placas XJC9028, color rojo, modelo dos mil catorce, serie 3GNCJ7EEXEL170553, factura de ocho de mayo de dos mil catorce, fecha de vigencia trece de diciembre de dos mil dieciocho, uso particular, por un monto total de adeudo al cuatro de octubre de dos mil veintiuno, que asciende a la cantidad de $66,495.00 (fojas 25 y 26). * Copia de factura número FAM2212 de ocho de mayo de dos mil catorce, expedida por Matamoros Autos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Chevrolet, en esta ciudad, a nombre de Edgar Eduardo García Amavizca, con registro federal de contribuyentes GAAE7712137MS, respecto de la adquisición de la unidad marca Chevrolet, tipo Trax, modelo dos mil catorce, procedencia nacional, cinco puertas, cuatro cilindros, de capacidad cinco personas, color rojo tinto brillante, color interior negro, serie NIV número 3GNCJ7EEXEL170553, transmisión automática, con un valor total de doscientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 nacional (foja 27). * Copia de orden de admisión de automóviles folio 6019109 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, expedida por Quálitas, Compañía de Seguros, a nombre de Edgar Eduardo García Amavizca, con número de reporte 597117 y número de póliza 400311052, respecto del vehículo marca Chevrolet, Trax, modelo dos mil catorce, serie 3GNCJ7EEXEL170553, color guinda, transmisión automática; en la cual se señala como descripción de daños, pérdida total por incendio (foja 28). Tampoco le reditúa beneficio el que haya ofertado en su demanda inicial, la presuncional, tanto legal como humana y la instrumental de actuaciones en lo que le favorezca. Pues es evidente de las constancias que obran en autos, que no existe constancia de que el quejoso haya elevado por escrito una solicitud de baja del vehículo aludido. El hecho de que el agraviado afirme, según su dicho, haber observado en el portal de internet de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el rubro de 'detalle de adeudos', en relación al vehículo marca General Motors de México, Chevrolet Trax, paquete C, automática, 1.8 litros, cuatro cilindros, placas XJC9028, color rojo, modelo dos mil catorce, serie 3GNCJ7EEXEL170553, factura de ocho de mayo de dos mil catorce, fecha de vigencia trece de diciembre de dos mil dieciocho, uso particular, que hasta el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, aparecía la cantidad de $66,495.00 (sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y cinco pesos moneda nacional); no implica que sea cierto lo que reclama a las autoridades responsables, pues la visualización de dicha consulta, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que no existe una acción u omisión unilateral de un órgano gubernamental, sino que el quejoso en forma autónoma, por sí, ingresó sus datos en relación al automotor que refiere aparece a su nombre y es el resultado de una consulta que el agraviado hizo. Dicha consulta del rubro 'detalle de adeudos' no demuestra que las responsables hayan emitido algún crédito o cobro, pues no han ejercido acción con la que pretendan requerirle pago de una cantidad, no han emitido requerimiento, ni iniciado procedimiento administrativo de ejecución. En ese contexto, los actos reclamados por el quejoso en el presente juicio de amparo, son inexistentes, pues las responsables con las documentales que enviaron, demuestran que no existe escrito en el que la parte agraviada les haya elevado solicitud de baja del vehículo en comento, que tampoco existe crédito, cobro o requerimiento al impetrante, porque no han ejercido facultades de comprobación fiscal en su contra y por ello, no existe procedimiento administrativo ni emplazamiento al respecto. Los informes de las responsables fueron puestos a la vista de la parte quejosa, quien si bien realizó diversos alegatos (fojas 60 a 99 y 127 a 192), no exhibió documento con el que justifique haber solicitado la baja del automotor o que se le haya fincado algún crédito fiscal. El resultado que arrojó el sistema de internet que el agraviado aduce, es simplemente un dato o cálculo derivado de la consulta que realizó el quejoso, supuesto en el que la autoridad demandada no ha manifestado su voluntad en relación al cumplimiento de esas obligaciones tributarias, ya que únicamente el sistema aludido detalló los adeudos del cumplimiento de la obligación tributaria (pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículo y derechos por servicios del control vehicular). En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que la consulta generada por el quejoso, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Pues no obedece a una orden o requerimiento expreso de alguna autoridad encargada de recaudar tributos, sino más bien, atiende a la consulta voluntaria de un particular respecto del vehículo que en su momento dio de alta. En efecto, no envuelve un actuar positivo de las autoridades que señala como responsables, pues no constituye una conducta tendente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos, únicamente es una acción voluntaria del quejoso al consultar datos del vehículo en comento. Ahora bien, es importante mencionar que, en su momento, si llegara a surgir algún crédito o procedimiento administrativo futuro derivado del 'detalle de adeudos' que afirma el agraviado haber consultado; de cualquier forma, debe acudir ante las instancias ordinarias correspondientes antes de promover el juicio de amparo, como lo pudiera ser, sin prejuzgar, el juicio de nulidad previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo de esta Entidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas. A las anteriores consideraciones, únicamente en sus aspectos estrictamente aplicables y conducentes, se cita la jurisprudencia 2a./J.182/2008 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 168248, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 294, cuyos rubro y texto son: TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo." Asimismo, se invoca en sus aspectos estrictamente sustanciales, el contenido de la jurisprudencia 2a./J.193/2004 sustentada por la propia Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre de 2004, página 554, de la Novena Época (registro 179716), que señala: "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé que este órgano conocerá de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas que, entre otras cuestiones, determinen la existencia de una obligación fiscal; fijen en cantidad líquida o den las bases para una liquidación; nieguen la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; impongan multas por infracción a las normas administrativas federales o causen un agravio en materia fiscal distinto a los anteriores. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. X/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, con el rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 'RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS'. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.", sostuvo que el concepto "resoluciones definitivas" a que hace referencia el mencionado artículo 11 abarca no sólo aquellas resoluciones que no admitan recurso o admitiéndolo éste sea optativo, sino también las que reflejen el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o bien, como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En tal virtud, si el artículo 4o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos sólo establece que los contribuyentes del impuesto comprobarán su pago con la copia de la forma mediante la cual lo efectuaron, se pone de manifiesto que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicios de control vehicular no constituye una resolución definitiva impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sino simplemente es el cumplimiento de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, cuyo monto puede o no coincidir con el contenido de la propuesta de declaración que al efecto emita la autoridad hacendaria, pues siempre existe la posibilidad de que se pague una cantidad mayor o menor a ese monto, o bien, que en los casos en que no se cuente con dicha propuesta se autodetermine el monto del impuesto a pagar, supuestos en los cuales se evidencia que la autoridad no ha manifestado su última voluntad en relación con el cumplimiento de esas obligaciones tributarias, por lo que cuando el juicio contencioso administrativo se promueva contra el recibo de pago que contiene esas contribuciones resulta improcedente y debe sobreseerse de conformidad con la fracción II del artículo 202, en relación con la fracción II del diverso numeral 203, ambos del Código Fiscal de la Federación.". Por ello, al ser inexistentes los actos que se reclaman, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor. A las anteriores consideraciones, tiene aplicación el texto de la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perceptible con registro electrónico 917818 y que consta publicada en la página 236, del tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También, se invoca la tesis VI.2o.A.4K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con el símbolo de búsqueda 187728 y visible en la foja 903, del tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Resulta ilustrativa la tesis en materia común IV.3o.72 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XIII, enero de 1994, página 254, registro 213793, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 77, 79, 215 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e . Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Edgar Eduardo García Amavizca, respecto de los actos que reclamó a las autoridades responsables descritas en la parte considerativa de esta sentencia, conforme a lo expuesto en el propio fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día veintiocho de febrero de dos mil veintidós, fecha en que se terminó de engrosar, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

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