Edgar Domínguez Gutierrez

Expediente 168/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
168/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Edgar Domínguez Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo-

  2. Principal

    Téngase a la superioridad, informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso de mérito, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Una vez que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente proveído, sin necesidad de mayor trámite, remítase mediante oficio el expediente principal en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno. Notifíquese y personalmente al tercero interesado.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 168/2019, promovido por Edgar Domínguez Gutiérrez, contra un acto de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el veintidós siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos (según sellos que obran a foja 2), ------------ solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra un acto que reclamó de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO: La ilegal resolución de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del incidente de ejecución forzosa de liquidación de la sociedad conyugal, deducida del expediente 173/2004, relativo a la Controversia del Orden Familiar sobre Divorcio Necesario promovido por GABRIELA RAMÍREZ VIOLANTE en contra de EDGAR DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, en la que se decreta la (sic) aprobar el proyecto de partición presentado por el perito partidor JORGE LIZARRAGA TRUJILLO, respecto del lote identificado de terreno urbano ejidal ubicado en calle privada de las Orquídeas sinnúmero (sic) de la Colonia Ampliación Tepeyac, antes conocido como Capo Potero Verde, perteneciente al ejido de Cuautlixco, Cuautla, Morelos, inmueble identificado catastralmente con el número seis mil ciento guión diecinueve guión cero ochenta y uno guión cero, cero tres, con superficie de 245 metros cuadrados, conforme a las reglas de la venta judicial, tomando que para que pueda aprobarse la liquidación de la sociedad conyugal. Resolución que me fue notificada el mismo diez de diciembre del año en curso." SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintitrés de enero de esta anualidad (fojas 34 a 36), se radicó la demanda ordenándose su registro en el Libro de Gobierno bajo el expediente 168/2019 y, previo análisis de los requisitos legales, se admitió a trámite la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; y, por último, se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que a continuación se procede a emitir la resolución correspondiente, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que se reclama un acto con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En principio, es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis aislada P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que el quejoso se duele de la resolución interlocutoria dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del incidente de ejecución forzosa de liquidación de la sociedad conyugal derivado del expediente 173/2004 del registro del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, relativo a la controversia familiar sobre divorcio necesario, promovido por Gabriela Ramírez Violante contra Edgar Domínguez Gutiérrez. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Titular del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al rendir su informe de ley aceptó la existencia del acto reclamado (foja 41); lo cual se corrobora con copia certificada del expediente de origen, que remitió la juez responsable como soporte a dicho informe; documental que dada su naturaleza y carácter, hace prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°, de ahí que deban tenerse como ciertos los actos que se les reclaman. CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoyado lo anterior, en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA." Bajo ese contexto, la tercera interesada Gabriela Ramírez Violante, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal el once de marzo de la presente anualidad (fojas 81 a 85), sostuvo que el presente juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa, previo a promover el amparo indirecto, tenía la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa. Atento a lo anterior, en principio resulta dable señalar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En ese orden de ideas, como se dijo en párrafos que antecede, en el caso el peticionario de amparo reclama la resolución interlocutoria dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del incidente de ejecución forzosa de liquidación de la sociedad conyugal derivado del expediente 173/2004 del registro del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, relativo a la controversia familiar sobre divorcio necesario, promovido por Gabriela Ramírez Violante contra Edgar Domínguez Gutiérrez, la cual, en términos del numeral 601, fracción I del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, es irrecurrible tal como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO 606. REGLAS PARA PROCEDER A LA LIQUIDEZ. Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución debe previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones: I. Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta no la objetare dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juez; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días, y de lo que replique, por otros tres días, al deudor. El juez fallará dentro de igual término lo que estime justo, y la resolución no será recurrible; (.)" De la anterior transcripción se advierte que la sentencia que se dicte dentro de un incidente de liquidación será irrecurrible, de ahí que la misma constituya un acto definitivo para la procedencia del presente asunto. Sin que en el caso pase desapercibido para este juzgador el hecho de que la aludida tercera interesada refiera que previo a la promoción de la presente instancia de control constitucional el promovente debía haber manifestado su inconformidad en relación con el proyecto de partición emitido por el perito Jorge Lizárraga Trujillo, dentro del término establecido para ello en el párrafo segundo del artículo 609 de la legislación procesal de la materia. No obstante lo anterior, dicha prerrogativa no constituye por sí misma un medio ordinario de defensa que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar la resolución interlocutoria que por esta vía de control constitucional, pues en todo caso el desahogo de la vista referida impactaría en la justipreciación del dictamen emitido por el experto nombrado, mas no así a la procedencia o improcedencia de la liquidación de la sociedad conyugal respectiva. De ahí que en el caso, la causa de improcedencia hecha valer por la tercera interesada Gabriela Ramírez Violante resulte ser infundada. En atención a lo anterior, y al no advertirse por parte de este juzgado federal la actualización de una diversa causa de improcedencia en el presente asunto, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, además de que ello no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese sentido del análisis de los asertos que el peticionario de amparo hizo valer en su demanda se advierte que los mismos son en parte inoperantes y en parte infundados, sin que en el caso sea procedente suplir la queja deficiente, atento a lo cual debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. En efecto, como primer motivo de disenso el promovente refiere que el acto que reclama es violatorio de los derechos establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al efecto únicamente realiza una transcripción de una porción de dicho dispositivo, sin que en el caso se hubiese realizado argumento alguno al respecto que evidencie la inconstitucionalidad de la resolución reclamada. Esto es, si bien para la procedencia del estudio de los conceptos de violación basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, sin que sea necesario que estos se formulen bajo algún tipo de redacción, lo cierto es que ello de manera alguna implica que el quejoso se limite a citar solamente los dispositivos constitucionales y derechos que estima violados, pues es obvio que a él corresponde el señalar las razones por las cuales se consideran que el acto reclamado es violatorio de derechos. Por tanto, toda vez que el quejoso no señaló las razones por las cuales considera que dentro del procedimiento incidental del que deriva la resolución reclamada se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, dicho concepto de violación se desestima por inoperante, atento a lo cual es improcedente su estudio. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 185425, visible en la página 61 del Tomo XVI, diciembre de 2002, materia común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". Así, toda vez que en el caso no se expusieron las razones y motivos por los cuales que es inconstitucional el acto reclamado, sino que el quejoso únicamente se limitó a señalar y transcribir el precepto constitucional que estimó violado, es inconcuso que tal manifestación deviene inoperante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. XXXII/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2011952, visible en la página 1205 del Libro 31, junio de 2016, Tomo II, materia común, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante". Por otra parte, en relación con los restantes conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en su demanda de amparo, resulta dable precisar que en síntesis la parte quejosa sostiene que la resolución interlocutoria reclamada en la presente instancia constitucional es contraria a derecho en virtud de que la autoridad responsable no analizó de manera oficiosa que: El inmueble materia de la liquidación de sociedad conyugal derivada de la disolución del vínculo matrimonial que existía entre Gabriela Ramírez Violante y el peticionario de amparo no pertenecía a la aludida sociedad, en atención a que al momento de la celebración del aludido matrimonio el citado bien inmueble no era propiedad del quejoso, pues solo tenía los derechos de posesión del mismo derivado de un contrato de cesión de derechos posesorios celebrado entre aquél y Nabor Menchaca Barrera el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y tres. La escritura pública exhibida por la actora incidental y aquí tercera interesada es de fecha anterior a la constitución de la sociedad conyugal, de ahí que en el caso lo procedente era excluir el bien inmueble materia de liquidación por no pertenecer al patrimonio de la sociedad conyugal respectiva. La tercera interesada no acreditó desde el momento de la presentación de la demanda incidental que el inmueble que por esta vía de control constitucional pretende defender el promovente del amparo hubiese sido adquirido dentro de la vigencia de la sociedad conyugal. Para aprobarse la liquidación de la sociedad conyugal sobre bienes que se adquirieron con anterioridad a la vigencia de la aludida sociedad los mismos deben otorgarse y constar en capitulaciones matrimoniales o capitulaciones de la sociedad conyugal, situación que en la especie no aconteció, aunado a lo anterior, para que sea considerado patrimonio de la sociedad conyugal el mismo deberá estar inscrito en el Registro de la Propiedad y del Comercio de ahí que el bien materia de liquidación tuvo que haber sido excluido de la liquidación correspondiente. El bien materia de liquidación no podía incorporarse al patrimonio de la sociedad conyugal en atención a que al momento de su adquisición pertenecía al régimen ejidal y por tanto no se encontraba dentro del comercio, de ahí que no reunía los requisitos establecidos por los artículos 23, 935, 936 y 937 del Código Civil vigente en el Estado de Morelos. La adquisición de la propiedad plena del bien que se defiende en este juicio constitucional fue efectuada el catorce de octubre de dos mil once; esto es, en fecha posterior a la disolución del vínculo matrimonial que existía entre el aquí quejoso y la tercera interesada Gabriela Ramírez Violante (once de agosto de dos mil cinco). Que la liquidación de la sociedad conyugal fue tramitada de manera extemporánea pues la misma se instó fuera del plazo de cinco años que prevé el artículo 618 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. No asiste razón al quejoso. En principio debe decirse que atendiendo a la naturaleza de la que emana el expediente de origen (incidente de liquidación de sociedad conyugal), el mismo debe regirse por el principio dispositivo, el cual es un principio procesal que estriba en establecer que la tarea de iniciación e impulso del procedimiento, está en manos de los contendientes y no en el juzgador. Así, por virtud de este principio, el juzgador no puede sustituirse al actor y ejercer de manera oficiosa una acción, ni tampoco puede hacerlo en relación con el demandado a efecto de dar una contestación a la demanda y fijar la litis, pues a nadie se puede constreñir u obligar a solicitar su tutela jurisdiccional o ejercer su defensa ante los tribunales, pues es en las partes en quienes recae esa carga, en tanto que ello redunda en su propio beneficio. La razón de ser de ese principio descansa en el hecho de que por regla general, los derechos e intereses jurídicos que se discuten en el proceso son del dominio absoluto de los particulares; y por ende, es en ellos en quienes recae la obligación de iniciar e impulsar el procedimiento. Ahora bien, como los derechos e intereses jurídicos susceptibles de ser discutidos en un procedimiento no siempre son del dominio absoluto de los particulares, frente al principio dispositivo se encuentra el principio inquisitivo, el cual otorga una facultad oficiosa al juzgador para llegar al conocimiento de la verdad controvertida, la cual lo autoriza a recabar por iniciativa propia las pruebas que estime conducentes para ese efecto. En ese sentido se destaca que dicho principio inquisitivo, dentro de las controversias de naturaleza familiar en el Estado de Morelos, en lo que aquí interesa, se encuentra normado por los artículos 59 y 60 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, los cuales delimitan la actuación de oficio del juzgador al momento de que sea sometido ante su potestad una problemática de naturaleza familiar, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO 59.- PODER DE INVESTIGACIÓN DEL JUZGADOR. En las hipótesis de imprevisión, de oscuridad o de insuficiencia de la Ley procesal, el Juzgador deberá cubrirlas mediante la aplicación de los principios generales del derecho, los especiales del proceso, y las reglas de la lógica y de la experiencia. El poder de investigación de esos principios corresponde al Juzgador, y su aplicación no quedará sujeta a traba legal alguna." "ARTÍCULO 60.- ATRIBUCIONES DE LOS JUZGADORES. Sin perjuicio de las potestades especiales que les concede la Ley, los Magistrados y los Jueces tienen los siguientes deberes y facultades: I. Presidir las audiencias y decidir lo conducente para que se desarrollen en forma ordenada y expedita; II. Impulsar el procedimiento, una vez iniciado, sin perjuicio de la actividad que la ley concede a las partes; III. Exhortar, en cualquier tiempo, a las partes a intentar una conciliación sobre el fondo del litigio, ofreciéndoles soluciones o tomando en cuenta las que las mismas partes propongan para dirimir sus diferencias y llegar a un convenio procesal con el que pueda darse por terminada la contienda; IV. Conocer la verdad sobre los hechos controvertidos, pudiendo el Juzgador valerse de cualquier persona que los conozca, ya sea parte o tercero, y de cualquier cosa y documento, sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitaciones que la práctica no sea ilegal, ni contraria a la moral; V. En cualquier Estado o instancia del proceso, ordenar la comparecencia personal de las partes, a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos por ellas afirmados; VI. Desechar de plano promociones o recursos notoriamente maliciosos, intrascendentes o improcedentes, sin sustanciar artículo; VII. Ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento; VIII. Prestarse auxilio mutuo en las actuaciones judiciales que así lo requieran; IX. Actuar de manera que cada Órgano Jurisdiccional sea independiente en el ejercicio propio de sus funciones y pueda juzgar con absoluta imparcialidad en relación a las partes; X. Obligar a todo sujeto de derecho público o privado a que acate las decisiones judiciales; y, que además, presten la asistencia debida para alcanzar la efectividad de sus mandatos judiciales; y, XI. En cualquier momento en que se presentare el Síndrome de Alienación Parental, ordenar las medidas terapéuticas necesarias para los menores hijos, con la finalidad de restablecer la sana convivencia con ambos progenitores." En ese sentido, se advierte que contrario a lo que establece el peticionario de amparo, no se puede considerar que la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, al momento de dictar la resolución interlocutoria, que por esta vía de control constitucional se pretende combatir, fue omisa en efectuar el análisis correspondiente para determinar si el bien inmueble que se defiende en la presente instancia constitucional pertenecía al patrimonio de la sociedad conyugal sujeta a liquidación, pues en el caso, dicha circunstancia no fue hecha valer por el aquí quejoso al momento de efectuar la contestación de la demanda incidental. Se afirma lo anterior toda vez que de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, las cuales dada su naturaleza y carácter, hacen prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°, se advierte que el peticionario de amparo al momento de dar contestación a la demanda incidental correspondiente únicamente manifestó lo siguiente: "GABRIELA RAMÍREZ VIOLANTE VS. EDGAR DOMINGUEZ GUTIERREZ (sic) EXPEDIENTES (sic.) NÚMERO 173/04-1 ORDINARIO CIVIL. DIVORCNECESARIO (sic) INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR Y DE SUCECIONES DE LA H. CUAUTLA MORELOS. PRESENTE. C. EDGAR DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, Por mi propio derecho y en mi carácter de demandado físico y señalando como domicilio procesal para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en privada de Orquídeas sin número de la Colonia Tepeyac de la Ciudad de Cuautla Morelos, y designando como mi (sic) abogados patronos a los C.C. José Guadalupe Estrada Martínez, Antonio Rojas Manzano, Roberto Luevano González y Enriqueta Chavarría, Autorizando para los mismos efectos a los C.C. Janet Belem García Quintero Y Christopher Israel Torres Ocampo, Francisco Hernández Cruz; Mariana Montesinos Alvear, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer: Que por medio del presente escrito, doy contestación a la vía notificada con fecha 29 de mayo de 2012 entablada en contra del suscrito por la que dice actora, GABRIELA RAMÍREZ VIOLANTE; acto seguido se contesta la misma que se niega en forma lisa y llana, en los siguientes términos: CONTESTACION AL CAPÍTULO DE PRESTACIONES Se contesta la prestación marcada con el inciso a) del escrito inicial del incidente que se promueve en los siguientes términos, que toda vez que la parte demandada solicita en doble vía la reaparición de un bien que ya previamente fue, determinado su posesión del mismo y que incluso la ahora actora tiene y lo ocupa; en razón de que lo renta a unos particulares Desconociendo a quién y por cuanto es el monto de arrendamiento. Se contesta la prestación marcada con el inciso b) no es verdad toda vez que la parte actora le consta, que ella recibió más del 50% porciento (sic) de los bienes y negocios obtuvimos (sic) durante nuestro matrimonio y que ahora pretende que se liquide y reparta un bien que ya fue dividido y que en ningún momento niego que dicho bien sea y será únicamente para mis hijos. Se contesta la prestación marcada con el inciso d) Es verdad parcialmente toda vez, que es mentira que la hoy actora viva en dicho bien inmueble, mismo que se encuentra habitado al parecer por unos familiares, ella vive en el Estado de México, Zumpango, y mis hijos estudian en dicho lugar, lo que es cierto que en razón de que debido a mi situación de imposibilidad física y económica para trabajar, no me fue posible cumplir debidamente con mi compromiso, y en razón de ello, le facilite un bien inmueble a fin de que lo rentara, para que de la renta del mismo se apoyara con los gastos de mis menores hijos, bien inmueble que hasta la fecha se encuentra ocupado, por ciertas personas que al parecer son sus familiares y desconociendo si lo renta o no. Lo que también es cierto que desde que nos divorciamos, nunca ha permitido que mis hijos convivan con mi persona. Se contesta la prestación marcada con el inciso e) ni se afirma ni se niega por ser cierto y con forme (sic) a derecho se deberá determinarse la situación bajo la cual mi bien deberá quedar. Se contesta la prestación marcada con el inciso f) ni se afirma ni se niega pues es competencia de la propia autoridad en la cual se actúa y conforme a la misma ley objetiva civil deberá determinarse su aplicación. CAPÍTULO DE DEFENSAS Y EXCEPCIONES: 1.- LA FALTA DE ACCIÓN de la parte actora para demandar al suscrito las prestaciones que me fueron requeridas en razón de que desconozco por completo el hecho por el cual la parte actora me culpa de que haya incumplido con las obligaciones contraídas; además de que ella fue la única beneficiada con el dinero y los bienes que con mi trabajo yo construí durante nuestro matrimonio. Por lo anteriormente expuesto: A USTED C. JUEZ: atentamente pido se sirva: PRIMERO.- TENERME POR PRESENTADO EN TIEMPO DANDO CONTESTACIÓN A LA IMPROCEDENTE (sic) EL INCIDENTE ENTABLADO EN MI CONTRA. SEGUNDO.- TENERME POR SEÑALADO EL DOMICILIO QUE INDIQUE (sic) PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES, POR DESIGNADOS COMO ABOGADOS PATRONOS A LOS PROFESIONISTAS PROPUESTOS Y POR AUTORIZADOS A LOS PASANTES EN DERECHO PROPUESTOS. TERCERO.- DAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA PRESENTE CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y PREVIO EL DESAHOGO DE LAS ETAPAS PROCESALES CORRESPONDIENTES DICTAR SENTENCIA ABSOLVIENDO AL SUSCRITO DE LAS PRESTACIONES QUE INDEBIDAMENTE ME FUERON DEMANDADAS. (.)" (fojas 46 a 48 del anexo II de pruebas) Bajo ese contexto, resulta inconcuso que en el caso todos los argumentos hechos valer por la parte quejosa en relación con la exclusión del inmueble defendido en esta instancia constitucional del patrimonio de la sociedad conyugal no se hicieron valer en el procedimiento incidental de origen, razón por la cual, atendiendo al citado principio dispositivo, la juzgadora responsable, debía conformarse con llegar a la mayor veracidad posible respecto de los hechos controvertidos, a través de los argumentos que aportaron las partes, pues en el caso, el peticionario de amparo tenía la carga procesal de oponer las defensas que considerara pertinentes, puesto que son las partes quienes encauzan y determinan el desarrollo del procedimiento, porque en éste se ventilan sus propios intereses. Es orientadora al respecto, la tesis aislada 1a. CLVII/2009 de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 438, de rubro y texto siguiente: "CARGAS PROCESALES RELACIONADAS CON EL IMPULSO PROCESAL. ATENTO AL PRINCIPIO DISPOSITIVO, EL LEGISLADOR PUEDE ESTABLECERLAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. En los juicios de derecho público, en los que normalmente se ventilan cuestiones que interesan y afectan a toda la sociedad, prevalece el principio inquisitivo del procedimiento, en términos del cual, el juzgador tiene la facultad y la función de llegar a la verdad de los hechos mediante el empleo de todos los medios a su alcance. En cambio, en los juicios de derecho privado, donde se afectan únicamente intereses particulares, como son, salvo excepciones muy concretas, los juicios del orden civil, debe prevalecer el principio dispositivo sobre el inquisitivo, pues en términos del primero, son las partes quienes encauzan y determinan el desarrollo del procedimiento, porque en éste se ventilan sus propios intereses; de manera que el juez debe conformarse con llegar a la mayor veracidad posible respecto de los hechos controvertidos, a través de los medios de convicción y argumentos que aporten las partes. Esto es, en este tipo de procedimientos pesa sobre las partes el impulso procesal; de ahí que al regular estos juicios, atento al mencionado principio dispositivo, el legislador puede establecer cargas procesales relacionadas con el impulso procesal, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de procurar una pronta impartición de justicia y dar celeridad al procedimiento, el cual es una concatenación sucesiva de etapas en que la procedencia y naturaleza de cada una depende de la manera en que concluyó la anterior." Sin que pase desapercibido para el que suscribe que la legislación adjetiva procesal aplicable otorga la facultad al juzgador de conocer la verdad sobre los hechos controvertidos, pudiendo valerse de cualquier persona que los conozca, ya sea parte o tercero, y de cualquier cosa y documento, sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin más limitaciones que la práctica no sea ilegal, ni contraria a la moral. No obstante lo anterior, como se advierte de la fracción IV del artículo 60 de dicha codificación, dicha potestad reservada se encuentra limitada que se necesite llegar a la verdad de un hecho controvertido, para que el juzgador ejerza su facultad de investigación, situación que dentro del controvertido incidental del que deriva el acto reclamado no aconteció, pues como se dijo anteriormente, la parte demandada y aquí quejosa en ningún momento controvirtió que el bien inmueble materia de liquidación perteneciera o no al patrimonio de la sociedad conyugal, de ahí que se estime que la juzgadora de origen no se encontraba en aptitud de emitir algún pronunciamiento al respecto. En ese orden de ideas, si el promovente del amparo no ejerció oportunamente su derecho defensa, resulta inconcuso que en el caso, sin decidir sobre la legalidad de la resolución controvertida, la juzgadora responsable actuó conforme a derecho al emitir el pronunciamiento correspondiente dentro de los autos del incidente de ejecución forzosa de liquidación de la sociedad conyugal derivado del expediente 173/2004 del registro del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, relativo a la controversia familiar sobre divorcio necesario, promovido por Gabriela Ramírez Violante contra Edgar Domínguez Gutiérrez, de ahí que en el caso, los conceptos de violación sintetizados resultan ser infundados. Por otro lado, en relación con el concepto de violación en el que aduce el quejoso que el acto reclamado no se encuentra fundado ni motivado también es infundado. En principio cabe señalar que el artículo 16 Constitucional impone a las autoridades la obligación de emitir sus actos por escrito, que funden y motiven la causa legal de su proceder, esto es, que expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerado para emitir su acto, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto respectivo de autoridad; numeral que a la letra dice: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El precepto constitucional que antecede, establece los derechos de seguridad y legalidad jurídica que debe respetar cualquier autoridad, independientemente de su jerarquía orgánica o administrativa, así como las características mínimas que debe de contener el acto de autoridad para que sea constitucional. En efecto, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de un mandamiento de autoridad para cumplir el principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes. Respecto de tales principios, cabe señalar que un acto de molestia es constitucional cuando concurren los tres requisitos mínimos, a saber: 1. Que se exprese por escrito; 2. Que provenga de autoridad competente y; 3. Que se encuentre debidamente fundado y motivado. Cobra aplicación la jurisprudencia V.2o. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 49, Núm. 54, junio de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 219034, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Luego, por fundamentación se entiende la invocación de los preceptos legales aplicables al caso que en el acto de autoridad ha de expresarse con precisión; por motivación que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración, para la emisión del acto de autoridad, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que el caso concreto se ubique en la hipótesis normativa. La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambos requisitos (fundamentación y motivación) en los actos de autoridad, puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su ausencia total y aquella que es incorrecta o indebida. Se dice que hay una incorrecta fundamentación cuando el precepto legal invocado resulta inaplicable al asunto por las características específicas de este, que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas no concuerdan con el contenido de la norma legal aplicable al caso. De manera que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entrañan la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de las normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Por otro lado, la falta de fundamentación y motivación se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. Ahora bien, en el caso, de una revisión de la resolución interlocutoria dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del incidente de ejecución forzosa de liquidación de la sociedad conyugal derivado del expediente 173/2004 del registro del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, relativo a la controversia familiar sobre divorcio necesario, promovido por Gabriela Ramírez Violante contra Edgar Domínguez Gutiérrez, se obtiene que la autoridad citó diversos preceptos normativos al mismo tiempo que adujo diversas razones por las que: Consideró que la vía intentada era la correcta; Declaró procedente el incidente de ejecución forzosa de liquidación de la sociedad conyugal que hizo valer la tercera interesada Gabriela Ramírez Violante, Aprobó el proyecto de partición presentado por el perito nombrado por el órgano jurisdiccional de su adscripción, ordenando la venta judicial del inmueble que por esta vía constitucional se pretende defender. Como se dijo, el acto reclamado no sufre de ausencia de fundamentación y motivación, porque, como puede observarse de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, la autoridad responsable soporta su determinación, en los preceptos 100, 104 fracción IV y 114 Código Familiar para el Estado de Morelos, así como en los diversos artículos 118, fracción III, 600, fracción I, 606, fracción I y 607 del Código Procesal Familiar de esta Entidad Federativa; además, la autoridad responsable plasmó el razonamiento con el que arribó a la conclusión que por esta instancia constitucional se controvierte. Ahora bien, en caso de considerar el quejoso que tales preceptos no eran suficientes o no eran acordes a los motivos expresados por la autoridad responsable en el acto reclamado debía de formular conceptos de violación en ese sentido, esto es, debía de referir por qué a su consideración era incorrecta la respuesta dada por la autoridad responsable, situación que en la especie no acontece, de ahí que dicho motivo de disenso se estime infundado. Finalmente, no pasa inadvertido que las partes formularon alegatos; sin embargo, este órgano jurisdiccional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, Octava Época, consultable a página 14, con número de registro 205449, del rubro y texto siguientes: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." En mérito de lo anterior, y ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por el acto que reclama de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, consistente en la resolución interlocutoria dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del incidente de ejecución forzosa de liquidación de la sociedad conyugal derivado del expediente 173/2004 del registro del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, relativo a la controversia familiar sobre divorcio necesario, promovido por Gabriela Ramírez Violante contra Edgar Domínguez Gutiérrez. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ------------------, contra el acto reclamado a la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, consistente en la resolución interlocutoria dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del incidente de ejecución forzosa de liquidación de la sociedad conyugal derivado del expediente 173/2004 del registro del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, relativo a la controversia familiar sobre divorcio necesario, promovido por Gabriela Ramírez Violante contra Edgar Domínguez Gutiérrez, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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