EDGAR DOMINGUEZ GUILLEN y Otros.
Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- EDGAR DOMINGUEZ GUILLEN y Otros.
- Edgar Dominguez Guillen
- Sergio Aldrik Orendain Arroyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto al original y duplicado del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el inciso a), fracción II del artículo 20 del referido Acuerdo General, son susceptibles de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, a la diversa autoridad tercero interesada; y, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ADU.** En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. AMPARO: 67/2021-E SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL: ALEJANDRO. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF.E-200-1 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla. Antecedente: carpeta de ejecución 7/2019/JES/E. OF.E-200-2 Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla. (Tercero interesado). OF.E-101-AMF Agente del Ministerio Público Federal adscrito (no responsable.) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 67/2021-E, PROMOVIDO EDGAR DOMINGUEZ GUILLEN Y SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto al original y duplicado del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el inciso a), fracción II del artículo 20 del referido Acuerdo General, son susceptibles de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, a la diversa autoridad tercero interesada; y, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]." LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 09 DE ABRIL DE 2021. A T E N T A M E N T E (FIRMA ELECTRÓNICA) MARIBEL PEREDA CORVERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.
- Principal
V I S T O S; los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 67/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es el Ciudadano Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla, con domicilio oficial conocido en la Ciudad de Puebla. IV.- ACTO RECLAMADO: LA FALTA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA DENTRO DE LA CARPETA DE EJECUCIÓN NÚMERO 07/2019/JES/E, YA QUE DESDE EL PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, NO SE HA PRONUNCIADO RESPECTO A LA SOLICITUD DE QUE SE DESIGNE LIBRO DE FIRMAS, NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR PARTICULAR Y TÉRMINO AL AGRAVIADO PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA RESPECTO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL, SITUACIÓN QUE A TODAS LUCES ES VULNERABLE DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES NO SE APEGA A LO ESTABLECIDO EN NUESTRO CÓDIGO PROCESAL DE LA MATERIA Y DICHA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HA PRONUNCIADO RESPECTO A LOS ESCRITOS YA MENCIONADOS PRESENTADOS EL PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, LO CUAL ES VIOLATORIO DE NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO YA QUE NO SE HAN RESPETADO LOS TIEMPOS QUE NUESTRO CÓDIGO PROCESAL ESTABLECE Y QUE NUESTRA CARTA MAGNA CONTIENE EN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SE MENCIONARON COMO VIOLENTADOS EN NUESTRO PERJUICIO, VULNERANDO ASÍ NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES." (foja 2). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 2 vuelta). Segundo. Trámite del Juicio. Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el juicio de amparo 67/2021, se admitió a trámite la demanda, con incidente de suspensión, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita (fojas 9 a 15, 21). Tercero. Reanudación del procedimiento y cita para audiencia. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (fojas 49 a 51), en cumplimiento a la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos procesales decretada y por ende, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual en sus fases de pruebas y alegatos, se desarrolló en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y de la revisión del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que, en el caso, Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, esencialmente reclaman, lo siguiente: De la 1. Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial del Centro, de la Ciudad de Puebla, en la carpeta de ejecución 07/2019/JES/E de su índice: I. La omisión de dar contestación a los tres escritos presentados ante esa autoridad el uno de octubre de dos mil veinte, mediante los cual solicitaron: a) A fin de dar continuidad al procedimiento, se le concediera el término de tres días al agraviado para que manifieste sobre el pago a la reparación del daño material, apercibiéndolo que en caso de no manifestación se le tenga por perdido su derecho (foja 6); b) Se les tenga acogiéndose al beneficio de la conmutación de la pena, por lo que de ser procedente, solicitaron que el dinero exhibido por éstos como caución se utilizara para acogerse a dicho beneficio (foja 7); y c) Designaron como defensores particulares a Jesús García Cortés, Daniel González Castañeda, Jesús Reyes Mellado, Germán Santiago Cololt Villanueva y Roberto Alejandro Barrando Méndez, nombrando como representante común al primero de los mencionados, y señalaron domicilio para recibir notificaciones (foja 8). Tercero. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La 1. Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial del Centro, de la Ciudad de Puebla (por conducto de la secretaria encargada del despacho), aceptó la existencia de los actos que le atribuyó la quejosa (foja 22). Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, consistente en copia cotejada de constancias diversas de la carpeta de ejecución 07/2019/JES/E, de su índice, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de la que se aprecia que efectivamente, la responsable a la presentación de la demanda no había acordado las peticiones de los quejosos. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Oportunidad de la presentación de la demanda. El acto reclamado al ser naturaleza omisiva, se traduce en la abstención de actuar por parte de la autoridad responsable, lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica de la quejosa; de ahí que no se consuma en un sólo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, pues sus efectos son de tracto sucesivo por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cesen las omisiones de que se trata; razón por la cual en esta clase de actos no corre el plazo genérico de quince días para promover el sumario constitucional, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, al tratarse de un acto omisivo que crea una situación permanente mientras se subsana, puede reclamarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." Quinto. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el caso, de las documentales existentes en el sumario, ya valoradas en términos de ley, se advierte: 1. El uno de octubre de dos mil veinte, ante la responsable, en la carpeta de ejecución 07/2019/JES/E, en su calidad de sentenciados, Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, presentaron ante la responsable tres escritos, en los cuales solicitaron: a) A fin de dar continuidad al procedimiento, se le concediera el término de tres días al agraviado para que manifieste sobre el pago a la reparación del daño material, apercibiéndolo que en caso de no manifestación se le tenga por perdido su derecho (foja 6); b) Se les tenga acogiéndose al beneficio de la conmutación de la pena, por lo que de ser procedente, solicitaron que el dinero exhibido por éstos como caución se utilizara para acogerse a dicho beneficio (foja 7); y c) Designaron como defensores particulares a Jesús García Cortés, Daniel González Castañeda, Jesús Reyes Mellado, Germán Santiago Cololt Villanueva y Roberto Alejandro Barrando Méndez, nombrando como representante común al primero de los mencionados, y señalaron domicilio para recibir notificaciones (foja 8). 2. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, la responsable determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO.- Se tiene por recibo (sic) el oficio número 1437 signado escrito signado (sic) por el Juez Primero Penal, a través del cual se le tiene remitiendo el proceso original 159/2015, mismo que se ordena resguardar en el archivo de esta sala de ejecución para los efectos legales a que haya lugar.- SEGUNDO.- Asimismo, se tiene por recibido el escrito de los sentenciados SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO Y EDGAR DOMÍNGUEZ GUILLÉN, a través del cual nombran como sus defensores particulares a los abogados Jesús García Cortés, Daniel González Castañeda, Jesús Reyes Mellado, Germán Santiago Cololt Villanueva y Roberto Alejandro Barrando Méndez, mismos que autorizan y señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 9 nueve sur número 2106, Despacho 2013 doscientos tres, Colonia Centro de esta Ciudad de Puebla, en esa tesitura se requiere a los mencionados abogados de los sentenciados SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO Y EDGAR DOMÍNGUEZ GUILLÉN, dentro de la presente carpeta en que se actúa, previa cita que se sirva agendar en la plataforma electrónica del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, área de control y gestión judicial. TERCERO.- Se tiene por recibido el escrito de los sentenciados SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO Y EDGAR DOMÍNGUEZ GUILLÉN, recibido en fecha 25 veinticinco de Septiembre de 2020 dos mil veinte, mismo que se ordena agregar para los efectos legales a que haya lugar. CUARTO.- Se tiene por recibido el escrito de los sentenciados SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO Y EDGAR DOMÍNGUEZ GUILLÉN, recibido en fecha 1º primero de Octubre de 2020 dos mil veinte, a través del cual solicitan que se le de vista al Agente del Ministerio Público de la Adscripción, a fin de que se manifieste sobre el escrito de dichos sentenciados (sic). QUINTO.- Se tiene por recibido el escrito de los sentenciados SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO Y EDGAR DOMÍNGUEZ GUILLÉN, recibido en fecha 1º primero de Octubre de 2020 dos mil veinte, a través del cual solicitan acogerse al beneficio de la conmutación de la pena, en esa tesitura infórmesele que deberán exhibir los montos en ante (sic) esta Sala de Ejecución de Sentencias, previa cita que se sirva agendar en la plataforma electrónica del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, área de control y gestión judicial. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE." (fojas 31 vuelta y 32). 3. Por auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, se acordó que visto que el diverso proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, no había sido notificado a los sentenciados Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, ordenó que el diligenciario adscrito a ese Juzgado practicara dicha actuación a todas las partes que intervienen en dicho sumario. Asimismo, se expuso que a fin de normar el procedimiento, y en cuanto a la solicitud de los sentenciados Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, de señalar libro de firmas ante ese Juzgado, no era procedente acordar lo solicitado, toda vez que las prevenciones se les realizaron en el Juzgado de origen y en auxilio de las labores de ese órgano jurisdiccional, todos los sentenciados del Estado que fueron puestos a disposición de esa Sala de Ejecución, firman en el Juzgado en el que fueron sentenciados, por economía procesal y de cada persona, porque sería un gasto innecesario acudir al Estado de Puebla (capital), a firmar, cada quince días; por otra parte, analizando su solicitud en el caso en concreto no les afectaba firmar en el Juzgado Primero Penal, porque al igual que esa Sala de Ejecución se encontraban en el Estado (capital). De igual forma, requirió al agraviado Eduardo Pérez Priego, para que dentro del término de tres días, una vez que se le notificara dicho proveído, de considerarlo oportuno promoviera lo que a su derecho conviniera, en relación al pago de la reparación del daño material, en el entendido que de no realizar manifestación alguna, tanto la pasiva como el representante social, se dejaban a salvo sus derechos para que los hicieran valer en la vía civil correspondiente, por lo que tal circunstancia no era obstáculo para que los enjuiciados pudieran hacer uso del beneficio de la conmutación de la pena de prisión por multa concedido mediante sentencia definitiva pronunciada en su contra (fojas 41 y 42 vuelta) 4. Determinaciones que se les notificó a los sentenciados, aquí quejosos, y a su defensor particular, el ocho de febrero de dos mil veinte, tal como se aprecia en las constancias de notificación respectivas (fojas 42 vuelta y 43). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la falta de acuerdo de los tres escritos presentados ante la responsable el uno de octubre de dos mil veinte. Además, si los quejosos consideran que la respuesta no es favorable a sus intereses, tienen a su alcance los medios legales para combatir esa determinación. Bajo esas consideraciones, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, en contra de la autoridad y actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resuelve y firma, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla con sede en Andrés Cholula, con la asistencia de la secretaria, Nahieli Avendaño Palacios, quien autoriza y da fe. Doy fe. V I S T O S; los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 67/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es el Ciudadano Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla, con domicilio oficial conocido en la Ciudad de Puebla. IV.- ACTO RECLAMADO: LA FALTA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA DENTRO DE LA CARPETA DE EJECUCIÓN NÚMERO 07/2019/JES/E, YA QUE DESDE EL PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, NO SE HA PRONUNCIADO RESPECTO A LA SOLICITUD DE QUE SE DESIGNE LIBRO DE FIRMAS, NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR PARTICULAR Y TÉRMINO AL AGRAVIADO PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA RESPECTO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL, SITUACIÓN QUE A TODAS LUCES ES VULNERABLE DE MIS DERECHOS FUNDAMENTALES NO SE APEGA A LO ESTABLECIDO EN NUESTRO CÓDIGO PROCESAL DE LA MATERIA Y DICHA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HA PRONUNCIADO RESPECTO A LOS ESCRITOS YA MENCIONADOS PRESENTADOS EL PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, LO CUAL ES VIOLATORIO DE NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO YA QUE NO SE HAN RESPETADO LOS TIEMPOS QUE NUESTRO CÓDIGO PROCESAL ESTABLECE Y QUE NUESTRA CARTA MAGNA CONTIENE EN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SE MENCIONARON COMO VIOLENTADOS EN NUESTRO PERJUICIO, VULNERANDO ASÍ NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES." (foja 2). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 2 vuelta). Segundo. Trámite del Juicio. Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el juicio de amparo 67/2021, se admitió a trámite la demanda, con incidente de suspensión, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita (fojas 9 a 15, 21). Tercero. Reanudación del procedimiento y cita para audiencia. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (fojas 49 a 51), en cumplimiento a la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos procesales decretada y por ende, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual en sus fases de pruebas y alegatos, se desarrolló en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y de la revisión del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que, en el caso, Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, esencialmente reclaman, lo siguiente: De la 1. Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial del Centro, de la Ciudad de Puebla, en la carpeta de ejecución 07/2019/JES/E de su índice: I. La omisión de dar contestación a los tres escritos presentados ante esa autoridad el uno de octubre de dos mil veinte, mediante los cual solicitaron: a) A fin de dar continuidad al procedimiento, se le concediera el término de tres días al agraviado para que manifieste sobre el pago a la reparación del daño material, apercibiéndolo que en caso de no manifestación se le tenga por perdido su derecho (foja 6); b) Se les tenga acogiéndose al beneficio de la conmutación de la pena, por lo que de ser procedente, solicitaron que el dinero exhibido por éstos como caución se utilizara para acogerse a dicho beneficio (foja 7); y c) Designaron como defensores particulares a Jesús García Cortés, Daniel González Castañeda, Jesús Reyes Mellado, Germán Santiago Cololt Villanueva y Roberto Alejandro Barrando Méndez, nombrando como representante común al primero de los mencionados, y señalaron domicilio para recibir notificaciones (foja 8). Tercero. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La 1. Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial del Centro, de la Ciudad de Puebla (por conducto de la secretaria encargada del despacho), aceptó la existencia de los actos que le atribuyó la quejosa (foja 22). Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, consistente en copia cotejada de constancias diversas de la carpeta de ejecución 07/2019/JES/E, de su índice, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de la que se aprecia que efectivamente, la responsable a la presentación de la demanda no había acordado las peticiones de los quejosos. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Oportunidad de la presentación de la demanda. El acto reclamado al ser naturaleza omisiva, se traduce en la abstención de actuar por parte de la autoridad responsable, lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica de la quejosa; de ahí que no se consuma en un sólo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, pues sus efectos son de tracto sucesivo por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cesen las omisiones de que se trata; razón por la cual en esta clase de actos no corre el plazo genérico de quince días para promover el sumario constitucional, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, al tratarse de un acto omisivo que crea una situación permanente mientras se subsana, puede reclamarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." Quinto. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el caso, de las documentales existentes en el sumario, ya valoradas en términos de ley, se advierte: 1. El uno de octubre de dos mil veinte, ante la responsable, en la carpeta de ejecución 07/2019/JES/E, en su calidad de sentenciados, Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, presentaron ante la responsable tres escritos, en los cuales solicitaron: a) A fin de dar continuidad al procedimiento, se le concediera el término de tres días al agraviado para que manifieste sobre el pago a la reparación del daño material, apercibiéndolo que en caso de no manifestación se le tenga por perdido su derecho (foja 6); b) Se les tenga acogiéndose al beneficio de la conmutación de la pena, por lo que de ser procedente, solicitaron que el dinero exhibido por éstos como caución se utilizara para acogerse a dicho beneficio (foja 7); y c) Designaron como defensores particulares a Jesús García Cortés, Daniel González Castañeda, Jesús Reyes Mellado, Germán Santiago Cololt Villanueva y Roberto Alejandro Barrando Méndez, nombrando como representante común al primero de los mencionados, y señalaron domicilio para recibir notificaciones (foja 8). 2. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, la responsable determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO.- Se tiene por recibo (sic) el oficio número 1437 signado escrito signado (sic) por el Juez Primero Penal, a través del cual se le tiene remitiendo el proceso original 159/2015, mismo que se ordena resguardar en el archivo de esta sala de ejecución para los efectos legales a que haya lugar.- SEGUNDO.- Asimismo, se tiene por recibido el escrito de los sentenciados SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO Y EDGAR DOMÍNGUEZ GUILLÉN, a través del cual nombran como sus defensores particulares a los abogados Jesús García Cortés, Daniel González Castañeda, Jesús Reyes Mellado, Germán Santiago Cololt Villanueva y Roberto Alejandro Barrando Méndez, mismos que autorizan y señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 9 nueve sur número 2106, Despacho 2013 doscientos tres, Colonia Centro de esta Ciudad de Puebla, en esa tesitura se requiere a los mencionados abogados de los sentenciados SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO Y EDGAR DOMÍNGUEZ GUILLÉN, dentro de la presente carpeta en que se actúa, previa cita que se sirva agendar en la plataforma electrónica del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, área de control y gestión judicial. TERCERO.- Se tiene por recibido el escrito de los sentenciados SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO Y EDGAR DOMÍNGUEZ GUILLÉN, recibido en fecha 25 veinticinco de Septiembre de 2020 dos mil veinte, mismo que se ordena agregar para los efectos legales a que haya lugar. CUARTO.- Se tiene por recibido el escrito de los sentenciados SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO Y EDGAR DOMÍNGUEZ GUILLÉN, recibido en fecha 1º primero de Octubre de 2020 dos mil veinte, a través del cual solicitan que se le de vista al Agente del Ministerio Público de la Adscripción, a fin de que se manifieste sobre el escrito de dichos sentenciados (sic). QUINTO.- Se tiene por recibido el escrito de los sentenciados SERGIO ALDRICK ORENDAIN ARROYO Y EDGAR DOMÍNGUEZ GUILLÉN, recibido en fecha 1º primero de Octubre de 2020 dos mil veinte, a través del cual solicitan acogerse al beneficio de la conmutación de la pena, en esa tesitura infórmesele que deberán exhibir los montos en ante (sic) esta Sala de Ejecución de Sentencias, previa cita que se sirva agendar en la plataforma electrónica del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, área de control y gestión judicial. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE." (fojas 31 vuelta y 32). 3. Por auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, se acordó que visto que el diverso proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, no había sido notificado a los sentenciados Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, ordenó que el diligenciario adscrito a ese Juzgado practicara dicha actuación a todas las partes que intervienen en dicho sumario. Asimismo, se expuso que a fin de normar el procedimiento, y en cuanto a la solicitud de los sentenciados Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, de señalar libro de firmas ante ese Juzgado, no era procedente acordar lo solicitado, toda vez que las prevenciones se les realizaron en el Juzgado de origen y en auxilio de las labores de ese órgano jurisdiccional, todos los sentenciados del Estado que fueron puestos a disposición de esa Sala de Ejecución, firman en el Juzgado en el que fueron sentenciados, por economía procesal y de cada persona, porque sería un gasto innecesario acudir al Estado de Puebla (capital), a firmar, cada quince días; por otra parte, analizando su solicitud en el caso en concreto no les afectaba firmar en el Juzgado Primero Penal, porque al igual que esa Sala de Ejecución se encontraban en el Estado (capital). De igual forma, requirió al agraviado Eduardo Pérez Priego, para que dentro del término de tres días, una vez que se le notificara dicho proveído, de considerarlo oportuno promoviera lo que a su derecho conviniera, en relación al pago de la reparación del daño material, en el entendido que de no realizar manifestación alguna, tanto la pasiva como el representante social, se dejaban a salvo sus derechos para que los hicieran valer en la vía civil correspondiente, por lo que tal circunstancia no era obstáculo para que los enjuiciados pudieran hacer uso del beneficio de la conmutación de la pena de prisión por multa concedido mediante sentencia definitiva pronunciada en su contra (fojas 41 y 42 vuelta) 4. Determinaciones que se les notificó a los sentenciados, aquí quejosos, y a su defensor particular, el ocho de febrero de dos mil veinte, tal como se aprecia en las constancias de notificación respectivas (fojas 42 vuelta y 43). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la falta de acuerdo de los tres escritos presentados ante la responsable el uno de octubre de dos mil veinte. Además, si los quejosos consideran que la respuesta no es favorable a sus intereses, tienen a su alcance los medios legales para combatir esa determinación. Bajo esas consideraciones, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Domínguez Guillén y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, en contra de la autoridad y actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. AUDIENCIA INCIDENTAL. En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 67/2021, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido del secretario Rafael Torres Campos, con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Edgar Domínguez Guillen y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno (suspensión provisional), informe previo de la autoridad responsable y acuerdo que lo tuvo por rendido. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y, el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra esta etapa. Por tanto, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 67/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Edgar Domínguez Guillen y Sergio Aldrick Orendain Arroyo; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno (suspensión provisional), en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión promovido por Edgar Domínguez Guillen y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, contra actos del 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla, se requirió informe previo a la autoridad responsable, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se celebró en sus dos primeras etapas, que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de la autoridad señalada como responsables y al contenido integral de la demanda, el acto reclamado en el presente asunto por Edgar Domínguez Guillen y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, es: - La omisión de acordar los escritos recibidos en el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla el uno de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 7/2019/JES/E. TECERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedo precisado en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: Autoridades responsables Sentido del informe Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla. Aceptó CUARTO. Existencia de los actos reclamados e improcedencia de la suspensión definitiva. Como se advierte de la tabla que obra en el considerando tercero de la presente resolución, la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en: - La omisión de acordar los escritos recibidos en el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla el uno de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de ejecución 7/2019/JES/E. Por lo que dicho acto es cierto en la presente incidencia. Ahora bien, no obstante la certeza del acto reclamado a la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla, dada su naturaleza (acto omisivo), debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen. Para efectos de la suspensión, dentro del juicio de derechos fundamentales se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la abstención de la autoridad de actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues los actos reclamados constituyen la abstención de la autoridad de actuar de determinada manera, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Tiene aplicación al caso la tesis I.6o.T.3 K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1912 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Décima Época, Materia Común, registro 2004810 cuyo rubro indica: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Edgar Domínguez Guillen y Sergio Aldrick Orendain Arroyo, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la adscripción.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. I.REQUERIMIENTO CONSTANCIAS. Visto los autos, se aprecia que mediante acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable: 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla; igualmente, se le tuvo remitiendo vía electrónica copias certificadas de la carpeta de ejecución 7/2019/JES/E de su índice; sin embargo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable: 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla, para que en el plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, remita copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente de ejecución en cita. Se apercibe a la referida autoridad que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. II. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Por otra parte, de autos se advierte que a Eduardo Pérez Priego, le resulta el carácter de parte tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, con domicilio ubicado en calle 93 B Oriente, número 1404, Colonia Granjas de San Isidro de la ciudad de Puebla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario adscrito para que de inmediato realice lo siguiente: 1). Notifique el auto admisorio y este acuerdo. 2). Emplace a Eduardo Pérez Priego, en el domicilio ubicado en la calle 93 B oriente, número 1404, Colonia Granjas de San Isidro de la ciudad de Puebla. 3). Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y con copia autorizada del auto admisorio y de este acuerdo, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. 4). Asimismo, le haga de su conocimiento que están señaladas las diez horas con cincuenta y seis minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional y; III. DIFERIMIENTO. Finalmente, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las diez horas con treinta minutos del día de hoy, se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con cincuenta y seis minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al tercero interesado: Eduardo Pérez Priego; por lista a las demás partes debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la ciudad de Puebla.
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