Edgar Díaz Fiesco
Expediente 181/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/02/2019
Partes del expediente
- Edgar Díaz Fiesco
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Jefa de Departamento de Transporte Mercantil y Servicio Ejecutivo de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9° de la nueva Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados de su parte a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Notifíquese.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Edgar Díaz Fiesco, contra actos del Director del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, Puebla, y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 181/2019-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la demanda de amparo se advierte que Edgar Díaz Fiesco señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional la resolución contenida en el oficio CI/OOSL/DJ/004/01/2019 de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Director Jurídico del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, Puebla, en la cual se le impuso al hoy quejoso una multa por la cantidad de $1,209.00 (mil doscientos nueve pesos, cero centavos, moneda nacional), en virtud de la calificación de infracción A 0126, realizada por el Inspector Ambiental adscrito a la Jefatura de Inspección Ambiental en Residuos Sólidos adscrito a la referida dependencia. Establecido lo anterior, el suscrito advierte que respecto al citado acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. De los preceptos en cita, se observa que -entre otras cuestiones- el juicio contencioso administrativo, procede en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos que impongan multas por infracción a las normas administrativas aplicables. Por ende, la resolución contenida en el oficio CI/OOSL/DJ/004/01/2019 de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Director Jurídico del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, Puebla, en la cual se le impuso al hoy quejoso una multa por la cantidad de $1,209.00 (mil doscientos nueve pesos, cero centavos, moneda nacional), en virtud de la calificación de infracción A 0126, realizada por el Inspector Ambiental adscrito a la Jefatura de Inspección Ambiental en Residuos Sólidos adscrito a la referida dependencia, es susceptible de ser recurrida mediante el juicio contencioso administrativo. Máxime que de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión. De los precitados numerales se advierten los requisitos, o condiciones, previstos en la Ley de Amparo, a fin de que sea procedente otorgar la suspensión del acto. A saber, el artículo 128 de la mencionada legislación establece como requisitos: I. Que la solicite el quejoso; II. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público. Asimismo, en el ordinal 135, de la ley en cita, indica que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente; y, la misma surtirá sus efectos previo depósito que se realice a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio correspondiente. Por otra parte, el diverso 136 de la ley de la materia, establece que el auto en el que el Juez de Distrito, conceda la suspensión del acto surtirá sus efectos aun cuando se interponga el recurso de revisión, sin embargo, si dentro del término de cinco días el quejoso no da cumplimiento a los requisitos exigidos dejará de surtir los efectos correspondientes. El precepto normativo de referencia, indica en forma concreta, los supuestos ante los cuales se otorgará la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, mismos que no exceden de los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Asimismo, en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable; y, para el caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. De igual forma, establece que el Magistrado deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. De lo expuesto, se desprende que el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 132, 135 y 136, de la Ley de Amparo; por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, y por tanto, no se surte la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aunado, el acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales; no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción y; el acto reclamado no son de los contenidos en el artículo 22 constitucional, por ser una resolución administrativa. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos 112 y 113, del mismo ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Edgar Díaz Fiesco. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a Oswaldo González Espinoza, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizada en los términos restringidos que prevé el citado numeral a la diversa persona que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.
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