Edgar de la Peña Ojeda

Expediente 125/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 70 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
125/2020
Año
2020
Actuaciones
70
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Edgar de la Peña Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 70.

  1. Principal

    cúmplase

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, remítanse las constancias que se solicita, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA EDGAR DE LA PEÑA OJEDA Y SE NOTIFICA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: "...Ensenada, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable y las vinculadas al fallo protector emitido en este asunto; sin que hubiesen hecho manifestación al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Edgar De la Peña Ojeda, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Presidente Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali, en los términos y para los efectos siguientes: "De inmediato dicte un acuerdo en el cual, en términos de los artículos 142, 143, 144 y 145 Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, realice el requerimiento a la persona o personas físicas a quien o quienes en su carácter de integrantes del Ayuntamiento de Ensenada, deben realizar determinados actos para cumplir con el laudo ejecutoriado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente 457/2015, las cuales deberá mencionar de manera clara y precisa, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo que le o les otorgue para tal efecto, se hará o harán acreedores a la medida de apremio que considere procedente. En la inteligencia, que una vez agotadas las medidas de apremio correspondientes, en caso de continuar el incumplimiento, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá darse vista al Ministerio Público correspondiente, por la posible comisión del delito de desacato, previsto y sancionado por el artículo 311, en relación con el 315 del Código Penal para el estado de Baja California." Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de siete de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Presidente Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali. En cumplimiento al requerimiento efectuado, por oficio recibido en este juzgado el nueve de julio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Presidente Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali, remitió copia certificada del proveído que dictó el ocho de julio de dos mil veintiuno, en el expediente 457/2015, en el cual, en términos de los artículos 142, 143, 144 y 145 Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, requirió a la parte demandada en el juicio de origen -Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por conducto de su representante legal Elizabeth Muñoz Huerta- así como a Vicente Maldonado del Toro, Tesorero Municipal, Ramona Edith Hinostroza, Directora de Programación y Presupuesto, Juan Antonio Guillén Sánchez, Oficial Mayor y Benedicto Ancheta Castro, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Ensenada Baja California, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, dentro del plazo de tres días, dieran cumplimiento total al laudo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el aludido expediente de origen, esto es, para que se reconociera al actor -aquí quejoso- Edgar De la Peña Ojeda, una antigüedad genérica a partir del veintidós de febrero de dos mil catorce, para que se le incorporara al régimen de seguridad social integral, a partir del dictado del laudo, realizando el entero de la cantidad correspondiente por concepto de aportaciones a la institución respectiva, y realizar el pago ordenado en el laudo por concepto de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras dobles, días sábados laborados como descanso semanal, prima sabatina adicional y días de descanso obligatorio laborados. Asimismo, en dicho auto realizó los apercibimientos correspondientes para el caso de no dar cumplimiento con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California; de igual forma, se les apercibió que de continuar con el incumplimiento, se daría vista al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, por la posible comisión del delito de desobediencia o desacato a las determinaciones emitidas por dicha autoridad, de conformidad con el artículo 311 del Código de Procedimientos Penales del estado de Baja California; asimismo, giró exhorto, al presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que en cumplimiento a dicho proveído, el actuario de la Junta exhortada, se constituyera en el domicilio del Ayuntamiento de Ensenada, a efecto de diligenciar dicha comunicación en los términos precisados en el auto de referencia; por lo cual, en proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, se vinculó al cumplimiento del fallo protector a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad (fojas 334 a 347). En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio en el que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, remitió copia certificada de la diligencia de ejecución de laudo, de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, en la que únicamente se notificó a Vicente Maldonado del Toro (Tesorero), Juan Antonio Guillén Sánchez (Oficial Mayor) y Benedicto Ancheta Castro (Jefe del Departamento de Recursos Humanos) todos del del Ayuntamiento de Ensenada, el auto dictado en el juicio de origen 457/2015-VII, en el que se les requirió el cumplimiento del laudo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, emitido en el citado expediente; no así al Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por conducto de Elizabeth Muñoz Huerta (representante legal) por no laborar en el domicilio señalado, ni a Ramona Edith Hinostroza, Directora de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Ensenada, pues ya no laboraba para la citada dependencia (fojas 456 a 470). Posteriormente, mediante oficio recibido en este juzgado el once de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali, remitiendo copia certificada del auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio natural, en el que al no haber dado cumplimiento a lo ordenado hizo efectivos los apercibimientos decretados en el auto mencionado en párrafo supra, a Vicente Maldonado del Toro (Tesorero Municipal), Juan Antonio Guillén Sánchez (Oficial Mayor) y Benedicto Ancheta Castro (jefe del Departamento de Recursos Humanos), en su carácter de personal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California; por lo que ordenó girar oficio al Recaudador de Rentas del estado a fin de que hiciera efectiva la multa impuesta; asimismo, ordenó girar el oficio EJEC/OF/30 al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, con el objeto de darle intervención por la posible comisión de hechos constitutivos de delito de desacato. De igual manera, requirió a la parte demandada en el juicio de origen Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por conducto de su oficial mayor, para que dentro del plazo de tres días hábiles informara los nombres y domicilios de las personas físicas que ocupaban los cargos de síndico procurador y director del Departamento de Programación y Presupuesto, ambos del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para efectos de proveer lo conducente (fojas 528 a 538). En treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibo el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado, con domicilio en Mexicali, Baja California, en el que envío copia certificada de las constancias remitidas por la Recaudadora de Rentas de estado en Ensenada, Baja California, relativas a la multa impuesta a Vicente Maldonado del Toro (Tesorero Municipal), Juan Antonio Guillén Sánchez (Oficial Mayor) y Benedicto Ancheta Castro (jefe del departamento de Recursos Humanos), todos en su carácter de personal del Ayuntamiento de Ensenada (fojas 726 a 771). En proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se vinculó al cumplimiento del fallo protector al agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia y a la Recaudadora de Rentas del Estado, ambas con sede en esta ciudad, ya que les correspondía realizar gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos (fojas 816 a 820). Por auto siete de abril de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que cumpliera enteramente con el fallo protector y dictara un acuerdo en el cual, en términos de los artículos 142, 143, 144 y 145 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, realizara el requerimiento a Elizabeth Muñoz Huerta, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, así como en el de Martín Preciado Rodríguez, Director de Programación y Presupuesto de dicho Ayuntamiento para efecto de que cumplieran con el laudo ejecutoriado dictado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente 457/2015-VII, las cuales debería mencionar de manera clara y precisa, realizando el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo que les otorgara para tal efecto, se harían acreedores a la medida de apremio que considere procedente, y que una vez agotadas las medidas de apremio correspondientes, en caso de continuar el incumplimiento, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se daría vista al Ministerio Público correspondiente, por la posible comisión del delito de desacato, previsto y sancionado por el artículo 311, en relación con el 315 del Código Penal para el estado de Baja California (fojas 992 a 996). Luego, en auto de once de abril de dos mil veintidós, se tuvo al coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad y la Administración de Justicia de la Fiscalía Regional de Ensenada, informando que el oficio EJEC/OF/30, mediante el cual se le dio vista al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia por la posible comisión de hechos constitutivos de delito de desacato, por lo que hace a Vicente Maldonado del Toro (Tesorero Municipal), Juan Antonio Guillén Sánchez (Oficial Mayor) y Benedicto Ancheta Castro (jefe del departamento de Recursos Humanos), todos en su carácter de personal del Ayuntamiento de Ensenada, había sido agregado a la carpeta de investigación 0201-2020-05849, en virtud de la denuncia presentada por los mismos hechos y delitos, por Edgar de la Peña Ojeda (fojas 1003 a 1008). Por oficio recibido en este juzgado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, remitió copia certificada del proveído que dictó en esa propia fecha, en el que requirió a Elizabeth Muñoz Huerta, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, así como en el de Martín Preciado Rodríguez, Director de Programación y Presupuesto de dicho Ayuntamiento para efecto de que cumplieran con el laudo ejecutoriado dictado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente 457/2015-VII, en los términos y con los apercibimientos ordenados en el fallo protector; asimismo, giró exhorto, al presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que en cumplimiento a dicho proveído, el actuario de la Junta exhortada, se constituyera en el domicilio de los antes mencionados, a efecto de diligenciar dicha comunicación en los términos precisados en el auto de referencia (fojas 1036 a 1049). En proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se agregó el oficio en el que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, remitió copia certificada de la diligencia de ejecución de laudo, de diecisiete de mayo de dos mil veintidós en la que se notificó y requirió a Elizabeth Muñoz Huerta, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, así como en el de Martín Preciado Rodríguez, Director de Programación y Presupuesto de dicho Ayuntamiento para efecto de que cumplieran con el laudo ejecutoriado dictado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente 457/2015-VII (fojas 1068 a 1079). Mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, remitiendo copia certificada del auto de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, en el que hizo efectivos los apercibimientos decretados en el auto mencionado en párrafo supra a Elizabeth Muñoz Huerta, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, así como en el de Martín Preciado Rodríguez, Director de Programación y Presupuesto de dicho Ayuntamiento; por lo que ordenó girar los oficios EJEC/OF/781 y EJEC/OF/782 a la Recaudadora de Rentas del estado a fin de que hiciera efectiva la multa impuesta a los antes mencionados; así como girar el oficio EJEC/OF/783 al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, con el objeto de darle intervención por la posible comisión de hechos constitutivos de delito de desacato (fojas 1127 a 1143). En razón de lo anterior, en auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se tuvo al titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad y la Administración de Justicia de la Fiscalía Regional de Ensenada, haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que en cumplimiento al oficio EJEC/OF/783 se había iniciado la carpeta de investigación 201-2020-4968, en contra de Elizabeth Muñoz Huerta, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, así como de Martín Preciado Rodríguez, Director de Programación y Presupuesto de dicho Ayuntamiento (fojas 1188 a 1191). Finalmente, en autos de veinte de julio, once y treinta de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la directora Jurídico y de Cobranza del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, en representación de la Recaudadora de Rentas del estado, en esta ciudad, remitiendo copia certificada de las constancias relativas a las multas impuestas a Elizabeth Muñoz Huerta, y Martín Preciado Rodríguez, como se ordenó en los oficios EJEC/OF/781 y EJEC/OF/782 que le envió la autoridad responsable, relativos al proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural (fojas 1202 a 1209, 1257 a 1259 y 1276 a 1282). A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por ende, mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Presidente Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali y las vinculadas al fallo protector emitido en este asunto Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia y Recaudadora de Rentas del Estado, todas en esta ciudad, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. En las relatadas condiciones, este juzgador federal determina que la autoridad responsable Presidente Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en Mexicali y las vinculadas al cumplimiento del fallo protector Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia y Recaudadora de Rentas del Estado, todas en esta ciudad, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que se demostró que la citada responsable dictó acuerdos el ocho de julio de dos mil veintiuno y veintinueve de abril de dos mil veintidós, en los que en términos de los artículos 142, 143, 144 y 145 Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, requirió a Elizabeth Muñoz Huerta, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, así como a Vicente Maldonado del Toro, Tesorero Municipal, Juan Antonio Guillén Sánchez, Oficial Mayor, Benedicto Ancheta Castro, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, y a Martín Preciado Rodríguez, Director de Programación y Presupuesto todos del Ayuntamiento de Ensenada Baja California, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, dentro del término de tres días hábiles dieran cumplimiento total al laudo ejecutoriado dictado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente 457/2015, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término otorgado, se harían acreedores a una multa de doce veces el valor por unidad de medida y actualización y que una vez agotadas las medidas de apremio correspondientes, en caso de continuar el incumplimiento, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se daría vista al Ministerio Público correspondiente, por la posible comisión del delito de desacato, previsto y sancionado por el artículo 311, en relación con el 315 del Código Penal para el estado de Baja California. Asimismo, que se agotaron las medidas de apremio correspondientes, puesto que como los citados funcionarios no dieron cumplimiento al requerimiento efectuado, se hizo efectivo el medio de apremio con el que se les apercibió y se les impuso a cada de ellos una multa de doce veces el valor por unidad de medida y actualización y al haber continuado el incumplimiento a lo ordenado, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dio vista al agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, por la posible comisión de hechos que la ley señala como delito, formándose al efecto las carpetas de investigación 0201-2020- 05849 y 201-2020-4968, como se advierte de las constancias que allegaron y que fueron valoradas con antelación. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al encontrarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable y las vinculadas al cumplimiento, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino. Se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes..."

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