Edgar de Jesus Garcia Maldonado

Expediente 17/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
17/2016
Año
2016
Actuaciones
22
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Edgar de Jesus Garcia Maldonado y Otros.
  • Edgar de Jesus Garcia Maldonado
  • D.E. L. B.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva, por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva, por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído dieciocho de abril de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DEPURAR EL CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE 2. Por otra parte, se hace constar que el original del cuaderno incidental es depurable, con base en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo indicado en el párrafo que antecede, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 3580 y 4900, la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: El auto de admisión de la prueba en genética molecular ADN, de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, y la diligencia de aceptación de cargo del perito de la oferente de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en los autos del juicio ordinario civil de reconocimiento de paternidad expediente número 830/2016." Mediante resolución de ocho de febrero de dos mil diecisiete, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el dos de marzo de la presente anualidad, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: a) "Deje sin efectos la diligencia de aceptación de cargo de perito de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en el juicio de reconocimiento de paternidad número 830/2016; y, b) Siguiendo las directrices trazadas en la parte considerativa de esta sentencia, requiera al perito de la oferente de la pericial en genética molecular, para que acredite estar debidamente facultado y certificado y proporcione su cédula profesional para tales efectos; asimismo demuestre que el laboratorio donde se realizara la prueba se encuentra debidamente certificado para proporcionar ese servicio. c) Dejándole libertad de jurisdicción para que en el caso de que el perito y el laboratorio no cumplan con los requisitos establecidos, provea lo conducente para lograr el desahogo de la pericial en materia de genética como lo marca la ley". ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Mediante oficios registrados con los folios 3580 y 4900, la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, informó que mediante proveído de ocho de marzo de la presente anualidad, dictado en los autos del expediente 830/2016 de su índice, dejó sin efecto la diligencia de aceptación de cargo de perito de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, y posteriormente, requirió al perito de la oferente de la pericial en genética molecular, para que acreditara estar debidamente facultado y certificado y proporcionara su cédula profesional para tales efectos; además, demostrara que el laboratorio donde se realizaría la prueba se encuentra debidamente certificado para proporcionar ese servicio.Luego entonces, mediante oficio registrado con el folio 4900, la autoridad responsable informó que el perito Fausto Avendaño Coello, compareció a la diligencia de quince de marzo del año en curso y expresó que se encontraba imposibilitado para exhibir el documento solicitado, debido a que el documento que rige a un "Laboratorio de Análisis Clínico" para poder realizar estudios genéticos, incluyendo pruebas de paternidad ADN, es el exhibido por la Secretaría de Salud específicamente COFEPRIS, denominado "Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario", sin que exista documento emitido por la Secretaría de Salud, que certifique a un laboratorio en el proceso de pruebas genéticas, y en lo que respecta a su persona, lo que lo respalda para ejercer la pericial en genética es su cédula profesional y la constancia expedida por la Federación Nacional de Químicos CONAQUIC, Asociación Civil. Con motivo de lo anterior, mediante acuerdo de veintinueve de marzo del año en curso, previno a ***, para que dentro del plazo que le fue concedido designara un nuevo perito en materia de genética; de ahí que la autoridad vinculada procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con las copias certificadas de los proveídos y diligencia de ocho, quince y veintinueve de marzo del presente año, emitidos dentro del juicio ordinario civil reconocimiento de paternidad 830/2016 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil reconocimiento de paternidad 830/2016 de su índice, dejó sin efecto la aceptación de cargo de perito en genética de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, y ordenó requerir al químico Fausto Avendaño Coello, para que compareciera ante ese Juzgado para la aceptación, protesta y discernimiento del cargo conferido y acreditara de manera fehaciente que podía fungir como perito en genética, y que el laboratorio en donde se realizaría la prueba, se encontraba debidamente certificado para proporcionar ese servicio. Posteriormente, mediante diligencia de quince de marzo siguiente, compareció Fausto Avendaño Coello, y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de ocho de marzo del año en curso, manifestó que se encontraba imposibilitado para exhibir el documento que solicitaba la autoridad, debido a que la constancia que rige a un laboratorio de análisis clínico, para poder realizar estudios genéticos, incluyendo pruebas de paternidad ADN, es el exhibido por la Secretaría de Salud específicamente COFEPRIS, denominado "Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario" sin que exista un diverso emitido por la Secretaría de Salud, que certifique a un laboratorio en el proceso de pruebas genéticas, y en lo que respecta a su persona, lo que lo respalda para ejercer la pericial en genética es su cédula profesional y la constancia expedida por la Federación Nacional de Químicos CONAQUIC, Asociación Civil, documentales que fueron exhibidas en el juicio de origen. Aunado a ello, la autoridad responsable, siguiendo las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, mediante acuerdo de veintinueve de marzo de la presente anualidad, proveyó lo conducente para lograr el desahogo de la pericial en materia de genética, esto es, tomando en consideración que tanto el perito como el laboratorio no cumplieron con los requisitos establecidos, con libertad de jurisdicción se pronunció al respecto. De manera que la autoridad vinculada con el cumplimiento, quedó constreñida a realizar determinadas y precisas acciones, y solo para el caso de que el perito y el laboratorio no cumplieran con los requisitos establecidos, como en el caso aconteció, proveyera lo conducente para lograr el desahogo de la pericial en materia de genética como lo marca la ley, lo que realizó mediante determinación de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete; esto es, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos de detalló este órgano federal. De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial. Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos.Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción. De lo anterior es dable concluir que la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, al haber dejado sin efecto la aceptación de cargo de perito de fecha diecisiete de enero del año en curso, dentro del juicio de reconocimiento de paternidad 830/2016 de su índice, y al requerir al perito en genética, así como al laboratorio donde se realizaría la prueba, que acreditaran que se encontraban debidamente certificados para el desahogo de la pericial en genética molecular, sin que lo hayan hecho, y como consecuencia de ello, mediante determinación de veintinueve de marzo del año en curso, la responsable con libertad de decisión, proveyó lo conducente, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Resulta aplicable, la tesis 1a. CX/2015 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional". CONTESTACIÓN A LAS MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Mediante escrito registrado con el folio 5305, la parte quejosa manifestó que no se da por cumplida la ejecutoria de amparo, debido a que el veintiocho de agosto de dos mil dieciséis contestó la demanda instaurada en su contra, dentro del juicio de reconocimiento de paternidad 830/2016 del índice del Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, y solicitó que se negara el desahogo de la prueba en genética molecular, y para el caso de admitirla, debía sujetar su desahogo a determinados lineamientos, de manera que le dio a conocer al juez natural lo importante de conocer cuál es el estándar de marcadores que maneja el laboratorio en cuestión, y si cuenta con los instrumentos y aparatos más actualizados en la medida de lo posible; por tanto, la admisión de la prueba en cuestión es violatoria. Contrario a lo manifestado por el peticionario de amparo, de la ejecutoria pronunciada el ocho de febrero actual, se advierte que la autoridad responsable quedó vinculada para los siguientes efectos: Dejar sin efectos la diligencia de aceptación de cargo de perito de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en el juicio de reconocimiento de paternidad número 830/2016; y, Requerir al perito de la oferente de la pericial en genética molecular, para que acredite estar debidamente facultado y certificado y proporcione su cédula profesional para tales efectos; asimismo demuestre que el laboratorio donde se realizara la prueba se encuentra debidamente certificado para proporcionar ese servicio. Dejándole libertad de jurisdicción para que en el caso de que el perito y el laboratorio no cumplan con los requisitos establecidos, provea lo conducente para lograr el desahogo de la pericial en materia de genética. De ahí que el juez responsable, mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, dictado en juicio de reconocimiento de paternidad 830/2016, siguió los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo, en el sentido de dejar insubsistente la aceptación de cargo de perito de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, y en audiencia pública de quince de marzo de la presente anualidad, se cercioró sí el perito se encontraba o no debidamente certificado para el desahogo de la pericial en genética molecular, de ahí que mediante actuación de veintinueve de marzo siguiente, proveyó lo conducente para el desahogo de dicha prueba. Lo anterior, pone en evidencia que la autoridad responsable, cumplió cabalmente con la ejecutoria de amparo, debido a que mediante acuerdo de veintinueve de marzo actual, dictado en el expediente 830/2016, proveyó lo relativo a la prueba pericial en materia de genética molecular, atendiendo a que el perito designado en los autos del referido asunto, manifestó que se encontraba imposibilitado para exhibir la constancia que solicitaba la autoridad, debido a que el documento que rige a un laboratorio de análisis clínico, para poder realizar estudios genéticos, incluyendo pruebas de paternidad ADN, es el exhibido por la Secretaría de Salud específicamente COFEPRIS, denominado "Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario" sin que exista uno diverso emitido por la Secretaria de Salud, que certifique a un laboratorio en el proceso de pruebas genéticas, y en lo que respecta a su persona, lo que lo respalda para ejercer la pericial en genética es su cédula profesional y la constancia expedida por la Federación Nacional de Químicos CONAQUIC, Asociación Civil, de ahí que la autoridad responsable al actuar con libertad de decisión y proveer lo relacionado con el desahogo de aquél medio de convicción, acató en sus términos la ejecutoria de amparo. Además, las manifestaciones que vierte la parte quejosa en el sentido de que solicitó que se negara el desahogo de la prueba en materia de genética molecular, y para el caso de admitirla, debía sujetar su desahogo a determinados lineamientos, y con base en ello, sostiene que el nuevo acto emitido por la autoridad responsable no cumple con la debida fundamentación y motivación. Sin embargo, tales aspectos no fuera abordados en la ejecutoria que ahora se analiza, pues la presente determinación tiene por objeto que el órgano judicial determine si se cumplió o no el fallo protector, lo que constriñe al suscrito solo a dilucidar este aspecto, absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquier otra cuestión ajena. CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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