Edgar David Martínez Colin
Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Edgar David Martínez Colin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Edgar David Martínez Colín, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Ayuntamiento, Tesorera, Dirección de Administración y/o de Recursos Humanos, Cabildo, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo, Protección del Desarrollo Cultural, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Ciencia, Tecnología e Innovación, Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Secretaria Municipal, y Comisión de Prestaciones Sociales y/o Comisión Permanente Dictaminadora, todos de Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".A) DE LAS RESPONSABLES SEÑALADAS BAJO LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L) y M) SE RECLAMA EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5926, 6ª ÉPOCA, MEDIANTE EL CUAL SE REVOCA Y/O ABROGA EL ACUERDO DE PENSIÓN NÚMERO CPSHAPI/89/2018 QUE RESULTO DEL ACTA DE CABILDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5633, SEXTA ÉPOCA, POR EL QUE SE ME CONCEDIO PENSIÓN POR JUBILACIÓN. B) DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS BAJO LOS INCISOS N) O) Y P) SE RECLAMA LA PROMULGACIÓN, FIRMA Y PUBLICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5926, 6ª ÉPOCA.; C) DE LAS RESPONSABLES SEÑALADAS BAJO LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L) y M), SE RECLAMAN LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS LEGALES QUE DERIVEN EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5926, 6ª ÉPOCA.; D) DE LAS RESPONSABLES SEÑALADAS BAJO LOS INCISOS A), B) Y C), SE RECLAMA LA OMISIÓN Y ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES DEL PAGO DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN QUE ME FUE OTORGADA EN EL ACUERDO DE PENSIÓN NÚMERO CPSHAPI/89/2018 QUE RESULTO DEL ACTA DE CABILDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2018, PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5633, SEXTA ÉPOCA, POR CAUSA DE LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE PAGO QUE DERIVA DE ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PUBLICADO EL 17 DE MARZO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5926, 6ª ÉPOCA; E) DE LAS RESPONABLES SEÑALADAS BAJO LOS INCISOS A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L) y M), SE RECLAMA LA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUMERO 2/2019 DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2019; F) DE LA RESPONSABLE SEÑALADA BAJO LOS INCISOS M), SE RECLAMA EL PROYECTO DE REVOCACIÓN DE ACUERDO PENSIONARIO APIM/CEDPAPIM/004/2020". SEGUNDO. El treinta de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad, radicó el asunto con el número de expediente 277/2021, y desechó la demanda de amparo. TERCERO. Por escrito vía electrónica de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de queja, dándole tramite al día siguiente. CUARTO. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, esta autoridad recibió el oficio 266/2021-A, al que se anexó testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 164/2021, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, donde determinó fundada la queja. QUINTO. El nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, esta autoridad admitió la demanda del quejoso Edgar David Martínez Colín, requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5926 6ª Época de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, que revoca el acuerdo de pensión CPSHAPI/89/2018. La omisión y abstención del pago de la pensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Ayuntamiento, Tesorera, Dirección de Administración y/o de Recursos Humanos, Cabildo, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo, Protección del Desarrollo Cultural, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Ciencia, Tecnología e Innovación, Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Secretaria Municipal, y Comisión de Prestaciones Sociales y/o Comisión Permanente Dictaminadora, todos de Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado aceptaron el acto reclamado, cada cual en el ámbito de su respectiva competencia. Al respecto, las autoridades municipales allegaron constancias relativas al acto reclamado, que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio del asunto. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Primeramente cabe precisar, que por auto de diez de febrero de dos mil veintidós, esta autoridad recibió oficio remitido por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, relativo al juicio de nulidad TJA/1aS/45/2021, tramitado por el aquí quejoso, contra el acta extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 5926 6ª Época el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, que revoca la pensión por jubilación otorgada al quejoso, efectos y consecuencias, que fue admitido a trámite por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Además, serán consideradas para resolver el asunto, no obstante su llegada posterior a la celebración de la audiencia constitucional, en razón de que opera en el caso una causa de sobreseimiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.), Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia.". En la especie, las autoridades del Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, consideran se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIX, de la Ley de Amparo, que esta autoridad comparte, dispositivo que dispone: En ese sentido, las autoridades responsables de Puente de Ixtla, Morelos, al rendir su informe justificado indican que el quejoso Edgar David Martínez Colín, interpuso juicio de nulidad por los actos reclamados ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, juicio que fue admitido por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, que fue radicado bajo el expediente administrativo TJA/1aS/45/2021, mismo que se encuentra pendiente de resolver por dicha Sala, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" Así, del citado precepto y fracción se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto su modificación, revocación o nulificación. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que la causa de improcedencia a que se hace referencia únicamente debe considerarse actualizada cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías, y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad. Orienta lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 190665, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Sentado lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia en análisis en razón que el acto reclamado en esta instancia constitucional consistente en la sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5926 6ª Época de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, que revoca el acuerdo de pensión CPSHAPI/89/2018, y su omisión de pago, acto administrativo que también el quejoso impugnó mediante juicio de nulidad ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, autoridad que radicó el juicio por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, bajo el expediente administrativo TJA/1aS/45/2021, donde actualmente la Sala cerró la instrucción y turno al proyectista para resolución, es decir, se encuentra en trámite un medio de defensa legal (juicio de nulidad), que tiene por objeto y puede tener por efecto la modificación el acto reclamado, es decir, la sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, que revoca el acuerdo de pensión CPSHAPI/89/2018, y su pago, concedido al quejoso. Además, en el caso se aprecian satisfechos los presupuestos definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la actualización de la causa de improcedencia relativa, en los términos siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad contra el cual solicite amparo; En el caso, se trata del propio quejoso, Edgar David Martínez Colín, por propio derecho, quien planteó ante la autoridad administrativa en mención el juicio de nulidad. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías, y el medio de defensa, es decir, el juicio de nulidad fue admitido por la autoridad Primera Sala, como lo refiere las autoridades responsables del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, que fue radicado bajo el expediente administrativo TJA/1aS/45/2021, mismo que se encuentra en etapa de resolución. c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad. Para explicar este punto, debe traerse a colación lo dispuesto en el artículo 1 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del orden siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades." Al respecto, debe decirse que en el numeral 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se establece que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. En esa tesitura, es claro que mediante el juicio de nulidad puede analizarse el acta de sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en el periódico tierra y libertad, número 5926, 6ª época, por el cual revoca el acta de cabildo de sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho en el periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época, en el que se le concedía al quejoso pensión por jubilación, así como sus consecuencias, como lo es, la revocación de las responsables al pago de la pensión por jubilación que le fue otorgada en el acuerdo en mención; ya que al tratarse de actos atribuidos a autoridades administrativas municipales, pueden ser combatidos a través de ese juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 1°, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Aunado a ello, los actos reclamados sí tienen la naturaleza de administrativos por provenir de autoridades de esa característica, como son el Ayuntamiento, Tesorería, Presidente Municipal y otros, del municipio de Puente de Ixtla, Morelos. Es así, pues a través del juicio de nulidad se pueden controvertir los actos reclamados a las autoridades responsables, al constituirse en dependencias de la administración pública municipal. En suma, al encontrarse en trámite un medio de defensa legal promovido por la propia parte quejosa que puede tener por efecto la modificación del acto reclamado en esta instancia constitucional, debe concluirse que el juicio de amparo resulta improcedente. Además, el juicio de nulidad interpuesto ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos -TJA/1aS/45/2021- es idóneo para modificar, revocar o confirmar la sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en el periódico tierra y libertad, número 5926, 6ª época, por el cual revoca el acta de cabildo de sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho en el periódico oficial tierra y libertad, número 5633, sexta época, en el que se le concedía al quejoso pensión por jubilación, así como sus consecuencias, que le fue otorgada en el acuerdo CPSHAPI/89/2018, que impugna de ilegal, que constituye el acto reclamado. Robustece lo anterior la tesis 1ª.XXII/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad." Por último, no resulta necesario analizar las diversas causas de improcedencia propuestas por las partes pues en nada mejoraría el sentido del fallo. Por consiguiente, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy diez de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a diez de febrero de dos mil veintidós Se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado en el presente juicio, mismas que se ordenan agregar a los autos para que obren como correspondan y surtan sus efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido de LA SENTENCIA QUE DICE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente
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