Edgar Daniel Coronel Vera
Expediente 1582/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1582/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Edgar Daniel Coronel Vera
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, no obra la información solicitada a las autoridades responsables Subdirector de Supervisión de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos de la Dirección de Contraloría de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, y Grúas y Corralones Olmos de Tijuana, Baja California, en proveído de treinta de octubre del año en curso, respecto de lo cual, aún no les transcurre el plazo otorgado para tal efecto. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cuarenta minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/Akms
- Principal
trece de noviembre de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo dictado(s) en nueve de noviembre de dos mil veintitrés, a la parte agraviada, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio1 presentado por el Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa respecto del cumplimento a la suspensión de plano decretada en autos, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. De igual forma, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9º del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se le tiene anunciando como pruebas de su parte la documental que anexa, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. 1 Documental a la que se otorga valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30, tomo XXV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de marzo de 2007, Novena Época, registro 173071, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que Almendra Jarumi Angulo Arenas a favor de Edgar Daniel Coronel Vera y Andrés Ricardo Avelino Ordoñez, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, de la que se desprende que se reclama -esencialmentela prolongación del alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y como consecuencia la deportación o expulsión del país. Luego, de las constancias de cuenta, remitidas por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, consistentes en copias certificada de los Documentos Provisionales del Instituto Nacional de Migración, instruidos a los aquí quejosos Edgar Daniel Coronel Vera y Andrés Ricardo Avelino Ordoñez, a las que se les otorgan valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que en dichos procedimientos, el dos de noviembre de dos mil veintitrés, se emitieron documentos provisionales respecto a la salida de los aquí quejosos, concluyendo que a la fecha se encuentran en libertad. De igual forma, de autos se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito, para notificar a los directamente agraviados, dado que al trasladarse a las instalaciones de la autoridad responsable, no lo localizó, no obstante de haber realizado su búsqueda en los separos de dicha institución y en el registro de las personas de nuevo ingreso a la Estación Migratoria. En ese tenor, no obstante haber agotado los medios de localización de los directamente agraviados ante la autoridad señalada como responsable, no se logró su comparecencia para que manifestaran si era su deseo o no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor; por tanto, en atención a lo anteriormente señalado y al estado que guarda el presente expediente, en el caso procede desechar la demanda promovida a favor de Edgar Daniel Coronel Vera y Andrés Ricardo Avelino Ordoñez, por las siguientes consideraciones. Al respecto, la fracción I del artículo 107 constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Por ende, el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, en el caso, al no existir la voluntad de quien aparece como directamente agraviados Edgar Daniel Coronel Vera y Andrés Ricardo Avelino Ordoñez, pues en atención a su falta de manifestación expresa para que señalara si ratificaba o no el escrito de demanda promovida a su favor por un tercero y, como consecuencia de ello al no existir instancia de parte agraviada, este Juzgador estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que la hipótesis antes precisada respecto de los directamente agraviados Edgar Daniel Coronel Vera y Andrés Ricardo Avelino Ordoñez, surge previo a la admisión de la demanda de amparo respecto de dichos quejosos, no se surte la posibilidad de proveer sobre éste y dar inicio al juicio de amparo, ante la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio; por lo que al carecer precisamente de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quien aparece como promovente una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, constitucional; en consecuencia, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda de amparo, presentada a favor de Edgar Daniel Coronel Vera y Andrés Ricardo Avelino Ordoñez. Aunado a lo anterior, de autos se advierte que en el caso no se señaló como acto reclamado la desaparición forzada de personas y, que el supuesto en el que se encontraba el quejoso, al parecer, a disposición de las autoridades migratorias no se actualiza. Sin que se inadvierta que el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio cuando se desista el quejoso de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento; sin embargo, se estima que tal hipótesis se actualiza una vez que el juicio de amparo ha sido admitido, por tanto iniciado conforme al artículo 115 de la ley de la materia, esto es, haber señalado fecha de audiencia constitucional y requerir el informe justificado respectivo al correr traslado a las partes con la demanda, lo cual en el caso no acontece. Notifíquese a la parte quejosa por lista que se fije en los estrados de este Juzgado.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexos remitidos por el Actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante los cuales devuelve sin diligenciar el exhorto 469/2023, con número de orden 472/2023-VIII, de este índice, mediante el cual se solicitó notificar los oficios 4336/2021 y 4337/2021 a las autoridades responsables Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario y Director de Centros Penitenciarios, ambos del Estado de México. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de que se trata en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin que resulte necesario girar acuse de recibo alguno, en virtud que el propio sistema lo genera. Ahora bien, de los anexos que se recibieron, se desprende que obra agregada la constancia actuarial de treinta y uno de octubre del presente año, en la que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, hizo constar que se trasladó a las instalaciones que ocupa la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, en donde fue informado que la autoridad que la parte quejosa denominó como "Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario en el Estado de México", no existe con tal denominación, siendo la correcta: Subsecretario de Control Penitenciario del Estado de México. En consecuencia, reexpídase el oficio 4336/2021 con la denominación correcta, el cual deberá enviarse vía correo electrónico, a la dirección proporcionada para tal efecto, al que deberá adjuntarse copia simple de la demanda de amparo para que esté en aptitud de rendir su informe justificado. Por otra parte, de la referida constancia actuarial se aprecia que el fedatario judicial se constituyó en las instalaciones de la Coordinación, Capacitación, Formación Penitenciaria de la Coordinación de Centros Penitenciarios de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, en donde fue informado que la autoridad denominada "Director de Centros Penitenciarios en el Estado de México", no existe en su organigrama. Atento a ello, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la inexistencia de la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, apercibido que transcurrido dicho término sin manifestación alguna, se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, así como a sus autorizados.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/nit*
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