Edgar Daniel Briseño Sierra
Expediente 386/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Edgar Daniel Briseño Sierra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo e informa que admitió el recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito de la parte quejosa, atento a su contenido; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el ocurso de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 386/2023; Daniel Orozco Alfaro, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; con fundamento en el numeral 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de Alejandra Viera Maldonado, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) informe justificado; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que el quejoso los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el encargado del despacho con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 386/2023, promovido por ..., contra actos del Juez Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención; se tuvo por rendido el informe justificado; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Además, siendo una sentencia cuya audiencia celebró el Encargado del Despacho, es posible que se resuelva para mantener la actividad ordinaria del órgano jurisdiccional. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 26/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula el caso específico del funcionamiento de los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito en los periodos de vacaciones de los Magistra y Jueces, y si bien prevé el nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura Federal de las personas que deban sustituir a éstos, también establece que entretanto esto ocurre o en caso de que no se hiciese el nombramiento, queden a cargo los secretarios respectivos. Tratándose de los juzgados faculta expresamente al secretario para resolver los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales estén señaladas para los días que los Jueces de Distrito disfruten de vacaciones, a no ser que deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley, lo que obedece a la garantía de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional, de manera que en tal caso el secretario no requiere de autorización del consejo para dictar sentencia y, por tanto, no hay motivo alguno para hacer mención de esta circunstancia." SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: El proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, donde se le indicó que debía de estarse a lo ordenado en el auto de veinticinco de enero pasado, dictado en el juicio especial hipotecario *****, del índice del Juzgado Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México. En ese segundo auto se le indicó a la parte quejosa que la adjudicación del inmueble materia del juicio se había realizado a favor de ****, en sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, por lo que no era procedente la cesión que se pretendía, por lo que ordenó devolver al promovente los documentos exhibidos. La fijación de los actos reclamados, de la manera en que se hace, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales para desentrañar la verdadera lesión materia de queja y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, la Sala responsable no aceptó ni negó el acto reclamado, empero, indicó que fueron dictados con apego a las normativas de la Constitución Federal, esto es, reconoce haber dictado las determinaciones y sostiene su legalidad, por tanto, deben tenerse por ciertos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio antes las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, debe sobreseerse el juicio por no agotarse el principio de definitividad tutelado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El numeral aludido prevé la improcedencia cuando contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie, dadas las características del acto reclamado, las partes vinculadas y el estado procesal, no se actualizan, pues de las constancias del juicio de origen, previamente valoradas, se advierte que compareció a la causa de manera voluntaria, ya que promovió la solicitud de que se le reconociera la calidad de cesionaria, es decir, no tiene el carácter de tercero extraño, por el contrario, pretende acceder al juicio invocando la sustitución procesal por parte de la actora. Por ello la parte quejosa no puede desconocer en la instancia constitucional la vinculación voluntaria que tiene en el proceso de origen y a las normas que lo rigen, por lo que adquiere la obligación, al estar en posibilidad legal de combatir los actos que hoy se duele ante la autoridad del fuero común, lo cual debe hacer incuestionablemente antes de acudir al juicio constitucional, en aras de que se satisfaga el principio de definitividad que lo rige; considerar lo contrario, sería tanto como inobservar que fue la propia parte quejosa, quien solicitó de manera voluntaria intervenir como cesionaria, por lo que no puede elegir sin distinción alguna, en qué casos se sujeta a las reglas del proceso de origen y cuáles no. Lo anterior es así, pues su vinculación se dio cuando solicitó se le reconociera su calidad de cesionaria en el proceso natural, a lo cual le recayó el auto de veinticuatro de enero del año en curso, donde no se acordó favorable la petición tenerle con tal carácter, en razón de que ya se encontraba adjudicado el bien a la moral actora; así como con el auto de catorce de marzo posterior, donde solicitó lo mismo y se le indicó que debía de estarse a lo acordado en el primer proveído citado. Orienta lo anterior, la tesis I.4o.C.287 C de los Tribunales Colegiadosde Circuito, que dice: "APELACIÓN, LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA DE LOS TERCEROS NO VINCULADOS AL JUICIO (Legislación del Distrito Federal). El artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que pueden apelar, además de los litigantes, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. Un criterio de aceptación generalizada consiste en que, por regla general, el interés jurídico constituye la base para el otorgamiento de la legitimación, tanto para accionar como para impugnar. Bajo esta directriz, se confiere legitimación, para apelar: a) a los litigantes que creyeren haber recibido un agravio, con lo que se hace referencia a las partes actora y demandada, b) a los terceros salidos al juicio, esto es, a los que están vinculados al procedimiento judicial, en términos de los artículos 21 al 23 y 652 a 673 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y c) a los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. La ley presume la existencia del interés jurídico, con relación a las personas vinculadas al procedimiento, como son las partes y los terceros señalados, en atención a que el reconocimiento de ese interés jurídico fue un requisito esencial para su incorporación al juicio, de modo que dichas calidades son suficientes para justificar el interés para apelar. En cambio, las personas que no sean parte o terceros salidos al juicio sí deben acreditar su interés jurídico, para acudir a la apelación. Dicho interés requiere, además del interés presunto o demostrado, la existencia de una probabilidad seria y razonable de la causación de un agravio o perjuicio para el recurrente, para lo cual deben exponerse los argumentos conducentes, susceptibles de justificar esa probabilidad, mediante el señalamiento de disposiciones legales o principios jurídicos de cuyo contenido o aplicación se desprenda un beneficio para el apelante, aunado a la expresión de razonamientos demostrativos de que con el acto o resolución impugnados se cometió una transgresión a las citadas disposiciones o principios que trae como consecuencia, la afectación del beneficio aludido, en cualquier grado." 5 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 1160, registro digital 163886, Novena Época--- También se cita, por analogía, la tesis I.1o.C.2 K6 , sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. ESTA OBLIGADO A AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA, SI SE SOMETIÓ A LAS REGLAS DEL JUICIO NATURAL. Cuando una persona que se ostenta como tercera extraña al juicio, interpone el recurso de apelación extraordinaria debe considerarse que se sometió al procedimiento y a las normas que lo rigen, por lo que adquiere la obligación y está en posibilidad legal de combatir el acuerdo que le desecha ese recurso, mediante el diverso de queja, previsto en la fracción III, del artículo 723, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dado que dentro del mismo juicio se contempla tal recurso ordinario, por virtud del cual puede ser modificado o revocado el acto reclamado, que desechó la apelación extraordinaria." Lo anterior es así porque al ostentar el carácter de cesionario -aquí quejoso- se encuentra en condiciones de acreditar su interés jurídico para acudir a la apelación, ya que se advierte que puede demostrar la existencia de una probabilidad seria y razonable de que el acto reclamado genera un agravio al recurrente. Ello, debido a que exhibió ante la autoridad responsable, copia certificada del contrato de cesión onerosa de derechos de crédito litigiosos y adjudicatarios de trece de enero de dos mil veintitrés, protocolizado ante el notario público número dos de la Ciudad de Actopan, Estado de México. En otras palabras, la parte quejosa está en condiciones de exponer los argumentos y constancias a partir de los cuales sea susceptible de justificar su interés a partir del agravio que se le pueda causar con el acto de autoridad emitido en el juicio de origen respecto del inmueble materia En otras palabras, la parte quejosa está en condiciones de exponer los argumentos y constancias a partir de los cuales sea susceptible de justificar su interés a partir del agravio que se le pueda causar con el acto de autoridad emitido en el juicio de origen respecto del inmueble materia del mismo; por lo que, como posible cesionario, se encuentra en condiciones de agotar el medio ordinario de defensa previo a instar el juicio constitucional. Es por estas razones que, no se le puede considerar al quejoso como tercero extraño al juicio, sino como posible cesionario, pues aun sin ser parte, la autoridad ha emitido el acto reclamado dirigiéndose a él específicamente al haberse apersonado al proceso con lo cual se creó una vinculación que le permite acceder al recurso; lo anterior, se apoya en las consideraciones de la contradicción de tesis 84/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se dijo: "Lo expuesto se afirma, porque aun cuando un quejoso se ostentare como "tercero extraño o tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, por lo que debe verificarse si el mismo tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. De ahí que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra vinculado al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. Esto, ya que debido a esa relación y al vínculo que se crea, el sujeto a quien se dirige el mandato de la autoridad jurisdiccional resulta afectado en su esfera jurídica, como efecto preconcebido por el autor de tal acto procesal. En cambio, sucede algo distinto con quien sí tiene el carácter de extraño, porque si no hay relación jurídica, generadora de un vínculo entre el proceso y tal persona, ninguna razón hay para que se le afecte en su esfera jurídica; pero la realidad es que, de hecho (no por derecho), sí se produce esa afectación, al ejecutarse un acto emitido por el juzgador, aun cuando éste no haya preconcebido una situación así. En ese orden de ideas, si en virtud de una finalidad específica, útil al proceso (la citación de un testigo, la encomienda de una tarea al perito, la exhibición de alguna cosa o documento en el proceso, la rendición de un informe, etcétera), la autoridad jurisdiccional dicta un mandamiento legítimo, dirigido a un gobernado distinto a las partes, con tal acto si bien se crea una relación jurídica directa e inmediata de supra-subordinación entre la autoridad jurisdiccional y la persona a quien se dirige el mandato, similar a la que se produce entre el propio Juez con cada una de las partes; sin embargo, para tenerse vinculado al proceso debe concurrir al mismo. Es decir, el conocimiento que se tiene a través de la notificación del requerimiento es insuficiente por sí mismo para constituir la vinculación con el proceso, pues para ello es necesario que quien fue requerido comparezca o se apersone a éste, pues con motivo de dicho acto procesal surge la vinculación del juzgador hacia el tercero que fue llamado en forma transitoria para intervenir en una etapa del desarrollo del proceso, ya sea como testigo, como perito para proporcionar la información requerida, o bien, para realizar una conducta necesaria para proseguir con el procedimiento, etcétera; de ahí que en virtud de ello sólo podrán interponer los recursos contra las providencias que estén relacionadas con su intervención." Por lo que, se concluye que la parte impetrante de amparo estaba obligada a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el recurso de ******contemplado en los artículos en términos de los artículos 688, 689, 691 y 696, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal -hoy Ciudad de México- que disponen: "ARTICULO 688. El recurso de *****tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. ARTICULO 689. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesa******a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también." "ARTICULO 691. debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que se señala en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. ARTICULO 696. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la *****proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Con vista a lo pedido el juez deberá resolver y si la admite en ambos efectos señalar el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión. La garantía debe atender a la importancia del asunto y no podrá ser inferior al equivalente a sesenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la****sólo se admitirá en efecto devolutivo. En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, se puede ocurrir en queja que se presentará ante el mismo juez dentro del término de tres días, acompañando a su recurso de queja el equivalente a sesenta días del salario indicado, con lo que suspenderá la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá al Superior la queja planteada junto con su informe justificado para que se resuelva dentro de igual término." Como se aprecia del numeral transcrito, el recurso de *****resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir los actos reclamados, pues por medio de éste se puede lograr su confirmación, revocación o modificación; por lo que, al no haberse agotado este recurso, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Sin que pase desapercibido la jurisprudencia 1a./J. 51/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Décima Época, registro 2003920, de rubro: "APELACIÓN EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. SE RIGE POR LA REGLA GENERAL DE PROCEDENCIA DEL RECURSO CONFORME A LA CUANTÍA DEL NEGOCIO.", pues la cuantía del negocio asciende a *****, lo cual es mayor a lo dispuesto en el precepto 426 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México aplicable al caso; máxime que el artículo 691 de esa legislación (previamente transcrito), contemplaba que los autos e interlocutorias eran apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva, misma que fue recurrida en el juicio de origen y confirmada en segunda instancia. Consecuentemente, si la parte quejosa dejó de interponer el medio de impugnación que en su caso podía revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, procede sobreseer el juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia 986, visible en la página 678, Tomo VI, Salas y Tesis Comunes, apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revoca o nulificadichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No es obstáculo que se admitiera la demanda de amparo, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas por el Juez responsable. Al respecto, es aplicable la tesis 3ª. XX/93, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS. El artículo 145 de la Ley de Amparo establece el desechamiento de plano de la demanda de garantías cuando de ella misma se desprenda de modo manifiesto e indudable su improcedencia, pero de ello no se deriva que, una vez admitida, el juzgador esté imposibilitado para examinar con posterioridad causas que sobrevengan o que sean anteriores a dicha admisión y que determinen, conforme a la ley, el sobreseimiento en el juicio de amparo, pues su procedencia es cuestión de orden público, de manera tal que aunque se haya dado entrada a la demanda puede posteriormente analizarse si existen o no motivos de improcedencia." Asimismo, conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio promovido por *****, contra actos del Juez Décimo Sexto Civil de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente el licenciado..., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; con fundamento en el numeral 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del precepto citado, hasta hoy treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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