Edgar Damian Soriano Padilla

Expediente 730/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
730/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2015

Partes del expediente

  • Edgar Damian Soriano Padilla

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que ha causado estado el referido auto. archívese el presente asunto como concluido. ... se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. ...este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de mayo de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y que, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, no podrá archivarse ningún juicio sin que la sentencia dictada en el mismo se haya cumplido; esta Potestad Federal procede a su análisis. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el doce de noviembre de dos mil catorce, este órgano jurisdiccional concedió la protección de la justicia federal a la parte quejosa Sotero Zavaleta y López, (fojas 492 a 519), para el efecto de que la autoridad responsable: ".Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, deje insubsistente la orden de captura dictada y, con plenitud de jurisdicción se pronuncie nuevamente, lo cual podrá ser en el mismo sentido del anterior, purgando los vicios formales que lo afectaban, o en sentido diverso, según resulte del análisis que realice respecto de los elementos conformadores de los antisociales, la probable responsabilidad del quejoso, el grado de autoría o participación y valoración de los medios de convicción que obra en autos." Dicha resolución, al no ser recurrida, causó ejecutoria el dieciséis de diciembre de dos mil catorce y en la misma fecha se requirió el respectivo cumplimiento (fojas 559 y 560), a lo que por oficio número 3357, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias con las cuales estimó haber dado cumplimiento de la ejecutoria de mérito (fojas 567 a 587), mismas que al ser analizadas, por auto de treinta y uno de marzo de dos quince, se estimó que en el caso no se estaba cumpliendo con la ejecutoria de mérito, por lo que nuevamente se solicitó su cumplimiento (fojas 608 a 610), a lo que nuevamente por oficio número 1070, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias con las cuales estimó haber dado cumplimiento de la ejecutoria de mérito (fojas 616 a 645), sin que las partes hayan realizado manifestaciones inherentes a dicho cumplimiento, previa vista de lo antes expuesto. En esa tesitura, se advierte que el juez responsable en cumplimiento a la sentencia de mérito, mediante el oficio en comento, remitió a este juzgado copias certificadas de la resolución de dieciséis de abril de dos mil quince, en la que por una parte dejó insubsistente el acto reclamado así como sus consecuencias legales, y por otra, al entrar nuevamente al estudio de las constancias de autos estimó que en el caso era procedente girar orden de aprehensión en contra del quejoso por el delito de abigeato y negar la correspondiente orden por lo que respecta al diverso ilícito de robo, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se actualizó el primero, así como la probable responsabilidad del impetrante del amparo en su comisión, y explicando las razones lógico jurídicas por las cuales no se surtía el segundo de los citados ilícitos. Por lo que el suscrito estima que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, en términos del precepto 77, fracción I de la ley de amparo vigente, en consecuencia se encuentran cumplidos los efectos del fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírense oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede a su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto correspondiente, por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto. Así las cosas, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, solicítese a la titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad que, de no existir inconveniente legal alguno, remita debidamente transferidos los billetes de depósito N 400347 y N 439435 que ante aquel órgano jurisdiccional exhibió el quejoso Sotero Zavaleta y López; ello a fin de proveer conforme a derecho respecto de tales billetes de depósito en el presente asunto. Notifíquese personalmente ... al quejoso... al tercero interesado se notifica por lista de acuerdos...

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