Edgar Coronel Aispuro

Expediente 63/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
63/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Edgar Coronel Aispuro

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, contra el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa a su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. ARCHIVO Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. 2. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 6-A. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Orlando García Acosta en su carácter de defensor particular de XXXXXX, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 63/2022 6-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional esencialmente lo siguiente: - IV- ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable le reclamo la determinación o acuerdo de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del Expediente de Traslado XXXX, y que le fue notificada a mi presentado XXXXXXX el día veinticuatro de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual determino en esencia que la petición de traslado voluntario solicitado por el directo quejoso, era notoriamente improcedente por dos motivos, el primero por su calidad de procesado y el segundo por no existir convenio entre la Federación y el Estado de Sinaloa, apoyándose en lo previsto en el artículo 123, fracción III de la Ley de Nacional de Ejecución Penal, determino desechar por improcedente la solicitud de traslado voluntario peticionada.(SIC). Bajo ese contexto, por tratarse el acto reclamado de situaciones relacionadas con las condiciones de reclusión del quejoso, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, tomando en consideración que en el caso que nos ocupa, Orlando García Acosta en su carácter de defensor particular de Edgar Coronel Aispuro, reclama el auto veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de traslado 247/2021, por el que declaró improcedente la solicitud de traslado voluntario del directo quejoso Edgar Coronel Aispuro; es inconcuso, que respecto a dicho acto, existe un recurso previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, el que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación o acto reclamado que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo que, para acudir a dicho juicio, es necesario que previamente se interpongan, en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios de defensa que legalmente procedan. Es aplicable la jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, página 1462 con número de registro 291881, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Ahora bien, del contenido de la demanda se advierte que el acto reclamado tiene origen en la determinación dictada por un Juez en función de Ejecución de Sanciones Penales, en una controversia judicial respecto al desechamiento de la solicitud de traslado voluntario. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por XXXXXXXXXX en su carácter de defensor particular de XXXXX, por resultar notoriamente improcedente. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En atención a su contenido, se comisiona al oficial judicial A adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que proceda a dar de alta el usuario "GAAO78", para la integración del expediente electrónico en el presente juicio de amparo, requiérase a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional a fin de que realicen las notificaciones en el presente juicio de amparo de manera electrónica, de conformidad con lo establecido por el artículo 30 de la Ley de Amparo. Debiendo corroborar su credencial de acceso a dicho portal. Ahora, respecto al correo electrónico que proporciona, lic.orlandogarcia@hotmail.com téngase únicamente con el alcance que refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es como forma especial y expedita de contacto, a través del cual se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora bien, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Orlando García Acosta, Paula Martínez Hernández y Juan Clemente Morales, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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