Edgar Cisneros Salazar

Expediente 458/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
458/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Edgar Cisneros Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de mayo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo 458/2022-IV, promovido por Edgar Cisneros Salazar; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Atento a lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este cuaderno; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además, a juicio de este Juzgado de Distrito, no tiene relevancia documental para su conservación. A su vez, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Cisneros Salazar; fórmese expediente y regístrese en el libro de juicio de amparo de este Juzgado con el número 458/2022-IV, que le corresponde. De una lectura integral del libelo de cuenta, este juzgador advierte que es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo; numeral que dicho sea de paso, prevé: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De las citadas definiciones, se obtiene que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido. Para el caso en particular, el promovente señala como actos reclamados: La admisión de la prueba testimonial de Agustina Amisadai Cruz García, ofertada por la parte demandada en el juicio laboral 246/E06/2020, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en audiencia de ocho de marzo de dos mil veintiuno. La vista otorgada a la demandada con la no localización de la diversa testigo Zorayda Paola Beltrán Ruiz en el domicilio proporcionado para su notificación. Ahora, si bien el quejoso aduce que ello ocasiona un retardo en el procedimiento de origen, lo cierto es que, su causa de pedir descansa en la admisión de la prueba señalada en el primer punto de los antes anotados y la forma en que procede la junta para su desahogo; de ahí que se precisan estos actos como la causa de pedir. Para conocer las razones por las cuales se arriba a esa conclusión conviene citar los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de ésta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" "(.)" "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" "(.)" "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Como se ve, el amparo indirecto solo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con la procedencia del amparo indirecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que los actos dictados dentro de juicio tienen una ejecución irreparable o son de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de las garantías otorgadas para su protección, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque la violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Da soporte a lo expuesto, el contenido de la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 11, del Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (que resulta aplicable por no oponerse a la ley de la materia actual), en la cual se define el concepto de ejecución de imposible reparación en estos términos: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producente ""ejecución irreparable"" los actos dentro del juicio, sólo cuando afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Pues bien, como ya se precisó, el promovente se duele, en esencia, de la admisión de la prueba testimonial de Agustina Amisadai Cruz García, ofertada por la parte demandada en el juicio laboral 246/E06/2020, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en audiencia de ocho de marzo de dos mil veintiuno, así como de la forma de proceder en el desahogo de la testimonial con cardo a la diversa ateste Zorayda Paola Beltrán Ruiz. Luego, esa determinación constituye una violación intraprocesal que en modo alguno afecta o transgrede en perjuicio de la parte quejosa algún derecho sustantivo y tampoco constituye una afectación de imposible reparación. Ello es así, pues al margen de que la autoridad responsable hubiere procedido en la forma indicada, en el sentido de que, atento a lo acordado en nueve de junio de dos mil veintiuno, dentro del expediente administrativo laboral 246/E06/2020, promovido por el quejoso Edgar Cisneros Salazar, actuación la anterior en la que, entre otras cosas, se admitió la prueba testimonial descrita en párrafos precedentes, el aquí quejoso puede válidamente, en su caso, obtener un laudo favorable a sus pretensiones, pues la decisión adoptada por la responsable, no arroja como consecuencia necesaria y directa que obtendrá un fallo adverso a sus intereses, puesto que sus efectos solo se conocerán hasta el momento en que se emita esa resolución, y como se dijo, puede darse el caso de que la acción planteada resulte improcedente y que con motivo de ello el laudo le favorezca. Cabe mencionar que la Ley de Amparo, en su artículo 172, precisa que los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando, entre otras cosas, se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad (arábigo 172, fracción V de la legislación de la materia). Por su parte, los artículos 171 y 174 del mismo ordenamiento legal prevén: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo." En ese tenor, como la determinación emitida por la autoridad responsable, no conlleva necesariamente a que la parte quejosa, en el expediente laboral de origen, obtenga un fallo adverso a sus intereses, al existir la posibilidad de que se le emita un laudo favorable, el amparo promovido se torna improcedente. Por ende, antes de la promoción del juicio biinstancial, se requiere llegar a la emisión del laudo dentro del expediente de origen, para así estar en posibilidad de corroborar si la violación que aduce el doliente trascendió al resultado del fallo y, de ser el caso, la determinación que se pretende combatir por esta vía debe impugnarse a través del juicio de amparo directo y no del indirecto, pues es en el estudio de fondo del laudo donde puede advertirse esa afectación, y donde podrá analizarse cualquier violación procesal. En lo que corresponde es aplicable la tesis de jurisprudencia número 2, visible en la página 1539 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Luego, los actos reclamados constituyen una violación intraprocesal que en modo alguno afecta o transgrede en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo y, tampoco constituye una afectación de imposible reparación, ya que no menoscaba de manera cierta, directa e inmediata, algún derecho sustantivo protegido constitucionalmente, de modo que no pudiera repararse de obtener laudo favorable y en esas condiciones, el acto solamente podría vulnerar derechos adjetivos, impugnables mediante el amparo directo promovido contra el fallo. Con base en los motivos plasmados es dable para este juzgador concluir válidamente, que el acto reclamado no es de imposible reparación; de ahí que, las violaciones delatadas deben combatirse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva. Por tanto, en las condiciones apuntadas, la demanda de amparo que se plantea resulta notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que procede desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; y, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quienes cita para tales efectos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se desecha de plano la demanda promovida por Edgar Cisneros Salazar, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    IV...De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, la resolución con engrose de cuatro de mayo de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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