Edgar Cervantes Ortega

Expediente 1249/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1249/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • Edgar Cervantes Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Ahora, este asunto es susceptible de ser conservable en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se negó la protección constitucional. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de enero de dos mil veintitrés. Téngase al Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, acusando recibo de los discos en formato DVD remitidos mediante proveído del doce de enero del año en curso, por tanto se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado auto. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa; mediante lista electrónica a los terceros interesados ********** y **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y la parte tercero interesada interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Finalmente, se advierte que el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, remitió en apoyo a su informe justificado tres discos en formato DVD; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvase a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa; mediante lista electrónica a los tercero interesados ********************y ********************; por oficio a las autoridades responsables, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al ********************, Agente del Ministerio Público. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe. ILS

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1249/2022-V, promovido por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y otra autoridad, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por el juez responsable al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones en vía de alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1249/2022-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado vía electrónica el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado el veinticinco de octubre siguiente a este Juzgado Federal, ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y otra autoridad. II. Por auto del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió a trámite la citada demanda, registrándola con el número 1249/2022-V, se solicitó el informe con justificación a la autoridades responsable; se dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesada ********************y ******************** así como *********, Agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Litigación, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, quién es el funcionario que actualmente conoce de la investigación; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto reclamado es privativo de libertad y se ejecuta dentro de la demarcación territorial en que ejerce jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: a) Del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: 1. La audiencia de vinculación a proceso del uno de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa de control 1630/2022, por el hecho delictuoso de robo con las modificativas agravantes de haberse cometido con violencia y haber recaído sobre un vehículo automotor, ilícito previsto y sancionado en el artículo 287, 289 fracción I, 290 fracción I inciso B y fracción V, en relación con los artículos 6, 7 y 8 fracción I y III, así como el artículo 11 fracción I inciso D del Código Penal Vigente en el Estado de México, en agravio de ********************y ********************. b) Del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México: La ejecución del acto reclamado. TERCERO. Las autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México al rendir sus informes justificados, aceptaron el acto que les atribuye el solicitante del amparo; por tanto, se tiene por ciertos. Lo anterior, se corrobora con las tres copias certificadas de los discos ópticos en formato DVD, relativo la causa de control 1630/2022, así como de la pieza escrita completa del auto de vinculación a proceso del uno de octubre de dos mil veintidós. Constancias en formato DVD que contienen las audiencias celebradas en dichos expedientes, así como de la pieza escrita que contiene las audiencias inicial y de vinculación a proceso; a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. Resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2004362, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, cuyo rubro es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. No habiéndose invocado causa de improcedencia por las partes, ni tampoco de oficio advierte este Órgano de Control Constitucional la existencia de alguna, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del fondo del asunto, tomando en cuenta tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación respecto del auto de vinculación a proceso, los que se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo, en lo establecido por el artículo 217 y transitorio sexto de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 58/201017, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, mayo de 2010, tomo XXXI, página 830 de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El quejoso esencialmente expone en sus conceptos de violación en esencia lo siguiente. -Que se violó en su perjuicio lo establecido por los artículos 1o., 14; 16; y 20, apartado B, fracción VIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1) Que se violó en su perjuicio el derecho humano de audiencia, toda vez que el acto reclamado se aparta de las reglas esenciales del procedimiento, con ello se transgrede el principio secundario contenido en la normatividad procesal del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se violó el principio de contradicción e igualdad entre las partes previstos en los artículos 6 y 11 de dicha legislación, pues expone que la autoridad responsable al dictar el auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, tomó en consideración datos de prueba que no fueron aportados por la fiscalía al momento de solicitarla, que del análisis de la videograbación de dicha audiencia no se señaló de la carpeta de investigación TEX/FHO/UHX/100/267341/22/09, carpeta respecto de la cual al dato de prueba en contra del quejoso no especificó que indicios eran relativos a la investigación. 2) Que se violó en su perjuicio el derecho humano de adecuada defensa, que ese derecho está consagrado en el artículo 1o. y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversos instrumentos internacionales, así como del artículo 113, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la juez responsable al valorar los medios de prueba aportados por la defensa no los valoró debidamente, pues alega que en la diligencia de reconocimiento de persona en la cámara gesel, no se contó con la presencia de un abogado en la fecha del veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Que el defensor del imputado manifestó no reconocer la firma plasmada en dicha diligencia de reconocimiento de persona, y que se encontraba en un lugar diverso. 3) Que se violó en su perjuicio el derecho humano de legalidad, deficiente motivación del acto reclamado, que la víctima Gilberto Alonso Uriostegui, en la entrevista del doce de septiembre de dos mil veintidós refirió no poder dar características físicas de las personas que lo desapoderaron de su vehículo, que no vio o identificó a los atacantes, que posteriormente el trece de septiembre siguiente frente al auxiliar del agente del ministerio público la víctima aportó identificó a los sujetos que participaron en el roo del vehículo, lo que aduce no es creíble. Aduce que no se tomó en consideración la evidencia de que el quejoso se encontraba en el hospital el día de los hechos, que su defensa aportó el historial clínico de la clínica 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el cual se desprende que la Doctora Myrna Angelica Soto Romero, del área de urgencias, expidió en favor del quejoso al ser valorado clínicamente, donde se señaló nombre del paciente, fecha de ingreso y alta; padecimiento, los días que estuvo interno, lo que aduce acreditar con la receta médica a través del testigo Mayra Jarely Cervantes Ortega, hermana del quejoso, que se encontraba internado del diez al quince de septiembre pasado. Dada la íntima relación que guardan los conceptos de violación narrados por el quejoso, se procede al estudio conjunto de ellos, por lo que resultan infundados esos motivos de disenso, en razón de lo siguiente: Respecto del acto reclamado consistente en la audiencia de vinculación a proceso del uno de octubre de dos mil veintidós, primeramente debe decirse que en el sistema penal, se establece como requisito para el análisis de los datos de prueba, únicamente que el juzgador los considere de manera libre y lógica, lo cual si bien no exime la obligación de ponderar su alcance demostrativo, ello resulta ser tarea del juzgador, al llevar a cabo un razonamiento silogísticamente de los elementos ya demostrados con elementos aislados que lo lleven a la convicción de ponderar un juicio de racionabilidad sobre la conducta atribuida al quejoso. Asimismo, respecto a las formalidades esenciales del procedimiento, es de importancia para este órgano jurisdiccional determinar, si durante la tramitación del procedimiento instaurado al peticionario del amparo, se tutelaron de manera efectiva, las formalidades esenciales que deben observarse, conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los requisitos a que deben ceñirse los juzgadores para la emisión de un auto de vinculación a proceso; precepto que estatuye: "Artículo 316. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo anterior se obtiene que en el dictado del auto de vinculación a proceso, basta con que se desprendan datos de que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos". Del precepto trascrito se desprende que los datos de prueba son los medios de convicción aún no desahogados ante el juez, los cuales deben ser suficientes para que se evidencie la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así las cosas, el juzgador debe examinar el grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando como normas rectoras, entre otras, la legalidad (la imputación de hechos que la ley señale como delitos, e información que constituya datos de su comisión), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Hecha la anterior precisión, en el caso los datos de prueba existentes al momento de la emisión de la resolución del uno de octubre de dos mil veintidós, son suficientes para estimar la existencia del hecho delictuoso y la probabilidad de que el indiciado aquí quejoso, lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2014800, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Por otra parte, el contenido de los artículos 19 Constitucional y 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". "Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento". De esos numerales, se advierte la obligación que tiene la autoridad jurisdiccional, de expresar en el auto de vinculación a proceso que emita, el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Se arriba a tal conclusión, en atención a que para el dictado del auto reclamado, el Juez de Control tomó en cuenta los siguientes datos de prueba: "1.- Entrevista de Gilberto Alonso Uriostegui, de fecha 13 de septiembre de 2022. 2.- Acta de Reporte de Robo de Vehículo: en la cual se da de alta el vehículo de la marca Volkswagen, modelo 2019, color beige, con número de serie, motor y placas ya mencionadas a la unidad de gestión de vehículos robados. 3.- Informe de la Policía de Investigación: Que una vez que ha comparecido a la víctima en fecha 13 de Septiembre de 2022, a manifestar que refiere la victima que es conductor de la plataforma Didi y que fue desapoderado de su vehículo por tres sujetos, dos masculinos y una femenina, en el municipio de Ecatepec, hace referencia que la víctima manifestó que la media filiación de los sujetos que le desapoderaron del vehículo son, del primer sujeto es una femenina de 35 años aproximadamente,1.67 de estatura, complexión robusta, tés morena, ceja semi poblada, depiladas, ojos medianos color café, nariz recta y boca chica, el segundo sujeto masculino de 25 años, aproximadamente 1.70, complexión delgada tés morena, cabello corto, nariz recta, ojos medianos, boca mediana, el tercer sujeto, persona del sexo masculino de 40 años aproximadamente, robusto, de 1.70. cabello corto, nariz chata, boca mediana, sin barba ni bigote, personas que si pudiera verlas podría reconocer sin temor a equivocarse, informado el elemento de la policía de investigación que acudirá a realizar una inspección en el lugar de los hechos. 4.- Entrevista de ******************** Paredes. 5.- Informe de investigación por parte del elemento MARCO ANTONIO MARTINEZ OJEDA. 6.- Entrevista por parte de la víctima Gilberto Alonso Uriostegui. 7.- Diligencia de Reconocimiento de Persona: La cual fue llevada por el agente del ministerio público LIC. DIANA KAREN BARRON LEGORRETA, en fecha 14 de septiembre del 2022, a la 1 horas, encontrándose dentro de la cámara de Gesell, la cual se encontraba presente el defensor privado LEONARDO BARRERA VALENIA y una vez que se procedió a tener a los distractores, procedieron a ingresar a la víctima GILBERTO ALONSO URIOSTEGUI, para poder llevar a cabo la diligencia de reconocimiento, siendo la persona que se encontraba colocada con el número 1 de nombre SHACTI EVELIN AGUILAR TORRES, quien menciona que tiene 25 años, que cuenta con similares características a las que se realizara la diligencia de reconocimiento de persona, anexando a la misma copia de su identificación de su curp y que se encontraba colocada con el número 1, en segundo lugar se encontraba la persona de nombre ARESBI MIRANDA FLORES, quien cuenta con similares características a la persona confrontada, quien también se identificó con su identificación para votar, las cuales mencionan sus datos generales de su identificación, por último se encuentra colocada en tercer lugar la confrontada CINTHIA ELENA MIRANDA ESCAMILLA, quien menciona sus datos generales, así como menciona porque carpeta estaba puesta a disposición y una vez que ya se encontraba las tres personas para realizar la diligencia de reconocimiento de persona, se procedía a preguntar a la víctima si reconoce a alguna de las personas que se encontraban frente a ella y la victima manifestó que reconocía a la persona que sostenía el cartel número 3, como la misma persona que el día de los hechos 13 de septiembre de 2022 a las 05 horas con 45 al estar laborando dentro de la plataforma Didi, le solicitaron un viaje, por lo que acepto y por lo que al estar en la estación del metro de la Ciudad de México, los llevo al municipio de Ecatepec, por lo que esta persona sostiene que se sentó en el asiento trasero del conductor y una vez que llegaron al lugar, esta misma persona se bajó del vehículo ya que se encontraba sometido y una vez que se bajó del vaciecillo, le abrió la puerta y le pidió que baja, para que sus dos compañeros volvieran a someterlo abajo del vehículo y posteriormente se llevara su vehículo junto con sus compañeros, persistiendo en lo manifestado e infiriendo que no la había visto hasta el día de los hechos y que persiste en su denuncia realizada en fecha 13 de septiembre de 2022, misma diligencia que se encuentra firmada por cada uno de los intervinientes, anexando a la misma una cadena de custodia con un disco la cual fuera realizada por el perito en criminalística MOISES ATANACIO GARCIA, de la diligencia de reconocimiento de personas, así como de su credencial de su gafete oficial. 8.- Ampliación de entrevista de la víctima GILBERTO ALONSO URIOSTEGUI de fecha 14 de Septiembre de 2022 9.- Copias de la carpeta de investigación bajo el número de carpeta TEX/FHO/UHX/100/267341/22/09 de fecha 13 de Septiembre del 2022,". La defensa incorporó la siguiente información: 1. La declaración de la imputada Cinthya Elena Miranda Escamilla. Las entrevistas de Noemí Lourdes Ramos Pérez y Alberto Medina Ramos. Pericial en materia de Criminalística a cargo del perito Odín Noel Sánchez Ingri, quien refirió que llevó a cabo un dictamen en fecha 20 de septiembre del 2022. En la especie, del disco remitido por la responsable, de donde deriva del acto reclamado, se advierte la existencia de un hecho delictuoso, consistente lo siguiente: "Que el día 13 de septiembre del 2022, siendo las cinco horas con cuarenta y cinco minutos, la victima GILBERTO ALONSO URIOSTEGUI se encontraba laborando como conductor en la plataforma Uber, a bordo del vehículo de la marca Volkswagen, ventó, modelo 2019, color beige, con número de serie MEX5G2606KT010433, con número de motor CLS0651552, con placas de circulación PEF9776 del Estado de México y llegando a la estación del metro Martin Carrera dentro de la Ciudad de México, lugar donde acepto un servicio de viaje con destino a la CALLE AV. LAS TORRES Y 5 DE FEBRERO, DE LA COLONIA SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, lugar donde tres personas lo estaban esperando, siendo dos del sexo masculino y una del sexo femenino siendo la imputada CINTHIA ELENA MIRANDA ESCAMILLA quien se sentó en la parte trasera del conductor, el segundo sujeto subió en el asiento de en medio y el tercer sujeto subió en la parte trasera del copiloto y comenzaron a circular hasta llegar su destino, arribando al lugar a las seis horas con quince minutos, precisamente en la CALLE AV. LAS TORRES Y 5 DE FEBRERO, DE LA COLONIA SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, en ese momento le solicitaron los tres sujetos que detuvieran la marcha, por lo que la víctima GILBERTO ALONSO URIOSTEGUI se detuvo, apago el vehículo y en ese momento siente como el tercer sujeto le coloca un objeto tipo arma de fuego de color negro, el cual se sentía muy duro, colocándolo a la altura de sus costillas del lado derecho y le dijo "si no coperas te voy a tirar un balazo" a lo que le contesto "no había problema", en seguida se bajó del vehículo de la parte trasera la imputada CINTHIA ELENA MIRANDA ESCAMILLA para abrirle la puerta del lado del conductor y le dijo "bajate hijo de la chingada", por lo que GILBERTO ALONSO URIOSTEGUI por temor a que le hicieran daño, bajo del vehículo dejando las llaves puestas en el switch y una vez abajo observo como se baja el tercer sujeto del sexo masculino, del asiento trasero, el cual tenía el arma de fuego de color negro, después se bajó el segundo sujeto masculino y una vez que estaba la victima junto con la imputada CINTHIA ELENA MIRANDA ESCAMILLA y los dos sujetos masculinos le dice el tercer sujeto "agachate, agacha la cabeza, no se te ocurra voltear", en ese momento el segundo sujeto del sexo masculino se para detrás de la víctima GILBERTO ALONSO URIOSTEGUI y le coloca en las costillas un arma de fuego y con la mano izquierda lo sujeta de la nuca, haciéndole presión hacia abajo para que no lo viera, después le solicito que caminara durante diez metros aproximadamente le ordeno que se tirara al suelo diciéndole "tirate al piso y ahí quedate", posteriormente se quitó la sudadera el segundo sujeto para taparle el rostro y solo escucho como estos sujetos subieron al vehículo, encendieron el motor y se retiraron del lugar, posteriormente el tipo que se quedó con GILBERTO ALONSO URIOSTEGUI le seguía presionando con el arma de fuego en las costillas del lado derecho y le dijo "aquí te vas a quedar durante quince minutos sin moverte, si lo haces antes, alguien va a estar vigilando y te va a tirar un balazo después vas a caminar hacia unas canchas de futbol y ahí vamos a dejar tu carro" a lo cual le contesto que si, por ultimo recibió una llamada la persona que se quedó junto con la víctima y le dijeron que ya estaba todo listo, por lo que antes de irse le quito los zapatos, los aventó, escuchando también que se retiró del lugar corriendo y por lo anterior al ver que ya no corría peligro su vida, fue que comenzó a caminar hasta pedir apoyo y así realizar sus llamadas de emergencia". Datos de prueba que de acuerdo a lo determinado por el juez responsable, al ser concatenados entre sí, resultaron eficaces, para configurar hasta ese estadio procesal, indicios razonables y suficientes, que permiten acreditar la existencia del delito de robo con las modificativas agravantes de haberse cometido con violencia y haber recaído sobre un vehículo automotor, ilícito previsto y sancionado en el artículo 287, 289 fracción I, 290 fracción I inciso B y fracción V, en relación con los artículos 6, 7 y 8 fracción I y III, así como el artículo 11 fracción I inciso D del Código Penal Vigente en el Estado de México, cometido en agravio de ********************y ********************, y como se aprecia, hacen probable la participación del quejoso y otros sujetos, en su comisión y que, sustentan la emisión del auto de vinculación a proceso que se reclama, lo cual, se realizó de manera fundada y motivada, en términos del artículo 16 constitucional, porque se citaron como fundamento, los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales; del delito atribuido al quejoso, así como la forma de su comisión y participación, expresando las razones tenidas en cuenta para emitir el auto cuestionado. Siendo aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el apéndice 1998, Parte II, Séptima Época, página 1481, del rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Con los datos de prueba referidos, puede establecerse la existencia del hecho constitutivo del delito de robo con las modificativas agravantes de haberse cometido con violencia y haber recaído sobre un vehículo automotor, ilícito previsto y sancionado en el artículo 287, 289 fracción I, 290 fracción I inciso B y fracción V, en relación con los artículos 6, 7 y 8 fracción I y III, así como el artículo 11 fracción I inciso D del Código Penal Vigente en el Estado de México, en agravio de las víctimas ********************y ********************, que probablemente, el quejoso intervino o participó en su comisión, pues con ellos, el Juez de Control responsable encuadró la conducta a la norma penal, que le permitió identificar, el tipo penal aplicable, y advertir que los hoy peticionarios cometieron dicha conducta en perjuicio de las víctimas. Datos de prueba que fueron ponderados por la responsable; además, respecto del concepto de violación en donde la parte quejosa aduce que no se acreditó el delito, debe decirse que para el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación de los elementos de tipo penal, ni la justificación de la probable responsabilidad; por tanto, tampoco se analiza el alcance probatorio de los datos de prueba ofrecidos, ya que sólo se necesita expresar el delito que se imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, determinar los datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como la probabilidad de que el imputado, ahora quejoso, lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J.35/2017, Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." También se apega a derecho, el estudio de la probable participación del quejoso, en la comisión del hecho calificado como delito, lo cual, se realizó con el mismo acervo de datos de prueba, que fueron ponderados de forma libre y lógica. Sobre todo, con la entrevista de las víctimas, quienes relataron la mecánica de los hechos en modo, tiempo y lugar, así como dos diversas testimoniales y periciales por tanto, es apegado a derecho, que el juez responsable haya ubicado la forma de intervención de los justiciables, como material, en términos de lo establecido por el artículo 11, fracción I y III, inciso c), del Código Penal vigente en el Estado de México. Por esa razón, se comprueba que el estándar de los datos de prueba, lleva a la conclusión de que el quejoso participó en la comisión del hecho calificado por la ley, como delito. Además de que se estima que la dinámica descrita por los denunciantes resulta creíble al no presentar contradicciones o ambigüedades sustanciales que mermen la confiabilidad de su narrativa, por lo que emitieron un relato pormenorizado y concordante de las acciones que vivieron, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución; a mayor abundamiento, de sus entrevistas se aprecia que tienen la aptitud cognitiva necesaria para percibir, comprender y comunicar dichos hechos narrados ante el Ministerio Público; aunado a lo anterior, de su narrativa no se desprende algún vicio de la voluntad que demerite su relato, ni se advierte aleccionamiento por parte de alguna persona para conducirse en los términos que lo hizo; por el contrario, los policías de investigación fueron firmes y contundentes, en todo momento, en establecer la forma en que sucedió el evento, así como las documentales que se tomaron en consideración respecto de las personas morales consistentes en contratos e instrumentos notariales. Máxime, que como ya se dijo, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación plena de los elementos de tipo penal, ni la justificación de la probable responsabilidad; por tanto, tampoco se analiza el alcance probatorio de los datos de prueba ofrecidos, ya que sólo se necesita expresar el delito que se imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como determinar los datos que establezcan la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y, "la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Para tal efecto, el juez de control debe examinar el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo, y para estar en aptitud de concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la formulación de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. De tal manera que, en el sistema acusatorio y oral, la introducción del material probatorio tendrá lugar hasta la etapa intermedia, cuyo propósito esencial, luego de recibir la acusación del Ministerio Público que da pauta al juicio oral, es atender el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Admisión que está basada en los principios de idoneidad, utilidad y trascendencia. En ese orden de ideas, al apreciar el acto que se reclama, se estima que el proceder de la responsable fue correcto, porque expresó el delito que se imputa a los quejosos, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución por el cual se formuló imputación, ponderó los datos probatorios que hicieron factible la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; lo anterior, bajo la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social. De todo lo anterior, se colige que el acto combatido se encuentra fundado y motivado, y que el Juez de Control responsable ajustó su proceder a lo establecido por el criterio de nuestro Máximo Tribunal en esos aspectos, pues se advierte que expresó los preceptos legales y las razones que lo llevaron a emitir el auto de vinculación a proceso materia de este fallo, precisando los datos de prueba con los que se justificaba el delito de del delito de fraude, materia de la formulación de imputación. En las relatadas circunstancias, no debe perderse de vista que, como se señaló en un principio, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación de los elementos de tipo penal, ni la justificación de la probable responsabilidad; por tanto, tampoco se analiza el alcance probatorio de los datos de prueba ofrecidos, ya que sólo se necesita expresar el delito que se imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como determinar los datos que establezcan la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y, "la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión", lo que en el caso, acontece. Por lo que hace a sus agravios encaminados a que la juez no tomó en consideración la prueba de que se encontraba hospitalizado del diez al quince de septiembre de dos mil veintidós, el día de los hechos, resulta infundado pues como bien lo expuso la responsable se advirtió que la hospitalización fue únicamente del quince de septiembre y no así del doce de septiembre de este año como quiso pretenderlo y que más aun dicha información no se solicitó mediante oficio a la clínica 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el cual la Doctora Myrna Angelica Soto Romero, del área de urgencias, expidió en favor del quejoso al ser valorado clínicamente, donde se señaló nombre del paciente, fecha de ingreso y alta; padecimiento, los días que estuvo interno, lo que aduce acreditar con la receta médica a través del testigo Mayra Jarely Cervantes Ortega, hermana del quejoso, que se encontraba internado del diez al quince de septiembre pasado, lo cierto es que dicho elemento de prueba no fue suficiente para acreditar su teoría del caso. Además respecto de que la juez de control violó en su perjuicio el derecho humano de adecuada defensa, no valoró los medios de prueba aportados por la defensa, pues alegó que en la diligencia de reconocimiento de persona en la cámara gesell, no se contó con la presencia de un abogado en la fecha del veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Que el defensor del imputado manifestó no reconocer la firma plasmada en dicha diligencia de reconocimiento de persona, y que se encontraba en un lugar diverso, dicho concepto deviene infundado pues para efecto de acreditar si era o no a firma del abogado defensor debió allegarse de elementos que sustentaran con mayor fuerza su teoría del caso como lo era una pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, de ahí la insuficiencia probatoria para su teoría del caso. Derivado de todo lo anterior, se insiste, son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que se deba suplir, por lo que lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo previsto por los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio, contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, Estado de México, por los motivos expuestos en el último considerativo del presente fallo. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa; mediante lista electrónica a los tercero interesados ********************y ********************; por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe. Doy fe.

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