Edgar Carrillo Márquez
Expediente 314/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Edgar Carrillo Márquez
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por Edgar Carrillo Márquez; y en atención a su contenido, se le tiene realizando manifestaciones en relación al auto de diecisiete de marzo del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones., Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito de demanda presentado por Edgar Carrillo Márquez, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 314/2021-4, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Ahora, es este asunto se actualiza la causa notoria de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Cabe señalar, que si bien se ha establecido como una excepción a dicha regla, cuando del contenido de la demanda el Juez de amparo advierte que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo si es procedente; sin embargo, dichas acepciones "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que a su vez debe entenderse como aquella dilación que muestra el retardo en el camino procesal de forma que su desarrollo resulte superior al normal que debe llevarse en los procedimientos jurisdiccionales, causa de motivación prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que impone tomar en cuenta la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso determinado. Ahora bien, la omisión reclamada en esta vía no encuadra dentro de la regla ni excepción antes apuntadas, porque no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte, por los motivos siguientes; además, tampoco nos encontramos en retardo injustificado en la administración de justicia, porque el tiempo transcurrido para la omisión de acordar el escrito de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, aún se encuentra dentro del concepto de plazo razonable. Para establecer si el exceso en el transcurso el plazo legal para el deber de actuar de la autoridad resulta justificado o no, debe acudirse al concepto de "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, que debe atenderse cada caso en particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, a fin de estar en aptitud de emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en relación con el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Pues bien, de la ponderación de las circunstancias particularidades del caso que se plantea, el suscrito juzgador considera que la dilación procesal que se atribuye a la autoridad laboral no actualiza, por ahora, el supuesto de vulneración a los derechos fundamentales a que se ha hecho alusión. Lo expuesto, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, Tomo II, Libro 30, Mayo de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época (registro 2011580), del siguiente encabezado: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Ello es así, porque el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la omisión de acordar el escrito de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, lo que de ninguna manera implica una dilación al procedimiento. Sin embargo, pues para efectos de la promoción del juicio biinstancial contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudo, o cualquier otra diligencia, deberá transcurrir al menos cuarenta y cinco días, lo anterior, si se toma en cuenta que es precisamente ese lapso el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Al respecto, es oportuno invocar la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª) de la Segunda Sala, publicada el uno de Marzo de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (2019400), cuyo rubro es : "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Por tanto, es evidente la razonabilidad en la supuesta tardanza de acordar la promoción en el juicio natural, que señala el promovente en el escrito de petición de amparo. Entonces, no ha lugar a estimar atentados los derechos tutelados por el numeral 17 Constitucional, ya que no se trata de una abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", para que entonces así, sea dable la admisión de la demanda de amparo de cuenta. Por tanto, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Edgar Carrillo Márquez. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados legales los que señala en la demanda de mérito. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 37/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
...PARA CONOCIMIENTO DEL QUEJOSO...Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito de demanda presentado por Edgar Carrillo Márquez, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 314/2021-4, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Ahora, es este asunto se actualiza la causa notoria de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De la lectura del precepto legal transcrito en último término, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procede el amparo indirecto. Cabe señalar, que si bien se ha establecido como una excepción a dicha regla, cuando del contenido de la demanda el Juez de amparo advierte que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo si es procedente; sin embargo, dichas acepciones "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que a su vez debe entenderse como aquella dilación que muestra el retardo en el camino procesal de forma que su desarrollo resulte superior al normal que debe llevarse en los procedimientos jurisdiccionales, causa de motivación prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que impone tomar en cuenta la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso determinado. Ahora bien, la omisión reclamada en esta vía no encuadra dentro de la regla ni excepción antes apuntadas, porque no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte, por los motivos siguientes; además, tampoco nos encontramos en retardo injustificado en la administración de justicia, porque el tiempo transcurrido para la omisión de acordar el escrito de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, aún se encuentra dentro del concepto de plazo razonable. Para establecer si el exceso en el transcurso el plazo legal para el deber de actuar de la autoridad resulta justificado o no, debe acudirse al concepto de "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, que debe atenderse cada caso en particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, a fin de estar en aptitud de emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en relación con el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Pues bien, de la ponderación de las circunstancias particularidades del caso que se plantea, el suscrito juzgador considera que la dilación procesal que se atribuye a la autoridad laboral no actualiza, por ahora, el supuesto de vulneración a los derechos fundamentales a que se ha hecho alusión. Lo expuesto, tiene sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, Tomo II, Libro 30, Mayo de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época (registro 2011580), del siguiente encabezado: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Ello es así, porque el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la omisión de acordar el escrito de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, lo que de ninguna manera implica una dilación al procedimiento. Sin embargo, pues para efectos de la promoción del juicio biinstancial contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudo, o cualquier otra diligencia, deberá transcurrir al menos cuarenta y cinco días, lo anterior, si se toma en cuenta que es precisamente ese lapso el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Al respecto, es oportuno invocar la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª) de la Segunda Sala, publicada el uno de Marzo de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (2019400), cuyo rubro es : "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Por tanto, es evidente la razonabilidad en la supuesta tardanza de acordar la promoción en el juicio natural, que señala el promovente en el escrito de petición de amparo. Entonces, no ha lugar a estimar atentados los derechos tutelados por el numeral 17 Constitucional, ya que no se trata de una abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", para que entonces así, sea dable la admisión de la demanda de amparo de cuenta. Por tanto, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Edgar Carrillo Márquez. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados legales los que señala en la demanda de mérito. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 37/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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