Edgar Carlos Ramirez Acosta

Expediente 1359/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1359/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Edgar Carlos Ramirez Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    ***** Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo 1519/2021, de su índice, en atención al diverso oficio con evidencia criptográfica del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en que determinó que corresponde a este órgano jurisdiccional el conocimiento del referido juicio de amparo; se agrega en autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, tomando en consideración que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto, como total y definitivamente concluido, no es jurídicamente posible acumular el juicio de amparo 1519/2021 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; y toda vez que dicho órgano judicial, lo remite a este juzgado derivado de haberse declarado legalmente incompetente para conocer de dicho asunto, en razón de que estima que por previo conocimiento corresponde a este juzgado conocer del juicio de amparo referido; en consecuencia, devuélvanse los autos originales del juicio de amparo 1519/2021, a efecto de que el juzgado oficiante, los remita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a efecto de que lo turne a éste Juzgado de Distrito como un nuevo juicio de amparo y realice la compensación correspondiente para que se logre la distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales federales. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinte de julio de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio con evidencia criptográfica de la firma electrónica de Verónica Dionisio Fonseca, Actuaria Judicial del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que no comparte la determinación dictada por este Juzgado Federal el cinco de julio del año en curso, por el que no se aceptó la propuesta de competencia por previo conocimiento y ordenó remitir las constancias del juicio de amparo 1519/2021, de su índice, a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que determine a que órgano jurisdiccional corresponde conocer del asunto referido; se toma conocimiento de su contenido. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaria Técnica de comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio signado por el Titular de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite copia certificada del oficio 30178/2022 de veintitrés de junio del año en curso, así como del expediente 1519/2021 del índice del Juzgado Tercero en la materia y sede citadas, por el que determinó declararse legalmente incompetente para conocer de dicho asunto, en razón de que estima que por previo conocimiento corresponde a este juzgado conocer del juicio de amparo indirecto 1519/2021 de su índice. Ahora bien, del estudio integral del oficio de cuenta, se advierte que la juez oficiante estima que este juzgado debe conocer de la demandada de amparo promovida por Edgar Carlos Ramírez Acosta, en representación de Miguel Nava Alvarado, debido a que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) advirtió la existencia de un antecedente en este órgano jurisdiccional que se vincula con dicha demanda. Esto es, el juzgado declinante precisa que el acto reclamado, señalado por el quejoso en el juicio de amparo 1519/2021 de su índice, consistente, medularmente en el Proyecto de Dictamen, a través del cual se determinó improcedente la reparación integral del daño, de siete de octubre de dos mil veintiuno, toda vez que aduce, el mismo fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo en que se actúa; por lo que corresponde a este juzgado conocer del juicio referido; lo anterior, con fundamento en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado el catorce de marzo del presente año. Sin embargo, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, NO ACEPTA LA PROPUESTA DE PREVIO CONOCIMIENTO, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones siguientes: En primer lugar, es pertinente señalar, que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En este sentido, sólo las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Esta distribución de competencias está prevista en las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional, ya que implica que solo en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se regula la fijación de la competencia, ya sea por cuantía, por grado y por territorio, sin que en esos ordenamientos se establezca la competencia en razón al turno, lo que es explicable, ya que el turno no es una razón para fijar la competencia de un órgano jurisdiccional, sino, más bien se trata de un procedimiento administrativo para distribuir las cargas de trabajo a dichos órganos jurisdiccionales. En ese sentido, conviene precisar que los actos reclamados en el juicio de amparo en que se actúa, fueron los siguientes: Seguida la secuela procesal, el seis de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, para los siguientes efectos: "En consecuencia, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso, para el efecto de que el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, dentro del plazo de veinte días (dada la naturaleza de los actos a realizar), contado a partir de que surta efectos la notificación del auto por el que se declare que la presente sentencia ha causado ejecutoria: 1. Realice las actuaciones que resulten necesarias con el fin de allegarse de los elementos de convicción suficientes y necesarios para determinar si procede la reparación por cada uno de los siguientes rubros: daños en la integridad física; daño moral; perjuicios ocasionados o lucro cesante; pérdida de oportunidades; daños patrimoniales; gastos y costas judiciales; tratamientos médicos y terapéuticos y gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación, ocasionados por el traslado para asistir al tratamiento o lugar del juicio, sin perjuicio de requerir a Edgar Carlos Ramírez Acosta para tales efectos. Lo anterior, tomando en consideración de que, en términos del artículo 147 de la Ley General de Víctimas, es su responsabilidad lograr la integración del expediente, de modo que debe realizar todas las acciones y/o requerimientos para tal efecto, incluyendo requerimientos a autoridades que puedan aportar esa información. 2. Emita otra resolución, debidamente fundada y motivada relativa al plan de reparación integral de Edgar Carlos Ramírez Acosta, como víctima directa, en la que al pronunciarse, tome en cuenta todos los aspectos objetivos y particulares inherentes al quejoso, los cuales deberán estar en armonía con la información de que se allegue para resolver sobre los aspectos que integran la reparación integral." Sin embargo, inconforme, la Directora General de Asuntos Jurídicos, en representación de la Comisionada, ambas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, interpuso recurso de revisión, del cual, correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien lo radicó con el toca R.A. 109/2020, mediante sesión de tres de junio de dos mil veintiuno, determinó modificar la sentencia dictada por este juzgado, en los siguientes términos: De lo que se advierte que si bien mediante sentencia se estudió la resolución de mérito, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, modificó la misma, indicando que al tratarse de un acto omisivo, el efecto del amparo, únicamente obliga a las autoridades responsables a integrar debidamente la solicitud de reparación integral pretendida por el aquí quejoso, debiendo apegarse a los plazos previstos en la Ley General de Víctimas y su Reglamento, y se emita la resolución correspondiente relativa a la solicitud de reparación integral, debiendo considerar y pronunciarse en torno a los gastos que el quejoso describió al solicitar ayuda inmediata, considerándolos bajo el examen de reparación integral. Por tanto, por determinación del Octavo Tribunal Colegiado citado, el efecto del amparo no consistió en su estudio de fondo, pues al reclamar un acto omisivo, únicamente se obligó a las autoridades responsables a allegarse de los medios de prueba correspondientes y con base en ellos, emitir la resolución que en derecho correspondiera, dentro de los plazos legales respectivos. Ahora bien, las razones que expuso el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, para declararse legalmente incompetente, en razón de que aduce, el acto reclamado en el juicio de amparo 1519/2021 de su índice, consistente en el Proyecto de Dictamen, a través del cual se determinó improcedente la reparación integral del daño, de siete de octubre de dos mil veintiuno, fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, lo que respaldó con lo previsto en los artículos 45, fracción II y 46 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, que disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; Ahora bien, este juzgado considera que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es un instrumento normativo que tiene por objeto regular, entre otras cosas, el turno de los asuntos, lo cual constituye una actividad administrativa de distribución de los mismos, con el fin de equilibrar las cargas de trabajo, sin que ello implique fijar la competencia que los órganos jurisdiccionales han de tener para el desempeño de la función jurisdiccional, pues, se reitera, ésta se encuentra prevista expresamente en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, del estudio integral de la demanda de amparo radicada en el juzgado declinante, se advierte que la parte quejosa reclama, medularmente, el Proyecto de Dictamen, a través del cual se determinó improcedente la reparación integral del daño, de siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente CEAV/CIE/0209/2020 BIS, el cual fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa; sin embargo, el Octavo Tribunal Colegiado citado, al modificar los efectos de la ejecutoria de amparo, de ningún modo involucró el estudio de fondo de la resolución reclamada en el juicio de amparo 1359/2019 del índice de este juzgado, pues precisó que al tratarse de un acto omisivo, únicamente correspondía conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable se allegara de las pruebas respectivas y emitiera una resolución dentro de los plazos legalmente establecidos para ello, por tanto, este juzgado considera que el proyecto de dictamen referido, se trata de un acto nuevo y autónomo, emitido con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable, que en todo caso, requiere un nuevo análisis en cuanto a la materia del fondo, por ende, no se desprende conocimiento previo alguno por parte de este juzgador. Por lo expuesto, este órgano judicial NO ACEPTA LA PROPUESTA DE PREVIO CONOCIMIENTO; en consecuencia, se ordena devolver las copias certificadas del juicio de amparo 1519/2021, en un tomo, al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se solicita atentamente se sirva acusar de recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Atento a lo anterior, y toda vez que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos en los términos precisados, se dejan sin efectos las multas impuestas mediante proveído de a trece de octubre de dos mil veintiuno al Comité Interdisciplinario Evaluador y al Titular, ambos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y por ende, también se deja sin efectos el requerimiento realizado al Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

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