Edgar Campos Luna
Expediente 1521/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/12/2016
Partes del expediente
- Edgar Campos Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintinueve de noviembre pasado (fojas 64 a 69), en el que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario Fernando Saldaña Meneses que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 1521/2016-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Claudia Nallely Trevilla Segura en nombre de Edgar Campos Luna, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como autoridad responsable y ordenadora al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México. Señalo como autoridad responsable ejecutora a los Directores del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán e Ixtlahuaca, ambos del Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad ordenadora y ejecutora lo constituye la orden de traslado ejecutada en contra de mi concubino Edgar Campos Luna, sin que se funde y motive el acto de molestia. Del Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Ixtlahuaca, Estado de México, reclamo la incomunicación de la que ha sido objeto mi concubino ya que no se ha permitido percibir visitas, llamadas o hacerle llegar lo mínimo indispensable para uso personal." TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 1521/2016-V, por auto de seis de octubre de dos mil dieciséis se admitió, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto que afecta la libertad personal del quejoso emitido por autoridades administrativas y judiciales, que se ejecuta dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de garantías y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: La incomunicación que es objeto por parte de la Directora del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Ixtlahuaca, México. La orden de traslado, así como su ejecución, emitida por las autoridades responsables. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Directora del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Ixtlahuaca, México, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama consistente en la incomunicación (foja 40). Sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar dicha negativa, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la existencia del acto que se reclama; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, proceder sobreseer en el presente sumario constitucional. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán, Estado de México (foja 23 y 24) y el Director General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México (foja 32 a la 37), aceptaron los actos que se les reclaman. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañaron al mismo, consistentes en copias certificadas de los oficios DGPRS/DTL/TD/0849/2016 y DGPRS/DTL/TD/0849/2016, de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; documentos públicos a los cuales se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Existencia del acto reclamado que se hace extensiva a la Directora del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Ixtlahuaca, México, dado que al tener la calidad de autoridad ejecutora en cualquier momento puede llevar a cabo la ejecución del acto reclamado (foja 40 y 41). QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553,del Tomo VI, del Apéndice 1917-1995, Parte TCC, materia común, Octava Época, con número de registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsiste el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y;" [El énfasis es propio]. Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En ese orden de las constancias remitidas por las autoridades responsables, en particular de las copias certificadas de los oficios DGPRS/DTL/TD/0849/2016 y DGPRS/DTL/TD/0849/2016, de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se advierte la orden de traslado reclamada, llevada a cabo del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán, Estado de México, al diverso en Ixtlahuaca en la misma entidad (fojas 24 a la 27 y de la 35 a la 37). Sin embargo, la Directora del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Ixtlahuaca, Estado de México, al rendir su informe justificado manifestó que el hoy quejoso fue externado el dieciocho de octubre del presente año, por así haberlo ordenado el Juez Coordinador del Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en acatamiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 257/2015, situación que se ve robustecida con las constancias remitidas en copia simple, consistentes en resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 81/2014 y boleta de libertad a nombre del quejoso (fojas 58 a la 60). Documentos que al estar adminiculados con las constancias que integran los presentes autos, se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 193, publicada en la página 132, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época, con registro 394149, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Por tanto, si bien el quejoso acude a través del juicio de amparo para reclamar la orden de traslado emitida el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, aun cuando dicho acto subsista, el objeto o materia de éste ha dejado de existir, en virtud de la orden de externamiento dictada en su favor el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Así las cosas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, publicada en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, con registro 173858, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción V y 216 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1521/2016-V, promovido por Edgar Campos Luna, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y otras autoridades, y por las razones expuestas en el tercer y quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
V) Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, agréguese a los autos el telegrama de cuenta signado por la Directora del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Ixtlahuaca, Estado de México, mediante el cual, atendiendo a los requerimientos de veintiséis de octubre pasado y siete de los cursantes, remite copia certificada de las constancias que acreditan que el quejoso fue externado por así haberlo ordenado el Juez Coordinador de Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México en acatamiento a la ejecutora de amparo del juicio 257/2015; en consecuencia, téngase por cumplimentado el requerimiento de mérito y tómense en consideración las documentales que se reciben al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario General en ausencia del Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán, Estado de México, rinde su informe justificado, lo anterior, en razón de que dicho informe ya fue rendido y obra en autos a foja 23. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Edgar Alejandro Salgado Torres341/2016
- Edgar Alejandro Valverde Rubizezewsky636/2015
- Edgar Alexandro Mejia Colin1481/2019
- Edgar Alexandro Mejia Colin1610/2019
- Edgar ALONSO PAREDES234/2021
- Edgar Anuar Rodríguez García43/2024
- Edgar Cardenas Trejo1201/2017
- Edgar Chavez Martinez1780/2017
- Edgar Coronel Aispuro870/2020
- Edgar Cruzalta García1363/2023
- Edgar Daniel Bocanegra Rangel473/2015
- Edgar Daniel Bocanegra Rangel1953/2015