Edgar Brandon Mejia Castañeda

Expediente 46/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
46/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Edgar Brandon Mejia Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE VÍA EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por..., autorizado del quejoso, mediante el cual proporciona correo electrónico, número telefónico y usuario para acceso al expediente electrónico. Al respecto se toma conocimiento del correo electrónico, número telefónico y usuario para acceso al expediente electrónico que proporciona el promovente. Ello, sin perjuicio del correo electrónico proporcionado para el efecto de que sea considerado por el personal de este juzgado para establecer contacto por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Luego, como solicita, dígasele que una vez consultado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se corroboró que el nombre de usuario es correcto y se encuentra dado de alta bajo el nombre de...; por lo que se autoriza el acceso o consulta vía electrónica del presente expediente.

  3. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, a treinta de enero de dos mil veintitrés. ...agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, las actuaciones remitidas por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, con las cuales devuelve sin diligenciar el exhorto 54/2023, derivado del presente juicio de amparo, por los motivos que expone...mediante oficio requiérase al Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la legal notificación del presente auto, informe a que centro Penitenciario o de Prevención fue trasladado el quejoso...Notifíquese...

  4. Principal

    Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda promovida por ++++++++++++++++++++++++++++++, contra acto del Director General de Prevención y Reinserción Social de del Estado de México, y de otras autoridades. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 46/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 60 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Incompetencia En tal sentido, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal antes invocado, dispone que el Juez de Distrito competente para conocer de un juicio de amparo, es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego entonces, si en la especie la promovente reclama el injustificado traslado del Centro preventivo y Readaptación Social de Tlalnepantla, Estado de México al Centro Federal de Readaptación Social Número 05 "Oriente" en Villa Aldama, Veracruz, es evidente que dichos actos no tienen ejecución material en esta entidad federativa, en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino que, sus efectos perjudiciales tienen verificativo precisamente en el domicilio donde se ubica el aludido centro carcelario y que es donde se encuentra interno el quejoso, por ende, conforme al precepto legal antes invocado, la autoridad competente para conocer de la demanda es el Juzgado de Distrito de en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Esto es así, pues como ya quedó asentado en el párrafo que antecede, con base en los antecedentes narrados en el escrito inicial de demanda, los actos de molestia reclamados como lo son la orden de traslado y su ejecución de la Penitenciaría a otro centro diverso, tienen su ejecución material en la entidad federativa donde el aludido Juez de Distrito ejerce jurisdicción y, por ende, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgador carece de competencia por territorio para conocer y resolver los actos de molestia. Lo anterior, pues si bien en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se contempla limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un amparo indirecto, cuyo numeral, literalmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. --- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. --- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del precepto legal transcrito, se advierte la existencia de tres hipótesis diferentes para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1. El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el Juzgador Federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Una vez precisadas las reglas esenciales de competencia en materia de amparo para los Juzgados Federales, procede establecer la naturaleza del acto reclamado por la peticionaria de derechos, a fin de delimitar cuál de ellas es la aplicable en el caso a estudio y, por tanto, el órgano de control constitucional a quien corresponde conocer del citado asunto. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en el traslado del Centro preventivo y Readaptación Social de Tlalnepantla, Estado de México al Centro Federal de Readaptación Social Número 05 "Oriente" en Villa Aldama, Veracruz, en que actualmente se encuentra. Luego, considerando que los efectos de una orden de traslado no se agotan con la sola emisión, sino que con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo; éste acto es de tracto sucesivo. Así, de ser cierta la orden reclamada, la autoridad que la ordenó seguiría actuando consecutivamente hasta su ejecución, que culminaría con la reclusión de las personas en otro centro penitenciario, lo que trae como consecuencia que el acto puede tener ejecución en más de un distrito. Sin embargo, aun cuando el acto de referencia pueda tener ejecución en más de un distrito, en el caso no opera la regla prevista en la segunda hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, -que dispone que cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda-, pues para ello se requieren datos objetivos y certeros para determinar cuáles son esos distritos en los que podría tener ejecución el acto reclamado, para así poder tomar una determinación razonable sobre la competencia por territorio; pues de lo contrario se podría llegar a una determinación que no cumpla con el objetivo de las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que los juicios de amparo sean analizados por los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar donde tengan ejecución los actos reclamados, pues es donde las consecuencias jurídicas se verán materializadas. Pero, en el caso, únicamente se cuenta con la información proporcionada en la demanda de amparo, de cuya lectura no se advierte que el acto reclamado pudiera tener ejecución en esta ciudad; máxime que no se señaló como autoridad responsable a alguna autoridad perteneciente a un centro de reclusión con residencia en esta ciudad. Por tanto, el único dato objetivo que se tiene hasta el momento, es que el peticionario de amparo se encontraba interno en el Centro preventivo y Readaptación Social de Tlalnepantla, Estado de México lugar del cual fue trasladado al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 05 "Oriente" en Villa Aldama, Veracruz, en el cual se actualmente se encuentra privado de la libertad, sin que exista información alguna que permita concluir que el acto reclamado podría ejecutarse en esta Ciudad de Nezahualcóyotl, o en un distrito judicial diverso. Ante esas circunstancias, en este momento procesal, debe atenderse a la primera regla de competencia por territorio, que establece competente al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado, que en el particular es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; jurisdicción en la que, en todo caso es donde empezó a ejecutarse el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020828, visible en la página 899 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará". Asimismo, sirve de criterio orientador el sostenido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.15o.A.1 A (10a.), con registro digital: 2000066, consultable en la página 4311 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, de rubro y texto del siguiente tenor: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado". Por otra parte, cabe señalar que con el criterio aquí sostenido no se controvierte la jurisprudencia 35/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO." Ello, pues de su contenido y de la ejecutoria de amparo que la originó, se advierte que se refiere a una hipótesis diversa, relativa a cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; supuesto en el que sería competente el juez que previno; diferente al presente caso en el que no se cuenta con esa información; de ahí que, resulte inaplicable la jurisprudencia en cita al caso en concreto. En consecuencia, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, declara que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa y, por ende, de conformidad con los artículos 37 y 48 de la Ley de la Materia, se declina el presente asunto a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, a quien se considera competente para tramitarlo y resolverlo, por lo que, se ordena remitir de inmediato este expediente, a quien se solicita el acuse de estilo correspondiente. Mientras tanto, con una copia simple de la demanda, fórmese el cuadernillo de antecedentes que corresponda.

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