Edgar Benito Rodríguez Luna

Expediente 1884/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1884/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
28/01/2019

Partes del expediente

  • Edgar Benito Rodríguez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    El veintiocho de enero de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del once al veinticuatro de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de enero de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 1884/2018. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. Toda vez que se decretó de plano. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de enero del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto. Asimismo dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido acuerdo. Notifíquese; al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. Wendy Díaz*

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1884/2018, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo (fojas 2 a 5), a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 31-38); con el pedimento de la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita, recibido bajo el folio 158; así como, a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el Juez provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele a la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita, formulando alegatos; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el momento oportuno. Por cuanto hace a la solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele una vez que se pronuncie dicha determinación. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al Juez las remitidas por las autoridades responsables con el informe justificado (fojas 42 a 48). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: El secretario da cuenta con los formulados por la representante social de la adscripción en el pedimento número 21/2018. El juez acuerda: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1884/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Edgar Benito Rodríguez Luna, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Director y Coordinador de los Servicios Médicos, ambos del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. Acto reclamado: La falta de atención médica, que desde hace tres meses ha solicitado, ya que solamente me dicen que tengo "Tifoidea", a lo cual no recibo el tratamiento adecuado, solamente cuando se me agrava el problema, es por eso que pido la atención médica adecuada, un estudio especializado" Acto que, a su parecer resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 4, tercer párrafo y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda; se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: -La omisión de otorgar la atención médica adecuada al padecimiento de "tifoidea" y solicitada desde hace tres meses. La precisión de los actos reclamado, se hace con apoyo en la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, por si y en representación del Coordinador de los Servicios Médicos Generales del citado centro penitenciario, rindió informe justificado negando la existencia del acto reclamado; negativa que se desvirtúa en atención a las manifestaciones de la defensa de la legalidad del acto que realiza y ante lo cual se tiene como cierto (fojas 42 a 48). Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la responsable con el informe justificado, documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Improcedencia. El juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)" En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. Ahora, el principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por otra parte, los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal, establecen lo siguiente: "Artículo107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de la condiciones de internamiento. "Artículo108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: La persona privada de libertad, a nombre propio o de manera colectiva; Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguineidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; Los visitantes; Los defensores públicos o privados; El Ministerio Público; Cualquier autoridad, Entidad, Órgano u Organismo de Protección de los Derechos Humanos en el orden Federal o de las Entidades Federativas, que tengan de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y Las Organizaciones de la Sociedad Civil que tengan dentro de su objeto la Protección de los Derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. "Artículo109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciaran conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los Derechos de terceras personas y, en su caso, las subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito" Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." El contenido de los artículos transcritos pone de relieve que cuando los internos se duelan de circunstancias inherentes a las condiciones de internamiento, está en aptitud de iniciar un Procedimiento Administrativo ante la Autoridad Penitenciaria, quien a su vez dentro de las veinticuatro horas siguientes admitirá e iniciará el trámite del procedimiento o prevendrá según sea el caso, quien le notificará personalmente. Asimismo, el Director de dicho Centro, estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor de veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Incluso, si se no obtiene una respuesta favorable a su petición, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que le recaiga a su petición, tal como lo dispone el artículo 114 de la citada ley. De igual forma cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Ahora, el impetrante de amparo se duele de la omisión de otorgar la atención médica adecuada al padecimiento de "tifoidea" y solicitada a las autoridades responsables desde hace tres meses. De ahí que, previamente a la promoción del juicio de garantías el peticionario de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución, tiene la obligación procesal de acudir ante el juez correspondiente a reclamar la omisión de la autoridad penitenciaria para proveer sobre la petición de atención medica que refiere realizó y ahora reclamada, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses, y al no hacerlo es inconcuso que no agotó el requisito de definitividad que rige el juicio de amparo. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, procede sobreseer el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Benito Rodríguez Luna, en términos del considerando cuarto de esta resolución. NOTIFIQUESE; al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a seis de diciembre de dos mil dieciocho, Angélica el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de las constancias que remitió la autoridad responsable director del Centro Regional de Readaptación Social en Cieneguillas, Zacatecas, junto con su oficio con folio 23209, recibido en auto de veintidós de noviembre del año en curso (fojas 42-49); Que no ha comparecido ante este juzgado el defensor Público Federal José Ángel Valle Castillo, adscrito al juzgado Segundo de Distrito en el estado y comisionado a este juzgado, como se le requirió en auto de seis de noviembre del año en curso, el cual se le notificó el siete del mismo mes y año; lo anterior, a fin de que bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene o no algún impedimento o motivo de excusa, conforme a lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de La Ley Federal de Defensoría Pública y, en su caso, acepte y proteste el cargo que le fue conferido. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. La Secretaria En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con un pedimento con folio 24000. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de las constancias que remitió la autoridad responsable director del Centro Regional de Readaptación Social en Cieneguillas, Zacatecas, junto con su oficio con folio 23209, recibido en auto de veintidós de noviembre del año en curso (fojas 42-49). Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que no ha comparecido ante este juzgado el defensor Público Federal José Ángel Valle Castillo, adscrito al juzgado Segundo de Distrito en el estado y comisionado a este juzgado, como se le requirió en auto de seis de noviembre del año en curso, el cual se le notificó el siete del mismo mes y año; lo anterior, a fin de que bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene o no algún impedimento o motivo de excusa, conforme a lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de La Ley Federal de Defensoría Pública y, en su caso, acepte y proteste el cargo que le fue conferido. En atención a lo anterior, requiérase al mencionado profesionista por conducto del actuario adscrito a este juzgado en las instalaciones de la Defensoría Pública Delegación Regional Zacatecas, para que en el término de tres días siguientes al en que sea notificado del presente proveído comparezca a este órgano jurisdiccional y, bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene o no algún impedimento o motivo de excusa, conforme a lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de La Ley Federal de Defensoría Pública y, en su caso, acepte y proteste el cargo conferido. Luego, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento 2047/2018, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Por último, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las ONCE HORAS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, ASÍ COMO AL DEFENSOR JOSÉ ÁNGEL VALLE CASTILLO. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 23209. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zacatecas; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza las copias certificadas que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda, con la que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. EMVG

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano