Edgar Barrera Chavira
Expediente 4/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Edgar Barrera Chavira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra de la resolución de uno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 14 a 17), en la que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado estado la resolución de uno de febrero de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 4/2017-4, promovido por Edgar Barrera Chavira, contra el acto que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Asimismo, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el cuaderno de prueba que remitió la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, relativo al expediente 480/7/2008, de su estadística, devuélvansele para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. (4)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, primero de febrero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio 75/2017, signado por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, al que acompaña copia certificada del juicio laboral 480/7/2008, de su índice; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, asimismo, en virtud de que las citadas documentales fueron remitidas en un tomo, para facilitar el manejo del expediente en que se actúa, fórmense por separado un cuaderno de prueba. ... Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a las partes. (4)
- Principal
Por este medio se notifica al quejos y al tercero interesado: Téngase por recibido el oficio 75/2017, signado por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, al que acompaña copia certificada del juicio laboral 480/7/2008, de su índice; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, asimismo, en virtud de que las citadas documentales fueron remitidas en un tomo, para facilitar el manejo del expediente en que se actúa, fórmense por separado un cuaderno de prueba. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, y del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Edgar Barrera Chavira, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir en: "IV) ACTO RECLAMADO: Se reclama de la autoridad responsable, la ilegal e infundada NEGATIVA A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO EL LAUDO DICTADO dentro del expediente número 480/7/2008." (foja 2) De la lectura íntegra de la demanda de amparo y atendiendo a la causa de pedir, se precisa que el acto reclamado por el impetrante consiste en: la omisión de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de notificar a la parte demandada el laudo dictado dentro del expediente 480/7/2008, del índice de la responsable. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por las razones que a continuación se exponen. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;[.]" Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por la Presidenta de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, anexas a su informe justificado, de las que destacan, en lo que importa, las siguientes: 1. El seis de diciembre de dos mil dieciséis, la junta del conocimiento dictó laudo dentro del juicio laboral 480/7/2008, promovido por Edgar Barrera Chavira -aquí quejoso- en contra de Andrés González Taboada, Pedro Cossío, quien resulte responsable de la empresa denominada Central de Fletes Monterrey, sociedad anónima de capital variable, Jean París González Díaz, Homero Manuel González Díaz y Esteban Manuel González Vergara (fojas 639 a 648). 2. Dicho laudo fue notificado personalmente al actor, por conducto de su apoderado, el trece de diciembre pasado (foja sin número). 3. Finalmente, el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se notificó a los demandados Andrés González Taboada, Pedro Cossío, quien resulte responsable de la empresa denominada Central de Fletes Monterrey, sociedad anónima de capital variable, Jean París González Díaz, Homero Manuel González Díaz y Esteban Manuel González Vergara, el laudo de seis de diciembre de dos mil dieciséis (foja 652). De las constancias reseñadas se colige que el veintitrés de enero del presente año, el actuario adscrito a la junta responsable llevó a cabo la notificación del laudo dictado el seis de diciembre pasado, dentro del juicio laboral 480/7/2008, circunstancia que hace evidente que el acto reclamado-omisión de notificar a la parte demandada el laudo dictado-, ha cesado sus efectos. Al respecto, también debe tomarse en consideración que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el diez de enero de dos mil diecisiete, esto es, con antelación a que se notificara el aludido laudo, dentro del expediente 480/7/2008, lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó ha dejado de existir, pues ya se notificó a la parte demandada el laudo de seis de diciembre del año próximo pasado; de ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, restituyéndose al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese planteado en el mundo fáctico. Por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos del acto materia del reclamo, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Ante tales consideraciones y con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, toda vez que al haberse notificado a los demandados el laudo de seis de diciembre de dos mil dieciséis -cuya omisión se reclamaba- es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del nueve de febrero de dos mil diecisiete (foja 4). No pasa inadvertido para este juzgador federal el hecho que de autos se advierte que únicamente se encuentra emplazada la demandada moral Central de fletes Monterrey, sociedad anónima de capital variable; sin que se haya realizado el llamamiento a este juicio de los diversos codemandados físicos; sin embargo, se estima innecesario el emplazamiento de los citados terceros interesados físicos, dado el sentido del presente acuerdo, el cual no les ocasiona perjuicio alguno y porque, además, el sentido del presente acuerdo no variaría, por las razones expuestas en párrafos precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, doce de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentran señaladas las once horas de esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente asunto (foja 18); asimismo, que la autoridad responsable Fiscal para Asuntos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, no ha remitido las constancias que le fueron requeridas en auto de veinte de diciembre del año próximo pasado; por tanto, requiérase vía telegráfica a dicha autoridad para que dentro del término de tres días, legalmente computados, informe si recibió el oficio 7031/2016, el cual trascribe el aludido proveído, y de ser así, remita a la brevedad las constancias que le fueron solicitadas, pues resultan necesarias para resolver el presente juicio constitucional, o en su caso manifieste el impedimento que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Para dar lugar a lo acordado, se difiere la audiencia programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas del ocho de febrero de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la misma. Por otra parte, ténganse por recibidos los escritos que suscribe el quejoso, y en atención al contenido de los mismos, se acuerda: 1.- Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones a título de alegatos, para ser tomados en consideración en su momento procesal oportuno. 2.- Asimismo, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las personas que indica, la reproducción de actuaciones judiciales que obran en el presente legajo de antecedentes, mediante el uso de los medios electrónicos que señala dicha circular, así como de la toma de fotografías, favoreciendo con ello el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, esto, previa identificación y razón que se asiente en autos. Es aplicable al tema de trato, la tesis I.1o.A.23 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1830, abril de 2015, libro 17, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro expresa: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese. (4)
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