Edgar Andrés Medina Uribe

Expediente 197/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
197/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
17/04/2018

Partes del expediente

  • Edgar Andrés Medina Uribe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otro lado, devuélvanse las constancias que remitió la Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en apoyo a su informe, previo glose que se haga de la carátula del cuaderno que con ellas se formó. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Querétaro, siendo las ****, día y hora señalados para celebrar la audiencia constitucional. El Secretario Marco Vinicio García González, certifica: que el expediente se encuentra debidamente integrado para celebrar la audiencia. El Juez acuerda: visto lo asentado por el Secretario, procédase a llevar a cabo la misma. Acto seguido, Javier Loyola Zosa, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa asistido del Secretario que da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Abierta dicha audiencia, el Secretario hace relación de las constancias de autos entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez acuerda: con Sujeción a lo normado en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por hecha la relación de constancias aludidas para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, se abre el periodo de pruebas y el Secretario certifica que el Juez responsable, ofreció documentales. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede, por lo que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales referidas, para los efectos legales conducentes. Cerrado el periodo probatorio y abierto el de alegatos, el Secretario certifica que ninguna de las partes los formuló. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la certificación de cuenta para los efectos legales conducentes; y, al encontrarse integrado el expediente, procede dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo número 197/2018, promovido por ****, en contra de los actos que le atribuyó al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en Querétaro y otra autoridad, los cuales consideró violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito presentado el ****, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y remitido el mismo día (por razón de turno), a este Juzgado Tercero de Distrito, **** demandó el amparo y protección de la justicia de la Unión, en contra de las autoridades y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en Querétaro. Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en Querétaro. ACTO RECLAMADO. El ilegal emplazamiento y como consecuencia la desposesión del inmueble ubicado en calle ****. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer del presente asunto a este Juzgado de Distrito, por lo que mediante proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, quedando registrada con el número 197/2018; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó al tercero interesado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito; y, en atención a que el acto reclamado en el presente juicio se emitió en el lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Por imperativo de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar que del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados son los precisados en el resultando primero de esta sentencia. Con relación a ello, es menester destacar que para deducir el acto reclamado en una demanda de amparo, no debe considerarse como tal, únicamente el que se desprenda de la misma, sino que debe comprender, además, el análisis de las constancias de autos, lo que forzosamente hace que tengan que apreciarse en su conjunto, sin sujetarse al rigorismo, que ni la lógica ni el derecho pueden autorizar, sin que ello implique que de manera alguna se supla la queja deficiente, en virtud de que se trata únicamente de armonizar la información con la que se cuenta, a fin de que a través de ella se precise el verdadero sentido que quiso darle el particular. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): (Común) Tesis: P. VI/2004 Pag: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en Querétaro, pues así lo señalaron al rendir su correspondiente informe justificado. En apoyo a lo anterior, tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. En efecto, la existencia de los referidos actos reclamados, se corroboran con la copia certificada del juicio ordinario civil con número de expediente 197/2018; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido elaboradas por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia doscientos veintiséis, del tenor siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS". De igual forma, resulta aplicable la tesis cuyo rubro y texto dicen: Época: Octava Época Registro: 209484 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV, Enero de 1995 Materia(s): Común Tesis: XX. 303 K Página: 227 DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él. Amparo en revisión 428/94. Esmeralda Ramírez Pérez. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causas de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia que al tenor dice: Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. . Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Santiago F. Rodríguez Hernández. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Fernando Lundez Vargas. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; para lograr una mejor comprensión de lo anterior, es menester plasmar el contenido del numeral de referencia, mismo que a la letra establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" En primer término, debe puntualizarse que el interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio; esto es, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona un perjuicio al titular de aquél. En ese sentido, debe tenerse que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de las garantías individuales establecidas en la Carta Magna, cuando exista violación a aquellas por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio real en contra del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia que establece: Época: Octava Época Registro: 224803 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/87 Página: 364 INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. . Amparo en revisión 410/88. Enrique Moreno Valle Sánchez. 14 de diciembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 341/89. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 9 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 93/90. Miguel Abiti Abraham. 18 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 179/90. Distribuidora Poblana de Carnes de Tabasco, S. A. de C. V. 11 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo directo 295/90. Esteban Mejía Morales, en su carácter de Coordinador General y Representante Legal de la Escuela Preparatoria Nocturna Licenciado Benito Juárez García de la Universidad Autónoma de Puebla. 7 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Asimismo, cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de garantías, debe estar acreditado en forma plena y no se debe inferir con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 293, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: Época: Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Amparo en revisión 3564/84. Dominga Estrada. 5 de septiembre de 1984. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Santiago Rodríguez Roldán. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Amparo en revisión 6121/83. Santiago I. Friedmann. 28 de agosto de 1985. Cinco votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Enrique Rodríguez Olmedo. Amparo en revisión 6921/85. Embotelladora de Monclova, sociedad anónima de capital variable. 13 de enero de 1986. Cinco votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretaria: Margarita Beatriz Luna Ramos. Amparo en revisión 5576/85. Héctor Manuel Martínez Centeno. 3 de febrero de 1986. Cinco votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Marcelo Salles Borges. Amparo en revisión 653/94. Cuprum, sociedad anónima de capital variable. 13 de junio de 1994. Cinco votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Manuel Suárez Fragoso. Tesis de Jurisprudencia 16/94. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de tres de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores y Noé Castañón León. Ausente: Carlos de Silva Nava. Por otra parte, el interés legítimo es atinente al hecho de que el juicio de amparo solo podrá promoverse por aquella persona que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; esto es, la titularidad del interés legítimo es de un grupo de personas, y, consecuentemente, atendiendo a esta clase de interés, no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica. En efecto, el interés legítimo se crea para salvaguardar intereses generales, es decir, el orden público o el interés social y por ende, el tipo de afectación que se sufre respecto del interés legítimo se produce de manera indirecta, esto es, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito. Sustenta lo anterior, la tesis emitida en la Décima Época que dispone: Época: Décima Época Registro: 2003608 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: I.8o.A.4 K (10a.) Página: 1888 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011. SUS DIFERENCIAS. Conforme al artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 4 de octubre de 2011, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. En congruencia con las definiciones que de una y otra clase de interés ha proporcionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, Séptima Parte, página 55 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, páginas 241 y 242, estas últimas con claves o números de identificación 2a./J. 141/2002 y 2a./J. 142/2002, de rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.", "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." e "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.", respectivamente, pueden identificarse, a partir de cuatro elementos de los que participan ambos tipos de interés, algunos rasgos característicos que los diferencian, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los cuales son: a) titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que del legítimo, un grupo de personas; b) poder de exigencia del titular: tratándose del primero es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio exclusivo, mientras que en el segundo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) norma de la que surge: tratándose del jurídico se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y d) tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que en relación con el legítimo se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 220/2012. Armando Hernández Colín. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos, con salvedades por parte de la Magistrada Ma. Gabriela Rolón Montaño en cuanto al tema de que el quejoso debe tener interés jurídico antes de la entrada en vigor de las disposiciones reclamadas. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Javier Ramírez García. Amparo en revisión 204/2012. Alberto Romero García. 3 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Javier Ramírez García. Asimismo resulta aplicable, la tesis también emitida en la Décima Época que señala: Época: Décima Época Registro: 2002326 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 4 K (10a.) Página: 1391 INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SUS CARACTERÍSTICAS. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. Amparo en revisión 180/2012. Hilda Guadalupe Zenteno Villafuerte. 6 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: Edgar Bruno Castrezana Moro. Nota: Sobre el tema tratado en esta tesis, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región emitió la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 3, abril de 2013, página 1807, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011." Precisado lo anterior, de los criterios transcritos se desprende que los requisitos que debe demostrar quien promueve el amparo, son: Interés jurídico Interés legítimo a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. c) En su caso, que el promovente pertenezca a esa colectividad. Ahora, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De igual manera, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Del contenido de los preceptos jurídicos citados se concluye que la acción constitucional sólo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, o en su caso, respecto de aquella persona que sin ser titular de un derecho subjetivo, tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, mismo que como ha quedado señalado, en su caso proviene de la afectación a su esfera jurídica, derivada de su situación particular respecto del orden jurídico nacional y vigente. Así, el perjuicio de que se habla en el caso del interés jurídico, se debe entender como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado de forma legítima, cuyo desconocimiento o violación otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado y respecto del interés legítimo, este fue creado salvaguardar intereses generales, es decir, el orden público o el interés social y por ende, el tipo de afectación que se sufre respecto del interés legítimo se produce de manera indirecta, esto es, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito. Ahora, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos, o respecto de una afectación a su esfera jurídica, derivada de su situación particular respecto del orden jurídico nacional y vigente, ambos como consecuencia de la ejecución de los actos que estima ilegales, por lo cual se entiende por perjuicio la ofensa que se hace en los derechos o intereses de los que es titular, o que atenten contra el citado orden público. En esas condiciones y en primer término, en el presente asunto no se advierte la afectación a un interés legítimo de la quejosa, en virtud de que el acto reclamado es la falta de llamamiento al juicio laboral, de ahí que no se advierte de manera alguna la afectación al orden jurídico nacional y vigente, pues, en su caso, atenta en contra de intereses particulares. Ciertamente, en el presente sumario constitucional, no se acreditó por parte de la quejosa, la existencia de una afectación a su esfera jurídica directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo, pues como se aprecia de la propia demanda de garantías, la impetrante del amparo manifestó que el acto aquí reclamado, implica una afectación en sus derechos, lo que excluye per se que la afectación reclamada derive de un interés legítimo, atento a que con el acto combatido por esta vía, no se afecta el orden jurídico nacional y vigente, sino una situación particular e individual. Ahora, la parte quejosa tampoco acredita su interés jurídico para iniciar el presente sumario, se explica. Positivamente, por interés se debe entender la aspiración legítima de orden pecuniario, moral o, en algunos casos jurídicos, que representa para una persona la satisfacción o la realización de una determinada conducta y la relación entre las necesidades de una persona o de un grupo de personas con las cualidades de un bien, o con las consecuencias que se derivan de la existencia de una cierta situación, o de una determinada conducta, en cuanto pueden ser aptas para satisfacer aquellas necesidades. El interés jurídico existe cuando una norma específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido. Consiste pues, en la titularidad del derecho que se estima transgredido por el acto de autoridad. Así mismo, la ley y la jurisprudencia han equiparado el interés jurídico con los derechos subjetivos, caracterizados por la existencia de una norma, con el propósito inmediato de tutelar el interés exclusivo, actual y directo del particular colocado en el supuesto normativo. En el caso, no está demostrada la existencia de un derecho respecto del cual se tenga la obligación de protección a favor de la aquí impetrante de garantías, derivado de la prevención establecida en alguna norma. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo se observa que el quejoso refiere la desposesión de bienes de su propiedad; sin embargo, no se acredita el daño o perjuicio que con el acto de autoridad ocasiona el derecho legítimamente tutelado. En efecto, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en Querétaro, manifiesta que efectivamente ante él se encuentra tramitándose un juicio ordinario civil, promovido por Milton Rodríguez Martínez en contra de María de Lourdes Estrada. En ese orden de ideas, la parte quejosa no sufrió un daño o menoscabo, pues ella no es parte dentro del juicio ordinario civil, así que ningún acto fue destinado hacia su persona que le genere algún acto de molestia, también lo es, que no acreditó tener algún derecho respecto del inmueble que dice ostentar, de ahí que no exista afectación a algún derecho de propiedad o posesión que pretenda defender; por lo que, válidamente se puede concluir que no hay afectación alguna que haga procedente el juicio de amparo que nos ocupa. En mérito de los razonamientos expuesto, y al estar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional vigente, se impone sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley en cita. Sobreseimiento que debe entenderse extensivo al acto de ejecución atribuido al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, al reclamarse por vía de consecuencia y no por vicios propios. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se localiza en la página 50, tomo 24 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, con registro 239008, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por el peticionario del amparo, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia V.2o. J/15, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, registro 220705, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Sin que por otro lado, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". Finalmente, conviene precisar que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista con la misma a efecto de que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que el quejoso esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, pues este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los quejosos no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos. Aplica al particular, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007920, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia". Como colofón, debe precisarse que todas de las tesis y jurisprudencias mencionadas en el cuerpo de esta sentencia, resultan aplicables en el presente asunto, toda vez que si bien, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, lo cierto es que contienen los mismos principios de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; de allí que resulten aplicables, lo anterior además de conformidad con lo establecido por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "ARTICULO SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 77, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Andrés Medina Uribe, respecto del acto reclamado a las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia. Notifíquese...

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, manifestando textualmente que: ."jamás presente, firme, autorice para firma o representar, la demanda de amparo a virtud de la cual se formó el expediente citado al rubro"., y por tanto la voluntad de desistirse de la misma que dio origen al presente juicio de amparo. En consecuencia, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación con su pretensión, se impone necesario requerir a dicha parte procesal, para que dentro del plazo que establece el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, dentro de término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificado a este Juzgado de Distrito, a fin de que manifieste si ratifica o no su ocurso en el que manifiesta su deseo de desistir del juicio de amparo en que se actúa, apercibido que en caso de no hacerlo, se le tendrá por no desistido de la presente instancia constitucional y se continuará con la tramitación del presente controvertido. Es aplicable la tesis VI.2o.24 K, visible en la página 405 del tomo III, febrero de 1996, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ORDENARSE LA RATIFICACIÓN DEL ESCRITO DE. Si en un juicio de amparo, el quejoso presenta escrito de desistimiento, el juez de Distrito no debe apercibirlo en el sentido de que de no comparecer a ratificar dicho escrito, tendrá por hecha la ratificación, sino que de no comparecer a realizarla se tendrá por no formulado el desistimiento y se continuará con el procedimiento de amparo; pues únicamente de esta manera, el juez de Distrito tendría la certeza de que efectivamente quien desiste es el quejoso, en virtud, de que éste tendría la certeza de que realmente es la voluntad del solicitante de amparo el desistirse de la acción constitucional, y de que no se trata de un escrito en el que se le haya suplantado, o de que hubiese obedecido a una causa ajena a su voluntad." Lo anterior, toda vez que entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto de autoridad que refuta de inconstitucional, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, de lo que se concluye lógicamente que quien está facultado conforme a la ley para promover el juicio constitucional puede también válidamente desistirse de la acción intentada, lo que se traduce en la renuncia expresa de la parte agraviada para que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad jurisdiccional; sin embargo, dicha manifestación de voluntad para que produzca todos sus efectos legales, debe ratificarse personalmente ante la presencia judicial. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.33/2000, consultable en la página 147, tomo XI, abril de 2000, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Así como la jurisprudencia VI.2o.19K, consultable en la página 488 del tomo III, novena época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y textos son: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado". Finalmente, agréguese al sumario el escrito signado por el tercero interesado, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes, y una vez que se de cumplimiento con el requerimiento formulado a la parte quejosa en líneas que anteceden se proveerá lo que en derecho corresponda, respecto del incidente y vista al Ministerio Público que solicita. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de cinco de marzo de dos mil dieciocho: "Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, manifestando textualmente que: ."jamás presente, firme, autorice para firma o representar, la demanda de amparo a virtud de la cual se formó el expediente citado al rubro"., y por tanto la voluntad de desistirse de la misma que dio origen al presente juicio de amparo. En consecuencia, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación con su pretensión, se impone necesario requerir a dicha parte procesal, para que dentro del plazo que establece el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, dentro de término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificado a este Juzgado de Distrito, a fin de que manifieste si ratifica o no su ocurso en el que manifiesta su deseo de desistir del juicio de amparo en que se actúa, apercibido que en caso de no hacerlo, se le tendrá por no desistido de la presente instancia constitucional y se continuará con la tramitación del presente controvertido. Es aplicable la tesis VI.2o.24 K, visible en la página 405 del tomo III, febrero de 1996, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ORDENARSE LA RATIFICACIÓN DEL ESCRITO DE. Si en un juicio de amparo, el quejoso presenta escrito de desistimiento, el juez de Distrito no debe apercibirlo en el sentido de que de no comparecer a ratificar dicho escrito, tendrá por hecha la ratificación, sino que de no comparecer a realizarla se tendrá por no formulado el desistimiento y se continuará con el procedimiento de amparo; pues únicamente de esta manera, el juez de Distrito tendría la certeza de que efectivamente quien desiste es el quejoso, en virtud, de que éste tendría la certeza de que realmente es la voluntad del solicitante de amparo el desistirse de la acción constitucional, y de que no se trata de un escrito en el que se le haya suplantado, o de que hubiese obedecido a una causa ajena a su voluntad." Lo anterior, toda vez que entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto de autoridad que refuta de inconstitucional, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, de lo que se concluye lógicamente que quien está facultado conforme a la ley para promover el juicio constitucional puede también válidamente desistirse de la acción intentada, lo que se traduce en la renuncia expresa de la parte agraviada para que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad jurisdiccional; sin embargo, dicha manifestación de voluntad para que produzca todos sus efectos legales, debe ratificarse personalmente ante la presencia judicial. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.33/2000, consultable en la página 147, tomo XI, abril de 2000, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Así como la jurisprudencia VI.2o.19K, consultable en la página 488 del tomo III, novena época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y textos son: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado". Finalmente, agréguese al sumario el escrito signado por el tercero interesado, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes, y una vez que se de cumplimiento con el requerimiento formulado a la parte quejosa en líneas que anteceden se proveerá lo que en derecho corresponda, respecto del incidente y vista al Ministerio Público que solicita. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa".

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano