Edgar Amilcar Alonzo Paredes
Expediente 292/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Edgar Amilcar Alonzo Paredes
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió para la parte quejosa, que es la única legitimada al efecto, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (fojas 23 a 26), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que haya hecho valer tal medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, una vez transcurrido el plazo de cinco años.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el dos de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de las documentales siguientes: Auto de admisión de pruebas de diez de mayo de dos mil diecisiete, y constancias de notificación de veintinueve de mayo de esta anualidad. Actuaciones que obran en los autos del juicio laboral DIT-387/2014, de su estadística. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, atento a lo previsto por el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de admitir las pruebas ofrecidas por las partes en la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución celebrada el treinta de agosto de dos mil dieciséis, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad ordenadora el H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE se reclama la omisión de admitir las pruebas ofrecidas por las partes en la AUDIENCIA PÚBLICA DE CONCILIACIÓN, PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN de fecha treinta de agosto del año dos mil dieciséis." Del análisis de la copia certificada enviada por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que por auto de diez de mayo del presente año, proveyó de la siguiente manera: "AUTO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS CUENTA: En fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, doy cuenta al Pleno de este H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con el estado procesal que guardan los autos que integran el expediente citado al rubro y las promociones presentadas ante la oficialía de parte de este H. Tribunal los días cinco de enero de dos mil diecisiete.- CONSTE.- La Secretaria de cuerdos.------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los diez días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.------------------------------------------- AUTO: V I S T O el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y en atención al contenido.----------------------------------- EL H. TRIBUNAL ACUERDA: Se tienen por recepcionada la promoción de cuenta suscrito por el Licenciado Arturo Vázquez Cinco, en atención a su solicitud de procede (sic) a acordar lo conducente con respecto a las pruebas ofrecidas por LA PARTE ACTORA EDGAR AMILCAR ALONZO PAREDES y de la PARTE DEMANDADA H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO y con fundamento en los artículos 776, 777, 779, 780, 786, 789, 795, 810, 813, 830, 836 y demás relativos y aplicables de La Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Burocrática del Estado, se procede a realizar la admisión y desechamiento de los medios de prueba ofrecidos como sigue:------ EN CUANTO A LA PARTE ACTORA EDGAR AMILCAR ALONZO PAREDES, SE ADMITEN LAS SIGUIENTES PRUEBAS:-------------- [..] EN CUANTO A LA PARTE DEMANDADA H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, SE ADMITEN LAS SIGUIENTES PRUEBAS:------------------------------------------------- [.] Para efecto de que tenga verificativo el desahogo de pruebas admitida a la parte demandada consistente en la confesional a a cargo del actor se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo el DESAHOGO DE PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA. Se comisiona al ciudadano actuario para que proceda a notificar personalmente a la parte actora EDGAR AMILCAR ALONZO PAREDES y demandada H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO en sus domicilios señalados para tales efectos, debiendo correrles traslado con copia cotejada del presente auto de admisión de pruebas y haciendo de su conocimiento los apercibimientos decretados en el mismo. [.]" De lo anterior, se advierte que el Tribunal responsable, el diez de los corrientes, proveyó respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, auto que se le notificó personalmente a la parte actora el veintinueve de mayo de esta anualidad, tal como se acredita de la cédula de notificación también acompañada en copia certificada. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado el diez de mayo de dos mil diecisiete, proveyó respecto de la admisión de pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis; y, en segundo lugar, al haber realizado su notificación a la parte actora, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con veinte minutos del nueve de junio de dos mil diecisiete. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta con la que ***, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 292/2017, y se admite en sus términos la demanda de que se trata. Dése la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las nueve horas con veinte minutos del nueve de junio de dos mil diecisiete. Solicitud de informe justificado Con fundamento en lo dispuesto en artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado en el presente asunto al *****, del cual se ordena su emplazamiento por medio de oficio, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley citada, al que deberá acompañarse copia de la demanda. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.
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