Edgar Amaury Salazar Valencia
Expediente 2471/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2471/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/03/2022
Partes del expediente
- Edgar Amaury Salazar Valencia
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. I. Queja infundada. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 16/2022, de dicho índice, en el cual se declaró infundado el interpuesto contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y, acúsese el recibo de estilo respectivo. II. Causa estado. Lo anterior permite concluir que el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de ENRIQUE AGUIRRE NUÑEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.55 06/01/23 18:50:55 JUICIO DE AMPARO 2471/2021 2 aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado estado. III. Orden de archivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. IV. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Acuerdo de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se emitió acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. VI. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VII. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se negó el amparo en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se negó el amparo en el juicio, el presente expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. VII. Devolución de cuaderno de pruebas. Con fundamento en por el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; devuélvase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón el tomo de pruebas recibidas en proveído de dos de diciembre del año pasado; en virtud que resultan innecesarias, toda vez que como se advierte de líneas precedentes el presente juicio concluyó ordenándose su archivo. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Tomando en consideración que este órgano jurisdiccional se encuentra autorizado para allegarse de todas las pruebas que estime necesarias para mejor proveer dentro del presente asunto; con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Juzgado Cuarto de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial en el Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, remita copia certificada completa y legible de todo lo actuado en el juicio civil ordinario 592/2016, de su índice, así como los medios probatorios allegados al mismo, ya que resultan necesarios para resolver el presente asunto. Apercíbase. Apercíbasele que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se impondrá a su Titular una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Difiere audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTIDOS MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, para su verificativo.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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