Edgar Amadeo Veliz Rodríguez
Expediente 793/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Edgar Amadeo Veliz Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Acusa recibo constancias. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Civil Regional de Texcoco, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas del expediente 927/2019; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos como corresponda y téngase a la autoridad de mérito acusando el recibo de estilo correspondiente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Civil Regional de Texcoco, Estado de México; atento a lo que solicita remítase las constancias que solicita para los efectos legales a que haya lugar, solicitado tenga a bien acusar su recibo. Por otra parte, agréguese únicamente como corresponda a los autos el escrito suscrito por Ana Isabel Murillo Martínez, quien aduce ser representante legal de Comercializadora MGA S.A. de C.V., sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto en virtud de que no es parte dentro del presente juicio de derechos, toda vez que el mismo se desechó el quince de octubre de dos mil veinte y no se le tuvo como parte en el mismo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que atento al oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó la determinación adoptada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades respecto a este juzgado federal, por un periodo de catorce días comprendidos del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspendieron plazos y términos, en el presente asunto; en tal virtud, con esta fecha se reanuda este trámite. En tales condiciones, conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de quince de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Edgar Amadeo Veliz Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la empresa Platinum Casket Company, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de autos se advierte que obra por separado un legajo de prueba formado con el original del toca 1001/2019 del índice de la Segunda Sala Civil Regional de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, constancia que resulta innecesaria su retención, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen para los efectos correspondientes. Sin necesidad de confirmar su recepción, toda vez que de la constancia de notificación correspondiente deberá advertirse su entrega. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito suscrito por Ana Isabel Murillo Martínez, quien dice ser representante legal de Comercializadora MGA S.A. de C.V., mediante el cual solicita sean devueltas las constancias a la Primera Sala Civil Regional de Texcoco, Estado de México, a fin de proseguir con la secuela procesal correspondiente; atento a su contenido se provee: No ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que la promovente no es parte dentro del presente juicio de garantías conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Amparo, ya que si bien es cierto, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda la señala como tercero interesada a Comercializadora MGA S.A. de C.V.; lo cierto es que no tiene legitimación para instar en el presente juicio de amparo. Finalmente, tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa conservación de las actuaciones a que se refiere el citado artículo 22.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México al que acompaña el juicio de amparo directo D.C. 218/2020, promovido por Edgar Amadeo Veliz Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la empresa Platinum Casket Company, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos de la Segunda (sic) Sala Civil de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; además acompaña la resolución de tres de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual dicho órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, y ordenó remitirla con sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en Turno; a lo que se acuerda: Con fundamento en los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, éste Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada, dado que la autoridad que emitió el acto reclamado tiene su residencia dentro del ámbito territorial en el que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción y la resolución reclamada no es de aquellas que ponga fin al juicio o lo de por concluido, como lo aduce la autoridad oficiante; acúsese recibo de estilo, de la llegada del oficio 4309/2020, del juicio de amparo directo D.C. 218/2020, del toca 1001/2019 y copias certificadas relativas al expediente 927/2019. En consecuencia, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo; fórmese expediente y regístrese con el número 793/2020-III, tanto en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, del estudio de la demanda, este juzgador obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente, en la parte conducente, establecen lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)». De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El desarrollo lógico a partir de la aceptación, de que las violaciones dentro de juicio de tipo "adjetivo" o "intraprocesal", también pueden ser consideradas de imposible reparación, conduce a la congruente conclusión de que en tal supuesto, puede caber en su contra el amparo indirecto, aunque de manera excepcional. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin al juicio). Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros. En ese contexto, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; el prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera, pues en los primeros casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrían reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, por ejemplo, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y la disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etcétera, y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistirían irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva. Por tanto, los derechos sustantivos presentan: a) límites internos de su cobertura en razón, precisamente, de los bienes tutelados; y, b) restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales, configurativos del orden público. Es aplicable a lo antepuesto, la tesis I.13o.A.3 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenida a página 1742, Tomo XIII, Marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN». Bajo ese contexto, a consideración de este juzgador, se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, pues del contexto integral de su demanda, se desprende que la parte quejosa, reclama la sentencia interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Civil de Texcoco, Estado de México, en el toca 1001/2019, en la cual revocó la determinación del Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de Nezahualcóyotl, y declaró infundada la excepción de falta de personalidad de José Ramírez González, respecto de la persona moral Comercializadora MGA, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuesta por el aquí quejoso. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO». Una vez precisado lo anterior, este juzgador estima que por cuanto hace al citado acto, se actualiza la causal de improcedencia descrita, pues de momento no afectan ninguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el acto impugnado por la parte quejosa, consistente en la sentencia interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Civil de Texcoco, Estado de México, en el toca 1001/2019, en la cual revocó la determinación del Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de Nezahualcóyotl, y declaró infundada la excepción de falta de personalidad de José Ramírez González, respecto de la persona moral Comercializadora MGA, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual no afecta materialmente derechos sustantivos de la inconforme, esto es, no hay una consecuencia inmediata a la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal o algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, dado que se alega la conculcación de derechos adjetivos; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley en la materia vigente, el juicio de amparo solo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente, cuando no haya afectación material a derechos sustantivos. Por ello, si el acto destacado, consiste en la sentencia interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Civil de Texcoco, Estado de México, en el toca 1001/2019, en la cual revocó la determinación del Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de Nezahualcóyotl, y declaró infundada la excepción de falta de personalidad de José Ramírez González, respecto de la persona moral Comercializadora MGA, Sociedad Anónima de Capital Variable, resulta ser un acto dictado en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2014, materia común, décima época, bajo el rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, el acto reclamado en la presente vía, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en virtud que su emisión sólo producen efectos intraprocesales, siendo el caso que al pronunciarse sentencia definitiva, ésta le sea favorable a sus intereses, con lo que desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasionara los actos que combaten; en caso contrario, será hasta el fallo respectivo, cuando se patentice la afectación de sus derechos y estará en posibilidad de promover el juicio de amparo directo, inherente; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio de amparo, sólo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y de existir éste, no tenga el carácter de irreparable, como acontece en el caso concreto. Es aplicable al respecto la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, décima época, con el rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)". Así como la tesis XI.T.Aux.C.1 K, del Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, Tomo XXXII, Julio de 2010, consultable a página 1880, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA». Ante esta perspectiva, es evidente que el acto cuya constitucionalidad se reprocha, no tiene efectos de imposible reparación, toda vez que sólo entraña una posible infracción a los derechos adjetivos de la parte quejosa que produce efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales; por ende, la violación que en un momento dado llegare a cometerse con la actuación de la que se queja la parte inconforme, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, puede quedar subsanada con posterioridad, al momento de emitirse sentencia que decida la controversia de origen, la cual puede ser a su favor y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del referido fallo, en la medida en que trascienda a su resultado. Es aplicable a lo anterior, en la parte que interesa, la tesis V.3o.3 C, del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a página 1157, Tomo VIII, Octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE TENER POR ACUSADA LA REBELDÍA A LA DEMANDADA». De lo antes señalado, se colige que el acto combatido no causa a la parte solicitante del amparo perjuicios de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial contra actos dentro de juicio, pues para que una violación de derechos procesales se ubique en tal hipótesis es necesario que produzca una afectación en grado predominante o superior. Luego, sus efectos o consecuencias son simplemente procesales mientras no se dicte la sentencia que decida el fondo de la controversia, y si bien existe la posibilidad de que el fallo sea desfavorable a la parte solicitante del amparo; sin embargo, tal probabilidad no basta para conferir un interés jurídico al mismo para acudir de inmediato al juicio de amparo indirecto, pues también es posible que la violación de referencia no llegue a concretizarse, si el fallo resulta favorable a la parte agraviada, pese a existir un acto de procedimiento estimado ilegal, porque esa violación procesal cometida en el procedimiento no trascendería al fallo y no habría conculcación a sus derechos sustanciales o fundamentales. En tales condiciones, como en la especie no se aprecia que por las circunstancias del caso exista una conculcación inmediata de derechos humanos, sino que por el contrario, según quedó expresado con antelación, aquélla sólo podrá actualizarse al dictarse sentencia definitiva (de resultar desfavorable a la parte quejosa), es de concluirse que no estamos en presencia de un perjuicio irreparable. Asimismo, cabe señalar, que los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo vigente, establecen que los juicios seguidos ante los tribunales, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, cuando se afecten las defensas del quejoso y dichas violaciones, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia que decida dicho recurso. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, de rubro siguiente: «EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS». En consecuencia, por notoriamente improcedente, debe desecharse de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado que se atribuye al tribunal responsable, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, página 890, de la rubro siguiente: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Asimismo, encuentra sustento a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, de rubro siguiente: «DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA». Sin que pasen inadvertidos para este resolutor, los diversos criterios sostenidos por Nuestro Máximo Tribunal, en relación con la acepción de actos de imposible reparación, así como los casos de excepción tratándose de los intraprocesales, virtud a que la nueva Ley de Amparo, en el numeral y fracción examinados (107, fracción V), definió qué debe entenderse por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, y, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la aludida reforma, justificó la vigencia de la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, en la medida que no se oponga a lo proscrito en la nueva Ley de Amparo. En virtud de que la parte quejosa señala en su demanda como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Sin que se haga pronunciamiento alguno respecto a los autorizados que señaló la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que la autoridad declinante por acuerdo de tres de septiembre de la presente anualidad, ya proveyó lo conducente, por lo que, se tienen por autorizados a dichas personas en los términos allí señalados. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.
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