Edgar Alvear Piña
Expediente 367/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Edgar Alvear Piña
- Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, residente en Nuevo Casas Grandes Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual por un lado se sobreseyó y por el otro se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que en el presente asunto por un lado se sobreseyó en el juicio y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva. Por su parte, el duplicado del incidente, es susceptible de destrucción, por tanto, transcurridos seis meses destrúyase de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en mención. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIAChihuahua, Chihuahua, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 367-2021-III, promovido por *******, contra actos del Magistrado De la Primera Sala Penal Regional del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua y otra- y-R E S U L T A N D O- Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito ese mismo día, el quejoso *******, promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua y otra autoridad, de quienes reclamó lo siguiente- -V. LA RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA Y FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los actos reclamados son los siguientes- a-.-LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA REGIONAL PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, que fue emitida el día 26 de Abril del año 2021, y notificado por correo electrónico a mi defensor el mismo día y al quejoso por cédula de notificación el día 27 de Abril del 2021. Resolución que confirma mi vinculación a proceso por el delito de DAÑOS Y AMENAZAS COMETIDAS EN PERJUICIO DE ******* y *******, en el toca de apelación *******, derivado, de la causa penal número *******, del índice de gobierno del Distrito Judicial Galeana de nuevo Casas Grandes. b-.-DEL JUEZ DE CONTROL RECLAMO la resolución a través de la cual se me impuso como MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA, y la cual se continúa ejecutándose por lo que al estar afectando mi libertad hasta el día de hoy, me encuentro dentro del término legal para reclamar la inconstitucionalidad de dicha medida cautelar impuesta.-SEGUNDO.- Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14, 19 y 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.TERCERO.- De la tramitación del juicio constitucional. Mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 367-2021-III, se previno a la quejosa, para lo siguiente- 1. Señale la fecha de la resolución que atribuye al Juez de Control del Distrito Galeana.2. Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha de conocimiento del acto recamado Una vez cumplida tal prevención, mediante escrito de fecha veintiséis de mayo del año en curso, en auto de fecha veintisiete de mayo de misma data, se admitió a trámite la misma, se requirió el informe a las autoridades responsables y se le dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la tercero interesada fue emplazada al presente juicio mediante despacho y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con base en la constancia que antecede.CUARTO.-De los terceros interesados.En el acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, se tuvo como tercero interesado en el presente asunto a las personas de nombres ******* y *******, y mediante despacho se ordenó su emplazamiento al presente Juicio, lo cual fue realizado por el actuario judicial adscrito al Juzgado de Primera Instancia Civil en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno y, QUINTO.-Acreditación de credenciales como licenciado en Derecho del defensor del imputado. Mediante proveídos de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Juez responsable que remitiera las certificaciones respectivas respecto a si los defensores del imputado, cuentan con las credenciales pertinentes para ejercer como licenciados en Derecho, a efecto de tener la certeza de que el derecho fundamental del quejoso a ser defendido por un perito en Derecho, fue respetado. Ello, pues de conformidad con la Contradicción de Tesis 405-2017, en concatenación con la Contradicción 1-2020, emitidas por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye una garantía en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendido por licenciado en Derecho, fue respetado. Al respecto, como se acotó en auto de trece de julio de dos mil veintiuno, el Juez responsable cumplió la solicitud que se le efectuó, pues remitió copia certifica de las cédulas profesionales números ******* y *******, expedidas por la Secretaría de Educación Pública, en favor de ******* y *******, respectivamente, a fin de ejercer profesionalmente la licenciatura en Derecho, profesionistas que llevaron la defensa del hoy quejoso, la primera de los mencionados en la audiencia inicial, así como en la audiencia de vinculación a proceso y el segundo, en segunda instancia al interponer recurso de apelación. De manera que, ha quedado evidenciado que los profesionales en comento, sí cuentan con las credenciales atinentes que los avalan como peritos en Derecho- de tal suerte que, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada.C O N S I D E R A N D O-PRIMERO.-Del análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3-2013, modificado por el 8-2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional.SEGUNDO.- De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo1 . Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , del tenor literal siguiente- -ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.- Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal3 , que a la letra dice- -ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados- asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión.Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto-. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama- Del Magistrado De la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca *******, en la cual confirmó el auto de vinculación a proceso, dictado en la causa penal *******, por el Juez de Control, por los delitos de daños y amenazas. Del Juez de Control, la resolución de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal *******, consistente en la imposición de la medida cautelar, establecida en la Fracción XIV, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la ejecución de la misma.TERCERO.- De la existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, consistentes en la imposición de medida cautelar establecida en la Fracción XIV, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de fecha veinticuatro de febrero, así como al Magistrado De la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca *******, en la cual confirmó el auto de vinculación a proceso, dictado en la causa penal *******, por el Juez de Control, por los delitos de daños y amenazas. Lo anterior, pues así lo expresaron al rendir sus informe con justificación, en fecha ocho de junio del dos mil veintiuno, por lo que hace al Juez de Control y en fecha quince de julio de misma data, por lo que respecta al Magistrado De la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, certeza que se corrobora con los discos ópticos, así como transcripciones, que a los mismos acompañaron, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°.Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes- -DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.- -Instancia- Pleno. Fuente- Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo- VI, Parte SCJN. Tesis- 226.-. Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , del tenor literal siguiente- -VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL -DVD-. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del -expediente electrónico-, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital -DVD-, dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad- por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.-CUARTO.- Del análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo.En ese sentido, en el presente asunto se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por operar un cambio de situación jurídica, por virtud del cual no puede estudiarse los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica que impera sobre la esfera jurídica del quejoso. El precepto y fracción aludida de la Ley de la materia establecen lo siguiente- -Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente- -.- XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente- -.-- Del precepto legal en cita se desprende que el juicio constitucional es improcedente contra actos emanados en un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando en el mismo surja un cambio de situación jurídica, debiéndose considerar consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.Al respecto, la Suprema Corte en torno a la citada causa de improcedencia, estableció el siguiente criterio- Novena Época, Instancia- Segunda Sala, Fuente- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo- IV, diciembre de 1996, tesis- 2a. CXI-96, página- 219. -CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes- a- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio- b- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo- c- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo- d- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.-3 Tesis que, si bien se emitió bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, el contenido normativo esencial del artículo 73, fracción X, que se interpretó, se reproduce en esencia en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de la materia vigente. Ahora bien, del criterio aludido y del precepto que se interpreta, se colige que para la configuración de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos. a- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. c- Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas. d- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Asimismo, el artículo transcrito también prevé que tratándose de violaciones a la libertad personal, consignadas en los artículos 19 o 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regulan el auto de vinculación a proceso y los derechos constitucionales de defensa del procesado, únicamente la resolución de primera instancia hará que aquéllas se consideren consumadas en forma irreparable- no obstante, dicha porción normativa excluye las violaciones a la libertad personal relacionadas con el artículo 16, de la Carta Magna, relativas a la orden de aprehensión. Pues bien, como se detalló de manera previa, en el caso en estudio, el quejoso *******, reclama- 1. la sentencia dictada por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, mediante la cual confirma el auto de vinculación a proceso, por los delitos de Daños doloso y Amenazas, en el toca penal *******- y, 2.- La medida cautelar de prisión preventiva justificada, que le fue impuesta por el Juez de Control en la causa penal *******, de origen, instruida en su contra por el delito de Daños doloso y Amenazas. Sin embargo, de las constancias que remitió el juez responsable, se advierte que las partes acordaron el procedimiento abreviado, y mediante resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria por el delito de Amenazas, en contra del hoy quejoso, al que impuso como penas- 1.- Se impone pena de cinco meses y dieciocho días de prisión.2.- Se absuelve del pago de pena pecuniaria consistente en MULTA, al no haberlo solicitado el fiscal. 3.- se condena a pagar por concepto de reparación del daño, la cantidad de $******* -*******-. 4.- Se concede el beneficio de la condena condicional. Prueba que se procede a valorar, al justificar la causal de improcedencia en estudio, cuyo análisis debe ser oficioso, a la que se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, de cuyo contenido logra apreciarse que, efectivamente, en audiencia de procedimiento abreviado de trece de agosto de dos mil veintiuno, que tuvo verificativo en la causa penal *******, el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en ciudad Nuevo Casas Grandes, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso *******, en los términos antes referidos. A partir de esa base, si en la causa penal de origen, el acto aquí reclamado, la sentencia que confirmó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva que le fue impuesta de manera justificada, como medida cautelar dentro de la causa penal *******, instruida en su contra por el delito de Amenazas y Daños dolosos, ha sido sustituido procesalmente por otro, a saber, la mencionada sentencia condenatoria, resulta evidente que se generó un cambio en la situación jurídica sobre su esfera jurídica, únicamente por lo que hace al delito de Amenazas. Pues, ya no es factible analizar las posibles violaciones acaecidas al considerarse consumadas de manera irreparable en razón de que la situación jurídica del impetrante de amparo pasó de tener calidad de imputado, es decir, de persona que el Ministerio Público señala como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, a sentenciado, esto es, a ser una persona contra la que ya se ha establecido una responsabilidad penal, por mérito de una sentencia, esto en términos del ordinal 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A pesar de que, si bien el accionante constitucional, de acuerdo a lo probado, seguirá privado de su libertad, la justificación de ello ya no lo será la prisión preventiva que le fue impuesta en audiencia inicial por el delito de Amenazas, sino dicha medida cautelar seguirá vigente únicamente por el delito de Daños dolosos, toda vez que en dicha sentencia, se le concedió los beneficios de la condena condicional, establecidos en los artículos 86 y 91 bis, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Por ende, las violaciones que del citado acto reclamado se duele el quejoso, se han consumado de manera irreparable, por no poder abordarse sin afectar la nueva situación jurídica que prevalece sobre su esfera jurídica. Sin que obste para ello, el que la sentencia no se dictó en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, ya que el referido artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, no hace distinción alguna en ese sentido- así, debe estarse frente a una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral o por una emitida por el Juez de Control en la investigación formalizada, en razón del trámite anticipado del procedimiento. Es aplicable, por las razones que informa, la tesis aislada III.2o.P.150P-10a.-, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2675, con registro digital 2019590, Decima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes- -IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo- sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla.- En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por consiguiente, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, respecto del acto reclamado antes señalado. En ese sentido, se cita a contrario la tesis aislada I.1o.P.118P-10a.-, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ubicada en la página 2963, libro 57, tomo III, materia común-penal, agosto de dos mil dieciocho, registro 2017692, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que se cita enseguida- -MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO PENAL RESPECTIVO, ELLO NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo señala que cuando en el amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas -por cambio de situación jurídica- las violaciones alegadas para los efectos de la improcedencia prevista en ese precepto. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto el quejoso reclama la imposición de una o varias de las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como por ejemplo, la prisión preventiva justificada, aduciendo la posible violación al artículo 19 de la Constitución Federal -que es el fundamento constitucional de lo condigno a las medidas cautelares-, y durante la sustanciación del juicio se hace del conocimiento del órgano de amparo que se dictó sentencia definitiva -de primera instancia- en contra del agraviado en el proceso penal donde se originó el acto reclamado, ello no actualiza la causa de improcedencia de referencia. Lo anterior, porque la sentencia de primera instancia dictada en el proceso penal, no ocasiona un cambio de situación jurídica del quejoso en estricta relación con la medida cautelar impugnada en el juicio de amparo indirecto, o sea, no se modifica ni se varía su condición jurídica en lo que se refiere a la medida impuesta, pues ésta continúa incólume desde que se decreta hasta el momento que cause ejecutoria dicho fallo, como lo dispone el artículo 180 del código citado, siempre que no haya sido modificada o revocada durante el proceso penal instruido al quejoso, con motivo de alguna revisión que se hubiese realizado a la medida cautelar.- De ahí que las violaciones sobre tal punto también se consumaron de manera irreparable, lo que generó un cambio de situación jurídica que impide su análisis. Finalmente, se precisa que no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, por lo que respecta al delito de Amenazas, pues la actualización de la causal de improcedencia en examen lo impide. Es aplicable a lo antes expuesto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice- -SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.- QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58-2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal5, que a la letra dice- -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.-SEXTO.- Estudio oficioso. Previo a efectuar el análisis de los actos combatidos, se estima oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a-, de la Ley de Amparo6, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a.-J. 67-2017 -10a.-, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE -LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013- 7. Así, con antelación a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio, de la legalidad de la imposición de medida cautelar, dictada por el Juez de Control, dentro de los autos de la causa penal *******, así como de la sentencia que confirmó el auto de vinculación a proceso, dictada por el Magistrado responsable, en los autos del toca penal *******. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real de los discos ópticos que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable Juez de Control, se desprende lo siguiente, por lo que hace a la imposición de medida cautelar- 1. 1.- En veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el licenciado Marco Antonio Palma Meléndez, Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, aperturó la audiencia inicial dentro de la causa penal *******, y pidió a las partes que se identificaran ante el Tribunal, entre ellos el Representante Social, licenciado *******, acompañado de los licenciados ******* y *******, asesores jurídicos de la víctima, así mismo la defensora particular del imputado, licenciada *******, con cedula profesional registrada bajo el número *******, cédulas registradas ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua. 2. Así mismo, identificó a las personas que manifestaron ser los imputados, quienes presenciaron la audiencia por medio de telecomunicación, quienes podían ser observados mediante pantalla ubicada en la sala de audiencias y ellos podían ver a las partes y al Juez de Control, mediante pantalla que tuvieron a la vista, los cuales dijeron llamarse ******* y *******, quienes a pregunta expresa del juez, manifestaron que desean nombrar a la licenciada *******, como su defensora particular, la cual cuenta con cédula profesional con número de registro de la S.E.P. *******, en el mismo acto la profesionista en comento aceptó y protestó el cargo conferido. 3. 2.- Posteriormente, el Juez de Control, cuestionó a los imputados respecto a sus datos generales, así como si conocían sus derechos como imputados, a lo cual manifestaron que eran sabedores de los mismos. -minuto 4-00 del video 1-. 4. 3.- Previa autorización del Juez de Control, la Representación Social formuló imputación a ******* y *******, haciéndole saber los hechos por los cuales se seguía una investigación en su contra, indicándole lo siguiente- -minuto 6-15-- 5. 3.1 -Que el día martes dieciocho de Agosto aproximadamente a las veinte horas, *******, envió mensaje amenazante a la señora *******, en el cual la amenazó en causarle un mal a *******, ya que le señaló que se esconda donde se esconda, lo van a agarrar, que si lo encuentra, pobre de ese bastardo, -que va con todo contra esa escoria-, para momentos después, siendo entre las veintiuno treinta y las veintidós horas aproximadamente, de ese mismo día dieciocho de Agosto de dos mil veinte, en el interior de una casa habitación ubicada en *******, en esta ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, ustedes ******* y *******, se introdujeron al domicilio mencionado, para el fin de iniciar un incendio intencional en la recamara trasera del inmueble, ocasionando el incendio, mismo que se expandió por otras cuartos de la casa habitación propiedad de *******, quienes son familiares de ustedes, ocasionando con estos daños por incendio debido al calor recibido, pues esta infraestructura, sufrió el colapso del techo sobre la estructura de madera, esto en las áreas de las recamaras, pasillo, y baños, así como las ventanas y baños, teniendo la infraestructura, daños equivalentes a $******* -*******- además, consumiéndose por el fuego, diversos objetos, que se encontraban dentro de la casa habitación, objetos propiedad de *******, siendo los objetos colchón de tamaño matrimonial, una televisión, base para cama, respaldo de cama, aparatos electrónicos como bajos y amplificador, computadora laptop, teatro en casa, mueble de madera, caja de herramientas, calefacción, aire acondicionado, ductos, tres costales de chile, dos lanchas inflables, cinco sillas de acampar, mesas de plástico, sofa-cama, casa de campaña, entre otros y dinero en efectivo por la cantidad de $******* -*******-. La cantidad de los objetos destruidos ascienden a la cantidad de $******* -*******- aproximadamente, para dar un total de los daños ocasionados por el incendio, la cantidad de $******* -*******-. después siendo aproximadamente las siete de la tarde, del día ocho de septiembre del año dos mil veinte, mientras la victima de nombre *******, se encontraba en el domicilio de su madre, que se ubica en *******, llega usted *******, a bordo de una pick up, para comenzar a gritarle que es un pinche marrano, bastardo malnacido y que lo va a refundir en la cárcel, diciéndole además -ya te quemé la casa gúey, ahora te voy a matar- todo esto frente a un amigo de la víctima de nombre Daniel. Posteriormente el día veintisiete de noviembre de dos mil veinte, mientras se encontraba la victima de nombre *******, en el exterior de su domicilio, ubicado en *******, en esta Ciudad de Nuevo Casas Grandes, aproximadamente a las nueve de la noche, ustedes ******* y *******, llegan a su domicilio y empiezan a decirle que si no aparece -Lencho-, también a ella se la hiba a llevar la chingada, -pinche vieja tapadera-, porque ya traían la orden de detención contra -*******- en sus manos, y amenazándola en volver días después para quemarle su casa de igual manera. Clasificación jurídica. Los hechos que se le atribuyen al imputado constituyen el delito de daños dolosos, previsto y sancionado en el arábigo 236, fracción III y artículo 237, pues fueron cometidos mediante incendio, así mismo el delito de amenazas, contenido en el artículo 204, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Siendo un delito de consumación instantánea de conformidad con el artículo 17 fracción I, atribuyéndoles el carácter de coautores de conformidad con el artículo 21 fracción III, y de forma dolosa, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, todos del Código penal vigente en el Estado de Chihuahua. Haciéndole de su conocimiento de las personas que deponen en su contra son la victima *******, *******, *******, *******, *******, *******. 4. Acto seguido, la Representación Social narró los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación. -minuto 13-13 al 01-28-24-. 5. Posteriormente, el Juez natural preguntó a los imputados si comprendieron los hechos que se le atribuyen a lo que manifestaron que si los comprende. Por lo anterior, obsequió oportunidad a los imputados para declarar, quienes manifestaron que se reservaban su derecho a hacerlo, posteriormente, otorgó el uso de la voz a la representación social quien solicitó oportunidad para vincular a proceso. -minuto 54-20-. 6. Se preguntó al imputado, respecto al término para resolver su situación jurídica, a lo cual previa consulta con su defensor particular, indicó que solicitó el término constitucional de setenta y dos horas, para lo cual se señalaron las nueve treinta horas, del primero de marzo de dos mil veintiuno para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. -minuto 56-00- 7. Hecho lo anterior, el Agente del Ministerio Publico, solicitó la imposición de medidas cautelares- la defensora particular argumentó en contra de dicha solicitud- una vez escuchado a las partes, el Juez de Control resolvió imponer la medida cautelar de prevista por el artículo 155 Fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prisión preventiva. -minuto 01-34-00-. 8. Así, en fecha primero de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia señalada para efecto de resolver la situación jurídica de los imputados, la defensora particular desahogó medios de prueba, el Juez de Control Resolvió vincular a proceso a ******* y a *******, por el delito de Amenazas y únicamente a *******, hoy quejoso, por el delito de Daños Dolosos. Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa, en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad de la imposición de medida cautelar, así como del auto de vinculación a proceso. En primer lugar, en cuanto a la resolución de imposición de medidas cautelares, la autoridad responsable dentro de la causa penal *******, cumplió con los parámetros establecidos por los artículos 157, 158 y 159, en relación con el 172 y 173, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 Constitucional. A la anterior conclusión se arriba, puesto que, en el caso en particular, una vez que fue llevada a cabo la formulación de imputación al quejoso, por parte de la representación social, de conformidad con el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo conducente era pasar al debate de imposición de medidas cautelar. -Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares.- Así, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 154 y 158, del ordenamiento antes mencionado, según se advierte del disco que contiene la audiencia inicial de referencia, en su minuto -57-30 del video 2-, el Agente del Ministerio Publico solicitó la imposición de medida cautelar, con base en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva. Solicitud que la representación social justificó con el argumento de que el delito por que se sigue en el proceso de origen, merece pena privativa de libertad- existe peligro en la sustracción de la acción de la justicia, imposibilidad de llegar a una salida alterna, así como imposibilidad de una condena condicional debido a la máxima pena que pudiera llegar a imponerse- el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación- el riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad, ante las amenazas dirigidas a éstos y el peligro para la comunidad ante los casos de incendios que pudieran ser provocados. Una vez que el Juez de Control corrió traslado a la defensora particular, ésta manifestó que el hoy quejoso tiene arraigo en esa Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua- que no existieron amenazas el día en que sucedió el incendio, así como que si hubiera intención por parte de los imputados en lesionar a la víctima, lo hubieran hecho, pues estuvieron cara a cara con él en más de una ocasión- se está adelantando la pena a los imputados al considerar ese tópico para la imposición de medida cautelar solicitada- así mismo, manifestó que la búsqueda a la víctima por parte de los imputados, era con el fin de llevar a cabo su detención ante una orden de aprehensión presuntamente librada en su contra. Por lo anterior, una vez escuchadas a las partes, en el minuto -01-34-05 video 2-, de la citada audiencia inicial, el Juez de Control, en atención a los parámetros establecidos por el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la mínima intervención, proporcionalidad, los riesgos a evitar, así como para determinar la medida que sea menos lesiva para el imputado, numeral que reza de la siguiente manera- -Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.-Así, el Juez responsable manifestó que en atención al numeral antes transcrito, con respecto a la evaluación del riesgo que representan los imputados, ésta aumenta potencialmente, puesto que la conducta que se investigaba precisamente consiste en amenazas, las cuales fueron dirigidas hacia las personas que eran víctimas propiamente, así como en contra de los testigos de las mismas, esto es a quienes los imputados consideran que están escondiendo a la persona que directamente amenazan con causarle un daño. Así mismo, consideró el Juez responsable, que con base a lo establecido en el artículo 168, Fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el máximo de pena a imponer, por los delitos en estudio, hacían probable el riesgo de sustracción de la acción de la justicia por parte de los imputados. Aunado a esto, se encontraba que el comportamiento posterior al hecho, por parte de los imputados, fue contrario a derecho, puesto que fue una constante el proferir amenazas tanto a víctimas como a testigos. Por lo que respecta al peligro en la obstaculización del desarrollo de la investigación, el numeral 169, fracción II, de la legislación procesal en la materia, el juez responsable consideró que, existía dicho peligro, puesto que el hecho de que los imputados se encontraran en libertad, hacía probable que influyeran en el comportamiento de testigos o de las propias víctimas ante las amenazas recibidas por éstos, lo cual encontraba probable al extremo, con las imágenes percibidas en el video de uno de los procesados al llegar a casa de una de las víctimas. Así mismo, consideró el riesgo para la víctima u ofendido, testigos, ante las amenazas dirigidas a éstos y el peligro para la comunidad ante los casos de incendios que pudieran ser provocados y las posibles afectaciones a casas aledañas. Por lo anterior, consideró la responsable, que la solicitud del representante social, en cuanto a la prisión preventiva justificada, la consideró idónea y proporcional para los riesgos que se trataban de evitar, así como para asegurar la presencia del imputado a ese proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 155, Fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo que hacía a la temporalidad de dicha medida, consideró que la duración era por el tiempo que durara el proceso, la cual no excedería de dos años. ARTICULO 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares- XIV. La prisión preventiva. -.- Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.- Por lo anterior, con fundamento en los artículos 157, 158 y 159 en relación con los artículos 172 y 173, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control responsable, determinó imponer a *******, la medida cautelar consistente, en prisión preventiva, por el tiempo que durara el proceso, la cual no excedería de dos años, numerales que a la letra dicen- -Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente- I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma- II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida. ARTICULO 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares- XIV. La prisión preventiva. -.- Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.- En otro aspecto, se destaca que el auto de vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable dentro de la causa penal *******, se ajusta a las directrices jurídicas exigidas por el artículo 19 constitucional, así como por el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre tal punto conviene traer a cita el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, establece lo siguiente- -Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará- el delito que se impute al acusado- el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión -.-- Así como el referido arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica- -Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que- I. Se haya formulado la imputación- II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar- III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.- De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, como elementos de forma los siguientes- a. Se haya verificado imputación -formalización o judicialización del procedimiento- y escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. b. Precisión del delito que se imputa. c. Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. d. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Asimismo, deben considerarse como elementos de fondo, los siguientes- a. Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. b.La ley señale como delito a ese hecho. c.Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos del arábigo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del tipo penal, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión. De ello se colige, que el Juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad de los factores expuestos por las partes, para concluir si se justifican o no las consecuencias que aducen, teniendo siempre como factor principal la duda razonable. Expuesto lo anterior, conviene señalar que de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se cumplió con los requisitos formales aludidos, ya que de manera previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso y otro, por su probable participación en la comisión del ilícito de Daños dolosos, previsto y sancionado en el arábigo 236, fracción III y 237, y el de Amenazas, previsto en el artículo 204, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De igual modo, se constató por parte del Juez de Control, que el imputado conociera los derechos que establece a su favor el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constató que contara con defensa técnica por parte de una profesional licenciada en derecho, cuya cédula profesional, exhibió durante el desarrollo de la audiencia inicial, le dieron a conocer los hechos que se le imputaron y se le dio oportunidad de rendir su declaración, asimismo, previo conocimiento de los datos de prueba que obran agregados en la carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. En cuanto a los requisitos de fondo, se estima que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, concretamente el delito de Daños dolosos, previsto y sancionado en el arábigo 236, fracción III y 237, y el delito de Amenazas, previsto en el artículo 204, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Porciones normativas que en lo conducente establecen- -Artículo 236. A quien destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en perjuicio de otro, se le impondrán las siguientes penas- I. De treinta a noventa días multa, cuando el valor de los años no exceda de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización- II. Prisión de seis meses a tres años y de noventa a doscientos cincuenta días multa, cuando el valor de los daños exceda de cincuenta, pero no de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización- III. Prisión de tres a seis años y de doscientos cincuenta a setecientos cincuenta días multa, cuando el valor de los daños exceda de quinientas, pero no de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización- y IV. Prisión de seis a doce años y de setecientos cincuenta a mil doscientos cincuenta días multa, si el valor de los daños excede de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Para estimar la cuantía de los daños se atenderá al valor comercial de la cosa dañada, al momento de producirse el hecho, pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero o si por su naturaleza no fuera posible fijar su valor, se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. -Artículo 237. Las penas que correspondan, se aumentará en una mitad, cuando se cause daño mediante incendio, inundación, explosión o causas similares.- En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que aconteció un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, conducta cuya descripción típica se encuentra en los numerales anteriormente reproducidos. Ahora bien, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación y que fueron todos tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, son específicamente los siguientes- 1-. Denuncia de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, presentada por la victima *******, ante el órgano investigador. 2-. Declaración de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte. 3-. Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha veinte de octubre de dos mil veinte. 4.- Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte. 5-. Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha veinte de noviembre de dos mil veinte. 6-. Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte. 7-. Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte. 8-. Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha seis de noviembre de dos mil veinte. 9-. Ampliación de declaración de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, presentada por la victima *******, ante el Agente del Ministerio Público. 10-. Ampliación de declaración de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, presentada por *******, ante el Agente del Ministerio Público. 11-. Parte informativo rendido por Licenciado *******, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, acompañado de entrevistas realizadas a *******. 12-. Pericial por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado, con treinta fotografías, respecto la casa que fue objeto de incendio, sin poder determinar los daños del inmueble. 13-. Dictamen origen de incendio, emitido por Licenciado ******* perito en investigación e incendios del Estado de Chihuahua del área de incendios y explosiones, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, con serie fotográfica. 14-. Pericial en materia de Ingeniería Civil por parte de la Ingeniero Civil *******, de fecha trece de octubre de dos mil veinte, acude al domicilio d ellos hechos, advierte daño estructural en el mismo causados por incendio. 15-. Pericial en materia de Evaluación Psicológica, llevado a cabo por parte de la licenciada *******, de la Fiscalía General del Estado, realizado a *******, del cual se desprende que la víctima está sujeta a medicación por los hechos ocurridos en el inmueble de su propiedad y s ele recomienda sesiones psicológicas. 16-. Relato de puño y letra de los hechos, realizado por la victima *******. 17-. Escrito de fecha recibido por parte de la víctima *******, en el cual hizo relación de los objetos que se localizaron en el domicilio de los hechos, los cuales ascienden a la cantidad de $******* -*******-. 18-. Exhibición de documento consistente en Recibo de Luz, respecto del domicilio marcado en *******, en esta Ciudad de Nuevo Casas Grandes, a nombre de *******. 19-. Certificado de existencia de propiedad emitido por la Oficina de Registro Público de la Propiedad de Galeana, respecto a la finca ubicada en *******, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, a nombre de ******* y *******. 20-. Ampliación de declaración de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, presentada por la victima *******, ante el Agente del Ministerio Público. 21-. Videograbación obtenida de la cámara de seguridad del domicilio ubicado en *******, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, a nombre de *******, en el cual se observa a la persona que coincide con los rasgos físicos de *******. Siendo dichos medios de convicción, la totalidad de los datos de prueba ofrecidos por parte de la Representación Social. Por su parte, la defensa, en audiencia de vinculación a proceso de fecha primero de marzo de dos mil veintiuno, ofertó datos de prueba, que luego de debate respecto los mismos, fueron admitidos los siguientes- 1-. Declaración testimonial de *******. Documental consistente en Acta de Divorcio entre ******* y *******. 3-. Documental consistente en vista satelital del domicilio. En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos, se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado los cometió. Es así, ya que la declaración de las víctimas, vertidas ante la representación social, se encuentra adminiculada con otros medios de convicción. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito -conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad-, sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es- El esclarecimiento de los hechos- Proteger al inocente- Procurar que el culpable no quede impune- y, Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 , que dispone lo siguiente- -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-. Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que- 1- existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2- la ley señale como delito a ese hecho y 3- exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y-o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.- Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, los datos narrados por la fiscalía, que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la parte quejosa y la probabilidad de que cometió el ilícito o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por el quejoso, esta Resolutora Federal considera que el auto de vinculación a proceso emitido en fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, pues se advierte que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados, todos en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen- -Artículo 356. Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código.- -Artículo 359. Valoración de la prueba. El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado.- Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que lo condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos del artículo 316, del ordenamiento procesal aludido, la existencia del hecho delictivo tipificado por las leyes ordinarias como Daños Dolosos, imputado al hoy quejoso *******, así como la probable participación de éste en su comisión. Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado, que de manera probable, el quejoso participó en su comisión, desplegando la conducta típica y antijurídica que se le reprocha. Ello es así, dado que el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por el agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 constitucional apartado A, Fracción II, así como en los artículos 259, 261, 263, 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En específico, llevó a cabo en su resolución los siguientes análisis- Análisis del hecho delictivo de Daños. a-. En el caso específico el hecho delictivo de Daños, la responsable se avoca a tener por acreditado el deterioro de una cosa, en este caso es una cosa inmueble, para acreditar el deterioro de la cosa primeramente se debe comprobar la existencia de la misma y en el caso, quedó claro que existe dicha vivienda o inmueble según la certificación que hizo y así se resaltó en la formulación de imputación por parte del fiscal, Licenciado *******, quien estableció que en el folio *******, se encuentra registrado en el Registro Público de la Propiedad dicho terreno urbano ubicado en ******* y que tiene una superficie de ******* metros, que está a nombre de ******* y *******. Certificación, que se realizó el día treinta de noviembre de dos mil veinte, a las diez horas con veinticinco minutos y de la cual no se advierte algún dato de prueba que desvanezca esa información, es decir, el bien a pesar de que existe el acta de divorcio que es un documento público que corrobora la disolución del vínculo matrimonial entre ******* y *******, y por lógica pudiera entenderse que también se disolvió la sociedad conyugal- sin embargo destacó el juez responsable que uno de los dueños era *******, luego entonces, la misma está facultada para presentar en ese caso la denuncia, de acuerdo al artículo 99 del Código Penal del Estado, entonces sí existió el bien. b-. Verificó también el Juez de Control, si ese bien fue dañado, y eso lo corroboró con la pericial en materia de Ingeniería Civil que realizó la Ingeniera ******* quien hizo su análisis de todos los datos que verificó- evaluó los daños en la propiedad del inmueble, no tanto de los muebles, pero sumó todos los daños y al final de cuentas llegó a la suma de $******* -*******-- en la misma describió los daños que se presentaron en la vivienda, entre ellos, hacer una limpieza en el lugar, la reposición de la estructura de la madera en la lámina y de la propia lámina y también la mano de obra, el suministro de plafones, techos y estructura de madera- diversas descripciones que hizo de los daños y su reposición, por lo que concluyó que el costo era cercano a los $******* -*******-- sin que existan datos de prueba que desvanezca en su credibilidad dicha pericial, por lo que es relevante para acreditar la existencia primero del bien, segundo del daño que presentó. Así mismo, con la pericial de origen de incendio, que emitió el Licenciado *******, del área de incendios y explosiones de la Fiscalía General del Estado, quien realizó su metodología, la descripción y antecedentes, describió el bien y corroboró que en el mismo hubo un incendio- en las conclusiones finales sostuvo que -se eliminaban las causas accidentales y naturales en el evento-, sin embargo sugirió una investigación criminal más profunda y concluyó que -la causa era indeterminada con indicadores que requerían mayor investigación criminal-. A más de lo anterior, obra el dicho de la propia denunciante *******, quien refirió que el día diecinueve de agosto a las cero horas con diez minutos, es decir, en la noche del dieciocho de agosto, le avisaron que había un incendio en el domicilio de su propiedad, con lo cual, tuvo por acreditada la hora aproximada de los hechos, así como por lo dicho por los testigos del mismo, la testigo refiere que si se suscita un incendio, le avisa a su hija, que ya cuando va al domicilio, puede ver que están los bomberos y la policía municipal. De igual manera, con la declaración de *******, quien mencionó que en el domicilio en el que sucedieron los hechos tiene un taller de alfarería, de manera ocasional pernocta en el mismo, que el incendio se suscita en el momento que él sale del domicilio, la noche del día dieciocho de agosto del dos mil veinte, que ese día llegó su amiga *******, para posteriormente irse a cenar, cuando estaban cenando, aproximadamente a las ocho de la noche, su amiga ******* recibió un mensaje de *******. También refiere que le marcó su hermana *******, que le avisaron que en su casa, esto es, el taller, estaba suscitándose un incendio, luego regresó al domicilio y verificó que efectivamente se estaba quemando la casa. De lo anterior, la responsable consideró el hecho de que sí existió ese daño, ese deterioro en el domicilio, pues fue corroborado por los peritos especialistas en la ciencia, dado que tienen una profesión adecuada para tales efectos, por lo que son plausibles sus conclusiones para determinar dicha circunstancia, pero también esos datos son relevantes para acreditar la existencia de ese domicilio y segundo que hubo daños en el mismo. c-. Como tercera nota distintiva o tercer elemento básico, que esos daños se hayan provocado por un tercero, consideró evidente, de acuerdo a lo que establece *******, que él mismo no cometió el incendio, puesto que dice que salió del lugar a las ocho de la noche junto con su amiga de nombre ******* y que cuando estaba cenando con ella, le avisaron que se estaba quemando el taller, entonces es creíble su dicho, puesto que por un lado se tuvo que el mismo se dedicaba a la alfarería, que tenía dinero ahí guardado, que únicamente sacó tres mil pesos cuando salió, que tenía algunos objetos en el interior del domicilio, como muebles y herramienta, entonces es muy improbable y remoto, que el mismo *******, hubiese provocado ese incendio, que no existe una explicación, ni dato que revele que él mismo tenía una intención malévola de perjudicar a sus propios padres, puesto que son los dueños del mismo domicilio, o sea ******* o su padre que tiene su mismo nombre *******. Entonces, quedó claro al juez de control, que fue una causa externa la que provocó el incendio, y eso lo corroboró con la prueba pericial, esto es, el dictamen de origen de incendio, puesto que el perito de nombre Gustavo Ruiz, antes de concluir su dictamen, dijo que -se eliminan causas accidentales y naturales-, es decir, descarta totalmente esas causas en el evento, concluyó -sugiero una investigación criminal más profunda-, aun cuando dejó un precedente claro en el sentido de que el incendio fue provocado, es decir, no surgió por una causa natural- no surgió por un accidente, entonces al descartar tanto las causas accidentales como naturales, lógicamente dejó latente las causas dolosas, es decir, por causas provocadas por una tercera persona, con una intención dirigida a dañar la cosa, por lo tanto, tuvo por acreditado hasta ese momento, que sí fue una causa externa la que generó el hecho delictivo o esos daños. 2o. Análisis del Hecho delictivo de Amenazas. Por otro lado, se refirió a las Amenazas, toda vez que al analizar el hecho delictivo de amenazas, hizo referencia a la actividad posible que se desplegó por parte de los imputados, es decir, lo analizó a través del injusto personal y no del injusto impersonal, esto es, al analizar el hecho delictivo analizó también cierta probabilidad o la actividad probable, que al parecer desplegaron los imputados y que por orden pudiera confundirse. Así, el Juez de Control analizó primero la conducta delictiva de Amenazas, prevista en el 204 del Código Penal del Estado y al respecto el legislador es muy claro al establecer- -Quien amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión-. En este caso, precisó, se puede entender que se dan dos supuestos, es decir, amenazas en contra de una persona en específico, que se le hacen directamente a la persona y amenazas en contra de un familiar de esta persona, pero que también llevan inmersos ciertos peligros de ataques a ésta. En el caso específico, el juez responsable tuvo por acreditada la probabilidad de que las amenazas las realizó directamente *******, en contra de *******, pero también al parecer ******* haizo promesas de males futuros a *******, le dijo que iba a perjudicar a su hijo, también le hizo ciertas amenazas a ella misma, en este caso, se precisó por la Fiscalía, que ambos imputados fueron los que realizaron las amenazas, sin embargo, en cuanto a *******, el video que se presentó en la audiencia inicial, dejó clara su intervención en tales hechos. Entonces, la responsable consideró por acreditad la existencia de las amenazas, cuya definición, de acuerdo a los diccionarios jurídicos, es -La promesa de un mal futuro-, y mencionó también que la propia Jurisprudencia lo ha definido de esa forma- en el caso, obra el dicho de ******* quien, una vez que presentó la denuncia por los daños, dijo que su amiga ******* le habló y le dijo que recibió un mensaje, al parecer de *******, que decía -Espero no ande ayudando a ese pinche mal nacido, sátiro, bastardo, porque se puede meter en problemas legalmente-, -si me entero que lo anda ayudando a huir, también voy a proceder contra usted mija, ya la orden de aprehensión está girada y esa escoria donde se esconda lo van a agarrar, y si lo encuentro yo pues pobre bastardo y ya vienen ******* también a ponerle una demanda por que también con ella hizo lo mismo, ******* si sé que le anda ayudando a huir, más le vale que huya también ella de aquí, voy con todo contra esa pinche escoria, así que más vale que usted no se involucre mija, porque también procederé legalmente contra usted, buena tarde y ya está en usted si seguimos siendo amigos o enemigos-. Mensaje anterior, que se leyó en la audiencia inicial y que corroboró en su dicho la misma *******, quien refirió que efectivamente eso fue lo que le envió *******, y así lo corroboró el mismo día que se estaba presentando la denuncia por los daños, es decir, el diecinueve de agosto de dos mil veinte. Por lo anterior, el Juez de Control le dio valor a la declaración de *******, sobre el contenido del mensaje recibido por parte de *******. Así también, el Juez de control responsable, tomo en cuenta la denuncia de *******, el cual dijo que el ocho de septiembre aproximadamente a las siete de la tarde, se encontraba con su amigo *******, en el exterior de la casa de su madre, dijo que en ese momento llegó el -*******- a quien conocía y sabía que así le dicen a *******, que se estacionó y bajó el vidrio en su vehículo y empezó a gritar, le dijo- -que era un pinché bastardo, marrano, malnacido y que me va refundir en la cárcel, diciendo además que te quemé la casa güey y ahora te voy a matar-. Entonces consideró, que dicha promesa, básicamente sí se constituye en una amenaza, es decir, sí es una promesa de un mal futuro sobre todo el hecho de que le dijo que lo iba a matar y además abonó a la circunstancia de que le quemó la casa. Lo anterior lo corroboró con el dicho del testigo de nombre *******, quien declaró y corroboró efectivamente lo que dijo *******, que estaban juntos en las afueras de la casa de la madre de *******, que porque le pidió un rait *******, que andaba a pie y que se paró en ese momento una persona de complexión robusta, que andaba en una ******* y que era de tez *******, de aproximadamente de ******* a ******* años y que lo amenazó, amenazó a ******* y le dijo- -Ahora que ya te quemé la casa pinche culero, te voy a matar a ti, pinche perro cerdo-. Entonces, tal testigo corroboró la promesa de ese mal futuro que le hizo ******* a la víctima, es decir, a *******. Por otro lado, en el caso de *******, si bien la promesa de mal futuro no se realizó en su contra, pero sí se ubicó en este caso en el supuesto que dijo el 204, del Código Penal, -amenace a otro con causarle mal futuro a su persona o a la persona, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo.- En este caso, el Juez de Control, consideró que evidentemente, ******* estaba ligada por un vínculo, con *******, luego entonces, aplicó en este caso el supuesto anterior, por lo tanto ambas partes eran víctimas, tanto ******* como *******, pero abonó lo anterior, el hecho de que una semana antes de la audiencia de formulación de imputación, el señor *******, según advirtió en el video reproducido en la audiencia inicial, apareció el rostro y además a través del principio de inmediación, pudo apreciar que sí se trató del mismo *******, pudo comprobar que sí era el mismo y además, la defensa refirió que sí lo era. Éste, se apreció en el video, acudió a la casa de la victima de nombre ******* y trató como de penetrar, forcejear por la entrada, con la reja que está protegida, nunca se dio cuenta que se estaba filmando con un video, pero sí se percibió que se prendió la alarma y el sujeto se iba del lugar. Entonces, manifiesta la responsable, eso reveló básicamente que existió una conducta reiterada y que existió también, en el caso de *******, un interés respecto a causar un mal futuro, no solo a la victima de nombre *******, sino a la propia ******* y en el caso específico de *******, la propia *******, dijo que ******* le dijo lo siguiente- dice que él y su papá a quien conoce como el -*******- dijo la testigo, -andaba buscando a ******* porque hace tres años había abusado de su hermana y que lo andaban buscando para hacerle algo porque no se les hacía justo lo que le había hecho a su hermana y que si sabía yo algo de ******* que me comunicara con él-. Resultó así evidente para el Juez de Control, que tal declaración de *******, confirmó, a través del principio de inmediación, en el sentido de que ******* también tiene una intervención en esos hechos, es decir, también amenazó no solamente a *******, sino a la propia *******, con lo cual, le quedó claro que sí existían datos, que hasta ese momento eran suficientes y relevantes para tal extremo. A más de lo anterior, el Perito en Psicología *******, al practicar la entrevista a la víctima, concluyó que ésta presentaba una afectación emocional moderada, que estaba muy asustada, con lo cual quedó claro que había una consecuencia de esas amenazas, tanto a ******* como a *******, en ambos supuestos, una amenaza directa en contra de ellos, y una amenaza indirecta en contra de su hijo, es decir, le dijeron a ******* que le iban a provocar un daño a su hijo, entonces en ese caso, en relación a *******, ella se ubicó como víctima en ambos supuestos de las amenazas. Entonces, consideró la responsable, la existencia, hasta ese momento, de datos suficientes que corroboraron la actualización de la conducta delictiva de AMENAZAS, previsto en el artículo 204 del Código Penal del Estadio. 3o. La probable intervención. Ahora bien, en cuanto a la probabilidad de que ambos imputados realizaron tal hecho delictivo, el Juez de Control, primero respecto al delito de DAÑOS, descartó los datos que no pudo tomar en cuenta, como el dicho de *******, puesto que se trató de una escucha de una conversación llevada a cabo entre los probables autores del delito en estudio, puesto que esa conversación, supuestamente se dio mientras iba patinando la troca que tripulaban, por lo que no estaba clara dicha circunstancia. Así, la responsable, se planteó el dicho de la víctima de nombre *******, quien dijo que el imputado de nombre *******, acudió al domicilio de su madre, el ocho de septiembre de dos mil veinte y le dijo, que -era un pinchi bastardo, marrano mal nacido y que me va a refundir en la cárcel-, diciéndole además -ya te queme la casa güey, y ahora te voy a matar,- entonces básicamente confesó que él fue quien quemó la casa. Lo anterior lo corroboró el testigo *******, quien efectivamente le dijo a la persona que lo amenazó -ya te quemé la pinchi casa y te voy a matar a ti, pinchi perro cerdo-, y que entonces, le quedó claro a la responsable, que por lo menos la intervención de *******, quedó corroborada en el sentido de que, eventualmente pudo haber cometido este hecho de daños, máxime que el perito de nombre *******, refirió que se descartaban todas las causas accidentales y naturales en el evento, por lo tanto se pudo entender que las acciones eran dolosas o mecánicas básicamente con intención de quemar la casa. Entonces, dijo la responsable, le quedó claro que al ser dolosa y además de aceptarse por ******* ante ******* y ante el testigo de referencia *******, hay datos suficientes que acreditaban que el mismo tuvo una intención en la ejecución del hecho de Daños Dolosos. Entonces hasta ese momento, consideró la responsable, la existencia de datos suficientes que crearon una probabilidad de que ******* y *******, tuvieron una intervención, primero en calidad de probables coautores, en la ejecución del hecho delictivo de AMENAZAS, cometidos en perjuicio de ******* y de *******, así mismo, quedó claro la intervención directa en calidad de autor de *******, por el hecho delictivo de DAÑOS DOLOSOS, en perjuicio de *******, de acuerdo al artículo 236 Fracción I, ante la evaluación de los daños que hace la perito y 237 dado que se cometió por incendio. En esos términos, conforme la apreciación de los datos de prueba precisados y sopesando los datos de descargo de la defensa, el Juez de Control, decretó la vinculación a proceso de ******* y *******, por el delito de Amenazas, previsto en el artículo 204, del Código Penal del Estado, y vinculación a proceso de *******, por el delito de Daños dolosos, previsto en el artículo 236, fracción III, y 237, del Código Penal del Estado, por hechos cometidos el día dieciocho de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve de la noche, en el domicilio ubicado en calle Hacienda, número 1653, esto en el fraccionamiento regidores, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Recurso de apelación. Inconforme con el auto de vinculación a proceso decretado en contra de ******* y *******, los imputados, interpusieron recurso de apelación, mediante escrito presentado en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el cual designaron al licenciado *******, como defensor particular, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, bajo el toca *******. En fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, dictó la sentencia definitiva en el Toca *******, al tenor, en lo que interesa, de las consideraciones siguientes- ------------ C O N S I D E R A N D O ------------------ I. En primera instancia se acreditó- a- el delito de daños conforme a los artículos 236, fracción II, y 237, ambos del Código Penal, en perjuicio de *******- e -*******-, al demostrarse que un inmueble de su posesión y propiedad, respectivamente, sufrió desmedros estructurales ocasionados por incendio- b- de igual manera que ambos fueron objeto de amenazas, conforme al artículo 204, de la ley en cita, al prometérseles males futuros- c- también se precisó la probable comisión dolosa de -*******- en el primero de los delitos mencionados, conforme la fracción I, del artículo 18, y en calidad de autor, según el artículo 21, fracción I- y d- finalmente solidificó la probabilidad que -*******- y -*******-, fueron las personas que en ocasiones diversas amilanaron verbalmente a las víctimas mencionadas. Los impugnantes no conflictuaron la materialidad de los delitos, sino lo atinente a la probable responsabilidad. Pero, de conformidad con el artículo 461, del código adjetivo nacional, se revisaron dichos extremos y no se encontró violación a sus derechos, y los temas de disenso tendrán contestación conforme se relacionen con los temas en la presente resolución. II.- Cabe mencionar que los requisitos que imperativamente se exigen para vincular a proceso a los imputados, se colmaron a cabalidad, conforme a lo que precisa el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 316 de la legislación procesal nacional, esto es, se demostró la afectación de bienes jurídicos, por un actuar atribuible a los recurrentes, cuyas conductas revistieron caracteres delictivos- además se precisó el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución como a continuación veremos- Conforme su redacción típica en el artículo 236, el delito de daños surge a la vida jurídica cuando alguien, en este caso, destruya o deteriora una cosa ajena. En este tenor, la quejosa -*******- explicó que a las diez de la noche del dieciocho de agosto de dos mil veinte, telefónicamente se le informó que su vivienda de la calle -*******-, propiedad de ella y de su hijo, se estaba quemando. Apersonada en el lugar, advirtió los daños del inmueble efectivamente por fuego como se le comunicó. -*******- detalló que el dieciocho de agosto de dos mil veinte recibió una llamada de su hermana diciéndole que su casa de la calle -*******-, se estaba quemando. Precisó que él no habita ahí, sin embargo, que en ese lugar tiene el asiento de su negocio y que constató los daños por fuego al inmueble una vez que acudió al domicilio. En este tenor, las fotografías del lugar que tomó el perito -*******-, no dejó duda de los daños en la vivienda de la Colonia -*******-, quien además encontró indicadores de un incendio provocado que correlativamente le permitió excluir causas accidentales y naturales del evento, pero sugirió mayor investigación al no poder indicar la causa de la ignición. Información que vertió en el informe pericial de incendio respectivo que expuso la Fiscalía. La Ingeniera Civil -*******- acudió a la vivienda en mención el trece de octubre de dos mil veinte, y precisó los daños del inmueble que calificó como -considerables- que se agravaron por el colapso del techo debido al calor, y sumaron la cantidad de *******. Lo anterior mostró que las víctimas sufrieron menoscabo en su patrimonio por los estropicios ocasionados al inmueble ubicado en calle -*******-, lo cual actualizó debidamente la fracción II del numeral 236 del Código Penal, ya que el valor de los daños excedió de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en la época del suceso, en razón de ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, y hasta el actual momento procesal no se tiene información que suponga se superó dicha cuantía- simultáneamente, al considerar que los mismos se produjeron por incendio, también cobró actualidad y vigencia el artículo 237 del código sustantivo penal, al prever dicho medio comisivo en su contenido como una condición agravante de la conducta que lo genera. En lo que respecta al segundo delito mencionado, según su redacción conforme al artículo 204, del Código Penal, la realiza quien amenaza a alguien con causarle un mal en su persona, bienes honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo. En este tema, -*******- manifestó que el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, alrededor de las nueve de la noche, dos sujetos la amenazaron afuera de su domicilio, diciéndole que si no aparecía -*******- a ella también -.se la va a cargar la chingada pinche vieja tapadera.- y que regresarían a quemarle su casa. Tampoco se puede obviar que refirió encontrarse seguido a quienes la amenazaron y que le hacen señas intimidantes con las manos y le dicen que la van a -levantar-. Tampoco se puede pasar por alto la zozobra emocional que le produjo la amenaza de quemarle la casa dado que ella mencionó que, en agosto del mismo año alguien quemó otra de sus viviendas. Aunado a lo anterior, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se agregó a la indagatoria la videograbación del sistema privado de seguridad con que cuenta en el exterior de su casa, que captó el momento en el que alguien, el dieciséis de febrero, allanó el inmueble y realizó maniobras para ingresar, pero desistió cuando se activó la alarma, lo que reveló, la vigencia y continuidad de conductas intimidantes en su perjuicio, que confirman la promesa del mal futuro que se le anunció. Las amenazas que recibió resquebrajaron su patrimonio psicológico, pues así resultó del informe en la materia a cargo de la especialista en conductas, -*******-, quien el siete de diciembre entrevistó a la víctima con motivo de los hechos que refirió, luego de lo cual recomendó doce sesiones de terapia al presentar afectación emocional moderada. -*******- expuso que ha padecido amenazas por parte de dos personas desde el quince de agosto de dos mil veinte, tanto en lo personal como vía telefónica, donde se le dice que se le -refundirá- en la cárcel, y específicamente el ocho de septiembre del mismo año, desde una troca, se le reiteró la amenaza, agregando que era un -pinche bastardo, marrano, mal nacido-, que ya se le había quemado la casa y que ahora lo van a matar. Amilanamiento que produjo una intranquilidad tal que desde entonces no se le volvió a ver en su lugar de residencia, de acuerdo a la aseveración de -*******-. -*******- presenció la amenaza que la víctima en mención recibió el ocho de septiembre de dos mil veinte, en casa de su madre, por parte de un sujeto que desde una troca le gritó- -.ahora que ya te quemé la pinche casa culero, te voy a matar a ti, pinche perro cerdo.-. La afectación emocional que patentizó la perito en psicología que examinó a -*******-, y que -*******- se oculte luego de las agresiones que padeció, mostraron el temor que les produjeron las amenazas de varias personas con causarles un mal en su persona, y colmaron las exigencias descriptivas del delito en estudio. A-.- La probable responsabilidad de los inculpados en la comisión de los delitos que se les imputaron, se clarificó con las manifestaciones de las víctimas, concordantes con el dicho de otras personas que fortuitamente presenciaron los momentos en que a aquéllos se les amenazó, o incluso, escucharon de uno de los acusados admitir el acto lesivo de la propiedad, por lo que es inoperante el agravio relativo a que las manifestaciones de los testigos de cargo carecen de datos que les atraigan contundencia demostrativa como se verá- -*******- precisó que fue su familiar lejano -primo- -*******- quien el ocho de septiembre le gritó desde una Pick Up, *******, color *******, que le quemó la casa y que lo iba a matar. Identidad que también comunicó a -*******- el día en mención, quien luego de presenciar tal amenaza, dijo que -*******- expresó que se trataba de su primo -*******- de apodo -*******-. -*******- aclaró que -*******- y -*******- son quienes le han hecho señas con las manos diciéndole que la van a -levantar- y quienes derrapan su troca a toda prisa y les tiene mucho miedo. También que éstos el veintisiete de noviembre, afuera de su casa le dijeron desde su troca que si no aparecía -*******-, se la -cargaría la chingada- y le quemarán su casa. Finalmente, el sujeto que apareció en la grabación reproducida durante la audiencia respectiva, que el dieciséis de febrero pretendió ingresar desautorizadamente a la casa de -*******-, resultó ser -*******-, quien luego que allanó el predio, desistió de su propósito cuando se accionó la alarma de la vivienda- identidad que no fue entre dicha por las partes, y que fue pertinente con la información que proporcionó -*******- durante la duplicidad del término constitucional, al precisar que su hija, pareja de -*******-, conduce un carro, línea *******, color *******, que empató con el vehículo que se apreció en el exterior de la vivienda de -*******-, y a bordo del cual -*******- se retiró del lugar luego que se accionó la alarma. De lo anterior deviene infundado e inoperante el agravio relativo a la falta de valor demostrativo del dicho de los testigos de cargo, pues, contrario a lo expuesto, no son de oídas, sino que advirtieron lo referido por medio de sus sentidos y guardaron pertinencia entre ellos. -*******- si bien no sabía el nombre de la persona que amenazó desde una troca a -*******-, sí presenció tal conducta, y además, coincidió con la que éste describió el ocho de septiembre, cuando se encontraba afuera de la casa de -*******- y que en razón de la familiaridad con -*******-, le pudo comunicar que se trataba de su primo -*******-. En tal tesitura también resultó inoperante el agravio relativo a que los testigos son amigos de las víctimas y falazmente procurarán favorecerlos pues, independientemente de la relación que guarde -*******- con el pasivo y pasiva, fue claro al precisar que no conocía a la persona que amenazó a la víctima, de donde no se precisa animadversión fundada específicamente de su persona hacia -*******-- y por otro lado, es independiente de la identidad de la persona que amenazantemente allanó la vivienda de -*******-, que no se impugnó que se trató de -*******-, contexto dentro del cual, la presencia desautorizada de un sujeto que previamente la amenazó, resultó claramente amenazante para -*******-. De esta manera, los antecedentes de investigación expuestos fundaron la probabilidad que los imputados cometieron los delitos que se les atribuyeron desde agosto a diciembre de dos mil veinte, que, bajo los parámetros del artículo 19 de la Constitución Federal, hasta el momento existen datos suficientes para vincularlos a proceso, debido a que la afectación del patrimonio pecuniario y moral de las víctimas está razonablemente demostrado en términos de los artículos 236, 237 y 204, del código sustantivo en la materia. A-. En relación al resto de los agravios- a- Escapó al contenido de la resolución combatida decir que algún testigo escuchó a un imputado admitir que ocasionó el incendio a la vivienda de los pacientes del delito. Quien lo expuso fue -*******-, pero su afirmación no devino caprichosa pues, empató con la amenaza de quemar su casa que clarificó -*******- le hicieron los imputados después afuera de su vivienda en el Fraccionamiento -*******-. b- En otro orden de ideas, es inoperante el relativo a la especulación que los hoy inculpados ingresaron a la vivienda incendiada por la puerta posterior dado que nadie los vio hacerlo- pues, ese razonamiento provino de la información que al respecto vertió -*******- tocante a que sólo él, una amiga y -*******- conocían tal manera de ingresar dada las fallas de la cerradura de la puerta. c- No le asiste la razón a los impugnantes precisar que nadie escuchó a -*******- amenazar a alguien, pues las manifestaciones de los pacientes del delito muestran lo contrario, y por otro lado, fue a través de mecanismos indirectos que en la resolución impugnada se sustentó la imputación conducente, que dejaron los impetrantes intocados como lo fueron los múltiples mensajes o conversaciones que tuvieron los imputados con los allegados de las víctimas a quienes de igual manera, los amenazaron si ayudaban a -*******-, que si bien no determinaron la acreditación de los extremos de la resolución en estudio, sí concretaron un antecedente conductual de los impetrantes que proporcionó eficacia demostrativa a las manifestaciones propias de las víctimas. ------------------------------------------------------------------------------------ d- Es inoperante el agravio relativo a que el peritaje en materia de incendio no vinculó a alguno de los imputados al lugar del hallazgo, pues, a- tal no fue el propósito de la pesquisa en cuestión- b- el Resolutor primario no lo valoró en este sentido, de donde no produce el agravio que expusieron los apelantes- y c- el descubrimiento que arrojó en la indagatoria es que el incendio mediante el cual se dañó el inmueble multirreferido, fue provocado. e- En consecuencia, agotados los extremos legales y constitucionales mencionados para la vinculación a proceso de los imputados, aunado a que la resolución apelada se ajustó a derecho en los términos expuestos, y atendidos los puntos de inconformidad de los apelantes, lo procedente es confirmar el auto apelado. Por todo lo expuesto, fundado y motivado, procede resolver y, --------------- S E R E S U E L V E ------------------ ÚNICO. Se CONFIRMA el auto apelado. ---------- Ahora, en el particular, esta Juzgadora Federal, estima que la autoridad responsable correctamente estimó los agravios expuestos por la defensa, basándose en una correcta apreciación de los datos de prueba a cargo de la defensa y los antecedentes de investigación expuestos por el Agente del Ministerio Público, al tenor de las constancias que obran en la carpeta de investigación. Ciertamente, analizadas las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y lo resuelto por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, se considera que dicha determinación judicial se emitió cumpliendo con las exigencias que para su legal dictado establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, ya que los datos que lo sustentan son aptos y suficientes para establecer demostrado hasta la etapa procesal en que se encuentra, el hecho delictivo imputado, así como la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión, sin que los datos de prueba de descargo aportados por la defensa, logren el extremo de desvirtuar concretamente los antecedentes de investigación expuestos por la representación social, y las constancias que obran en la carpeta de investigación. OCTAVO.- Del análisis de los conceptos de violación. En este punto, corresponde analizar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en contra de la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en el toca *******, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal *******. Ahora, por técnica jurídica, en el examen de los conceptos de violación, no se respetará el orden en el que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, esta juzgadora considera pertinente establecer que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí solos, puedan llevar a la convicción de que el acto reclamado es inconstitucional. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones la hoy parte impetrante expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales esta resolutora está obligada a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así- -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.-, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.- -Instancia- Pleno. Fuente- Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo- II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis- 1341. Página- 1503.- -GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente.- -Instancia- Primera Sala. Fuente- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo- XXV, Mayo de 2007. Tesis- 1a. CVIII-2007. Página- 793.- Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 1, 14, 19 y 20 apartado B, todos de la Carta Magna, mediante conceptos de violación que van dirigidos a la resolución en que se impuso la medida cautelar así como la que confirmó el auto que resolvió su situación jurídica, los cuales son los siguientes- 1.- Que la resolución de la Primera Sala Penal Regional, que confirma el auto de vinculación a proceso, vulnera el debido proceso, puesto que no tuvo durante su proceso una defensa técnica jurídica adecuada, pues no desahogó medios de prueba que demostraran la realidad de los hechos, en su beneficio, y el Juez de control debía haber garantizado ese derecho. 2.- La parte quejosa manifiesta que se dictó el auto de vinculación a proceso sin que se llevara cabo una adecuada valoración de los datos de prueba, puesto que no hay datos suficientes e idóneos para determinar la existencia del delito de daños. 3.- Por lo que hace a la resolución de imposición de medida cautelar, aduce la parte quejosa que se viola en su contra el derecho humando de la libertad personal, ya que resulta infundada dicha resolución, puesto que había otras medidas, que combinadas, podrían dar cumplimiento al objetivo procesal. Por lo que hace al motivo de disenso señalado por la quejosa, como número uno, deviene infundado, pues aduce el quejoso, que la resolución del Magistrado al confirmar el auto de vinculación a proceso, viola las garantías de defensa. Lo anterior se asevera, pues según se desprende de los discos de videograbación remitidos por el juez responsable, en la audiencia inicial de la causa penal *******, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el imputado hoy quejoso, designó como defensora particular, a la Licenciada *******, la cual acreditó su calidad de perito en derecho con cédula profesional número *******, en ambas instancias, cuya copia certificada fue remitida a este juzgado por parte del Juez de Control. Al respecto, esta resolutora considera que el tribunal responsable al emitir el acto reclamado en este juicio, así como el Juez de Control, no vulnera en su contra el artículo 20 constitucional, porque se le hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de modo, lugar y tiempo que mediaron en la comisión de los ilícitos cuya realización se le atribuyó, el nombre de las personas que declararon en su contra, la parte quejosa fue oída a través de su defensora, y tuvo la oportunidad de defenderse y de probar lo que a sus intereses convino, de ahí que, sin duda, carece de sustento jurídico lo dicho al efecto. No sobra decir que el ejercicio eficaz del derecho de defensa adecuada, no llega al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor usa para lograr su cometido de representación, toda vez que, escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del propio inculpado, lo que es lógico y jurídicamente razonable si se toma en cuenta que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y, más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor. Por lo demás, contra lo alegado por la parte quejosa, la suscrita colige que la intervención de la defensora se ajusta a los parámetros legales y constitucionales exigidos para una defensa técnica y adecuada propia de un proceso penal, de ahí que, desde luego, carece de sustento jurídico lo dicho al efecto. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente- -DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d- y e-, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d-, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor.- -Instancia- Pleno. Fuente- Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro- 5, Abril de 2014, Tomo I. Tesis- P. XII-2014 -10a.-. Página- 413.-- -DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO. Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como la directriz de interpretación pro personae- el artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales 8.2, incisos d- y e-, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b- y d-, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII-2014 -10a.- -*-, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro- -DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.-, y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado -lato sensu-, a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho -abogado particular o defensor público-- incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado.- -Instancia- Primera Sala. Fuente- Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro- 18, Mayo de 2015, Tomo I. Tesis- 1a.-J. 26-2015 -10a.-. Página- 240.-- En conclusión, no hay razón jurídica alguna para considerar, como lo pretende hacer ver la parte quejosa, que el tribunal responsable viola en su perjuicio el artículo 20, apartado B, de nuestra carta magna, por lo cual lo conducente es desestimar, por infundado, el concepto de violación que nos ocupa. Resulta de igual manera infundado el motivo de disenso señalado como número dos por la quejosa, en el cual aduce que el auto de vinculación a proceso se dictó sin que hubiera datos suficientes e idóneos para ello. Se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, toda vez que a criterio de esta juzgadora, el auto de vinculación a proceso satisface las prerrogativas contenidas actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que únicamente se requiere, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así mismo, señala que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo y de los antecedentes de investigación expuestos por la Representación Social en la audiencia inicial, quedó demostrado el hecho señalado por la ley como delito, así como la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión. Lo anterior, entre otros datos de prueba, con las declaraciones de las victimas ******* y *******, así como por las periciales a cargo de los peritos ******* y la Ingeniera *******, en cuyos dictámenes, dejan clara la existencia del incendio ocurrido en el domicilio ubicado en *******. Así mismo, con las declaraciones por parte de los testigos, ******* y *******, quienes presenciaron la amenaza que la víctima *******, recibió el ocho de septiembre de dos mil veinte, en casa de su madre, por parte de un sujeto, que fue identificado por los mismos como *******, que desde una troca le gritó- -.ahora que ya te quemé la pinche casa culero, te voy a matar a ti, pinche perro cerdo.-. De igual manera, contra lo estimado por la parte quejosa, se estima que la responsable, al momento de analizar la probable responsabilidad del quejoso en la realización de los hechos que originaron la causa penal y valorar los datos y antecedentes derivados de la causa penal, no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. De dicha resolución se advierte que la responsable, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción I, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de Daños Dolosos. Aunado a lo anterior, es que también la victima así como testigos, dieron cuenta de datos que cualquier persona en su misma posición pudiera haber brindado, de ahí que insiste existen datos que revelan la probable participación de *******, máxime que es la persona que posteriormente a haberse realizado los hechos, se dirigió al domicilio en el que se encontraba ******* y frente al testigo de nombre *******, el imputado hoy quejoso, le gritó -ya te quemé la casa pinche culero, te voy a matar a ti, pinche perro cerdo-, por lo que se hace creíble que la víctima pueda determinar con claridad que el hoy quejoso es quien el día de los hechos ocasionó el incendio que generó los daños en el inmueble de su propiedad. Así mismo, el Juez de Control, refiere que el denunciante narra los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, además dijo, no obran datos que sugieran que tiene un motivo espurio, como resentimiento, venganza o enemistad contra el imputado, para declarar en la forma en que lo hace, por lo que la unión de dichas afirmaciones, con el resultado de las periciales y dictámenes ofrecidos por la representación social, realizados por profesionales en su respectivo ramo, hacen probable que el hoy quejoso, participó en la generación de los daños ocasionados al inmueble cuya propiedad pertenece a la víctima. En ese sentido, consideró de manera probable, la intervención en calidad de autor de *******, en la comisión del delito de Daños Dolosos, analizado en esa audiencia de vinculación a proceso. Luego, contrario al dicho de la parte quejosa, esta resolutora estima que las consideraciones de la autoridad responsable son suficientes para tener por acreditada la probable intervención del imputado, pues no debe quedar plenamente probado para la vinculación a proceso, sino conforme al artículo 19 Constitucional, el estándar probatorio resulta bajo y basta la presencia de datos coherentes y razonables que indiquen la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó o cometió el ilícito en cuestión. Situación, que en el caso así quedó asentado por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, al resolver el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso emitido el primero de marzo del año en curso, en la causa penal *******, seguida en contra de *******, sin que ello transgreda la garantía de debido proceso y el principio de presunción de inocencia, cuenta habida que el nivel probatorio requerido para un auto de vinculación a proceso es bajo, pues se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio, sin necesidad de demostrar plenamente, más allá de duda razonable, la responsabilidad del imputado, lo cual es propio de la etapa de juicio oral en el proceso penal. Apoya lo anterior, la tesis XVIII.2o.P.A.5 P -10a.- del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Undécima Época, con registro digital 2023151, de rubro y texto siguientes- -PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos- Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional- inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico- Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación- Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión- por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio- de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia.- Por lo anterior, esta Resolutora Federal, considera que la responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados, tanto por el Representante Social, como por la defensora particular, por lo cual, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable no tuvo datos suficientes e idóneos para dictar el auto de vinculación en su contra, el Magistrado responsable, consideró que el Juez de primera instancia, no solo se allegó de esos datos mediante la valoración de los datos de prueba existentes en la causa penal, sino también los valoró correctamente, según lo expuesto ya, en líneas superiores. En tal virtud, no tiene razón jurídica la parte quejosa, pues, contra lo que sostiene, al valorar los propios datos y antecedentes vertidos ante el Juez de la causa, el Magistrado responsable se ajustó a los lineamientos que para ello contempla el artículo 20, en su apartado A, fracción II, constitucional y el diverso 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual carece de sustento jurídico lo alegado sobre ese particular, de ahí que lo conducente es desestimar, por infundados, los conceptos de violación analizados. Por lo que hace al motivo de disenso señalado por la quejosa, como número tres, aduce, se violan en su contra sus derechos y garantía contemplada en el artículo 16 Constitucional, toda vez que considera que no se justifica la imposición de la medida cautelar, pues, esa determinación se dictó sin que hubiera sido fundada la solicitud por parte de la representación social. Se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, toda vez que a criterio de quien resuelve, la autoridad responsable ciñó sus actos a los principios constitucionales por lo siguiente. En principio, es menester citar el contenido de los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen- -Artículo 14. -.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.- -.- -Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.- El primer precepto citado, contiene una de las garantías de seguridad jurídica de primordial importancia, esto es- la de audiencia previa- toda vez que impone la obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. El segundo artículo trascrito, contiene la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, la cual se constituye como elemento fundamental útil para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige, realizarse por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundada y motivada. De esta manera, en todo procedimiento o juicio han de observarse, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber- El inculpado debe tener conocimiento del inicio del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla y, quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. Cuando se agote la etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes- y, El procedimiento iniciado deberá concluir con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Expuesto lo anterior, se considera necesario distinguir entre actos privativos y actos de molestia. Los primeros producen la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, siempre y cuando se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado y están regulados por el artículo 14 constitucional. Esto es, sólo los autoriza cuando se cumplan los requisitos siguientes- Existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, sólo restringe de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos que están regulados por el artículo 16 Constitucional. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P.-J. 40-96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página- 5, con número de registro 200080, de rubro y texto- -ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho- en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.- Por otro lado, es importante destacar el contenido de los artículos 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son del tenor siguiente- -Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.- -Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares. El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes- I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas.- De los artículos transcritos, se advierte que el juez, al imponer una medida cautelar, debe tomar en consideración- 1-Que, formulada la imputación, el imputado se acoja al término constitucional, ya sea de setenta y dos horas o su ampliación a ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o bien, que éste haya sido vinculado a proceso. 2-Que esa medida haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público, por la víctima o por el ofendido. En el caso, se actualizaron dichas hipótesis, pues fue precisamente en la audiencia inicial que se analiza, donde una vez que- 1- se formuló imputación en contra del quejoso, se señaló fecha para audiencia de vinculación a proceso, al solicitar el imputado que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional, lo que tornó procedente el debate sobre la imposición de medidas cautelares. Asimismo, por lo que hace al punto 2-, la representación social basó su solicitud con el argumento de que era esa la medida idónea, necesaria y pertinente para continuar con el procedimiento y garantizar la presencia del imputado al proceso. Con posterioridad a dicha solicitud, de conformidad con el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dio el uso de la voz a la defensora particular del imputado, quien manifestó que- 1-. Solicita que no se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, sino que se imponga una diversa. 2-. La victima tiene como oficio la alfarería, por lo cual, el incendio pudo haber sido causado por cualquier material utilizado por éste para llevar a cabo dicho oficio. 3-. El imputado, hoy quejoso, tiene arraigo en esa Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, pues ahí tiene su domicilio habitual, así como que en esa ciudad desarrolla su actividad económica la cual es la hojalatería. 4-. El día de los hechos no hubo amenazas por parte del hoy quejoso en contra de las víctimas, estuvieron frente a frente con la víctima y no hubo ningún tipo de ataque al mismo. 5-. Al imponer esa medida cautelar, se está adelantando la pena a imponer al quejoso. 6-. En cuanto al Peligro que representa el quejoso, no existe, púes únicamente busca que se ejecute una orden de aprehensión librada en contra de la víctima por diverso delito que se le sigue en diversa carpeta de investigación. 7-. Considera la defensa que las victimas no son coincidentes en los señalamientos de los vehículos que aducen, conducían los imputados el día de los hechos. En el caso particular cabe hacer una precisión en el sentido de que, la audiencia inicial, los delitos por los que se formuló imputación al hoy quejoso, fue por los delitos de amenazas y daños dolosos, por los cuales se le vinculó a proceso y se inició investigación formalizada, sin embargo, como se puntualizó en esta misma resolución, en fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, el hoy quejoso, optó por el procedimiento abreviado por lo que hace al delito de amenazas, con lo cual su situación jurídica cambió respecto a los hechos constitutivos de ese delito, así mismo, la medida cautelar impuesta fue en atención a su probable participación en la comisión de ambos tipos penales. Sin embargo, en el presente estudio, no puede dejarse de lado dicha circunstancia, pues si bien es cierto, los hechos por los que hoy se le sigue la investigación formalizada, son los constitutivos del delito de daños, no menos cierto es que, el haber aceptado su participación en la comisión de los hechos que conforman el delito de amenazas, hacen más probable el riesgo de obstaculización de la investigación, puesto que el objetivo de las medida cautelar, según lo establece el artículo 153, del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcrito, consiste en asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, así como evitar la obstaculización del procedimiento. Ahora bien, continuando con el estudio que nos ocupa, y una vez el señalamiento anterior, el Juez de Control responsable, al determinar la proporcionalidad de la medida solicitada por la representación social, fundamentó su resolución en lo dispuesto en el artículo 156 de la legislación procesal multicitada- -Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.- Así, el Juez responsable manifestó que en atención al numeral antes transcrito, con respecto a la evaluación del riesgo que representa el imputado, ésta aumenta potencialmente, puesto que la conducta que en el momento de la resolución de imposición de medidas cautelares se investigaba, precisamente consiste en amenazas, las cuales fueron dirigidas hacia las personas que son víctimas propiamente, así como en contra de los testigos de las mismas, esto es a quienes el imputado considera que están escondiendo a la persona que directamente amenazó con causarle un daño en su integridad física. Así mismo, consideró el Juez responsable, que con base a lo establecido en el artículo 168, Fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el máximo de pena a imponer, por los delitos en estudio, hacen probable el riesgo de sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado. Aunado a esto, encontró que el comportamiento posterior al hecho, por parte del imputado, ha sido contrario a derecho, puesto que ha sido una constante el proferir amenazas tanto a víctimas como a testigos. Por lo que respecta al peligro en la obstaculización del desarrollo de la investigación, el numeral 169, fracción II, de la legislación procesal en la materia, el juez responsable consideró que, existe dicho peligro, puesto que el hecho de que el imputado se encuentre en libertad, hace altamente probable que Influya en el comportamiento de testigos o de las propias víctimas ante las amenazas recibidas por éste. Así mismo, consideró el riesgo para la víctima y testigos, ante las amenazas dirigidas a éstos y el peligro para la comunidad ante los casos de incendios que pudieran ser provocados y las posibles afectaciones a casas aledañas. Por lo anterior, consideró la responsable, que la solicitud del representante social, en cuanto a la prisión preventiva justificada, lo considera idóneo y proporcional para los riesgos que se tratan de evitar, así como para asegurar la presencia del imputado a ese proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 155, Fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo que hace a la temporalidad de dicha medida, consideró que la duración será por el tiempo que dure el proceso, la cual no excederá de dos años. Por lo que, el Juez responsable, al resolver respecto de la imposición de medida cautelar, impuso la contemplada en la Fracción XIV, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcrito y atendiendo a las manifestaciones de la defensora particular, antes señaladas, con las cuales consideró como grave el peligro de sustracción por parte del hoy quejoso, determinó imponer la prisión preventiva, para garantizar la presencia del imputado durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Por lo tanto, analizado en su totalidad el acto reclamado que se hizo consistir en la medida cautelar impuesta al quejoso, este órgano jurisdiccional, considera que se encuentra ajustado a derecho, toda vez que se considera correcto lo manifestado por la responsable, en el sentido de que es la medida idónea para garantizar la comparecencia del quejoso durante todo el tiempo que dure el procedimiento, sin que ésta exceda de dos años. Aunado a lo anterior se encuentra el hecho antes mencionado, respecto a que en fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, el hoy quejoso aceptó su participación en el delito de amenazas, en el cual, las víctimas fueron precisamente los testigos y victimas en el delito de daños dolosos, cuya investigación sigue en curso, con lo cual, es que resulta infundado el concepto de violación en estudio, ya que la medida cautelar se encuentra debidamente fundada y motivada. Ahora bien, debe decirse que es verdad que la reforma al artículo 1o. de la carta magna de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro- XXV, octubre de 2013, Tomo 2. Tesis- 1a.-J. 104-2013 -10a.-. Página- 906.-, del tenor literal que siguen- -PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a.-J. 107-2012 -10a.-, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro- -PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.-, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares- a- los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- y, b- todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de -derechos- alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.- -Fuente- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro- XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Tesis- 1a.-J. 104-2013 -10a.-. Página- 906.- En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio la sentencia en la cual, el Magistrado de la Primer Sala Penal Regional, confirmó el auto de vinculación a proceso, así como la resolución de imposición de medida cautelar, consistente en la prisión preventiva, reclamados en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, e infundados los conceptos de violación esgrimidos, como se puntualizó en párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito9 , bajo el texto y rubro siguientes- -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-. En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma- primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito- exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial- segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador- tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo- que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.-. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio10, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E-PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, contra los actos y por las autoridades responsables, así como por las razones y fundamentos señalados en el considerando cuarto de la presente sentencia.SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, así como del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistentes en la sentencia de veintiséis de abril y la imposición de medida cautelar, de fecha veinticuatro de febrero, ambos de dos mil veintiuno, dentro del Toca ******* y la causa penal *******, respectivamente.Notifíquese personalmente.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:ENTENCIAChihuahua, Chihuahua, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 367-2021-III, promovido por *******, contra actos del Magistrado De la Primera Sala Penal Regional del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua y otra- y-R E S U L T A N D O- Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito ese mismo día, el quejoso *******, promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua y otra autoridad, de quienes reclamó lo siguiente- -V. LA RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA Y FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los actos reclamados son los siguientes- a-.-LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA REGIONAL PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, que fue emitida el día 26 de Abril del año 2021, y notificado por correo electrónico a mi defensor el mismo día y al quejoso por cédula de notificación el día 27 de Abril del 2021. Resolución que confirma mi vinculación a proceso por el delito de DAÑOS Y AMENAZAS COMETIDAS EN PERJUICIO DE ******* y *******, en el toca de apelación *******, derivado, de la causa penal número *******, del índice de gobierno del Distrito Judicial Galeana de nuevo Casas Grandes. b-.-DEL JUEZ DE CONTROL RECLAMO la resolución a través de la cual se me impuso como MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA, y la cual se continúa ejecutándose por lo que al estar afectando mi libertad hasta el día de hoy, me encuentro dentro del término legal para reclamar la inconstitucionalidad de dicha medida cautelar impuesta.-SEGUNDO.- Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14, 19 y 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.TERCERO.- De la tramitación del juicio constitucional. Mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 367-2021-III, se previno a la quejosa, para lo siguiente- 1. Señale la fecha de la resolución que atribuye al Juez de Control del Distrito Galeana.2. Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha de conocimiento del acto recamado Una vez cumplida tal prevención, mediante escrito de fecha veintiséis de mayo del año en curso, en auto de fecha veintisiete de mayo de misma data, se admitió a trámite la misma, se requirió el informe a las autoridades responsables y se le dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la tercero interesada fue emplazada al presente juicio mediante despacho y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con base en la constancia que antecede.CUARTO.-De los terceros interesados.En el acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, se tuvo como tercero interesado en el presente asunto a las personas de nombres ******* y *******, y mediante despacho se ordenó su emplazamiento al presente Juicio, lo cual fue realizado por el actuario judicial adscrito al Juzgado de Primera Instancia Civil en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno y, QUINTO.-Acreditación de credenciales como licenciado en Derecho del defensor del imputado. Mediante proveídos de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Juez responsable que remitiera las certificaciones respectivas respecto a si los defensores del imputado, cuentan con las credenciales pertinentes para ejercer como licenciados en Derecho, a efecto de tener la certeza de que el derecho fundamental del quejoso a ser defendido por un perito en Derecho, fue respetado. Ello, pues de conformidad con la Contradicción de Tesis 405-2017, en concatenación con la Contradicción 1-2020, emitidas por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye una garantía en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendido por licenciado en Derecho, fue respetado. Al respecto, como se acotó en auto de trece de julio de dos mil veintiuno, el Juez responsable cumplió la solicitud que se le efectuó, pues remitió copia certifica de las cédulas profesionales números ******* y *******, expedidas por la Secretaría de Educación Pública, en favor de ******* y *******, respectivamente, a fin de ejercer profesionalmente la licenciatura en Derecho, profesionistas que llevaron la defensa del hoy quejoso, la primera de los mencionados en la audiencia inicial, así como en la audiencia de vinculación a proceso y el segundo, en segunda instancia al interponer recurso de apelación. De manera que, ha quedado evidenciado que los profesionales en comento, sí cuentan con las credenciales atinentes que los avalan como peritos en Derecho- de tal suerte que, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada.C O N S I D E R A N D O-PRIMERO.-Del análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3-2013, modificado por el 8-2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional.SEGUNDO.- De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo1 . Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , del tenor literal siguiente- -ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.- Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal3 , que a la letra dice- -ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados- asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión.Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto-. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama- Del Magistrado De la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca *******, en la cual confirmó el auto de vinculación a proceso, dictado en la causa penal *******, por el Juez de Control, por los delitos de daños y amenazas. Del Juez de Control, la resolución de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal *******, consistente en la imposición de la medida cautelar, establecida en la Fracción XIV, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la ejecución de la misma.TERCERO.- De la existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, consistentes en la imposición de medida cautelar establecida en la Fracción XIV, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de fecha veinticuatro de febrero, así como al Magistrado De la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca *******, en la cual confirmó el auto de vinculación a proceso, dictado en la causa penal *******, por el Juez de Control, por los delitos de daños y amenazas. Lo anterior, pues así lo expresaron al rendir sus informe con justificación, en fecha ocho de junio del dos mil veintiuno, por lo que hace al Juez de Control y en fecha quince de julio de misma data, por lo que respecta al Magistrado De la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, certeza que se corrobora con los discos ópticos, así como transcripciones, que a los mismos acompañaron, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°.Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes- -DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.- -Instancia- Pleno. Fuente- Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo- VI, Parte SCJN. Tesis- 226.-. Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , del tenor literal siguiente- -VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL -DVD-. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del -expediente electrónico-, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital -DVD-, dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad- por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.-CUARTO.- Del análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo.En ese sentido, en el presente asunto se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por operar un cambio de situación jurídica, por virtud del cual no puede estudiarse los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica que impera sobre la esfera jurídica del quejoso. El precepto y fracción aludida de la Ley de la materia establecen lo siguiente- -Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente- -.- XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente- -.-- Del precepto legal en cita se desprende que el juicio constitucional es improcedente contra actos emanados en un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando en el mismo surja un cambio de situación jurídica, debiéndose considerar consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.Al respecto, la Suprema Corte en torno a la citada causa de improcedencia, estableció el siguiente criterio- Novena Época, Instancia- Segunda Sala, Fuente- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo- IV, diciembre de 1996, tesis- 2a. CXI-96, página- 219. -CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes- a- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio- b- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo- c- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo- d- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.-3 Tesis que, si bien se emitió bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, el contenido normativo esencial del artículo 73, fracción X, que se interpretó, se reproduce en esencia en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de la materia vigente. Ahora bien, del criterio aludido y del precepto que se interpreta, se colige que para la configuración de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos. a- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. c- Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas. d- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Asimismo, el artículo transcrito también prevé que tratándose de violaciones a la libertad personal, consignadas en los artículos 19 o 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regulan el auto de vinculación a proceso y los derechos constitucionales de defensa del procesado, únicamente la resolución de primera instancia hará que aquéllas se consideren consumadas en forma irreparable- no obstante, dicha porción normativa excluye las violaciones a la libertad personal relacionadas con el artículo 16, de la Carta Magna, relativas a la orden de aprehensión. Pues bien, como se detalló de manera previa, en el caso en estudio, el quejoso *******, reclama- 1. la sentencia dictada por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, mediante la cual confirma el auto de vinculación a proceso, por los delitos de Daños doloso y Amenazas, en el toca penal *******- y, 2.- La medida cautelar de prisión preventiva justificada, que le fue impuesta por el Juez de Control en la causa penal *******, de origen, instruida en su contra por el delito de Daños doloso y Amenazas. Sin embargo, de las constancias que remitió el juez responsable, se advierte que las partes acordaron el procedimiento abreviado, y mediante resolución de trece de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria por el delito de Amenazas, en contra del hoy quejoso, al que impuso como penas- 1.- Se impone pena de cinco meses y dieciocho días de prisión.2.- Se absuelve del pago de pena pecuniaria consistente en MULTA, al no haberlo solicitado el fiscal. 3.- se condena a pagar por concepto de reparación del daño, la cantidad de $******* -*******-. 4.- Se concede el beneficio de la condena condicional. Prueba que se procede a valorar, al justificar la causal de improcedencia en estudio, cuyo análisis debe ser oficioso, a la que se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, de cuyo contenido logra apreciarse que, efectivamente, en audiencia de procedimiento abreviado de trece de agosto de dos mil veintiuno, que tuvo verificativo en la causa penal *******, el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en ciudad Nuevo Casas Grandes, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso *******, en los términos antes referidos. A partir de esa base, si en la causa penal de origen, el acto aquí reclamado, la sentencia que confirmó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva que le fue impuesta de manera justificada, como medida cautelar dentro de la causa penal *******, instruida en su contra por el delito de Amenazas y Daños dolosos, ha sido sustituido procesalmente por otro, a saber, la mencionada sentencia condenatoria, resulta evidente que se generó un cambio en la situación jurídica sobre su esfera jurídica, únicamente por lo que hace al delito de Amenazas. Pues, ya no es factible analizar las posibles violaciones acaecidas al considerarse consumadas de manera irreparable en razón de que la situación jurídica del impetrante de amparo pasó de tener calidad de imputado, es decir, de persona que el Ministerio Público señala como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, a sentenciado, esto es, a ser una persona contra la que ya se ha establecido una responsabilidad penal, por mérito de una sentencia, esto en términos del ordinal 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A pesar de que, si bien el accionante constitucional, de acuerdo a lo probado, seguirá privado de su libertad, la justificación de ello ya no lo será la prisión preventiva que le fue impuesta en audiencia inicial por el delito de Amenazas, sino dicha medida cautelar seguirá vigente únicamente por el delito de Daños dolosos, toda vez que en dicha sentencia, se le concedió los beneficios de la condena condicional, establecidos en los artículos 86 y 91 bis, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Por ende, las violaciones que del citado acto reclamado se duele el quejoso, se han consumado de manera irreparable, por no poder abordarse sin afectar la nueva situación jurídica que prevalece sobre su esfera jurídica. Sin que obste para ello, el que la sentencia no se dictó en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, ya que el referido artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, no hace distinción alguna en ese sentido- así, debe estarse frente a una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral o por una emitida por el Juez de Control en la investigación formalizada, en razón del trámite anticipado del procedimiento. Es aplicable, por las razones que informa, la tesis aislada III.2o.P.150P-10a.-, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2675, con registro digital 2019590, Decima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes- -IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo- sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla.- En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por consiguiente, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, respecto del acto reclamado antes señalado. En ese sentido, se cita a contrario la tesis aislada I.1o.P.118P-10a.-, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ubicada en la página 2963, libro 57, tomo III, materia común-penal, agosto de dos mil dieciocho, registro 2017692, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que se cita enseguida- -MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO PENAL RESPECTIVO, ELLO NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo señala que cuando en el amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas -por cambio de situación jurídica- las violaciones alegadas para los efectos de la improcedencia prevista en ese precepto. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto el quejoso reclama la imposición de una o varias de las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como por ejemplo, la prisión preventiva justificada, aduciendo la posible violación al artículo 19 de la Constitución Federal -que es el fundamento constitucional de lo condigno a las medidas cautelares-, y durante la sustanciación del juicio se hace del conocimiento del órgano de amparo que se dictó sentencia definitiva -de primera instancia- en contra del agraviado en el proceso penal donde se originó el acto reclamado, ello no actualiza la causa de improcedencia de referencia. Lo anterior, porque la sentencia de primera instancia dictada en el proceso penal, no ocasiona un cambio de situación jurídica del quejoso en estricta relación con la medida cautelar impugnada en el juicio de amparo indirecto, o sea, no se modifica ni se varía su condición jurídica en lo que se refiere a la medida impuesta, pues ésta continúa incólume desde que se decreta hasta el momento que cause ejecutoria dicho fallo, como lo dispone el artículo 180 del código citado, siempre que no haya sido modificada o revocada durante el proceso penal instruido al quejoso, con motivo de alguna revisión que se hubiese realizado a la medida cautelar.- De ahí que las violaciones sobre tal punto también se consumaron de manera irreparable, lo que generó un cambio de situación jurídica que impide su análisis. Finalmente, se precisa que no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, por lo que respecta al delito de Amenazas, pues la actualización de la causal de improcedencia en examen lo impide. Es aplicable a lo antes expuesto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice- -SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.- QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58-2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal5, que a la letra dice- -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.-SEXTO.- Estudio oficioso. Previo a efectuar el análisis de los actos combatidos, se estima oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a-, de la Ley de Amparo6, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a.-J. 67-2017 -10a.-, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE -LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013- 7. Así, con antelación a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio, de la legalidad de la imposición de medida cautelar, dictada por el Juez de Control, dentro de los autos de la causa penal *******, así como de la sentencia que confirmó el auto de vinculación a proceso, dictada por el Magistrado responsable, en los autos del toca penal *******. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real de los discos ópticos que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable Juez de Control, se desprende lo siguiente, por lo que hace a la imposición de medida cautelar- 1. 1.- En veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el licenciado Marco Antonio Palma Meléndez, Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, aperturó la audiencia inicial dentro de la causa penal *******, y pidió a las partes que se identificaran ante el Tribunal, entre ellos el Representante Social, licenciado *******, acompañado de los licenciados ******* y *******, asesores jurídicos de la víctima, así mismo la defensora particular del imputado, licenciada *******, con cedula profesional registrada bajo el número *******, cédulas registradas ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua. 2. Así mismo, identificó a las personas que manifestaron ser los imputados, quienes presenciaron la audiencia por medio de telecomunicación, quienes podían ser observados mediante pantalla ubicada en la sala de audiencias y ellos podían ver a las partes y al Juez de Control, mediante pantalla que tuvieron a la vista, los cuales dijeron llamarse ******* y *******, quienes a pregunta expresa del juez, manifestaron que desean nombrar a la licenciada *******, como su defensora particular, la cual cuenta con cédula profesional con número de registro de la S.E.P. *******, en el mismo acto la profesionista en comento aceptó y protestó el cargo conferido. 3. 2.- Posteriormente, el Juez de Control, cuestionó a los imputados respecto a sus datos generales, así como si conocían sus derechos como imputados, a lo cual manifestaron que eran sabedores de los mismos. -minuto 4-00 del video 1-. 4. 3.- Previa autorización del Juez de Control, la Representación Social formuló imputación a ******* y *******, haciéndole saber los hechos por los cuales se seguía una investigación en su contra, indicándole lo siguiente- -minuto 6-15-- 5. 3.1 -Que el día martes dieciocho de Agosto aproximadamente a las veinte horas, *******, envió mensaje amenazante a la señora *******, en el cual la amenazó en causarle un mal a *******, ya que le señaló que se esconda donde se esconda, lo van a agarrar, que si lo encuentra, pobre de ese bastardo, -que va con todo contra esa escoria-, para momentos después, siendo entre las veintiuno treinta y las veintidós horas aproximadamente, de ese mismo día dieciocho de Agosto de dos mil veinte, en el interior de una casa habitación ubicada en *******, en esta ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, ustedes ******* y *******, se introdujeron al domicilio mencionado, para el fin de iniciar un incendio intencional en la recamara trasera del inmueble, ocasionando el incendio, mismo que se expandió por otras cuartos de la casa habitación propiedad de *******, quienes son familiares de ustedes, ocasionando con estos daños por incendio debido al calor recibido, pues esta infraestructura, sufrió el colapso del techo sobre la estructura de madera, esto en las áreas de las recamaras, pasillo, y baños, así como las ventanas y baños, teniendo la infraestructura, daños equivalentes a $******* -*******- además, consumiéndose por el fuego, diversos objetos, que se encontraban dentro de la casa habitación, objetos propiedad de *******, siendo los objetos colchón de tamaño matrimonial, una televisión, base para cama, respaldo de cama, aparatos electrónicos como bajos y amplificador, computadora laptop, teatro en casa, mueble de madera, caja de herramientas, calefacción, aire acondicionado, ductos, tres costales de chile, dos lanchas inflables, cinco sillas de acampar, mesas de plástico, sofa-cama, casa de campaña, entre otros y dinero en efectivo por la cantidad de $******* -*******-. La cantidad de los objetos destruidos ascienden a la cantidad de $******* -*******- aproximadamente, para dar un total de los daños ocasionados por el incendio, la cantidad de $******* -*******-. después siendo aproximadamente las siete de la tarde, del día ocho de septiembre del año dos mil veinte, mientras la victima de nombre *******, se encontraba en el domicilio de su madre, que se ubica en *******, llega usted *******, a bordo de una pick up, para comenzar a gritarle que es un pinche marrano, bastardo malnacido y que lo va a refundir en la cárcel, diciéndole además -ya te quemé la casa gúey, ahora te voy a matar- todo esto frente a un amigo de la víctima de nombre Daniel. Posteriormente el día veintisiete de noviembre de dos mil veinte, mientras se encontraba la victima de nombre *******, en el exterior de su domicilio, ubicado en *******, en esta Ciudad de Nuevo Casas Grandes, aproximadamente a las nueve de la noche, ustedes ******* y *******, llegan a su domicilio y empiezan a decirle que si no aparece -Lencho-, también a ella se la hiba a llevar la chingada, -pinche vieja tapadera-, porque ya traían la orden de detención contra -*******- en sus manos, y amenazándola en volver días después para quemarle su casa de igual manera. Clasificación jurídica. Los hechos que se le atribuyen al imputado constituyen el delito de daños dolosos, previsto y sancionado en el arábigo 236, fracción III y artículo 237, pues fueron cometidos mediante incendio, así mismo el delito de amenazas, contenido en el artículo 204, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Siendo un delito de consumación instantánea de conformidad con el artículo 17 fracción I, atribuyéndoles el carácter de coautores de conformidad con el artículo 21 fracción III, y de forma dolosa, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, todos del Código penal vigente en el Estado de Chihuahua. Haciéndole de su conocimiento de las personas que deponen en su contra son la victima *******, *******, *******, *******, *******, *******. 4. Acto seguido, la Representación Social narró los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación. -minuto 13-13 al 01-28-24-. 5. Posteriormente, el Juez natural preguntó a los imputados si comprendieron los hechos que se le atribuyen a lo que manifestaron que si los comprende. Por lo anterior, obsequió oportunidad a los imputados para declarar, quienes manifestaron que se reservaban su derecho a hacerlo, posteriormente, otorgó el uso de la voz a la representación social quien solicitó oportunidad para vincular a proceso. -minuto 54-20-. 6. Se preguntó al imputado, respecto al término para resolver su situación jurídica, a lo cual previa consulta con su defensor particular, indicó que solicitó el término constitucional de setenta y dos horas, para lo cual se señalaron las nueve treinta horas, del primero de marzo de dos mil veintiuno para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. -minuto 56-00- 7. Hecho lo anterior, el Agente del Ministerio Publico, solicitó la imposición de medidas cautelares- la defensora particular argumentó en contra de dicha solicitud- una vez escuchado a las partes, el Juez de Control resolvió imponer la medida cautelar de prevista por el artículo 155 Fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prisión preventiva. -minuto 01-34-00-. 8. Así, en fecha primero de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia señalada para efecto de resolver la situación jurídica de los imputados, la defensora particular desahogó medios de prueba, el Juez de Control Resolvió vincular a proceso a ******* y a *******, por el delito de Amenazas y únicamente a *******, hoy quejoso, por el delito de Daños Dolosos. Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa, en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad de la imposición de medida cautelar, así como del auto de vinculación a proceso. En primer lugar, en cuanto a la resolución de imposición de medidas cautelares, la autoridad responsable dentro de la causa penal *******, cumplió con los parámetros establecidos por los artículos 157, 158 y 159, en relación con el 172 y 173, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 Constitucional. A la anterior conclusión se arriba, puesto que, en el caso en particular, una vez que fue llevada a cabo la formulación de imputación al quejoso, por parte de la representación social, de conformidad con el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo conducente era pasar al debate de imposición de medidas cautelar. -Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares.- Así, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 154 y 158, del ordenamiento antes mencionado, según se advierte del disco que contiene la audiencia inicial de referencia, en su minuto -57-30 del video 2-, el Agente del Ministerio Publico solicitó la imposición de medida cautelar, con base en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva. Solicitud que la representación social justificó con el argumento de que el delito por que se sigue en el proceso de origen, merece pena privativa de libertad- existe peligro en la sustracción de la acción de la justicia, imposibilidad de llegar a una salida alterna, así como imposibilidad de una condena condicional debido a la máxima pena que pudiera llegar a imponerse- el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación- el riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad, ante las amenazas dirigidas a éstos y el peligro para la comunidad ante los casos de incendios que pudieran ser provocados. Una vez que el Juez de Control corrió traslado a la defensora particular, ésta manifestó que el hoy quejoso tiene arraigo en esa Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua- que no existieron amenazas el día en que sucedió el incendio, así como que si hubiera intención por parte de los imputados en lesionar a la víctima, lo hubieran hecho, pues estuvieron cara a cara con él en más de una ocasión- se está adelantando la pena a los imputados al considerar ese tópico para la imposición de medida cautelar solicitada- así mismo, manifestó que la búsqueda a la víctima por parte de los imputados, era con el fin de llevar a cabo su detención ante una orden de aprehensión presuntamente librada en su contra. Por lo anterior, una vez escuchadas a las partes, en el minuto -01-34-05 video 2-, de la citada audiencia inicial, el Juez de Control, en atención a los parámetros establecidos por el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la mínima intervención, proporcionalidad, los riesgos a evitar, así como para determinar la medida que sea menos lesiva para el imputado, numeral que reza de la siguiente manera- -Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.-Así, el Juez responsable manifestó que en atención al numeral antes transcrito, con respecto a la evaluación del riesgo que representan los imputados, ésta aumenta potencialmente, puesto que la conducta que se investigaba precisamente consiste en amenazas, las cuales fueron dirigidas hacia las personas que eran víctimas propiamente, así como en contra de los testigos de las mismas, esto es a quienes los imputados consideran que están escondiendo a la persona que directamente amenazan con causarle un daño. Así mismo, consideró el Juez responsable, que con base a lo establecido en el artículo 168, Fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el máximo de pena a imponer, por los delitos en estudio, hacían probable el riesgo de sustracción de la acción de la justicia por parte de los imputados. Aunado a esto, se encontraba que el comportamiento posterior al hecho, por parte de los imputados, fue contrario a derecho, puesto que fue una constante el proferir amenazas tanto a víctimas como a testigos. Por lo que respecta al peligro en la obstaculización del desarrollo de la investigación, el numeral 169, fracción II, de la legislación procesal en la materia, el juez responsable consideró que, existía dicho peligro, puesto que el hecho de que los imputados se encontraran en libertad, hacía probable que influyeran en el comportamiento de testigos o de las propias víctimas ante las amenazas recibidas por éstos, lo cual encontraba probable al extremo, con las imágenes percibidas en el video de uno de los procesados al llegar a casa de una de las víctimas. Así mismo, consideró el riesgo para la víctima u ofendido, testigos, ante las amenazas dirigidas a éstos y el peligro para la comunidad ante los casos de incendios que pudieran ser provocados y las posibles afectaciones a casas aledañas. Por lo anterior, consideró la responsable, que la solicitud del representante social, en cuanto a la prisión preventiva justificada, la consideró idónea y proporcional para los riesgos que se trataban de evitar, así como para asegurar la presencia del imputado a ese proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 155, Fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo que hacía a la temporalidad de dicha medida, consideró que la duración era por el tiempo que durara el proceso, la cual no excedería de dos años. ARTICULO 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares- XIV. La prisión preventiva. -.- Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.- Por lo anterior, con fundamento en los artículos 157, 158 y 159 en relación con los artículos 172 y 173, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control responsable, determinó imponer a *******, la medida cautelar consistente, en prisión preventiva, por el tiempo que durara el proceso, la cual no excedería de dos años, numerales que a la letra dicen- -Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente- I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma- II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida. ARTICULO 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares- XIV. La prisión preventiva. -.- Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.- En otro aspecto, se destaca que el auto de vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable dentro de la causa penal *******, se ajusta a las directrices jurídicas exigidas por el artículo 19 constitucional, así como por el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre tal punto conviene traer a cita el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, establece lo siguiente- -Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará- el delito que se impute al acusado- el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión -.-- Así como el referido arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica- -Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que- I. Se haya formulado la imputación- II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar- III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.- De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, como elementos de forma los siguientes- a. Se haya verificado imputación -formalización o judicialización del procedimiento- y escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. b. Precisión del delito que se imputa. c. Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. d. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Asimismo, deben considerarse como elementos de fondo, los siguientes- a. Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. b.La ley señale como delito a ese hecho. c.Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos del arábigo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del tipo penal, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión. De ello se colige, que el Juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad de los factores expuestos por las partes, para concluir si se justifican o no las consecuencias que aducen, teniendo siempre como factor principal la duda razonable. Expuesto lo anterior, conviene señalar que de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se cumplió con los requisitos formales aludidos, ya que de manera previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, en audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso y otro, por su probable participación en la comisión del ilícito de Daños dolosos, previsto y sancionado en el arábigo 236, fracción III y 237, y el de Amenazas, previsto en el artículo 204, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De igual modo, se constató por parte del Juez de Control, que el imputado conociera los derechos que establece a su favor el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constató que contara con defensa técnica por parte de una profesional licenciada en derecho, cuya cédula profesional, exhibió durante el desarrollo de la audiencia inicial, le dieron a conocer los hechos que se le imputaron y se le dio oportunidad de rendir su declaración, asimismo, previo conocimiento de los datos de prueba que obran agregados en la carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. En cuanto a los requisitos de fondo, se estima que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, concretamente el delito de Daños dolosos, previsto y sancionado en el arábigo 236, fracción III y 237, y el delito de Amenazas, previsto en el artículo 204, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Porciones normativas que en lo conducente establecen- -Artículo 236. A quien destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en perjuicio de otro, se le impondrán las siguientes penas- I. De treinta a noventa días multa, cuando el valor de los años no exceda de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización- II. Prisión de seis meses a tres años y de noventa a doscientos cincuenta días multa, cuando el valor de los daños exceda de cincuenta, pero no de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización- III. Prisión de tres a seis años y de doscientos cincuenta a setecientos cincuenta días multa, cuando el valor de los daños exceda de quinientas, pero no de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización- y IV. Prisión de seis a doce años y de setecientos cincuenta a mil doscientos cincuenta días multa, si el valor de los daños excede de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Para estimar la cuantía de los daños se atenderá al valor comercial de la cosa dañada, al momento de producirse el hecho, pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero o si por su naturaleza no fuera posible fijar su valor, se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. -Artículo 237. Las penas que correspondan, se aumentará en una mitad, cuando se cause daño mediante incendio, inundación, explosión o causas similares.- En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que aconteció un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, conducta cuya descripción típica se encuentra en los numerales anteriormente reproducidos. Ahora bien, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación y que fueron todos tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, son específicamente los siguientes- 1-. Denuncia de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, presentada por la victima *******, ante el órgano investigador. 2-. Declaración de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte. 3-. Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha veinte de octubre de dos mil veinte. 4.- Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte. 5-. Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha veinte de noviembre de dos mil veinte. 6-. Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte. 7-. Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte. 8-. Declaración testimonial de *******, ante el Agente del Ministerio Público, de fecha seis de noviembre de dos mil veinte. 9-. Ampliación de declaración de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, presentada por la victima *******, ante el Agente del Ministerio Público. 10-. Ampliación de declaración de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, presentada por *******, ante el Agente del Ministerio Público. 11-. Parte informativo rendido por Licenciado *******, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, acompañado de entrevistas realizadas a *******. 12-. Pericial por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado, con treinta fotografías, respecto la casa que fue objeto de incendio, sin poder determinar los daños del inmueble. 13-. Dictamen origen de incendio, emitido por Licenciado ******* perito en investigación e incendios del Estado de Chihuahua del área de incendios y explosiones, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, con serie fotográfica. 14-. Pericial en materia de Ingeniería Civil por parte de la Ingeniero Civil *******, de fecha trece de octubre de dos mil veinte, acude al domicilio d ellos hechos, advierte daño estructural en el mismo causados por incendio. 15-. Pericial en materia de Evaluación Psicológica, llevado a cabo por parte de la licenciada *******, de la Fiscalía General del Estado, realizado a *******, del cual se desprende que la víctima está sujeta a medicación por los hechos ocurridos en el inmueble de su propiedad y s ele recomienda sesiones psicológicas. 16-. Relato de puño y letra de los hechos, realizado por la victima *******. 17-. Escrito de fecha recibido por parte de la víctima *******, en el cual hizo relación de los objetos que se localizaron en el domicilio de los hechos, los cuales ascienden a la cantidad de $******* -*******-. 18-. Exhibición de documento consistente en Recibo de Luz, respecto del domicilio marcado en *******, en esta Ciudad de Nuevo Casas Grandes, a nombre de *******. 19-. Certificado de existencia de propiedad emitido por la Oficina de Registro Público de la Propiedad de Galeana, respecto a la finca ubicada en *******, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, a nombre de ******* y *******. 20-. Ampliación de declaración de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, presentada por la victima *******, ante el Agente del Ministerio Público. 21-. Videograbación obtenida de la cámara de seguridad del domicilio ubicado en *******, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, a nombre de *******, en el cual se observa a la persona que coincide con los rasgos físicos de *******. Siendo dichos medios de convicción, la totalidad de los datos de prueba ofrecidos por parte de la Representación Social. Por su parte, la defensa, en audiencia de vinculación a proceso de fecha primero de marzo de dos mil veintiuno, ofertó datos de prueba, que luego de debate respecto los mismos, fueron admitidos los siguientes- 1-. Declaración testimonial de *******. Documental consistente en Acta de Divorcio entre ******* y *******. 3-. Documental consistente en vista satelital del domicilio. En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos, se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado los cometió. Es así, ya que la declaración de las víctimas, vertidas ante la representación social, se encuentra adminiculada con otros medios de convicción. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito -conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad-, sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es- El esclarecimiento de los hechos- Proteger al inocente- Procurar que el culpable no quede impune- y, Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación8 , que dispone lo siguiente- -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-. Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que- 1- existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2- la ley señale como delito a ese hecho y 3- exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y-o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.- Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, los datos narrados por la fiscalía, que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la parte quejosa y la probabilidad de que cometió el ilícito o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por el quejoso, esta Resolutora Federal considera que el auto de vinculación a proceso emitido en fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, pues se advierte que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados, todos en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen- -Artículo 356. Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código.- -Artículo 359. Valoración de la prueba. El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado.- Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que lo condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos del artículo 316, del ordenamiento procesal aludido, la existencia del hecho delictivo tipificado por las leyes ordinarias como Daños Dolosos, imputado al hoy quejoso *******, así como la probable participación de éste en su comisión. Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado, que de manera probable, el quejoso participó en su comisión, desplegando la conducta típica y antijurídica que se le reprocha. Ello es así, dado que el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por el agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 constitucional apartado A, Fracción II, así como en los artículos 259, 261, 263, 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En específico, llevó a cabo en su resolución los siguientes análisis- Análisis del hecho delictivo de Daños. a-. En el caso específico el hecho delictivo de Daños, la responsable se avoca a tener por acreditado el deterioro de una cosa, en este caso es una cosa inmueble, para acreditar el deterioro de la cosa primeramente se debe comprobar la existencia de la misma y en el caso, quedó claro que existe dicha vivienda o inmueble según la certificación que hizo y así se resaltó en la formulación de imputación por parte del fiscal, Licenciado *******, quien estableció que en el folio *******, se encuentra registrado en el Registro Público de la Propiedad dicho terreno urbano ubicado en ******* y que tiene una superficie de ******* metros, que está a nombre de ******* y *******. Certificación, que se realizó el día treinta de noviembre de dos mil veinte, a las diez horas con veinticinco minutos y de la cual no se advierte algún dato de prueba que desvanezca esa información, es decir, el bien a pesar de que existe el acta de divorcio que es un documento público que corrobora la disolución del vínculo matrimonial entre ******* y *******, y por lógica pudiera entenderse que también se disolvió la sociedad conyugal- sin embargo destacó el juez responsable que uno de los dueños era *******, luego entonces, la misma está facultada para presentar en ese caso la denuncia, de acuerdo al artículo 99 del Código Penal del Estado, entonces sí existió el bien. b-. Verificó también el Juez de Control, si ese bien fue dañado, y eso lo corroboró con la pericial en materia de Ingeniería Civil que realizó la Ingeniera ******* quien hizo su análisis de todos los datos que verificó- evaluó los daños en la propiedad del inmueble, no tanto de los muebles, pero sumó todos los daños y al final de cuentas llegó a la suma de $******* -*******-- en la misma describió los daños que se presentaron en la vivienda, entre ellos, hacer una limpieza en el lugar, la reposición de la estructura de la madera en la lámina y de la propia lámina y también la mano de obra, el suministro de plafones, techos y estructura de madera- diversas descripciones que hizo de los daños y su reposición, por lo que concluyó que el costo era cercano a los $******* -*******-- sin que existan datos de prueba que desvanezca en su credibilidad dicha pericial, por lo que es relevante para acreditar la existencia primero del bien, segundo del daño que presentó. Así mismo, con la pericial de origen de incendio, que emitió el Licenciado *******, del área de incendios y explosiones de la Fiscalía General del Estado, quien realizó su metodología, la descripción y antecedentes, describió el bien y corroboró que en el mismo hubo un incendio- en las conclusiones finales sostuvo que -se eliminaban las causas accidentales y naturales en el evento-, sin embargo sugirió una investigación criminal más profunda y concluyó que -la causa era indeterminada con indicadores que requerían mayor investigación criminal-. A más de lo anterior, obra el dicho de la propia denunciante *******, quien refirió que el día diecinueve de agosto a las cero horas con diez minutos, es decir, en la noche del dieciocho de agosto, le avisaron que había un incendio en el domicilio de su propiedad, con lo cual, tuvo por acreditada la hora aproximada de los hechos, así como por lo dicho por los testigos del mismo, la testigo refiere que si se suscita un incendio, le avisa a su hija, que ya cuando va al domicilio, puede ver que están los bomberos y la policía municipal. De igual manera, con la declaración de *******, quien mencionó que en el domicilio en el que sucedieron los hechos tiene un taller de alfarería, de manera ocasional pernocta en el mismo, que el incendio se suscita en el momento que él sale del domicilio, la noche del día dieciocho de agosto del dos mil veinte, que ese día llegó su amiga *******, para posteriormente irse a cenar, cuando estaban cenando, aproximadamente a las ocho de la noche, su amiga ******* recibió un mensaje de *******. También refiere que le marcó su hermana *******, que le avisaron que en su casa, esto es, el taller, estaba suscitándose un incendio, luego regresó al domicilio y verificó que efectivamente se estaba quemando la casa. De lo anterior, la responsable consideró el hecho de que sí existió ese daño, ese deterioro en el domicilio, pues fue corroborado por los peritos especialistas en la ciencia, dado que ienen una profesión adecuada para tales efectos, por lo que son plausibles sus conclusiones para determinar dicha circunstancia, pero también esos datos son relevantes para acreditar la existencia de ese domicilio y segundo que hubo daños en el mismo. c-. Como tercera nota distintiva o tercer elemento básico, que esos daños se hayan provocado por un tercero, consideró evidente, de acuerdo a lo que establece *******, que él mismo no cometió el incendio, puesto que dice que salió del lugar a las ocho de la noche junto con su amiga de nombre ******* y que cuando estaba cenando con ella, le avisaron que se estaba quemando el taller, entonces es creíble su dicho, puesto que por un lado se tuvo que el mismo se dedicaba a la alfarería, que tenía dinero ahí guardado, que únicamente sacó tres mil pesos cuando salió, que tenía algunos objetos en el interior del domicilio, como muebles y herramienta, entonces es muy improbable y remoto, que el mismo *******, hubiese provocado ese incendio, que no existe una explicación, ni dato que revele que él mismo tenía una intención malévola de perjudicar a sus propios padres, puesto que son los dueños del mismo domicilio, o sea ******* o su padre que tiene su mismo nombre *******. Entonces, quedó claro al juez de control, que fue una causa externa la que provocó el incendio, y eso lo corroboró con la prueba pericial, esto es, el dictamen de origen de incendio, puesto que el perito de nombre Gustavo Ruiz, antes de concluir su dictamen, dijo que -se eliminan causas accidentales y naturales-, es decir, descarta totalmente esas causas en el evento, concluyó -sugiero una investigación criminal más profunda-, aun cuando dejó un precedente claro en el sentido de que el incendio fue provocado, es decir, no surgió por una causa natural- no surgió por un accidente, entonces al descartar tanto las causas accidentales como naturales, lógicamente dejó latente las causas dolosas, es decir, por causas provocadas por una tercera persona, con una intención dirigida a dañar la cosa, por lo tanto, tuvo por acreditado hasta ese momento, que sí fue una causa externa la que generó el hecho delictivo o esos daños. 2o. Análisis del Hecho delictivo de Amenazas. Por otro lado, se refirió a las Amenazas, toda vez que al analizar el hecho delictivo de amenazas, hizo referencia a la actividad posible que se desplegó por parte de los imputados, es decir, lo analizó a través del injusto personal y no del injusto impersonal, esto es, al analizar el hecho delictivo analizó también cierta probabilidad o la actividad probable, que al parecer desplegaron los imputados y que por orden pudiera confundirse. Así, el Juez de Control analizó primero la conducta delictiva de Amenazas, prevista en el 204 del Código Penal del Estado y al respecto el legislador es muy claro al establecer- -Quien amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión-. En este caso, precisó, se puede entender que se dan dos supuestos, es decir, amenazas en contra de una persona en específico, que se le hacen directamente a la persona y amenazas en contra de un familiar de esta persona, pero que también llevan inmersos ciertos peligros de ataques a ésta. En el caso específico, el juez responsable tuvo por acreditada la probabilidad de que las amenazas las realizó directamente *******, en contra de *******, pero también al parecer ******* haizo promesas de males futuros a *******, le dijo que iba a perjudicar a su hijo, también le hizo ciertas amenazas a ella misma, en este caso, se precisó por la Fiscalía, que ambos imputados fueron los que realizaron las amenazas, sin embargo, en cuanto a *******, el video que se presentó en la audiencia inicial, dejó clara su intervención en tales hechos. Entonces, la responsable consideró por acreditad la existencia de las amenazas, cuya definición, de acuerdo a los diccionarios jurídicos, es -La promesa de un mal futuro-, y mencionó también que la propia Jurisprudencia lo ha definido de esa forma- en el caso, obra el dicho de ******* quien, una vez que presentó la denuncia por los daños, dijo que su amiga ******* le habló y le dijo que recibió un mensaje, al parecer de *******, que decía -Espero no ande ayudando a ese pinche mal nacido, sátiro, bastardo, porque se puede meter en problemas legalmente-, -si me entero que lo anda ayudando a huir, también voy a proceder contra usted mija, ya la orden de aprehensión está girada y esa escoria donde se esconda lo van a agarrar, y si lo encuentro yo pues pobre bastardo y ya vienen ******* también a ponerle una demanda por que también con ella hizo lo mismo, ******* si sé que le anda ayudando a huir, más le vale que huya también ella de aquí, voy con todo contra esa pinche escoria, así que más vale que usted no se involucre mija, porque también procederé legalmente contra usted, buena tarde y ya está en usted si seguimos siendo amigos o enemigos-. Mensaje anterior, que se leyó en la audiencia inicial y que corroboró en su dicho la misma *******, quien refirió que efectivamente eso fue lo que le envió *******, y así lo corroboró el mismo día que se estaba presentando la denuncia por los daños, es decir, el diecinueve de agosto de dos mil veinte. Por lo anterior, el Juez de Control le dio valor a la declaración de *******, sobre el contenido del mensaje recibido por parte de *******. Así también, el Juez de control responsable, tomo en cuenta la denuncia de *******, el cual dijo que el ocho de septiembre aproximadamente a las siete de la tarde, se encontraba con su amigo *******, en el exterior de la casa de su madre, dijo que en ese momento llegó el -*******- a quien conocía y sabía que así le dicen a *******, que se estacionó y bajó el vidrio en su vehículo y empezó a gritar, le dijo- -que era un pinché bastardo, marrano, malnacido y que me va refundir en la cárcel, diciendo además que te quemé la casa güey y ahora te voy a matar-. Entonces consideró, que dicha promesa, básicamente sí se constituye en una amenaza, es decir, sí es una promesa de un mal futuro sobre todo el hecho de que le dijo que lo iba a matar y además abonó a la circunstancia de que le quemó la casa. Lo anterior lo corroboró con el dicho del testigo de nombre *******, quien declaró y corroboró efectivamente lo que dijo *******, que estaban juntos en las afueras de la casa de la madre de *******, que porque le pidió un rait *******, que andaba a pie y que se paró en ese momento una persona de complexión robusta, que andaba en una ******* y que era de tez *******, de aproximadamente de ******* a ******* años y que lo amenazó, amenazó a ******* y le dijo- -Ahora que ya te quemé la casa pinche culero, te voy a matar a ti, pinche perro cerdo-. Entonces, tal testigo corroboró la promesa de ese mal futuro que le hizo ******* a la víctima, es decir, a *******. Por otro lado, en el caso de *******, si bien la promesa de mal futuro no se realizó en su contra, pero sí se ubicó en este caso en el supuesto que dijo el 204, del Código Penal, -amenace a otro con causarle mal futuro a su persona o a la persona, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo.- En este caso, el Juez de Control, consideró que evidentemente, ******* estaba ligada por un vínculo, con *******, luego entonces, aplicó en este caso el supuesto anterior, por lo tanto ambas partes eran víctimas, tanto ******* como *******, pero abonó lo anterior, el hecho de que una semana antes de la audiencia de formulación de imputación, el señor *******, según advirtió en el video reproducido en la audiencia inicial, apareció el rostro y además a través del principio de inmediación, pudo apreciar que sí se trató del mismo *******, pudo comprobar que sí era el mismo y además, la defensa refirió que sí lo era. Éste, se apreció en el video, acudió a la casa de la victima de nombre ******* y trató como de penetrar, forcejear por la entrada, con la reja que está protegida, nunca se dio cuenta que se estaba filmando con un video, pero sí se percibió que se prendió la alarma y el sujeto se iba del lugar. Entonces, manifiesta la responsable, eso reveló básicamente que existió una conducta reiterada y que existió también, en el caso de *******, un interés respecto a causar un mal futuro, no solo a la victima de nombre *******, sino a la propia ******* y en el caso específico de *******, la propia *******, dijo que ******* le dijo lo siguiente- dice que él y su papá a quien conoce como el -*******- dijo la testigo, -andaba buscando a ******* porque hace tres años había abusado de su hermana y que lo andaban buscando para hacerle algo porque no se les hacía justo lo que le había hecho a su hermana y que si sabía yo algo de ******* que me comunicara con él-. Resultó así evidente para el Juez de Control, que tal declaración de *******, confirmó, a través del principio de inmediación, en el sentido de que ******* también tiene una intervención en esos hechos, es decir, también amenazó no solamente a *******, sino a la propia *******, con lo cual, le quedó claro que sí existían datos, que hasta ese momento eran suficientes y relevantes para tal extremo. A más de lo anterior, el Perito en Psicología *******, al practicar la entrevista a la víctima, concluyó que ésta presentaba una afectación emocional moderada, que estaba muy asustada, con lo cual quedó claro que había una consecuencia de esas amenazas, tanto a ******* como a *******, en ambos supuestos, una amenaza directa en contra de ellos, y una amenaza indirecta en contra de su hijo, es decir, le dijeron a ******* que le iban a provocar un daño a su hijo, entonces en ese caso, en relación a *******, ella se ubicó como víctima en ambos supuestos de las amenazas. Entonces, consideró la responsable, la existencia, hasta ese momento, de datos suficientes que corroboraron la actualización de la conducta delictiva de AMENAZAS, previsto en el artículo 204 del Código Penal del Estadio. 3o. La probable intervención. Ahora bien, en cuanto a la probabilidad de que ambos imputados realizaron tal hecho delictivo, el Juez de Control, primero respecto al delito de DAÑOS, descartó los datos que no pudo tomar en cuenta, como el dicho de *******, puesto que se trató de una escucha de una conversación llevada a cabo entre los probables autores del delito en estudio, puesto que esa conversación, supuestamente se dio mientras iba patinando la troca que tripulaban, por lo que no estaba clara dicha circunstancia. Así, la responsable, se planteó el dicho de la víctima de nombre *******, quien dijo que el imputado de nombre *******, acudió al domicilio de su madre, el ocho de septiembre de dos mil veinte y le dijo, que -era un pinchi bastardo, marrano mal nacido y que me va a refundir en la cárcel-, diciéndole además -ya te queme la casa güey, y ahora te voy a matar,- entonces básicamente confesó que él fue quien quemó la casa. Lo anterior lo corroboró el testigo *******, quien efectivamente le dijo a la persona que lo amenazó -ya te quemé la pinchi casa y te voy a matar a ti, pinchi perro cerdo-, y que entonces, le quedó claro a la responsable, que por lo menos la intervención de *******, quedó corroborada en el sentido de que, eventualmente pudo haber cometido este hecho de daños, máxime que el perito de nombre *******, refirió que se descartaban todas las causas accidentales y naturales en el evento, por lo tanto se pudo entender que las acciones eran dolosas o mecánicas básicamente con intención de quemar la casa. Entonces, dijo la responsable, le quedó claro que al ser dolosa y además de aceptarse por ******* ante ******* y ante el testigo de referencia *******, hay datos suficientes que acreditaban que el mismo tuvo una intención en la ejecución del hecho de Daños Dolosos. Entonces hasta ese momento, consideró la responsable, la existencia de datos suficientes que crearon una probabilidad de que ******* y *******, tuvieron una intervención, primero en calidad de probables coautores, en la ejecución del hecho delictivo de AMENAZAS, cometidos en perjuicio de ******* y de *******, así mismo, quedó claro la intervención directa en calidad de autor de *******, por el hecho delictivo de DAÑOS DOLOSOS, en perjuicio de *******, de acuerdo al artículo 236 Fracción I, ante la evaluación de los daños que hace la perito y 237 dado que se cometió por incendio. En esos términos, conforme la apreciación de los datos de prueba precisados y sopesando los datos de descargo de la defensa, el Juez de Control, decretó la vinculación a proceso de ******* y *******, por el delito de Amenazas, previsto en el artículo 204, del Código Penal del Estado, y vinculación a proceso de *******, por el delito de Daños dolosos, previsto en el artículo 236, fracción III, y 237, del Código Penal del Estado, por hechos cometidos el día dieciocho de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve de la noche, en el domicilio ubicado en calle Hacienda, número 1653, esto en el fraccionamiento regidores, en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Recurso de apelación. Inconforme con el auto de vinculación a proceso decretado en contra de ******* y *******, los imputados, interpusieron recurso de apelación, mediante escrito presentado en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el cual designaron al licenciado *******, como defensor particular, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, bajo el toca *******. En fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, dictó la sentencia definitiva en el Toca *******, al tenor, en lo que interesa, de las consideraciones siguientes- ------------ C O N S I D E R A N D O ------------------ I. En primera instancia se acreditó- a- el delito de daños conforme a los artículos 236, fracción II, y 237, ambos del Código Penal, en perjuicio de *******- e -*******-, al demostrarse que un inmueble de su posesión y propiedad, respectivamente, sufrió desmedros estructurales ocasionados por incendio- b- de igual manera que ambos fueron objeto de amenazas, conforme al artículo 204, de la ley en cita, al prometérseles males futuros- c- también se precisó la probable comisión dolosa de -*******- en el primero de los delitos mencionados, conforme la fracción I, del artículo 18, y en calidad de autor, según el artículo 21, fracción I- y d- finalmente solidificó la probabilidad que -*******- y -*******-, fueron las personas que en ocasiones diversas amilanaron verbalmente a las víctimas mencionadas. Los impugnantes no conflictuaron la materialidad de los delitos, sino lo atinente a la probable responsabilidad. Pero, de conformidad con el artículo 461, del código adjetivo nacional, se revisaron dichos extremos y no se encontró violación a sus derechos, y los temas de disenso tendrán contestación conforme se relacionen con los temas en la presente resolución. II.- Cabe mencionar que los requisitos que imperativamente se exigen para vincular a proceso a los imputados, se colmaron a cabalidad, conforme a lo que precisa el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 316 de la legislación procesal nacional, esto es, se demostró la afectación de bienes jurídicos, por un actuar atribuible a los recurrentes, cuyas conductas revistieron caracteres delictivos- además se precisó el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución como a continuación veremos- Conforme su redacción típica en el artículo 236, el delito de daños surge a la vida jurídica cuando alguien, en este caso, destruya o deteriora una cosa ajena. En este tenor, la quejosa -*******- explicó que a las diez de la noche del dieciocho de agosto de dos mil veinte, telefónicamente se le informó que su vivienda de la calle -*******-, propiedad de ella y de su hijo, se estaba quemando. Apersonada en el lugar, advirtió los daños del inmueble efectivamente por fuego como se le comunicó. -*******- detalló que el dieciocho de agosto de dos mil veinte recibió una llamada de su hermana diciéndole que su casa de la calle -*******-, se estaba quemando. Precisó que él no habita ahí, sin embargo, que en ese lugar tiene el asiento de su negocio y que constató los daños por fuego al inmueble una vez que acudió al domicilio. En este tenor, las fotografías del lugar que tomó el perito -*******-, no dejó duda de los daños en la vivienda de la Colonia -*******-, quien además encontró indicadores de un incendio provocado que correlativamente le permitió excluir causas accidentales y naturales del evento, pero sugirió mayor investigación al no poder indicar la causa de la ignición. Información que vertió en el informe pericial de incendio respectivo que expuso la Fiscalía. La Ingeniera Civil -*******- acudió a la vivienda en mención el trece de octubre de dos mil veinte, y precisó los daños del inmueble que calificó como -considerables- que se agravaron por el colapso del techo debido al calor, y sumaron la cantidad de *******. Lo anterior mostró que las víctimas sufrieron menoscabo en su patrimonio por los estropicios ocasionados al inmueble ubicado en calle -*******-, lo cual actualizó debidamente la fracción II del numeral 236 del Código Penal, ya que el valor de los daños excedió de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en la época del suceso, en razón de ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, y hasta el actual momento procesal no se tiene información que suponga se superó dicha cuantía- simultáneamente, al considerar que los mismos se produjeron por incendio, también cobró actualidad y vigencia el artículo 237 del código sustantivo penal, al prever dicho medio comisivo en su contenido como una condición agravante de la conducta que lo genera. En lo que respecta al segundo delito mencionado, según su redacción conforme al artículo 204, del Código Penal, la realiza quien amenaza a alguien con causarle un mal en su persona, bienes honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo. En este tema, -*******- manifestó que el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, alrededor de las nueve de la noche, dos sujetos la amenazaron afuera de su domicilio, diciéndole que si no aparecía -*******- a ella también -.se la va a cargar la chingada pinche vieja tapadera.- y que regresarían a quemarle su casa. Tampoco se puede obviar que refirió encontrarse seguido a quienes la amenazaron y que le hacen señas intimidantes con las manos y le dicen que la van a -levantar-. Tampoco se puede pasar por alto la zozobra emocional que le produjo la amenaza de quemarle la casa dado que ella mencionó que, en agosto del mismo año alguien quemó otra de sus viviendas. Aunado a lo anterior, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se agregó a la indagatoria la videograbación del sistema privado de seguridad con que cuenta en el exterior de su casa, que captó el momento en el que alguien, el dieciséis de febrero, allanó el inmueble y realizó maniobras para ingresar, pero desistió cuando se activó la alarma, lo que reveló, la vigencia y continuidad de conductas intimidantes en su perjuicio, que confirman la promesa del mal futuro que se le anunció. Las amenazas que recibió resquebrajaron su patrimonio psicológico, pues así resultó del informe en la materia a cargo de la especialista en conductas, -*******-, quien el siete de diciembre entrevistó a la víctima con motivo de los hechos que refirió, luego de lo cual recomendó doce sesiones de terapia al presentar afectación emocional moderada. -*******- expuso que ha padecido amenazas por parte de dos personas desde el quince de agosto de dos mil veinte, tanto en lo personal como vía telefónica, donde se le dice que se le -refundirá- en la cárcel, y específicamente el ocho de septiembre del mismo año, desde una troca, se le reiteró la amenaza, agregando que era un -pinche bastardo, marrano, mal nacido-, que ya se le había quemado la casa y que ahora lo van a matar. Amilanamiento que produjo una intranquilidad tal que desde entonces no se le volvió a ver en su lugar de residencia, de acuerdo a la aseveración de -*******-. -*******- presenció la amenaza que la víctima en mención recibió el ocho de septiembre de dos mil veinte, en casa de su madre, por parte de un sujeto que desde una troca le gritó- -.ahora que ya te quemé la pinche casa culero, te voy a matar a ti, pinche perro cerdo.-. La afectación emocional que patentizó la perito en psicología que examinó a -*******-, y que -*******- se oculte luego de las agresiones que padeció, mostraron el temor que les produjeron las amenazas de varias personas con causarles un mal en su persona, y colmaron las exigencias descriptivas del delito en estudio. A-.- La probable responsabilidad de los inculpados en la comisión de los delitos que se les imputaron, se clarificó con las manifestaciones de las víctimas, concordantes con el dicho de otras personas que fortuitamente presenciaron los momentos en que a aquéllos se les amenazó, o incluso, escucharon de uno de los acusados admitir el acto lesivo de la propiedad, por lo que es inoperante el agravio relativo a que las manifestaciones de los testigos de cargo carecen de datos que les atraigan contundencia demostrativa como se verá- -*******- precisó que fue su familiar lejano -primo- -*******- quien el ocho de septiembre le gritó desde una Pick Up, *******, color *******, que le quemó la casa y que lo iba a matar. Identidad que también comunicó a -*******- el día en mención, quien luego de presenciar tal amenaza, dijo que -*******- expresó que se trataba de su primo -*******- de apodo -*******-. -*******- aclaró que -*******- y -*******- son quienes le han hecho señas con las manos diciéndole que la van a -levantar- y quienes derrapan su troca a toda prisa y les tiene mucho miedo. También que éstos el veintisiete de noviembre, afuera de su casa le dijeron desde su troca que si no aparecía -*******-, se la -cargaría la chingada- y le quemarán su casa. Finalmente, el sujeto que apareció en la grabación reproducida durante la audiencia respectiva, que el dieciséis de febrero pretendió ingresar desautorizadamente a la casa de -*******-, resultó ser -*******-, quien luego que allanó el predio, desistió de su propósito cuando se accionó la alarma de la vivienda- identidad que no fue entre dicha por las partes, y que fue pertinente con la información que proporcionó -*******- durante la duplicidad del término constitucional, al precisar que su hija, pareja de -*******-, conduce un carro, línea *******, color *******, que empató con el vehículo que se apreció en el exterior de la vivienda de -*******-, y a bordo del cual -*******- se retiró del lugar luego que se accionó la alarma. De lo anterior deviene infundado e inoperante el agravio relativo a la falta de valor demostrativo del dicho de los testigos de cargo, pues, contrario a lo expuesto, no son de oídas, sino que advirtieron lo referido por medio de sus sentidos y guardaron pertinencia entre ellos. -*******- si bien no sabía el nombre de la persona que amenazó desde una troca a -*******-, sí presenció tal conducta, y además, coincidió con la que éste describió el ocho de septiembre, cuando se encontraba afuera de la casa de -*******- y que en razón de la familiaridad con -*******-, le pudo comunicar que se trataba de su primo -*******-. En tal tesitura también resultó inoperante el agravio relativo a que los testigos son amigos de las víctimas y falazmente procurarán favorecerlos pues, independientemente de la relación que guarde -*******- con el pasivo y pasiva, fue claro al precisar que no conocía a la persona que amenazó a la víctima, de donde no se precisa animadversión fundada específicamente de su persona hacia -*******-- y por otro lado, es independiente de la identidad de la persona que amenazantemente allanó la vivienda de -*******-, que no se impugnó que se trató de -*******-, contexto dentro del cual, la presencia desautorizada de un sujeto que previamente la amenazó, resultó claramente amenazante para -*******-. De esta manera, los antecedentes de investigación expuestos fundaron la probabilidad que los imputados cometieron los delitos que se les atribuyeron desde agosto a diciembre de dos mil veinte, que, bajo los parámetros del artículo 19 de la Constitución Federal, hasta el momento existen datos suficientes para vincularlos a proceso, debido a que la afectación del patrimonio pecuniario y moral de las víctimas está razonablemente demostrado en términos de los artículos 236, 237 y 204, del código sustantivo en la materia. A-. En relación al resto de los agravios- a- Escapó al contenido de la resolución combatida decir que algún testigo escuchó a un imputado admitir que ocasionó el incendio a la vivienda de los pacientes del delito. Quien lo expuso fue -*******-, pero su afirmación no devino caprichosa pues, empató con la amenaza de quemar su casa que clarificó -*******- le hicieron los imputados después afuera de su vivienda en el Fraccionamiento -*******-. b- En otro orden de ideas, es inoperante el relativo a la especulación que los hoy inculpados ingresaron a la vivienda incendiada por la puerta posterior dado que nadie los vio hacerlo- pues, ese razonamiento provino de la información que al respecto vertió -*******- tocante a que sólo él, una amiga y -*******- conocían tal manera de ingresar dada las fallas de la cerradura de la puerta. c- No le asiste la razón a los impugnantes precisar que nadie escuchó a -*******- amenazar a alguien, pues las manifestaciones de los pacientes del delito muestran lo contrario, y por otro lado, fue a través de mecanismos indirectos que en la resolución impugnada se sustentó la imputación conducente, que dejaron los impetrantes intocados como lo fueron los múltiples mensajes o conversaciones que tuvieron los imputados con los allegados de las víctimas a quienes de igual manera, los amenazaron si ayudaban a -*******-, que si bien no determinaron la acreditación de los extremos de la resolución en estudio, sí concretaron un antecedente conductual de los impetrantes que proporcionó eficacia demostrativa a las manifestaciones propias de las víctimas. ------------------------------------------------------------------------------------ d- Es inoperante el agravio relativo a que el peritaje en materia de incendio no vinculó a alguno de los imputados al lugar del hallazgo, pues, a- tal no fue el propósito de la pesquisa en cuestión- b- el Resolutor primario no lo valoró en este sentido, de donde no produce el agravio que expusieron los apelantes- y c- el descubrimiento que arrojó en la indagatoria es que el incendio mediante el cual se dañó el inmueble multirreferido, fue provocado. e- En consecuencia, agotados los extremos legales y constitucionales mencionados para la vinculación a proceso de los imputados, aunado a que la resolución apelada se ajustó a derecho en los términos expuestos, y atendidos los puntos de inconformidad de los apelantes, lo procedente es confirmar el auto apelado. Por todo lo expuesto, fundado y motivado, procede resolver y, --------------- S E R E S U E L V E ------------------ ÚNICO. Se CONFIRMA el auto apelado. ---------- Ahora, en el particular, esta Juzgadora Federal, estima que la autoridad responsable correctamente estimó los agravios expuestos por la defensa, basándose en una correcta apreciación de los datos de prueba a cargo de la defensa y los antecedentes de investigación expuestos por el Agente del Ministerio Público, al tenor de las constancias que obran en la carpeta de investigación. Ciertamente, analizadas las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y lo resuelto por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, se considera que dicha determinación judicial se emitió cumpliendo con las exigencias que para su legal dictado establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, ya que los datos que lo sustentan son aptos y suficientes para establecer demostrado hasta la etapa procesal en que se encuentra, el hecho delictivo imputado, así como la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión, sin que los datos de prueba de descargo aportados por la defensa, logren el extremo de desvirtuar concretamente los antecedentes de investigación expuestos por la representación social, y las constancias que obran en la carpeta de investigación. OCTAVO.- Del análisis de los conceptos de violación. En este punto, corresponde analizar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en contra de la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en el toca *******, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal *******. Ahora, por técnica jurídica, en el examen de los conceptos de violación, no se respetará el orden en el que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, esta juzgadora considera pertinente establecer que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí solos, puedan llevar a la convicción de que el acto reclamado es inconstitucional. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones la hoy parte impetrante expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales esta resolutora está obligada a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así- -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.-, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.- -Instancia- Pleno. Fuente- Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo- II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis- 1341. Página- 1503.- -GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente.- -Instancia- Primera Sala. Fuente- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo- XXV, Mayo de 2007. Tesis- 1a. CVIII-2007. Página- 793.- Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 1, 14, 19 y 20 apartado B, todos de la Carta Magna, mediante conceptos de violación que van dirigidos a la resolución en que se impuso la medida cautelar así como la que confirmó el auto que resolvió su situación jurídica, los cuales son los siguientes- 1.- Que la resolución de la Primera Sala Penal Regional, que confirma el auto de vinculación a proceso, vulnera el debido proceso, puesto que no tuvo durante su proceso una defensa técnica jurídica adecuada, pues no desahogó medios de prueba que demostraran la realidad de los hechos, en su beneficio, y el Juez de control debía haber garantizado ese derecho. 2.- La parte quejosa manifiesta que se dictó el auto de vinculación a proceso sin que se llevara cabo una adecuada valoración de los datos de prueba, puesto que no hay datos suficientes e idóneos para determinar la existencia del delito de daños. 3.- Por lo que hace a la resolución de imposición de medida cautelar, aduce la parte quejosa que se viola en su contra el derecho humando de la libertad personal, ya que resulta infundada dicha resolución, puesto que había otras medidas, que combinadas, podrían dar cumplimiento al objetivo procesal. Por lo que hace al motivo de disenso señalado por la quejosa, como número uno, deviene infundado, pues aduce el quejoso, que la resolución del Magistrado al confirmar el auto de vinculación a proceso, viola las garantías de defensa. Lo anterior se asevera, pues según se desprende de los discos de videograbación remitidos por el juez responsable, en la audiencia inicial de la causa penal *******, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el imputado hoy quejoso, designó como defensora particular, a la Licenciada *******, la cual acreditó su calidad de perito en derecho con cédula profesional número *******, en ambas instancias, cuya copia certificada fue remitida a este juzgado por parte del Juez de Control. Al respecto, esta resolutora considera que el tribunal responsable al emitir el acto reclamado en este juicio, así como el Juez de Control, no vulnera en su contra el artículo 20 constitucional, porque se le hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de modo, lugar y tiempo que mediaron en la comisión de los ilícitos cuya realización se le atribuyó, el nombre de las personas que declararon en su contra, la parte quejosa fue oída a través de su defensora, y tuvo la oportunidad de defenderse y de probar lo que a sus intereses convino, de ahí que, sin duda, carece de sustento jurídico lo dicho al efecto. No sobra decir que el ejercicio eficaz del derecho de defensa adecuada, no llega al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor usa para lograr su cometido de representación, toda vez que, escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del propio inculpado, lo que es lógico y jurídicamente razonable si se toma en cuenta que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y, más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor. Por lo demás, contra lo alegado por la parte quejosa, la suscrita colige que la intervención de la defensora se ajusta a los parámetros legales y constitucionales exigidos para una defensa técnica y adecuada propia de un proceso penal, de ahí que, desde luego, carece de sustento jurídico lo dicho al efecto. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente- -DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d- y e-, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d-, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor.- -Instancia- Pleno. Fuente- Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro- 5, Abril de 2014, Tomo I. Tesis- P. XII-2014 -10a.-. Página- 413.-- -DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO. Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como la directriz de interpretación pro personae- el artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales 8.2, incisos d- y e-, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b- y d-, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII-2014 -10a.- -*-, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro- -DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.-, y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado -lato sensu-, a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho -abogado particular o defensor público-- incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado.- -Instancia- Primera Sala. Fuente- Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro- 18, Mayo de 2015, Tomo I. Tesis- 1a.-J. 26-2015 -10a.-. Página- 240.-- En conclusión, no hay razón jurídica alguna para considerar, como lo pretende hacer ver la parte quejosa, que el tribunal responsable viola en su perjuicio el artículo 20, apartado B, de nuestra carta magna, por lo cual lo conducente es desestimar, por infundado, el concepto de violación que nos ocupa. Resulta de igual manera infundado el motivo de disenso señalado como número dos por la quejosa, en el cual aduce que el auto de vinculación a proceso se dictó sin que hubiera datos suficientes e idóneos para ello. Se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, toda vez que a criterio de esta juzgadora, el auto de vinculación a proceso satisface las prerrogativas contenidas actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que únicamente se requiere, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así mismo, señala que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo y de los antecedentes de investigación expuestos por la Representación Social en la audiencia inicial, quedó demostrado el hecho señalado por la ley como delito, así como la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión. Lo anterior, entre otros datos de prueba, con las declaraciones de las victimas ******* y *******, así como por las periciales a cargo de los peritos ******* y la Ingeniera *******, en cuyos dictámenes, dejan clara la existencia del incendio ocurrido en el domicilio ubicado en *******. Así mismo, con las declaraciones por parte de los testigos, ******* y *******, quienes presenciaron la amenaza que la víctima *******, recibió el ocho de septiembre de dos mil veinte, en casa de su madre, por parte de un sujeto, que fue identificado por los mismos como *******, que desde una troca le gritó- -.ahora que ya te quemé la pinche casa culero, te voy a matar a ti, pinche perro cerdo.-. De igual manera, contra lo estimado por la parte quejosa, se estima que la responsable, al momento de analizar la probable responsabilidad del quejoso en la realización de los hechos que originaron la causa penal y valorar los datos y antecedentes derivados de la causa penal, no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. De dicha resolución se advierte que la responsable, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción I, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de Daños Dolosos. Aunado a lo anterior, es que también la victima así como testigos, dieron cuenta de datos que cualquier persona en su misma posición pudiera haber brindado, de ahí que insiste existen datos que revelan la probable participación de *******, máxime que es la persona que posteriormente a haberse realizado los hechos, se dirigió al domicilio en el que se encontraba ******* y frente al testigo de nombre *******, el imputado hoy quejoso, le gritó -ya te quemé la casa pinche culero, te voy a matar a ti, pinche perro cerdo-, por lo que se hace creíble que la víctima pueda determinar con claridad que el hoy quejoso es quien el día de los hechos ocasionó el incendio que generó los daños en el inmueble de su propiedad. Así mismo, el Juez de Control, refiere que el denunciante narra los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, además dijo, no obran datos que sugieran que tiene un motivo espurio, como resentimiento, venganza o enemistad contra el imputado, para declarar en la forma en que lo hace, por lo que la unión de dichas afirmaciones, con el resultado de las periciales y dictámenes ofrecidos por la representación social, realizados por profesionales en su respectivo ramo, hacen probable que el hoy quejoso, participó en la generación de los daños ocasionados al inmueble cuya propiedad pertenece a la víctima. En ese sentido, consideró de manera probable, la intervención en calidad de autor de *******, en la comisión del delito de Daños Dolosos, analizado en esa audiencia de vinculación a proceso. Luego, contrario al dicho de la parte quejosa, esta resolutora estima que las consideraciones de la autoridad responsable son suficientes para tener por acreditada la probable intervención del imputado, pues no debe quedar plenamente probado para la vinculación a proceso, sino conforme al artículo 19 Constitucional, el estándar probatorio resulta bajo y basta la presencia de datos coherentes y razonables que indiquen la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó o cometió el ilícito en cuestión. Situación, que en el caso así quedó asentado por el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, al resolver el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso emitido el primero de marzo del año en curso, en la causa penal *******, seguida en contra de *******, sin que ello transgreda la garantía de debido proceso y el principio de presunción de inocencia, cuenta habida que el nivel probatorio requerido para un auto de vinculación a proceso es bajo, pues se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio, sin necesidad de demostrar plenamente, más allá de duda razonable, la responsabilidad del imputado, lo cual es propio de la etapa de juicio oral en el proceso penal. Apoya lo anterior, la tesis XVIII.2o.P.A.5 P -10a.- del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Undécima Época, con registro digital 2023151, de rubro y texto siguientes- -PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos- Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional- inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico- Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación- Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión- por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio- de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia.- Por lo anterior, esta Resolutora Federal, considera que la responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados, tanto por el Representante Social, como por la defensora particular, por lo cual, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable no tuvo datos suficientes e idóneos para dictar el auto de vinculación en su contra, el Magistrado responsable, consideró que el Juez de primera instancia, no solo se allegó de esos datos mediante la valoración de los datos de prueba existentes en la causa penal, sino también los valoró correctamente, según lo expuesto ya, en líneas superiores. En tal virtud, no tiene razón jurídica la parte quejosa, pues, contra lo que sostiene, al valorar los propios datos y antecedentes vertidos ante el Juez de la causa, el Magistrado responsable se ajustó a los lineamientos que para ello contempla el artículo 20, en su apartado A, fracción II, constitucional y el diverso 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual carece de sustento jurídico lo alegado sobre ese particular, de ahí que lo conducente es desestimar, por infundados, los conceptos de violación analizados. Por lo que hace al motivo de disenso señalado por la quejosa, como número tres, aduce, se violan en su contra sus derechos y garantía contemplada en el artículo 16 Constitucional, toda vez que considera que no se justifica la imposición de la medida cautelar, pues, esa determinación se dictó sin que hubiera sido fundada la solicitud por parte de la representación social. Se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, toda vez que a criterio de quien resuelve, la autoridad responsable ciñó sus actos a los principios constitucionales por lo siguiente. En principio, es menester citar el contenido de los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen- -Artículo 14. -.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.- -.- -Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.- El primer precepto citado, contiene una de las garantías de seguridad jurídica de primordial importancia, esto es- la de audiencia previa- toda vez que impone la obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. El segundo artículo trascrito, contiene la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, la cual se constituye como elemento fundamental útil para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige, realizarse por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundada y motivada. De esta manera, en todo procedimiento o juicio han de observarse, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber- El inculpado debe tener conocimiento del inicio del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla y, quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. Cuando se agote la etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes- y, El procedimiento iniciado deberá concluir con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Expuesto lo anterior, se considera necesario distinguir entre actos privativos y actos de molestia. Los primeros producen la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, siempre y cuando se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado y están regulados por el artículo 14 constitucional. Esto es, sólo los autoriza cuando se cumplan los requisitos siguientes- Existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, sólo restringe de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos que están regulados por el artículo 16 Constitucional. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P.-J. 40-96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página- 5, con número de registro 200080, de rubro y texto- -ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho- en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.- Por otro lado, es importante destacar el contenido de los artículos 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son del tenor siguiente- -Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.- -Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares. El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes- I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas.- De los artículos transcritos, se advierte que el juez, al imponer una medida cautelar, debe tomar en consideración- 1-Que, formulada la imputación, el imputado se acoja al término constitucional, ya sea de setenta y dos horas o su ampliación a ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o bien, que éste haya sido vinculado a proceso. 2-Que esa medida haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público, por la víctima o por el ofendido. En el caso, se actualizaron dichas hipótesis, pues fue precisamente en la audiencia inicial que se analiza, donde una vez que- 1- se formuló imputación en contra del quejoso, se señaló fecha para audiencia de vinculación a proceso, al solicitar el imputado que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional, lo que tornó procedente el debate sobre la imposición de medidas cautelares. Asimismo, por lo que hace al punto 2-, la representación social basó su solicitud con el argumento de que era esa la medida idónea, necesaria y pertinente para continuar con el procedimiento y garantizar la presencia del imputado al proceso. Con posterioridad a dicha solicitud, de conformidad con el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dio el uso de la voz a la defensora particular del imputado, quien manifestó que- 1-. Solicita que no se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, sino que se imponga una diversa. 2-. La victima tiene como oficio la alfarería, por lo cual, el incendio pudo haber sido causado por cualquier material utilizado por éste para llevar a cabo dicho oficio. 3-. El imputado, hoy quejoso, tiene arraigo en esa Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, pues ahí tiene su domicilio habitual, así como que en esa ciudad desarrolla su actividad económica la cual es la hojalatería. 4-. El día de los hechos no hubo amenazas por parte del hoy quejoso en contra de las víctimas, estuvieron frente a frente con la víctima y no hubo ningún tipo de ataque al mismo. 5-. Al imponer esa medida cautelar, se está adelantando la pena a imponer al quejoso. 6-. En cuanto al Peligro que representa el quejoso, no existe, púes únicamente busca que se ejecute una orden de aprehensión librada en contra de la víctima por diverso delito que se le sigue en diversa carpeta de investigación. 7-. Considera la defensa que las victimas no son coincidentes en los señalamientos de los vehículos que aducen, conducían los imputados el día de los hechos. En el caso particular cabe hacer una precisión en el sentido de que, la audiencia inicial, los delitos por los que se formuló imputación al hoy quejoso, fue por los delitos de amenazas y daños dolosos, por los cuales se le vinculó a proceso y se inició investigación formalizada, sin embargo, como se puntualizó en esta misma resolución, en fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, el hoy quejoso, optó por el procedimiento abreviado por lo que hace al delito de amenazas, con lo cual su situación jurídica cambió respecto a los hechos constitutivos de ese delito, así mismo, la medida cautelar impuesta fue en atención a su probable participación en la comisión de ambos tipos penales. Sin embargo, en el presente estudio, no puede dejarse de lado dicha circunstancia, pues si bien es cierto, los hechos por los que hoy se le sigue la investigación formalizada, son los constitutivos del delito de daños, no menos cierto es que, el haber aceptado su participación en la comisión de los hechos que conforman el delito de amenazas, hacen más probable el riesgo de obstaculización de la investigación, puesto que el objetivo de las medida cautelar, según lo establece el artículo 153, del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcrito, consiste en asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, así como evitar la obstaculización del procedimiento. Ahora bien, continuando con el estudio que nos ocupa, y una vez el señalamiento anterior, el Juez de Control responsable, al determinar la proporcionalidad de la medida solicitada por la representación social, fundamentó su resolución en lo dispuesto en el artículo 156 de la legislación procesal multicitada- -Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.- Así, el Juez responsable manifestó que en atención al numeral antes transcrito, con respecto a la evaluación del riesgo que representa el imputado, ésta aumenta potencialmente, puesto que la conducta que en el momento de la resolución de imposición de medidas cautelares se investigaba, precisamente consiste en amenazas, las cuales fueron dirigidas hacia las personas que son víctimas propiamente, así como en contra de los testigos de las mismas, esto es a quienes el imputado considera que están escondiendo a la persona que directamente amenazó con causarle un daño en su integridad física. Así mismo, consideró el Juez responsable, que con base a lo establecido en el artículo 168, Fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el máximo de pena a imponer, por los delitos en estudio, hacen probable el riesgo de sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado. Aunado a esto, encontró que el comportamiento posterior al hecho, por parte del imputado, ha sido contrario a derecho, puesto que ha sido una constante el proferir amenazas tanto a víctimas como a testigos. Por lo que respecta al peligro en la obstaculización del desarrollo de la investigación, el numeral 169, fracción II, de la legislación procesal en la materia, el juez responsable consideró que, existe dicho peligro, puesto que el hecho de que el imputado se encuentre en libertad, hace altamente probable que Influya en el comportamiento de testigos o de las propias víctimas ante las amenazas recibidas por éste. Así mismo, consideró el riesgo para la víctima y testigos, ante las amenazas dirigidas a éstos y el peligro para la comunidad ante los casos de incendios que pudieran ser provocados y las posibles afectaciones a casas aledañas. Por lo anterior, consideró la responsable, que la solicitud del representante social, en cuanto a la prisión preventiva justificada, lo considera idóneo y proporcional para los riesgos que se tratan de evitar, así como para asegurar la presencia del imputado a ese proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 155, Fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo que hace a la temporalidad de dicha medida, consideró que la duración será por el tiempo que dure el proceso, la cual no excederá de dos años. Por lo que, el Juez responsable, al resolver respecto de la imposición de medida cautelar, impuso la contemplada en la Fracción XIV, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcrito y atendiendo a las manifestaciones de la defensora particular, antes señaladas, con las cuales consideró como grave el peligro de sustracción por parte del hoy quejoso, determinó imponer la prisión preventiva, para garantizar la presencia del imputado durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Por lo tanto, analizado en su totalidad el acto reclamado que se hizo consistir en la medida cautelar impuesta al quejoso, este órgano jurisdiccional, considera que se encuentra ajustado a derecho, toda vez que se considera correcto lo manifestado por la responsable, en el sentido de que es la medida idónea para garantizar la comparecencia del quejoso durante todo el tiempo que dure el procedimiento, sin que ésta exceda de dos años. Aunado a lo anterior se encuentra el hecho antes mencionado, respecto a que en fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, el hoy quejoso aceptó su participación en el delito de amenazas, en el cual, las víctimas fueron precisamente los testigos y victimas en el delito de daños dolosos, cuya investigación sigue en curso, con lo cual, es que resulta infundado el concepto de violación en estudio, ya que la medida cautelar se encuentra debidamente fundada y motivada. Ahora bien, debe decirse que es verdad que la reforma al artículo 1o. de la carta magna de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro- XXV, octubre de 2013, Tomo 2. Tesis- 1a.-J. 104-2013 -10a.-. Página- 906.-, del tenor literal que siguen- -PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a.-J. 107-2012 -10a.-, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro- -PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.-, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares- a- los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- y, b- todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de -derechos- alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.- -Fuente- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro- XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Tesis- 1a.-J. 104-2013 -10a.-. Página- 906.- En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio la sentencia en la cual, el Magistrado de la Primer Sala Penal Regional, confirmó el auto de vinculación a proceso, así como la resolución de imposición de medida cautelar, consistente en la prisión preventiva, reclamados en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, e infundados los conceptos de violación esgrimidos, como se puntualizó en párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito9 , bajo el texto y rubro siguientes- -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-. En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma- primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito- exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial- segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador- tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo- que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.-. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio10, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E-PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, contra los actos y por las autoridades responsables, así como por las razones y fundamentos señalados en el considerando cuarto de la presente sentencia.SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, así como del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistentes en la sentencia de veintiséis de abril y la imposición de medida cautelar, de fecha veinticuatro de febrero, ambos de dos mil veintiuno, dentro del Toca ******* y la causa penal *******, respectivamente.Notifíquese personalmente.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, en virtud de que el disco enviado el veintidós de los actuales, por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, residente en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, no se recibió con los ocho días de anticipación que refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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