Edgar Alonso Reyes y Otros.
Expediente 175/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Alonso Reyes
- Edgar Alonso Reyes y Otros.
- Rogelio Mendoza Ochoa
- Rogelio Mendoza Ochoa y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Glósese a los autos el oficio de cuenta que remite el Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, atento a su contenido téngase informando que respecto al comunicado 17350/2019, derivado del auto de veintitrés de septiembre del año en curso, dirigió el diverso oficio 1069/FRZ, a los Agentes del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Temprana, Mesa, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Agente del Ministerio Publico Investigador Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Asuntos Indígenas, Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto, Mesa I. II y III, siendo todos ellos los agentes que conforman la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, a fin de dar cumplimiento a lo requerido por este Tribunal, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Vista la pieza postal de cuenta que contiene el oficio 15954/2019 derivado del proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dirigido a la autoridad responsable siguiente: *** De la que se advierte la imposibilidad de la Administración de Correos para su entrega, por los motivos plasmados en el reverso de dicha pieza: "ME REHUSO X QUE NO ESPECIFICA A QUIÉN VA DIRIGIDO". En mérito de lo anterior, reexpídase el oficio antes citado al Fiscal Regional de Zamora, Michoacán en cuanto superior jerárquico de la autoridad citada en supralíneas, a efecto de que le haga entrega de dicho comunicado y tome conocimiento del mismo, lo que se asienta para efecto y constancia legal. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que con fecha siete de agosto del año en curso se tuvo por recibido el oficio 0592 signado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jiquilpan, Michoacán, por el cual la responsable dio cumplimiento a lo requerido en proveído de veintidós de julio de dos mil diecinueve y al efecto remitió en copia certificada las siguientes documentales: **** Documentales de las que se advierte que con fecha veintiocho de marzo del año en curso, los quejosos ****, quedaron en libertad por lo que respecta a la carpeta de investigación 1010201911839 (foja 378), constancia que cuenta con la firma de todos los quejosos, ello en razón de la diversa constancia relativa al "ACUERDO DE LIBERTAD DURANTE LA INVESTIGACIÓN", de la propia data dictado por el Agente Primero del Ministerio Público de Jiquilpan, Michoacán (folios 333 a 336). Documentales que al ser públicas, se les concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, es importante precisar que en este asunto se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece:Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del artículo transcrito se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa. Así pues, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón, lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, o como en el caso, se resarció la omisión, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija.Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ***. Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. ***. Cabe recordar que la parte quejosa señalo textualmente como actos reclamados los siguientes: La Detención Ilegal, así como Privación Ilegal de la Libertad, realizada en agravio de Sergio Zambrano Hernández, Edgar Alonso Reyes, Rogelio Mendoza Ochoa, Bernardo Hernández López, José Alfredo Galván Estrada, Roberto Carlos Benito Jiménez, Misael Godoy Torres, Alan Giovanni Luna Yépez, Miguel Ángel Lemuz Juárez y José Ricardo Zenteno Barajas; La incomunicación de la cual es objeto el quejoso directo Sergio Zambrano Hernández; y, Desaparición Forzada realizada en agravio de **** Esto es, los peticionarios de amparo reclamaron la detención ilegal, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de los quejosos ***, e incomunicación de Sergio Zambrano Hernández. Es el caso que de las constancias que el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jiquilpan Michoacán en complemento a su informe justificado, se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados por la parte quejosa: *** Documentales que ya fueron valoradas y que revelan que la autoridad responsable ante la cual inicialmente se encontraban a disposición y por tanto privados de su libertad, ordenó la inmediata libertad el veintiocho de marzo del año en curso, libertad que se materializó en la propia data al tenor de las constancias antes referidas, esto por lo que hace a la privación ilegal de que se duelen. Cabe precisar que los diversos actos reclamados consistentes en desaparición forzada de ****, en las constancias que obran en los presentes autos, en proveído de nueve de abril del año en curso el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, devolvió diligenciado el despacho 507/2019 (119/2019-D-A-A), los quejosos manifestaron de manera conjunta, entre otras cosas, que el veintiséis de marzo del año en curso fueron detenidos y no fue hasta el veintisiete de dicho mes y año, aproximadamente a las catorce horas tuvieron comunicación con su abogado (foja 149), constancia en la que obran las firmas de los quejosos entre ellos la de ****, de lo antes expuesto es de concluir que los actos reclamados y precisados en el presente párrafo, también dejaron de existir. Dicho de otra manera, los peticionarios de amparo, adquirieron su libertad el veintiocho de marzo del año en curso (fojas 332), al haberse decretado la libertad durante la investigación, por parte del Agenta Primero del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, y de la propia manifestación de los directos quejosos en la cual refirieron que tuvieron comunicación con su abogado el veintisiete de marzo de la presente anualidad (folio 149), por lo que resulta evidente que han cesado los actos reclamados, ya que la autoridad responsable ante la cual se encontraron a disposición, obro en el sentido de respetar a los derechos humanos de los quejosos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ****. Dado el sentido de la presente resolución, esta autoridad se encuentra imposibilitada jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por los quejosos, lo anterior, de conformidad con el contenido de la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- ****. Sin que pase por alto que, de acuerdo al informe policial homologado del veintiséis de marzo de esta año, rendido por elementos de Policía Michoacán, que aporto el Director de Seguridad Pública en el Estado (fojas 318 a 327), merecedor de eficacia demostrativa respecto de los hechos enmarcados en su contenido, en atención a su naturaleza pública y de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; los quejosos fueron detenidos el día de rendición del informe por haber sido encontrados en flagrancia y, alegadamente, en posesión de armas, cartuchos y droga; por lo que no hubo detención ilegal, privación ilegal de la libertad ni desaparición forzada de personas. Solo que no es pertinente el análisis constitucional de dicho acto, al haber dejado de existir la afectación de la libertad alegada. Finalmente, es preciso destacar, que es cierto que las jurisprudencias invocadas en este fallo hacen una interpretación de los artículos 4°, 73, fracción V, 76 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, tomando en consideración que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia integrada conforme a la Ley de Materia abrogada, continua vigente cuando no se oponga a la ley en vigor; es inconcuso que si los razonamientos que sustentan aquellos criterios no se oponen a la misma, estos resultan aplicables al caso que nos ocupa. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal.En otro orden de ideas agréguense a sus autos sin mayor acuerdo los oficios de cuenta signados por el Director de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Morelia y Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Reyes, de esta entidad federativa, ello es así por lo que ve al primero de ellos, pues el mismo se tuvo por recibido el dos de mayo del año en curso, y el segundo al tenor del sentido del presente proveído, esto es sobreseimiento fuera de audiencia en razón de la cesación de los actos reclamados. Por otra parte, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para esta fecha, no obstante ello, no era posible llevar a cabo su celebración, en razón de que aún no se cuenta con todos los informes de las autoridades que la parte quejosa señalo como responsables, por otra parte, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, y hace innecesario señalar una diversa fecha para su celebración. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE****". Hágase saber tal circunstancia a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JUDICIAL, EL PROVEÍDO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA MARIA YESENIA MENDOZA CÁRDENAS, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDICENTE DICE: Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que con fecha siete de agosto del año en curso se tuvo por recibido el oficio 0592 signado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jiquilpan, Michoacán, por el cual la responsable dio cumplimiento a lo requerido en proveído de veintidós de julio de dos mil diecinueve y al efecto remitió en copia certificada las siguientes documentales: **** Documentales de las que se advierte que con fecha veintiocho de marzo del año en curso, los quejosos ****, quedaron en libertad por lo que respecta a la carpeta de investigación 1010201911839 (foja 378), constancia que cuenta con la firma de todos los quejosos, ello en razón de la diversa constancia relativa al "ACUERDO DE LIBERTAD DURANTE LA INVESTIGACIÓN", de la propia data dictado por el Agente Primero del Ministerio Público de Jiquilpan, Michoacán (folios 333 a 336). Documentales que al ser públicas, se les concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, es importante precisar que en este asunto se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del artículo transcrito se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa. Así pues, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón, lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, o como en el caso, se resarció la omisión, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ***. Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. ***. Cabe recordar que la parte quejosa señalo textualmente como actos reclamados los siguientes:La Detención Ilegal, así como Privación Ilegal de la Libertad, realizada en agravio de Sergio Zambrano Hernández, Edgar Alonso Reyes, Rogelio Mendoza Ochoa, Bernardo Hernández López, José Alfredo Galván Estrada, Roberto Carlos Benito Jiménez, Misael Godoy Torres, Alan Giovanni Luna Yépez, Miguel Ángel Lemuz Juárez y José Ricardo Zenteno Barajas; La incomunicación de la cual es objeto el quejoso directo Sergio Zambrano Hernández; y, Desaparición Forzada realizada en agravio de **** Esto es, los peticionarios de amparo reclamaron la detención ilegal, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de los quejosos ***, e incomunicación de Sergio Zambrano Hernández.Es el caso que de las constancias que el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jiquilpan Michoacán en complemento a su informe justificado, se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados por la parte quejosa: ** Documentales que ya fueron valoradas y que revelan que la autoridad responsable ante la cual inicialmente se encontraban a disposición y por tanto privados de su libertad, ordenó la inmediata libertad el veintiocho de marzo del año en curso, libertad que se materializó en la propia data al tenor de las constancias antes referidas, esto por lo que hace a la privación ilegal de que se duelen.Cabe precisar que los diversos actos reclamados consistentes en desaparición forzada de ****, en las constancias que obran en los presentes autos, en proveído de nueve de abril del año en curso el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, devolvió diligenciado el despacho 507/2019 (119/2019-D-A-A), los quejosos manifestaron de manera conjunta, entre otras cosas, que el veintiséis de marzo del año en curso fueron detenidos y no fue hasta el veintisiete de dicho mes y año, aproximadamente a las catorce horas tuvieron comunicación con su abogado (foja 149), constancia en la que obran las firmas de los quejosos entre ellos la de ****, de lo antes expuesto es de concluir que los actos reclamados y precisados en el presente párrafo, también dejaron de existir. Dicho de otra manera, los peticionarios de amparo, adquirieron su libertad el veintiocho de marzo del año en curso (fojas 332), al haberse decretado la libertad durante la investigación, por parte del Agenta Primero del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, Michoacán, y de la propia manifestación de los directos quejosos en la cual refirieron que tuvieron comunicación con su abogado el veintisiete de marzo de la presente anualidad (folio 149), por lo que resulta evidente que han cesado los actos reclamados, ya que la autoridad responsable ante la cual se encontraron a disposición, obro en el sentido de respetar a los derechos humanos de los quejosos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ****. Dado el sentido de la presente resolución, esta autoridad se encuentra imposibilitada jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por los quejosos, lo anterior, de conformidad con el contenido de la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- ****. Sin que pase por alto que, de acuerdo al informe policial homologado del veintiséis de marzo de esta año, rendido por elementos de Policía Michoacán, que aporto el Director de Seguridad Pública en el Estado (fojas 318 a 327), merecedor de eficacia demostrativa respecto de los hechos enmarcados en su contenido, en atención a su naturaleza pública y de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; los quejosos fueron detenidos el día de rendición del informe por haber sido encontrados en flagrancia y, alegadamente, en posesión de armas, cartuchos y droga; por lo que no hubo detención ilegal, privación ilegal de la libertad ni desaparición forzada de personas. Solo que no es pertinente el análisis constitucional de dicho acto, al haber dejado de existir la afectación de la libertad alegada. Finalmente, es preciso destacar, que es cierto que las jurisprudencias invocadas en este fallo hacen una interpretación de los artículos 4°, 73, fracción V, 76 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, tomando en consideración que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia integrada conforme a la Ley de Materia abrogada, continua vigente cuando no se oponga a la ley en vigor; es inconcuso que si los razonamientos que sustentan aquellos criterios no se oponen a la misma, estos resultan aplicables al caso que nos ocupa. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En otro orden de ideas agréguense a sus autos sin mayor acuerdo los oficios de cuenta signados por el Director de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Morelia y Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Los Reyes, de esta entidad federativa, ello es así por lo que ve al primero de ellos, pues el mismo se tuvo por recibido el dos de mayo del año en curso, y el segundo al tenor del sentido del presente proveído, esto es sobreseimiento fuera de audiencia en razón de la cesación de los actos reclamados. Por otra parte, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para esta fecha, no obstante ello, no era posible llevar a cabo su celebración, en razón de que aún no se cuenta con todos los informes de las autoridades que la parte quejosa señalo como responsables, por otra parte, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, y hace innecesario señalar una diversa fecha para su celebración.Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE****". Hágase saber tal circunstancia a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa .-
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