Edgar Alonso Paredes
Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/09/2021
Partes del expediente
- Edgar Alonso Paredes
Actuaciones
- Principal
ADM: Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diez de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por ---------------------------------, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Jefe de la Unidad Jurídica de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como juicio de amparo---------------. Ahora bien, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, es pertinente destacar que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La orden de traslado a diverso centro penitenciario del que actualmente se encuentra, a saber, Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo Centro, atribuido a diversas autoridades administrativas. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues respecto de los actos que señala como reclamados el quejoso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. el principio de definitividad en el juicio de amparo en materia administrativa, tratándose de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el cual consiste que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través de la protección de derechos fundamentales, de modo tal que, para acudir a dicho juicio, es necesario que previamente se interpongan, en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios de defensa que legalmente procedan. Luego, el texto del precepto legal 61 fracción XX de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que, contra los actos reclamados, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo. Por tanto, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional reclamada a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, así como las condiciones de internamiento que guarda el quejoso; es procedente la controversia judicial, la cual constituye un mecanismo jurisdiccional para que los internos puedan acceder a la satisfacción de sus pretensiones; mismo que cumple con las pautas procedimentales de debido proceso, puesto que permite a los internos, e incluso a las demás personas legitimadas que pueden intervenir en dicha controversia dependiendo de la naturaleza del caso; la oportunidad de ofrecer pruebas, de alegar en audiencia de viva voz, y de ser destinatarios de una resolución que resuelva sobre la procedencia de sus pretensiones. Lo que evidencia que los quejosos no se encuentran en alguno de los supuestos de excepción referidos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, impera su obligación de agotar el principio de definitividad, previo a acudir a esta instancia constitucional, al existir medios ordinarios de defensa para lograr la revocación, modificación, o nulificación del acto de referencia. Por tanto, respecto del acto reclamado en análisis, consistente en la orden de traslado que atribuye a autoridades administrativas; previo a la promoción del juicio de amparo, resultaba indispensable que la parte quejosa agotara el referido medio defensa consistente en la controversia judicial, y en su caso, el recurso de apelación correspondiente si resultaba perjudicial la resolución recaída en la controversia de mérito; razón por la que queda de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. De ahí que el traslado de personas internas de un centro penitenciario a otro por autoridades administrativas -como en el caso-, ya no se pueda considerar como un acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En consecuencia, y al haber resultado patente, clara y manifiesta la improcedencia de la demanda de amparo promovida por ---------------------, por propio derecho; con fundamento en lo dispuesto en el diverso artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal del quejoso, las listas que se publican en este órgano jurisdiccional, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Luego, vista la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ---------------------------------------, pues cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restantes personas precisadas en el proemio de la demanda de amparo, por carecer de tal registro. Luego, en virtud de que el quejoso ya cuenta con autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de referencia; las siguientes notificaciones que deban practicársele, realícense únicamente por conducto de aquéllos, para todos los efectos legales conducentes. Luego, si bien es cierto que el presente auto debiese notificarse de forma personal al quejoso en términos del artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; no menos cierto es que en acápites anteriores se le tuvo como domicilio procesal las listas que se publican en este Juzgado de Distrito, por así haberlo solicitado expresamente; por tanto, la notificación del presente auto realícesele a través de dicho medio, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se comisiona los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquella coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
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