Edgar Alonso Padilla Quiñones

Expediente 1368/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1368/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Edgar Alonso Padilla Quiñones

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del indicado manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Informe justificado Por recibido el oficio de la Presidente de la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado y anexa un legajo de copias certificadas del juicio de origen para acreditar la constitucionalidad de su actuar; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes. II. Fijación de la litis. Primeramente, debe establecerse qué es lo reclamado en la demanda de garantías, de los que se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: 1. La omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 487/2021 del índice de la Junta Especial Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. III. Sobresee fuera de audiencia. De la revisión de la demanda, del citado informe y de las constancias remitidas por la responsable en su apoyo, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste esencialmente en la omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 487/2021 del índice de la Junta Especial Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Luego, del informe justificado rendido por la responsable y de las constancias que acompañó en su apoyo, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictó el referido laudo dentro del citado expediente. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que, como se estableció, el acto de que se duele el impetrante en su demanda de garantías, dejó de existir con la emisión del laudo de que se trata. Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. IV. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de fecha veintiocho de abril del presente año, se admitió la prueba pericial en materia de medio ambiente ofrecida por la parte quejosa y, se ordenó requerir a la Fiscalía General de la República, Delegación Durango, para que designara un perito oficial que pudiera fungir como tal por parte de este Juzgado. Luego, mediante oficio CMI-CESP-DGO-191-2021 el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, Delegación Durango, informó que no cuenta con perito en dicha especialidad, por lo que no puede dar trámite a la solicitud de este Juzgado y, refiere que dicha petición se puede realizar a la Coordinación General de Servicios Periciales en la Ciudad de México. Al respecto y, en mérito de que se hace necesaria tal designación en preparación para el desahogo de la referida probanza, previo a solicitar a la dependencia referida por el citado Coordinador, requiérase a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el nombre de un experto que pueda dictaminar en materia ambiental y en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito funja como perito oficial en el presente juicio. Se apercibe a la citada Secretaría, que en caso de que no proponga a una persona con conocimiento en materia ambiental en el término concedido, se le aplicará un medio de apremio consistente en una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con treinta y seis minutos de tres de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.

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